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Cuerpos de seguridad en Venezuela son culpables de cuatro en cada 10 muertes violentas

DGCIM
20/07/2018
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FOTOGRAFÍA: ARCHIVO - ROMÁN CAMACHO

Las ONG Caracas Mi Convive presentó los resultados del Monitor de Víctimas (MDV) de la violencia ejecutada por el Estado venezolano en nombre de la seguridad pública. Los excesos en el uso de la fuerza y la autoridad, los asesinatos sumarios, ejecuciones extrajudiciales, mayormente de jóvenes pobres, son el denominador común de estas redadas.

El estudio fue presentado el  jueves en el auditorio Centro Cultural Carlos Guillemo Plaza (Biblioteca UCAB), durante el foro “¿Qué Derechos? una aproximación a la violencia policial en Caracas”.

De acuerdo con los resultados del estudio, 40% de las muertes violentas que ocurren en el país son responsabilidad de las fuerzas de seguridad del Estado.

En Venezuela, ya en el año 2016, hubo 4.667 casos de resistencia a la autoridad (la policía actúa para evitar lo que califica como “un peligro inminente”), o de muertes violentas que fueron responsabilidad de los cuerpos de seguridad.

Santiago García, integrante del MDV, señaló que las redadas llamadas “Operaciones de Liberación del Pueblo” (OLP) se realizan en los sectores populares y forman parte de una política de “mano dura” que implementa el Estado venezolano bajo la supuesta premisa de ofrecer seguridad a la ciudadanía.

García explicó la génesis de las OLP, las cuales han sido criticadas por causar a su paso terror y estragos en las distintas barriadas de la capital. Algunas de esas operaciones se han llevado a cabo en la la Cota 905, el Valle, Petare, Santa Rosalía, Coche y La Vega.

“Se suponía que eran operativos de corta duración, donde distintos miembros de los cuerpos de seguridad realizan incursiones en zonas – usualmente de bajos recursos- que estaban supuestamente bajo el dominio de bandas criminales, narcotraficantes, paramilitares colombianos, y cuyo objetivo era liberar estos espacios”, señaló García.

Sin embargo, de acuerdo con los resultados de la base de datos que levantó el MDV, las OLP son una especie de “flexibilización” de las reglas que deben acatar los policías. Es decir “los policías quedan con carta blanca para hacer lo que quieran, todo esto bajo el discurso de que los criminales son enemigos a los cuales hay que combatir”.

“Cuando se les da la libertad que se les está dando en estos momentos, (los policías) tarde o temprano van a caer en conductas ilícitas y no existe ningún mecanismo de control para que paguen sus cuentas”, manifestó. Los activistas de la ONG reiteraron que los criminales tienen el derecho a que los cuerpos de seguridad les garanticen el derecho a la vida.

Por su parte, Juan Francisco Mejías, quien también forma parte del Monitor de Víctimas, resaltó que en Venezuela se han venido implementando este tipo de políticas por lo menos desde hace tres años de manera “descarada”.

-Perfil de la víctima-

A través de los testimonios de los familiares de las víctimas, los activistas de Caracas Mi Convive recogieron la data e hicieron un perfil de la víctima, en el que se revela que 98% de las personas que fallecen durante estas operaciones violentas son hombres de 25 años de edad en promedio, y que 94% de las muertes violentas que se registran son por el uso de las armas de fuego.

Los hombres que han sido víctimas de las OLP se desempeñaban como vigilantes, choferes, mecánicos, buhoneros, mototaxistas, estudiantes, comerciantes y obreros.

“Los resultados del Monitor de Víctimas indican que hay un patrón bastante marcado hacia una población  particular que vive en los sectores más vulnerables de la ciudad”, aseveró Mejías.

El especialista también señaló que las ejecuciones extrajudiciales aumentaron 50% entre el año 2017 y 2018; 20% de los homicidios ocurrieron dentro de las viviendas y 60% de los homicidios que ocurren dentro de las viviendas son responsabilidad de los cuerpos de seguridad del estado.

Las conclusiones del MDV arrojan que prácticas como las OLP, que en un principio buscan frenar la violencia, “no sirven en lo absoluto”, pues contribuyen al aumentando los índices de criminalidad y de violencia del país.