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A un mes de la muerte de Fernando Albán, aún hay “zonas grises” y petición de justicia

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08/11/2018
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FOTO: DANIEL HERNÁNDEZ/ARCHIVO

A un mes de la muerte en extrañas circunstancias del concejal Fernando Albán, cuando se encontraba bajo custodia de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), su familia rompe el silencio con un comunicado en el que no sólo desmienten a Tarek William Saab, fiscal designado por la Asamblea Constituyente (ANC), sino que pone en tela de juicio la versión del suicidio.

Tanto la familia como compañeros de partido de Albán, exigieron el 8 de noviembre que se investigue “de manera independiente” lo que ocurrió en la sede del Sebin en Plaza Venezuela. El concejal Jesus Armas sostuvo que el gobierno tiene la responsabilidad de decir lo que verdaderamente ocurrió y que las contradicciones de voceros gubernamentales demuestran, a su juicio, “que no se ha investigado cómo se debería” el caso.

Armas se refirió a las versiones ofrecidas en torno a la muerte de Albán, empezando por la primera versión de Saab, en la que decía que el edil estaba en el baño y la versión ofrecida por el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, quien dijo que Albán se encontraba en la sala de espera de un piso 10, ya que sería trasladado a Tribunales. Posteriormente, el fiscal negó haber dicho lo del baño.

Otra versión que se le atribuyó a Saab fue que se dijo que Albán había comido con sus familiares, algo que también rechazaron. 

Al concejal sólo lo vieron sus abogados el domingo 7 de octubre. El concejal pudo hablar con su esposa por teléfono ese día, ya que ella está fuera del país con sus dos hijos. A ella le habría dicho que lo estaban presionando para inculpar al diputado Julio Borges en los hechos del 4 de agosto, calificados por el gobierno como magnicidio. 

 

Asimismo, Saab negó que existieran cámaras en en pasillo que permitieran ver los minutos previos. Esta versión ha sido cuestionada por la oposición ya que muchos coinciden en que es un edificio en el que opera un servicio de inteligencia, que por demás sí cuenta con cámaras de seguridad en el exterior.

Dirigentes opositores como Julio Borges han asegurado que Alban fue asesinado tras ser torturado. El diputado Juan Miguel Matheus habló de que al concejal se le habrían aplicado tres tipos de tortura: “intentaron asfixiarlo con una bolsa. Le colocaron electricidad y luego, trataron de ahogarlo”, dijo el parlamentario en la Asamblea Nacional. 

Mientras, la Unión Europea, Estados Unidos y Colombia pedían una investigación independiente, el Ministerio Público ha dado prácticamente por cerrado el caso de la muerte del concejal alegando que en la autopsia constan videos y que la misma puede ser auditada algo que se le ha impedido a la defensa.

Incluso, Saab llegó a declarar que aquella persona que contrariara la versión oficial del suicidio debía probarla o tendría consecuencias legales. 

En medio de estas zonas “grises” en el caso, la familia del concejal y sus compañeros de partido piden la exhumación. 

La familia pide específicamente que se apliquen los Protocolo de Minnesota y Estambul mientras que sus compañeros de partido aseguran que seguirán en la calle para presionar y “tener justicia”.

No descartan que este caso pueda ser incluido en el expediente para la Corte Penal Internacional que busca investigar a Nicolás Maduro por la supuesta comisión de delitos de lesa humanidad.