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Colombia quiere más sanciones para propiciar un cambio en Venezuela

Carlos Holmes Trujillo_1
17/07/2019
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FOTOGRAFÍA: ARCHIVO EFE/MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA

El canciller colombiano propondrá que los miembros del Grupo de Lima impongan más sanciones a la administración y los funcionarios ligados a Nicolás Maduro, buscando así forzar su salida del poder.

Colombia quiere más sanciones para propiciar el fin de la “dictadura” de Nicolás Maduro en Venezuela, dijo este 17 de julio el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, quien planteará el tema en la reunión del Grupo de Lima el próximo lunes en Buenos Aires.

“Las dictaduras nunca se caen de un día para otro. Se caen después de que se crean las condiciones que llevan a que llegue el final”, dijo a AFP durante una visita a Washington. 

“Nos parecen muy bien los anuncios de sanciones que ha hecho la Unión Europea (UE) y vemos que las sanciones impuestas por Estados Unidos han producido un efecto positivo para crear esas condiciones”, agregó.

Por eso, Colombia propondrá que los miembros del Grupo de Lima, el cual integra, adopten más medidas punitivas que contribuyan a forzar la salida del poder de Maduro.

“Lo importante es que cada país avance en lo que pueda con su legislación interna. No todos tienen la misma legislación, ni la misma capacidad para imponerla, ni logran los mismos efectos. Aquí lo fundamental es el mensaje político y la acción posterior”, subrayó Trujillo.

“Las acciones focalizadas, a personas cercanas al régimen, han demostrado su utilidad”, apuntó.

Conformado por una docena de países latinoamericanos y Canadá, el Grupo de Lima fue creado hace dos años para enfrentar la crisis en Venezuela, que se agudizó en 2018 con la reelección de Maduro en unos comicios desconocidos por la oposición y buena parte de la comunidad internacional.

No es Cuba

La UE, que desde 2017 sancionó a 18 funcionarios venezolanos e impuso un embargo de armas al país, amenazó este martes con imponer nuevas sanciones a Venezuela si no se registran “resultados concretos” en las discusiones entre gobierno y oposición en Barbados, auspiciadas por Noruega, para buscar salidas a la grave crisis política.

Estados Unidos, que encabeza la presión internacional contra el “régimen ilegítimo” de Maduro, ha aplicado en los últimos dos años una batería de sanciones contra la Venezuela de Maduro.

Congeló activos y bloqueó transacciones a decenas de funcionarios y exfuncionarios cercanos al mandatario, así como a entidades venezolanas. Además, restringió el acceso de Caracas al sistema financiero estadounidense, y a fines de abril comenzó a regir un embargo de facto al crudo venezolano, crucial para la economía del país sudamericano.

Trujillo negó que el caso de Venezuela sea comparable al de Cuba, objeto de un embargo económico de Estados Unidos desde 1962, que no ha generado el cambio de régimen buscado.

“Este proceso es completamente distinto al cubano, la realidad geopolítica es otra”, enfatizó.

“Gigantesco” reto

Trujillo, que analizó esta semana la crisis venezolana con funcionarios de Estados Unidos, destacó el “gigantesco” reto que supone su vecino para Colombia, principal destino de la masiva salida de venezolanos que huyen de la debacle económica. 

Según la ONU, 3,3 millones de personas han abandonado Venezuela desde enero de 2016 y 1,3 millones están en Colombia. El gobierno de Iván Duque prevé que esa cifra puede llegar hasta 3,5 millones. 

“Estamos haciendo un inmenso esfuerzo, agradecemos la ayuda, pero necesitamos más”, dijo el canciller colombiano, quien en septiembre volverá a llevar el tema a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Bogotá pide que se reconozca la gravedad de la crisis, como ocurrió con el caso de Siria.

“Vamos a seguir señalando que no es un problema colombiano sino regional de impacto global. Y vamos a seguir señalando que se necesita más cooperación internacional focalizada y ágil en su asignación, porque el desafío sigue creciendo”, señaló Trujillo.

Eduardo Stein, enviado especial de la ONU para los refugiados y migrantes venezolanos, pidió en abril recursos urgentes, señalando que solo se había recolectado el 20% de los 738 millones de dólares aprobados en diciembre en Ginebra destinados a distintas agencias de Naciones Unidas encargadas de atender la ola migratoria.