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Cuerpos de seguridad encabezan lista de asesinos en Venezuela

DGCIM
22/05/2019
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FOTOGRAFÍA; ROMÁN CAMACHO

El deterioro institucional y la falta de independencia de los organismos del Estado, han contaminado a las instituciones policiales, haciéndolas parte del crimen organizado que opera en Venezuela, con vínculos en el poder político. Además de los delitos por extorsión, contrabando, robo o tráfico de drogas, en los que suelen haber funcionarios involucrados, la mayoría de los homicidios en el país son cometidos por los cuerpos policiales, tal como lo reflejan las cifras negras de los últimos años.

En Venezuela, según resaltan las principales organizaciones no gubernamentales dedicadas al estudio de la violencia y defensa de los derechos humanos, la desconfianza hacia los cuerpos de seguridad del Estado se ha extendido en todos los ciudadanos, quienes perciben a policías y militares como amenaza y no como grupos de resguardo a la vida.

Ser detenido en una alcabala policial, interceptado en una autopista, o ser víctima de un allanamiento puede significar perder la vida o ser víctima de una extorsión o secuestro.

Pero más aún, vivir en un territorio dominado por una megabanda es estar expuesto a que una madrugada cualquiera incursionen en su vivienda los contingentes armados en una redada de las llamadas “Operación Humanista de Liberación del Pueblo” (OHLP) y terminar formando parte de las estadísticas, en un caso registrado como “muerte por ejecución extrajudicial” .

Según aprecia el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), que preside el sociólogo e investigador en el área de seguridad ciudadana Roberto Briceño León, esa percepción negativa hacia los cuerpos de seguridad del Estado la reflejan 90% de los ciudadanos de los sectores populares y 84% de los sectores medios.

Por eso 65% de los ciudadanos optan por no denunciar un delito o agresión, especialmente cuando éste involucra a un funcionario, por temor a represalia y desconfianza con los cuerpos policiales y el sistema de justicia.

Monitor de Víctimas, una plataforma de información independiente, especializada en ser un 0bservatorio de homicidios en Caracas, y en ponerle rostros e identidades a las víctimas de la violencia, destaca que en los últimos años el deterioro de los organismos de seguridad y su relación estrecha con el crimen se ha ampliado en forma alarmante. Según los datos recogidos en 2018, por esta labor, 50,4 % de los homicidios ocurridos en el área Metropolitana de Caracas son responsabilidad de fuerzas de seguridad del Estado y las ejecuciones extrajudiciales fueron el móvil del homicidio más reportado. Solo en Caracas, 27% de los homicidios corresponde a la modalidad de “ejecuciones”.

El último reporte de los primeros tres meses de 2019, (enero a marzo) procesado por el Monitor de Víctimas, indica que de los 210 homicidios registrados en Caracas, las fuerzas de seguridad del Estado fueron responsables de 51% de los casos; lo cual refleja que se mantiene la tendencia registrada en 2018.

Pero es de destacar que fue la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) la que lideró la mayoría de los homicidios del área Metropolitana de Caracas con 80 casos, 38% de las muertes. Le siguen los homicidios independientes con 36% (67); bandas 17% (35 homicidios) y el resto se distribuye entre otros organismos como CICPC, GNB, DGCIM, SEBIN, PNB, policías estatales y municipales.

Otro punto a destacar del informe de Monitor de Víctimas es que en lo que va de 2019, las ejecuciones constituyen el móvil en 33% de los homicidios cometidos. Son 78 casos identificados, mientras que 15 casos fueron atribuidos a “resistencia a la autoridad”, lo cual en muchos casos deja dudas de si en efecto hubo resistencia. Familiares y testigos de episodios aseguran que hay “siembra de armas” (alteración de la escena del crimen) para simular un enfrentamiento. La mayoría de las víctimas son jóvenes habitantes de las zonas populares. Doce de los casos fueron abiertamente motivados por violencia política.

El FAES líder en homicidios

Este cuerpo armado de fuerzas especiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue creado en abril de 2016 por Nicolás Maduro. Según PROVEA, cometió 205 homicidios en 2018 en el ámbito nacional. Destaca esta ONG defensora de los Derechos Humanos, en su informe de 2018, que la mayoría de las ejecuciones fueron registradas en los barrios populares tanto en Caracas como en las regiones del país.

Señala Provea que esta unidad policial “se ha convertido en el brazo ejecutor del Estado”. Los registros de esta ONG probablemente no reflejen la cantidad de muertes violentas ocurridas en el país, debido a factores como la opacidad oficial, la censura a los medios informativos -que limitan el monitoreo de víctimas- y la abstención de algunos familiares a registrar las denuncia por miedo a represalias o a ser asesinados también.

El informe de 2018 de Monitor de Víctimas detalla que las fuerzas de seguridad del Estados fueron responsables de 603 homicidios en el área Metropolitana de Caracas (50,04%), siendo la mayor proporción la PNB (FAES) seguida por el Cuerpo de Investigaciones Científicas y Penales (CICPC). Al mismo tiempo, con un total de 347 homicidios, el FAES fue el cuerpo policial más violento de 2018 con 63% de las ejecuciones extrajudiciales. Es decir, que de cada 10 ejecuciones aplicadas por los cuerpos de seguridad, seis las cometió el FAES.

El promedio de edad de los asesinados por los grupos policiales en la ciudad capital para 2018, se ubica entre los 25 y 26 años. El 58% de las víctimas de homicidios cometidos por cuerpos policiales está entre el rango de edad 15-29 años, 39% de los homicidios cometidos por fuerzas de seguridad del Estado ocurren en las viviendas caraqueñas. Casi seis de cada 10 ejecuciones extrajudiciales se llevaron a cabo en los hogares caraqueños (54%)

El municipio Libertador fue la localidad que mayor cantidad de homicidios concentró (69%) en 2018, seguido del municipio Sucre con 22% del total de registros. Ambos territorios, agrupan 91% de las muertes violentas que ocurren en la ciudad de Caracas, por lo que el restante 9% se distribuye entre los municipios Baruta (4%), Chacao (2%) y El Hatillo (2%).

Cambios en la PNB

Dos cambios en la línea de mando fueron hechos en la Policía Nacional Bolivariana (PNB) a partir de los sucesos del 30 de abril (cuando el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 países intentó promover una insurrección cívico militar).

Uno de ellos, reseñado por el periodista Javier Ignacio Mayorca en su blog “Crímenes sin castigo”, señala que la súbita remoción del director de la Policía Nacional, general de división (GN) Carlos Pérez Ampueda y de otros integrantes de la directiva de ese cuerpo, está íntimamente ligada a la conducta de este oficial durante el alzamiento del 30 de abril y las manifestaciones del 1 de mayo, relacionadas con la orden de no permitir la aglomeración de manifestantes.

Otra remoción importante fue la del comandante de la PNB, Rafael Bastardo, como jefe del FAES y en su lugar fue designado el comisario jefe José Miguel Domínguez Ramírez, quien es identificado como miembro del colectivo (bandas armadas civiles del chavismo)  “Continente”. Según el diario Reporte Confidencial, algunas fuentes lo vinculan con Freddy Bernal, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y quien se identifica como uno de los jefes políticos que maneja a los colectivos armados.

Domínguez ha sido señalado como un ideólogo del FAES y se le ha implicado en la muerte del manifestante opositor Bassil Da Costa, ocurrido el 12 de febrero de 2014. Sin embargo, la Fiscalía, entonces presidida por Luisa Ortega Díaz, determinó que Domínguez no tuvo responsabilidad en ese hacho, aunque sí estuvo presente durante las acciones policiales en las que fue asesinado el joven estudiante por disparos de los cuerpos policiales allí presentes.

Es de recordar que el director removido del FAES, Rafael Bastardo, fue quien dirigió las operaciones en donde fue asesinado el policía disidente Oscar Pérez y su grupo en El Junquito en enero de 2018.

Acciones extrajudiciales

El Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) reportó que durante el año 2018, se registraron 23.047 homicidios a nivel nacional para una tasa de 81 muertes violentas cada 100 mil habitantes, siendo la nación más violenta del continente y una de las más violentas del mundo. De ese total de homicidios, 7.523 fueron ejecutados por los cuerpos policiales y militares del país. Pero adicionalmente se registraron 5.102 muertes por averiguación. La cifra del OVV a nivel nacional coincide con los estudios en Caracas realizados por la ONG Monitor de Víctimas, que atribuye a los cuerpos policiales y militares 51% de homicidios.

Las acciones extrajudiciales de la policía marcan un incremento de la letalidad de la acción policial. Las muertes de personas a manos de las autoridades policiales o militares bajo el argumento de que se resistieron a la autoridad aumentaron de una manera notable y preocupante, por la violencia en general que esto puede desencadenar y por el daño que esto causa a la institución policial, señala el Observatorio Venezolano de la Violencia.

La ONU investiga

La alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas(ONU), Michelle Bachelet, cuyos representantes estuvieron en Venezuela, investigan las posibles ejecuciones a manos de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana en Venezuela.

En su informe más reciente, Bachelet señaló que, según reportes a los que tuvo acceso, el FAES mató al menos a 205 personas en 2018 y otras 37 en enero de 2019 en Caracas para sumar 242 asesinatos.

“Parece que los asesinatos siguen un patrón similar y se producen durante allanamientos ilegales a las casas realizados por la FAES, posteriormente informan de la muerte como resultado de un enfrentamiento armado, aunque testigos informan que las víctimas estaban desarmadas”, advierte la alta comisionada.

“En algunos casos, los familiares de las víctimas han alegado que la Oficina del Fiscal General se negó explícitamente a iniciar investigaciones contra miembros de la FAES. La mayoría de las víctimas vivían en barrios pobres y participaron en protestas antigubernamentales, y me preocupan especialmente los informes que indican que este tipo de operación se utiliza como una forma de represalia e intimidación”, indica la funcionaria.

En el contexto de la última oleada de protestas en todo el país en los primeros dos meses de este año, el equipo técnico de Bachelet documentó numerosas violaciones de derechos humanos y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales, conocidos como colectivos. “Documentamos el uso excesivo de la fuerza, homicidios, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos bajo custodia, y amenazas e intimidaciones. Muchas de estas preocupaciones han sido destacadas en nuestros comunicados y nuestro informe”.

Mascaras de la muerte

En abril de 2017 hicieron su aparición en una barriada de Caracas los contingentes armados del grupo FAES, con máscaras negras en forma de calavera. La máscara intimidatoria se utilizó en las llamadas Operaciones para la Liberación del Pueblo (OLP) que se activaron desde julio de 2015 para exterminar las bandas delictivas asentadas en las barriadas populares. Pero en el camino cayeron muchos inocentes.

Posteriormente se le agregó la letra “H” de humanistas, OLHP de manera de maquillar la imagen letal y de abusos a los derechos humanos reflejados en las altas cifras de ejecuciones extrajudiciales a manos de los cuerpos de seguridad. La máscara de calavera se convirtió en un símbolo de una política de exterminio cuando estos grupos armados del Estado aparecían en las barriadas.

“Ellos llevan esas máscaras porque vienen a matar”, expresaba un trabajador del barrio Los Jardines del Valle a la reportera Karla Pérez, cuando reseñaba para El Nacional cuando aparecieron por primera vez los funcionarios con ese siniestro aspecto en sus rostros cubiertos.