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Decisión de la ONU sobre el Esequibo es inaplicable

Esequibo_Control Ciudadano
31/01/2018
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TEXTO: MANUEL TOVAR / @MENTETRANSFUGA | FOTO CORTESÍA: CONTROL CIUDADANO

El proceso de buenos oficios para solucionar la controversia no ha sido agotado y la propuesta de la secretaria general atenta contra lo establecido por Guyana y Venezuela en el Acuerdo de Ginebra 

Ayer, tras un día de silencio, por la intención del Secretario General de la ONU, Antonio Gutérres, de lograr una resolución de la controversia territorial sobre el territorio de la Guyana Esequiba en la Corte Internacional de Justicia, la Cancillería venezolana reaccionó: “La comunicación del Secretario General sobrepasa el carácter sucesivo de los medios de solución pacífica que establece el Acuerdo de Ginebra  de 1966 como metodología establecida para alcanzar una solución aceptable, práctica y satisfactoria de la controversia”.

El jefe de la diplomacia venezolana aseveró que se seguiría defendiendo los derechos soberanos sobre el Esequibo, la unidad nacional, la integridad territorial y enfatizó la nulidad del Laudo Arbitral de 1899 en París, que cedió ilegalmente el territorio a la Guyana Británica.

Expertos venezolanos en el tema del diferendo territorial también refutaron la tesis del secretario general, Antonio Gutérres.

El Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales –COVRI–, un centro de pensamiento de asuntos y geopolítica internacional que agrupa a diplomáticos de carrera e internacionalistas, emitió un comunicado en el que señala que las conclusiones de Gutérres en torno a la controversia entre Venezuela y Guyana por el Esequibo son absolutamente inaplicables.

La ONG “Mi Mapa de Venezuela Incluye Nuestro Esequibo”, que se dedica al estudio del diferendo, expresó también a través de una misiva su más rotundo rechazo por la decisión y destacó: “Se debe apartar la ideología política para hacer valer los derechos irrenunciables sobre el Territorio Esequibo el cual nos pertenece por razón e historia”.

Unilateral e incoherente. “Nos encontramos ante un documento poco claro que remite el diferendo territorial a la Corte Internacional de Justicia, al tiempo que llega a la conclusión que Guyana y Venezuela ‘podrían beneficiarse de continuidad en los buenos oficios’”, señaló el COVRI y agrega que el ejercicio de eclecticismo y pragmatismo de Gutérres lejos de ayudar a distender el litigio, lo complica.

“Observamos una falta de coherencia al querer resolver en forma expedita un diferendo territorial cuando la propia ONU ha reconocido que una de las partes, Venezuela, atraviesa una severa crisis humanitaria. Cabe agregar, que esto último también ha sido reconocido por la otra parte, Guyana, que es signataria de la reciente Declaración de Santiago de Chile del Grupo de Lima acordada el 23 de enero de 2018”, manifestó el consejo que agregó, además, que el secretario general de la ONU carece de competencias para remitir el caso a la Corte Internacional de Justicia.

 

Por su parte, Mi Mapa de Venezuela Incluye Nuestro Esequibo calificó la decisión como unilateral, aunque resalta que Guyana sí estaba al tanto de la decisión de la secretaría general del organismo.

Viola principios establecidos. El COVRI resalta que se está omitiendo; a) el Artículo 33 de la ONU que establece el principio de libre elección de los medios de solución pacífica, el cual permite a los sujetos de Derecho Internacional determinar voluntariamente cómo resolver las controversias; b) la sección del Acuerdo de Ginebra que privilegia el entendimiento entre las partes; c) el secretario general tiene por función colaborar con la elección de un medio para resolución de conflictos, no la determinación de uno.

Político no jurídico. “Esta ha sido la tradicional posición venezolana, la cual fue recogida en el ‘Comunicado de la Cancillería de Venezuela referente a las disposiciones del Artículo IV del Acuerdo de Ginebra’ del 11 de diciembre de 1981, y fue defendida entre 1984 y 1989 ante la insistencia del representante del Secretario General de aplicar la llamada “Fórmula Cordovez” (conciliación más arbitraje)”, afirmó COVRI y recuerda que el preámbulo de ese texto se señala que las partes acordaron resolver la controversia amistosamente y en forma que resulte aceptable para ambas, por lo que no es un asunto jurídico sino político.

“Los medios jurídicos (arreglo judicial o arbitraje) deben ser excluidos por no ajustarse al objetivo y espíritu del Acuerdo, y por tener una carga históricamente traumática para el país”, indicó el think tank.

Al ser consultado sobre el particular, Kenneth Ramírez presidente de ese organismo, declaró: “Venezuela quiso salvaguardar sus problemas limítrofes y siempre se cuidó de aprobar algún instrumento o tratado que diera reconocimiento indirecto de la Corte Internacional de Justicia, que permitiera que algún tercero usara un acuerdo judicial”.

Caracas no ha suscrito tratados. Venezuela no es signataria del Protocolo Facultativo sobre Jurisdicción Obligatoria de la Corte ni aceptó ser parte de tratados multilaterales que reconocen su jurisdicción, como el Pacto de Bogotá y la Convención del Mar, por lo que Gutérres no puede sustituir la voluntad de las partes.

En el mismo sentido la Corte Internacional de Justicia, para constituirse parte de un proceso, debe contar con el consentimiento del Estado, que a su vez debe aceptar su jurisdicción.

“Si bien es cierto que el Acuerdo de Ginebra otorga la facultad al Secretario General de la ONU de ayudar a escoger uno de los medios de solución pacífica previstos en el Artículo 33 de la Carta de la ONU, entre ellos el arreglo judicial, ello no podría significar que la Corte Internacional de Justicia es competente para conocer la controversia”, señala el think tank. Agrega que la misma Corte califica como inconveniente que un órgano internacional, como el Consejo de Seguridad, pueda remitir una controversia, puesto que esto no sustituye el consentimiento de los Estados.

 

“La misma Corte Internacional de Justicia se verá obligada a declarar su incompetencia y por lo tanto no podría considerar la controversia”, aduce.

La ONG Mi Mapa de Venezuela Incluye Nuestro Esequibo en su comunicado coincide con esa posición: “No estamos obligados a respetar –la jurisdicción de la Corte–, Venezuela no es firmante del Pacto de Bogotá de 1947 que nos obligaría a tal instancia. Por otro lado recordamos que la Constitución Nacional de 1999 no reconoce los acuerdos territoriales que hayan sido alcanzados con vicios de nulidad”.

Los buenos oficios no se han agotado. Georgetown se ha negado sistemáticamente a negociar desde el principio, y así bloquea la efectividad de este medio de solución pacífica de controversias.

“Mantener el reforzamiento con un mandato de mediación, que permita proponer soluciones y no sólo acercar las partes, resulta plausible siempre y cuando exista disposición de ambas partes de negociar de buena fe. Además, debe proporcionarse un plazo razonable a este mecanismo, entendiendo que Venezuela se encuentra en medio de una situación interna grave, y que se trata de un tema que tiene una profunda carga histórica y emocional”, resalta el COVRI.

 

Mi Mapa de Venezuela Incluye Nuestro Esequibo subrayó: “Se debe exigir la continuidad del Proceso de ‘Buenos Oficios’ bajo un verdadero ‘Buen Oficiante’ y no un ‘Representante Personal’”.

La ONG recalca además que este buen oficiante no debe provenir de ningún país del Caribe angloparlante –como han sido otros en el pasado– ni de países con lazos económicos con Guyana, y reclaman que quien conduzca estos esfuerzos abogue por la búsqueda de una solución satisfactoria para ambas partes. “Se debe tomar en cuenta las raíces del reclamo venezolano el cual no es únicamente en base al viciado Laudo de 1899, como indica Guyana, sino en el reclamo de nuestras tierras y aguas”. 

Beneficiarse de la crisis. La ONG mostró su condena a la celebración guyanesa por la decisión. “Rechazamos de manera contundente las acciones del gobierno guyanés en contra de Venezuela, país que siempre actuó de buena fe y de manera pacífica ante esta reclamación versus una Guyana que aumentó la guerra sucia buscando dañar la ya muy frágil imagen de nuestra nación”.

“Guyana se está aprovechando de la situación venezolana, considerada por muchos de nuestros historiadores e intelectuales como la peor etapa en nuestra historia republicana moderna. Venezuela le otorgó a dicho país un período de diez años mediante el Protocolo de Puerto España para que se estructuraran como un estado, ya que en ese momento apenas alcanzaban su estatus de país soberano”, indicó la ONG.

 

Por su parte, el COVRI responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro por la situación de la reclamación que no fue objetada públicamente ante el informe del ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon el 16 de diciembre de 2016 y que señalaba un último año para el proceso de Buenos Oficios. “Si hacia fines de 2017, el secretario general concluyera que no se ha logrado un avance significativo hacia un acuerdo completo para la solución de la controversia, elegirá la Corte Internacional de Justicia como el próximo medio de solución, a menos que los gobiernos de Guyana y Venezuela, en forma conjunta, solicitaran que se abstenga de hacerlo”.

El COVRI agregó que funcionarios del régimen de Maduro se reunieron a espaldas del país con Gutérres y su representante el noruego, Dag Nylander, en varias oportunidades durante 2017 y nunca se comunicó al país el estado de la cuestión.

El país en alerta. Las organizaciones exhortaron a estar alerta por el estatus del reclamo.

“Hacemos un llamado de alerta a los Poderes Públicos de la Nación para que tomen las medidas correspondientes de presión, las cuales deben hacer énfasis en la no aceptación de dicho fallo por la ONU”, aseveró la ONG.

El COVRI, por su parte, instó a la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional a declarar la inaplicabilidad de la conclusión de la Secretaría General, exigir un pronunciamiento contundente de la Cancillería venezolana y que la Asamblea Nacional convoque una sesión especial en la que se apruebe un acuerdo en defensa de los derechos de Venezuela sobre el Territorio Esequibo, en el que se rechace la remisión de la controversia a la Corte Internacional de Justicia.