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Desastre ecológico en Venezuela: la crisis de la que pocos hablan

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22/08/2019
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TEXTO: JORGIMAR GÓMEZ Y MANUEL TOVAR | FOTO: ARCHIVO EL ESTÍMULO

Agosto inició con una noticia de la que todos los habitantes del planeta deberían estar al tanto, pero la mayoría ignora: ya se agotaron los recursos naturales que la humanidad disponía para este año. En 2019 ese día llegó cuatro días antes que en 2018.

¿Qué significa agotar los recursos naturales? En palabras simples, que ya la humanidad sobrepasó el presupuesto natural que había para los 365 días del año. Esta vez se acabó en 210 días, mientras que en 2018 fue en 214 días.

Ecologistas y miembros de la organización Global Footprint Network advierten que la humanidad requiere el equivalente a 1.75 planetas al año para vivir, un dato alarmante pues en 1970 los recursos naturales de la humanidad alcanzaban hasta el 23 de diciembre. De seguir la tendencia para 2020 se necesitarán casi 2.5 planetas para vivir.

Global Footprint

En la actualidad, cuando activistas por el ambiente alertan constantemente a la comunidad sobre los efectos del cambio climático, algunos aseguran que la humanidad cuenta con 10 años para atacar el problema antes de que sea irreparable. Es imprescindible la colaboración de las naciones en este aspecto.

Tratados como el Acuerdo de París y el Protocolo de Kyoto se han puesto en marcha para tratar de frenar los daños del calentamiento global. Sin embargo, son pocos los gobiernos que han mostrado un verdadero compromiso con esta causa que afecta la vida futura en el planeta. Estados Unidos la abandonó, Rusia planteó dejarla, China nunca ha estado convencido y un contaminante como Arabia Saudita también intentó durante mucho tiempo no rubricarla.

¿Qué posición toma el gobierno de Venezuela ante la situación?

El gobierno de Nicolás Maduro ha asegurado en reiteradas ocasiones que tiene una postura “ecológica” y comprometida con la lucha contra la contaminación. De hecho, uno de los objetivos del conocido “Plan de la Patria”, una serie de programas de gobierno presentada inicialmente por Hugo Chávez, es el de “preservar la vida en el planeta y salvar la especie humana”. 

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En el documento, el chavismo promete “diseñar un plan nacional que le permita al país prepararse para los escenarios e impactos climáticos que se producirán debido a la irresponsabilidad de los países industrializados, contaminadores del mundo”.

Sin embargo, esto no ha quedado más que en plena retórica. Venezuela, a pesar del Plan de la Patria, está dentro de la lista de países altamente contaminantes y posee como nación una alarmante huella ecológica. De hecho el gobierno no quería ser parte del acuerdo de París y fue piedra de tranca durante la cita en Francia, en especial por la dependencia al combustible fósil del que asegura tener las reservas probadas más grandes del planeta, el petróleo.

Pdvsa, la joya de la corona de la industria venezolana, era una empresa modelo en explotación y comercialización del hidrocarburo. Venezuela contaba con tecnología de punta y era meticulosa en el trabajo, en contraposición de los constantes derrames que hoy contaminan las aguas de Maracaibo, Monagas, Anzoátegui y Carabobo, por nombrar algunas de las entidades afectadas por la polución y para evitar mencionar las refinerías que afectan al aire.

El Arco Minero y los pueblos indígenas 

En 2016, el gobierno de Maduro aprobó la explotación de recursos minerales como oro, bauxita y diamantes en la zona denominada Arco Minero del Orinoco, que se extiende por 111.843 km2, equivalente a 12% del territorio venezolano. Una zona más grande que países aliados del régimen, como Cuba. 

Desde que se anunció la explotación del AMO, organizaciones de sociedad civil y los defensores de los pueblos indígenas han intentado detener el plan por considerarlo “completamente antiecológico”.

De acuerdo con la Red Amazónica de la Información Socioambiental Georreferenciada, que trabaja con la ONG venezolana Provita, Venezuela es el único país en la Amazonía cuya tasa nacional de deforestación aumentó entre 2005 y 2015.

Un análisis de imágenes satelitales (Landsat) realizado por la NASA precisa que la extensión de bosques deforestados en los municipios mineros del estado Bolívar entre 2001 y 2014 era aproximadamente de 1.058 km2, el equivalente a 141.000 canchas de fútbol.

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“Esta deforestación histórica se asocia a actividades como agricultura, ganadería, minería industrial de hierro y aluminio, construcción de presas hidroeléctricas y desarrollo vial. Pero en los últimos años es preocupante la acción de la minería artesanal e ilegal, la cual ha ido en crecimiento y sin duda alguna repercute sobre la deforestación en la región”, reseña el portal Más verde digital.

Juan Carlos La Rosa, defensor de los derechos humanos y los pueblos indígenas, ha denunciado que ninguno de los planes establecidos en este proyecto fueron consultados con los gobiernos ancestrales de los indígenas. Debido a esto, se han producido desplazamientos, enfrentamientos violentos -como el del pueblo pemón en el que murieron 7 indígenas el 23 de febrero con el intento de ingreso de la ayuda humanitaria- y se ha profundizado la trata de personas.

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Según amnistía.org, el ciclo de lluvias se ha visto afectado por la deforestación y el uso indiscriminado de mercurio, que ha contaminado muchas fuentes de agua potable, en especial para las comunidades de los pueblos originarios que ven alterado su ecosistema y estilo de vida. Hay reportes de afectación a la salud e incluso envenenamiento por el metal.

De igual forma se ha alterado el medio ambiente, cursos de ríos, y muchos se han salido de su cauce, provocando más problemas en la zona.

Contaminación en el “pulmón vegetal” de Caracas

Como consecuencia de los numerosos apagones que ha sufrido Caracas a lo largo de este año, por lo menos cinco grandes en los primeros siete meses, el Parque Nacional El Ávila, se transformó en una fuente de abastecimiento de agua para beber, incluso ha sido empleado como gran baño público en el que cientos de personas acuden a tomar una ducha o lavar ropa.

Debido a esto, se ha hecho común encontrar basura como envases plásticos, restos de comida, papeles, cartones y prendas de vestir en las faldas de la montaña ícono de la capital venezolana. Los ambientalistas, y caraqueños en general, temen que este tipo de crisis deje de ser espasmódica y que la montaña sufra daños irreparables.

Otra denuncia asociada con el majestuoso Ávila tiene que ver con el sistema Teleférico Warairarepano-Macuto. En 2014 se iniciaron las obras para la creación del sistema que uniría la comunidad de Galipán con la parroquia Macuto en el estado Vargas. Desde ese entonces, los habitantes de Galipán se han opuesto a este proyecto, tachándolo de ecocidio y denunciando que han sufrido de asedio jurídico, presión psicológica y destrucción de sus propiedades. Además, afirman que no hay estudios sobre el impacto ambiental en la zona y cómo se verá afectado El Ávila de continuar con las obras.

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El tramo comprenderá 7,6 kilómetros de recorrido de la vertiente norte de El Ávila. Los vecinos han denunciado que las construcciones se realizan a 20 metros de algunas viviendas, provocando daños estructurales en las mismas.

En mayo de este año, publicaron un comunicado en el que denunciaban el daño ambiental que provocaron estas obras. Por ejemplo, un incendio forestal causado por el desmontaje de guayas y torres en mayo de 2015. Destacaban que la quema fue una de las más grandes de la montaña en su vertiente norte. Aseguraron que hasta el momento no se había ejecutado plan alguno de mitigación o reforestación de la zona afectada.

El lago de Valencia 

El lago de Valencia o Tacarigua, es el segundo lago del país detrás del de Maracaibo y el primer cuerpo de agua dulce sin desagüe más grande de Venezuela. Sin embargo, hoy constituye un importante problema ambiental en el país. Son 3.150 km2, aproximadamente 0,3% del territorio nacional que se ha convertido en una pesadilla para los vecinos de zonas circundantes.

La falta de construcción de colectores y plantas de tratamiento en la segunda cuenca más importante de Venezuela han hecho que las descargas de aguas servidas de todas las comunidades ubicadas en las cercanías del lago se encuentren sumergidas por el incremento de los niveles del agua. Esto ocasiona que las instalaciones sanitarias de las residencias no funcionen, produciendo inundaciones y potenciando el riesgo sanitario.

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El problema existía desde el siglo pasado cuando se dejó de usar el agua del lago para el cultivo y se alteró el balance de la zona, pero se exponenció aún más durante el chavismo. Se estableció que la cota crítica del muro de contención del lago era de 408 metros de altura, en 2005 Hugo Chávez ordenó la construcción de un muro de 412 metros, al que en 2011 y tras un nuevo aumento del volumen del agua le agregaron 2,5 metros más.

Esta situación es una muestra de la desidia, mala planificación e incompetencia del gobierno que poco ha hecho para solucionar el problema de las comunidades en riesgo, cuyos habitantes rezan por la integridad de la barrera con cada llegada de la época de lluvias.

Ya se ha registrado el aumento de enfermedades como dengue, zika y chikungunya, transmitidas por zancudos, además de las entéricas y diarreas pues las aguas tienen una alta concentración de coliformes totales y fecales, bacterias contenidas en las heces.

De igual forma, también existen amenazas de enfermedades de la piel como celulitis, inflamación muscular, abscesos o gangrena por contaminación de las bacterias.

El lago de Maracaibo 

En 2017 el Colegio de Ingenieros del estado Zulia avaló un informe que denunció la contaminación en el lago de Maracaibo como el ecocidio más grande cometido en el país en los últimos diez años.

El informe aseguraba que en ese entonces Pdvsa vertía irresponsablemente cerca de 250 barriles de petróleo al día en el lago, sin ningún tipo de mantenimiento o correctivos. Esto habría generado la fuga más grande de petróleo en una década, y la destrucción de la vida del principal recurso de agua dulce del país.

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Por otro lado, pesqueros de la zona han denunciado en diferentes oportunidades la pérdida de motores, redes y parte de las embarcaciones por el espeso y pegajoso fluido negro que flota en las aguas, adhiriendo su inflamable contaminación en las costas de los pueblos lacustres, donde viven incluso muchas comunidades indígenas.

Ninguna institución del gobierno se ha manifestado al respecto.

Guanta bajo la nube tóxica

En Guanta, estado Anzoátegui, una espesa nube de polvo afecta a los 45.000 habitantes del pueblo. La planta cementera de Pertigalete es la causante de residuos de caliza y esquisto que afectan a los ciudadanos.

Un trabajo de la BBC señala que los vecinos de la zona, e incluso el norte del estado, están sometidos a la nube contaminante que se forma sobre casas, automóviles y vegetación y que afecta los pulmones de los ciudadanos que sufren de infecciones respiratorias como bronquitis, neumonías e incluso enfermedades de la piel.

Médicos en Guanta señalan que los que más sufren de este aire contaminado son los bebés y los pacientes asmáticos, niños y adultos. A la situación se añade que en el centro médico del lugar no hay antibióticos para atender la situación.

La planta que originalmente era propiedad de Cemex, fue expropiada en 2008 por Hugo Chávez. En esa ocasión el fallecido gobernante dijo que la cementera mexicana no cumplía con las obligaciones medioambientales y por ello la incorporaba al Estado venezolano. La planta que es hoy propiedad del Estado, tiene un efecto contaminante para la región pues sus filtros están dañados, según declaraciones recogidas por la BBC.

El lugar afecta incluso el ecosistema del Parque Nacional Mochima donde se vierten las aguas la planta que, señalan sus trabajadores, es hoy más contaminante -a pesar de la merma de su producción, 6 de sus 7 hornos no funcionan-,  que cuando producía a su totalidad.

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Tala indiscriminada en El Jarillo 

El Jarillo es un pueblo ubicado en el estado Miranda, en el centro norte del país, cuya actividad central productiva es la siembra de frutas y hortalizas, muchas de ellas con calidad de exportación, reseña el Observatorio de Ecología Política en Venezuela.

Esta comunidad ha luchado por cuatro años contra Germán Adrián, uno de los propietarios de la zona que pretende desarrollar un proyecto turístico, del que la comunidad no tiene información. Sin embargo, en el lugar se ha talado indiscriminadamente alrededor de tres hectáreas de vegetación, unos cuatro campos de fútbol. La comunidad denuncia que la acción no cuenta con los estudios de impacto socioambiental y sociocultural que demanda la ley.

El observatorio añade que se han realizado varias inspecciones en las zonas, pero no han servido de mucho dado que las mismas son modificadas en el ministerio de Ambiente para beneficiar a Adrián a quien acusan de perpetrar la tala en la zona.