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EEUU sanciona a Maikel Moreno y otros siete magistrados del Tribunal Supremo

20170401 TSJ
18/05/2017
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FOTO/CRISTIAN HERNÁNDEZ

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista de Observación de Activos Extranjeros (Ofac por sus siglas en inglés) a ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, entre ellos su presidente Maikel Moreno.

El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves la inclusión en su lista negra de personas bajo control por la vinculación de sus transacciones con actividades ilegales. Señalan que los ocho magistrados son responsables de “usurpar la autoridad de la Asamblea Nacional, incluyendo la autorización al Ejecutivo de restringir los derechos de los venezolanos a través de decretos de emergencia”.

Los ocho magistrados sancionados son Maikel José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Juan José Mendoza Jover (segundo vicepresidente del TSJ), Arcadio de Jesús Delgado Rosales (Vicepresidente de la Sala Constitucional), Gladys María Gutiérrez Alvarado (expresidenta del TSJ), Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán, Luis Fernando Damiani Bustillos, Lourdes Benicia Suárez Anderson, y Calixto Antonio Ortega Ríos, todos ellos magistrados de la sala Constitucional.

Todos los bienes estas personas quedan congelados de inmediato y tienen prohibido hacer transacciones con empresa o individuos en Estados Unidos.

“Los venezolanos están padeciendo de un colapso económico debido a la corrupción del gobierno. Miembros del Tribunal Supremo de Justicia han exacerbado la situación por su constante interferencia con la autoridad de la Asamblea Nacional”, dijo  el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.  “Con estas sanciones, Estados Unidos está apoyando a los venezolanos en sus esfuerzos por proteger y avanzar hacia la gobenanza democrática del país”, agregó.

 

La decisión surge después de que el TSJ emitiera el 29 de marzo dos sentencias, la 157 y 156, en las que arrebataba más funciones a la Asamblea Nacional. A pesar de que pocos días después, en otras dos decisiones, el Supremo devolvió algunas de sus atribuciones a la AN en las sentencias 157 y 158, no resolvió el presunto desacato declarado por la misma Corte Suprema.

Desde entonces, la oposición denunció que el Tribunal rompió el hilo constitucional y que el Presidente Nicolás Maduro dio un golpe de Estado. La dirigencia opositora se mantiene en la calle. En más de mes y medio de protestas, 46 personas han muerto en manifestaciones y disturbios.

¿Quiénes son los sancionados?

El magistrado Maikel José Moreno Pérez fue elegido en febrero por la Sala Plena como nuevo Presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

Gladys Gutiérrez, es a quien Moreno sustituyó este año. “Su carrera en la judicatura pasó inadvertida hasta que fue postulada en dos oportunidades por el MVR para disputarle la gobernación de Nueva Esparta al dirigente de AD, Morel Rodríguez. No pasó la prueba. Finalmente fue inscrita en la lista de aspirantes a integrar el Tribunal Supremo de Justicia, objetivo que consiguió con el apoyo de la bancada oficial. Se dio a conocer el 23 febrero de 2017, según fuentes extraoficiales, que Gutiérrez pidió su salida de la presidencia por motivos personales, y su destino sería un cargo diplomático”, señala su perfil en Poderopedia.

Por su parte,  Juan José Mendoza Jover, es el segundo vicepresidente del TSJ, así como presidente de la poderosa Sala Constitucional.

Carmen Zuleta fue designada en 2005 como jueza del Supremo y ratificada en el cargo en 2010 por un período de 12 años más por la Asamblea Nacional, que ese entonces era de mayoría oficialista.

“El 1 de noviembre de 2016 formó parte en Ginebra (Suiza) de la delegación de Venezuela ante el Examen Periódico Universal (EPU) realizado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que integran 198 países y que tiene por objetivo la evaluación con los compromisos en Derechos Humanos”, sostiene Poderopedia.

Por su parte, Lourdes Suárez Anderson, es una de las magistradas “exprés” designadas por el chavismo el 23 de 2015. Además, es hermana del fallecido fiscal Danilo Anderson, asesinado en 2004 cuando estaba investigando a más de 400 personas acusadas de crímenes en contra el estado venezolano y los asesinatos cometidos durante el fallido Golpe de Estado de abril de 2002.

“Fue defensora pública penal N° 41 del Área Metropolitana de Caracas. En diciembre de 2014 fue nombrada Defensora Pública Cuadragésima Primera con competencia en materia Penal Ordinario, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas”, expone Poderopedia.

El magistrado Luis Fernando Damiani también designado el 23 de diciembre de 2015, participó en 2013 en la Convención de eliminación de la discriminación racial en Ginebra. Entre 2010 y 2011 se desempeñó como viceministro de Desarrollo Académico del Ministerio de Educación Universitaria, bajo la gestión del ministro Edgardo Ramírez.

De acuerdo con la página del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, cotizó hasta 2011 para la Universidad Bolivariana de Venezuela, donde figuró como rector encargado y antes como vicerrector.

Por su parte, Calixto Ortega fue diputado de la Asamblea Nacional en los periodos 2000-2005 y 2006-2010. También, viceministro para Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como encargado de negocios de la embajada de Venezuela en Estados Unidos. También el 23 de diciembre de 2015 ingresó al TSJ en la camada de los magistrados “exprés” cuando se desempeñaba como diputado suplente del Parlamento Latinoamericano por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Ortega fue el redactor de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV) propuesta por la mayoría opositora del Parlamento en 2016.

Arcadio Delgado, vicepresidente de la Sala Constitucional fue quien escribió la sentencia que restó a la Asamblea Nacional el poder de supervisión y control sobre los Poderes Judicial, Electoral, Ciudadano y la Fuerza Armada Nacional. Nació en Maracaibo, estado Zulia, y tiene estudios de Derecho en la Universidad del Zulia. “Su familia ha tenido vínculos con la administración pública, y algunos de ellos militaron en el Partido Comunista de Venezuela. Su padre fue rector de la Universidad del Zulia y magistrado de la Sala Constitucional del TSJ entre 1999 y 2004”.

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