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El hombre que hunde a Venezuela tiene otros 6 años para completar su tarea

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10/01/2019
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FOTO: DANIEL HERNÁNDEZ

Las cosas aumentaron en Venezuela 17.000 veces en promedio sólo el año pasado; la economía es 58% más pequeña que en 2013, cuando Maduro heredó el poder absoluto de Hugo Chávez; varias veces el bolívar ha perdido su valor; el salario básico sólo alcanza para mal comer; la antes poderosa Pdvsa está quebrada y produce dos tercios menos petróleo que hace tres años. Ahora este hombre, acosado dentro y fuera de Venezuela, asume un nuevo período hasta 2025 para completar su tarea.

El escenario económico y social que vive Venezuela, justo cuando Nicolás Maduro asume un nuevo período altamente cuestionado, es un panorama desolador para las vastas mayorías.

El 2018 “ha sido el sexto año consecutivo de contracción, arrojando una caída del ingreso por habitante en torno al 50%, el peor desempeño conocido para un país no incurso en una guerra”, señala un reciente documento de la Academia Nacional de Ciencias  Económicas, con un balance del último año del primer gobierno de Maduro.

“El hecho de corresponder con el período íntegro de gobierno de Nicolás Maduro no es coincidencia, sino resultado de perpetuar un conjunto de políticas adversas al bienestar de la población, cuyos efectos negativos se hicieron aún más visibles una vez retrocedieran los precios internacionales del crudo desde los niveles extraordinarios alcanzados entre 2008 y 2014″, señala.

“Estas políticas han desatado una pavorosa hiperinflación que ha devastado el tejido económico, arruinando a la inmensa mayoría (…) han producido un empobrecimiento acelerado de los venezolanos, con sus trágicas secuelas de hambre, enfermedades y muertes”, agrega el análisis firmado por Humberto García Larralde y Sary Levy Carciente, presidente  y secretaria de la Academia, respectivamente.

Medio centenar de países europeos y americanos, así como la oposición interna consideran ilegítimo este mandato porque salió de una convocatoria a elecciones impuesta por una Asamblea Constituyente que el mismo Maduro controla a sus anchas, junto con el capitán Diosdado Cabello, otro chavista radical.

La elección del 20 de mayo de 2018 no contempló los lapsos legales establecidos en la Ley de Procesos Electorales; los principales partidos opositores y sus dirigentes tenían prohibido participar en comicios justos y libres, hubo un abstención histórica pese al ventajismo oficial y las amenazas manifiestas contra empleados públicos y militares que no votaran por Maduro ese día.

En una lista de los grandes problemas de la economía venezolana, Maduro es el principal, pues su papel individual es determinante, ya que en los últimos seis años se ha mostrado incapaz de asumir políticas económicas creíbles o de tomar determinaciones que son apremiantes.

Para el venezolano común las decisiones -o la falta de ellas- en materia económica han significado un deterioro galopante de las condiciones de vida, pérdida de patrimonio familiar, quiebre de expectativas y de confianza en el futuro y un empobrecimiento generalizado con pérdida de calidad de vida.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2018 (ENCOVI), levantada por las universidades Católica Andrés Bello, Central de Venezuela y Simón Bolívar, revela que la pobreza, medida por ingresos, alcanza hoy el 94% de los hogares encuestados, desde un 87% en 2017.

En 2014, segundo año de Maduro en el poder esa pobreza era 48,4% de los hogares.

Otros indicadores revelan el legado de Chávez  y de su hijo político Maduro: en 25% de los hogares sufren apagones diarios durante varias horas; al 14% de los hogares no llegaba el agua a su casa una vez por semana y otro 14% una vez cada dos semanas.

La asistencia escolar de la población entre 3 y 24 años es de sólo 70%.

“Entre los factores que explican la inasistencia a clase de la juventud escolarizada, en un 28% fue por fallas en el servicio de agua (19% en 2017); 22% por falta de comida en el hogar (12% en 2017); 13% por falta de comida en el plantel (7% en 2017); y 11% por inasistencia del personal (4% en 2017)”, señala al respecto el documento de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Maduro ha recalcado varias veces que él en persona maneja la economía venezolana; se ha dicho autor de varios fracasados planes económicos, incluyendo el de agosto pasado. Además ha gobernado todo su período mediante decretos de emergencia económica prorrogados más allá de lo que contempla la Constitución. Ni siquiera rinde cuentas del presupuesto nacional y hay un cerco informativo y una imposibilidad de escrutinio institucional o social sobre el manejo de la cosa pública.

Entre 2013, 14 y 2015 gobernó con leyes habilitantes otorgadas por la anterior Asamblea Nacional (parlamento) que era absolutamente controlado por el chavismo.

Cuando a finales de 2015 la oposición ganó en unas elecciones con asistencia masiva el control absoluto de la Asamblea, Maduro y su régimen respondieron arrebatando los poderes del parlamento y en materia económica siguió gobernando por decretos.

En la práctica gobierna desde hace tiempo con poderes absolutos y supremos, ratificados al crear una Asamblea Constituyente que no ha escrito un solo artículo de una nueva constitución y que ha usurpado y sustituido funciones del parlamento, mediante “decretos constituyentes”.

Durante su gobierno se han profundizado las políticas y designios legados por Chávez, lo que incluye la gerencia de empresas del Estado por militares con la pretensión de que el uniforme los dota de mayor sabiduría y capacidad gerencial que a los civiles.

También es notoria la falta de economistas competentes en el gabinete económico; la radicalización de controles y criminalización a la libre empresa, la corrupción y discrecionalidad en el ejercicio del poder; la falta de garantías legales a la inversión y el odio de clases contra empresarios y comerciantes.

- Solamente en 2018, cuando el país cumplió un año en hiperinflación, los precios subieron en promedio casi 1,7 millones por ciento, según las cifras levantadas por la Asamblea Oficial, única fuente oficial que hace estas mediciones, mientras el gobierno censura y oculta sus propias cifras. Aunque el chavismo no reconoce la existencia de este fenómeno, seguramente sus números no son mejores, pues en ese caso las usaría como artillería de la propaganda oficial.

- La profunda depresión económica que sufre Venezuela es la peor registrada por un país en tiempos de paz y sin que haya sido arrasado por un desastre natural de gran magnitud, según economistas e historiadores.

El Banco Mundial prevé que esta depresión se prolongará al menos hasta 2021. Solamente en tres años el tamaño de la economía se ha reducido en un tercio.

Venezuela tendrá el peor desempeño de su PIB en todo el mundo en este 2019, calculado en 5,7% por The Economist y en -8% por el Banco Mundial.

El país ya tiene más de un año en hiperinflación y todo apunta a que esta será una de las más virulentas y duraderas de la historia mundial. Aquí se conjugan casi todas las causas que provocaron y alimentaron las peores hiperinflaciones de la historia mundial vividas por Hungría, Zimbabue, Alemania, la exYugoslavia y Grecia.

La mala gestión de los gobiernos; destrucción de la economía y la producción; la desconfianza en las políticas públicas; la eliminación de la autonomía del Banco Central; las expectativas negativas y el pánico entre los consumidores; las expropiaciones y confiscaciones masivas; el enorme gasto militar; el endeudamiento sin resultados; la baja recaudación real de impuestos; la pérdida absoluta de la confianza en la divisa local; los controles de precios, el castigo penal a comerciantes y productores; el abandono forzado del campo; la merma en las exportaciones son causas que se encuentran en esos episodios.

Durante 20 años el chavismo ha profesado esta forma de hacer gobierno. Maduro la ha profundizado. Ahora se prevé que lo consolide mediante el llamado Plan de la Patria, el testamento político y económico de Chávez, llamado “hoja de ruta”, por la nomenclatura del poder.

Maduro, la depresión económica y la hiperinflación son hoy “las tres gracias” de la tragedia económica y social venezolana.

Pero la lista de grandes problemas derivados de estos tres es más larga, e incluye:

3- El déficit fiscal.

Como destaca la Academia de Ciencias Económicas, “la gestión pública es violatoria del ordenamiento constitucional”.

“En la génesis de tal disrupción se encuentra una gestión pública caracterizada por gastos muy por encima de los ingresos, arrojando déficits superiores al 20% del PIB. Por el lado de los ingresos, la hiperinflación desatada redujo significativamente el valor real de la recaudación tributaria. A ello se añade la exoneración por decreto a PdVSA y las demás empresas mixtas3 del pago del impuesto sobre la renta para el ejercicio fiscal 2018″.

“La brecha entre los disminuidos ingresos y un gasto en expansión se cubrió con financiamiento monetario –el llamado dinero “inorgánico”. Éste aumentó más de 9.000 veces durante el año con la complicidad de un Banco Central que violó abiertamente su objetivo fundamental, establecido en el artículo 318 de la Constitución Nacional, que se expresa en “lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria”, agregan los economistas.

- Tampoco la gestión presupuestaria nacional observo el ordenamiento jurídico que debía regirla. El presupuesto para 2018, al igual que el del año anterior, no fue sometido a la consideración de la Asamblea Nacional, al contrario  de lo que establece el numeral 6 del artículo 187 y el artículo 313 de la Constitución.

Los créditos adicionales, inflados por la hiperinflación, tampoco fueron aprobados por el órgano legislativo, como contempla igualmente el artículo 187. Alegando un “estado de excepción”, el Ejecutivo aprobó un decreto de emergencia económica, sin la autorización de la Asamblea Nacional estipulada en el artículo 339 de la Carta Magna, que ha prolongado indefinidamente, en desapego a la limitación que impone su artículo 3386 .

“Arbitrariamente se arrogó la potestad de ejecutar gastos al margen de los mecanismos constitucionales de control y supervisión, sin rendir cuentas y en ausencia total de transparencia, práctica que se ha prestado a todo tipo de irregularidades en contra de los intereses de la Nación”.

 

“El desconocimiento de las atribuciones de la Asamblea Nacional rompe con el equilibrio de poderes, consustancial a la República. El Ejecutivo se arroga potestades legislativas, conformando para sí una especie de “ley habilitante” permanente que ampara gastos sin control ni freno alguno, apoyándose a veces en una “asamblea constituyente” írrita y/o en un Tribunal Supremo viciado”.

“Durante 2018 fue imposible disponer de información clara y oportuna de la ejecución presupuestaria, ni conocer las bases de su formulación para 2019. En tal contexto, el Ejecutivo asumió compromisos sin plan ni concierto ante el agravamiento de las penalidades de la población causado por sus políticas. Multiplicó dádivas, bonos y transferencias en especies a través de un programa discrecional de reparto sujeto a la posesión de una tarjeta de racionamiento llamada “carnet de la patria”, un sistema de control social –clientelar en extremo— que busca evitar protestas ante la disminución estrepitosa de la remuneración real de los venezolanos. Se instituyó así un círculo vicioso en el que el mayor gasto del gobierno no puede sino financiarse con la emisión de dinero sin respaldo, alimentando aún más la dinámica hiperinflacionaria”.

Sobre otro de los grandes problemas, la parálisis de la producción local, la industria y la manufactura, los académicos señalan razones que coinciden con las explicaciones políticas del desastre:

“La asfixia de las fuerzas productivas”.

“A la par que el gobierno avivó el alza general de precios en 2018, continuó con sus políticas de acoso al sector privado a través de controles de precio y con normativas que regulan y restringen la producción y comercialización de bienes y servicios. El empeño en perpetuar precios controlados en hiperinflación es absolutamente inviable”.

“El aumento del salario mínimo más de 34 veces y el “bono de adaptación” al nuevo cono monetario que se introducía decretados el 17 de agosto, multiplicó por 15, en una sola semana, la emisión de dinero sin respaldo por parte del BCV”.

“El Tribunal Supremo de Justicia se arrogó la aprobación del presupuesto de 2017. El de 2018 fue aprobado por una asamblea constituyente írrita.  Además, sujetar el margen de beneficio en 30%, como dicta la Ley Orgánica de Precios Justos, incentiva la inflación artificial de costos para justificar mayores ganancias. Asimismo, políticas de control y regulación inhiben la inversión y la iniciativa privada, rezagando mejoras en el aparato productivo en detrimento de la calidad de vida de los venezolanos”, señalan.

Sobre la crisis de la industria petrolera, los economistas destacan que la falta de transparencia y de rendición de cuentas del sector público venezolano se traslada también a la empresa principal del país, Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), que no publica informes de sus actividades desde 2016.

Fuentes secundarias recogidas por la OPEP señalan que para noviembre la producción había disminuido más de 500 mil barriles diarios desde comienzos del año 2018, para colocarse en sólo 1 millón 137 mil barriles por día (bpd).

Aunque el precio del barril de crudo venezolano en los mercados externos subió con relación a 2017, para finales de año se encontraba en descenso. Según el Ministerio de Petróleo y Minas, promedió unos $63.

“El año 2018 fue el último año del período constitucional de Nicolás Maduro. En condiciones normales, los ciudadanos, en ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos, hubieran elegido un nuevo gobierno que instrumentara rápidamente las soluciones a los terribles problemas que padece. Desgraciadamente, quienes usufructúan el poder pretenden, por artimañas violatorias de la constitución y de los derechos legítimos de los venezolanos, perpetuarse más allá de la fecha del 10 de enero cuando les toca entregar el mando. Esto es inadmisible, tanto por razones de orden constitucional y republicano, como humanitarias. Condenará a la población a privaciones y penurias aún mayores. Oponerse a ello y luchar por restablecer las garantías del orden constitucional democrático es, por tanto, un compromiso ineludible”, dicen por su parte los miembros de la Academia.