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El nuevo uso del Carnet de la Patria: burocratizar el acceso a la salud

medicamentos
09/10/2017
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FOTO: ARCHIVO EL ESTÍMULO

El temor que tenían a principios de año las ONG y los médicos de que el carnet de la patria se convirtiera en un factor de discriminación se convierte en realidad. La tarjeta de identificación atenta contra el principio de universalidad de la salud pública al ser un requisito para acceder a medicamentos, vacunas y atención

Por tercera vez desde que nació, en febrero de 2016, el gobierno nacional relanzó el fallido plan 0800-SaludYa. Su reaparición conlleva la burocratización de la salud pública al obligar a los usuarios a tener el carnet de la patria para solicitar medicamentos.

El precursor de la línea telefónica, el Siamed, lanzado por el ex ministro Henry Ventura, y el propio 0800-Salud Ya, fueron criticados y desechados por el propio presidente Nicolás Maduro por su poco poder para resolver la crisis de medicinas que afecta a Venezuela.

Sin recordar sus críticas, Maduro hizo el anuncio del relanzamiento en su programa de este domingo, desde donde explicó que 300 operadores estarán disponibles para registrar a aquellas personas  que requieran medicamentos para cardiopatías, hipertensión, diabetes, epilepsia, enfermedades psiaquiátricas, lupus y úlceras gástricas, previa comprobación que poseen el carnet chavista.

Es la consumación de una práctica discriminatoria que venía anunciándose.

Desde octubre de 2016 las palabras “Clap farmacéutico” eran pronunciadas tímidamente por algunos funcionarios venezolanos. Lo que se había limitado a ser tratado en transmisiones televisivas sin mucha definición, se convirtió en el caballo de fuerza -temporal- del chavismo contra el desabastecimiento de medicamentos: “el 15 de mayo debemos iniciar, estado por estado, la solución del problema de los fármacos”, dijo el presidente Nicolás Maduro, el martes 4 de abril en transmisión de Venezolana de Televisión.

Seis meses después, el Clap farmacéutico no se implementó y la escasez de medicinas es más aguda.

Aunque Maduro prometió crear “un milagro complementario de la salud”, organizaciones no gubernamentales y médicos temen que el carnet de la patria burocratice aún más el acceso a la atención médica e incumpla con los principios de universalidad y confidencialidad garantizados hasta ahora.

“Para eso es que nos estamos carnetizando, para que a la abuelita o abuelito reciba su pastilla y nunca le falte, al que sufre convulsiones le llegue su pastilla y nunca le falte, y no depender más del sabotaje del sistema de distribución capitalista que le esconde las medicinas al pueblo o se las cobra en precios exorbitantes”, dijo el mandatario en abril pasado.

En el país, al menos 3.000.000 de personas sufren de alguna enfermedad crónica que requiere ser tratada con medicamentos. “Y Barrio Adentro, en este momento, no cubre ni siquiera al 20% de la población. No podría darse abasto para atender a tanta gente. Uno de los canales más perfectos  de distribución era el de los medicamentos, en 24 horas podías poner medicinas en cualquier parte de Venezuela”, advierte el ex ministro de Sanidad, José Félix Oletta.

El médico cree que la estrategia es errada, pues el problema de escasez de fármacos, que la Federación Farmacéutica Venezolana ubica en 85%, no radica en la distribución sino en la producción. “Le hicieron la vida imposible a los laboratorios internacionales, han acabado con los laboratorios nacionales y las consecuencias finales son que la población no tiene acceso a los medicamentos, las enfermedades se agravan, se complican  y la gente se muere cuando no tiene tratamiento. Eso no se soluciona pidiéndole a la gente que se saque un carnet”, critica Oletta.

Vulneración de derechos

 

La Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida rechaza la posibilidad de que se use el Carnet de la Patria como un requisito y un canal para la distribución de medicamentos esenciales.

“Es una medida discriminatoria que no cumple con los principios internacionales”, indicó Francisco Valencia, presidente de Codevida.

Además, Feliciano Reyna, de Acción Solidaria, teme que de aplicarse la medida, grupos no entrenados para la distribución y dispensación de medicamentos hagan mal uso de su “poder”: “En el caso de la hemofilia, ya se ha denunciado que quienes están encargados de entregar los factores sanguíneos, pretenden racionarlos, determinar si la persona tiene una lesión grave o no. Romper la estructura propia de las dos grandes instituciones que manejan la salud (Ministerio de Salud e Instituto Venezolano de los Seguros Sociales) nos parece de una gravedad y un absurdo pasmoso”. A Reyna le preocupa que el anuncio simplemente sea un intento de hacer propaganda al Carnet de la Patria para usarlo como nueva forma de control social.

Violación de la confidencialidad

 

Para Jhonathan Rodríguez, de la organización de paciente StopVIH, la decisión del presidente Maduro está destinada al fracaso y advierte que la medida es “riesgosa” pues vulnera la confidencialidad de las personas con VIH al agregar nuevos pasos de censo y registro.

“Para sacar el carnet, hay que hacer una cola kilométrica. Esas largas colas no la soportan los pacientes, se desmayan. No pueden estar expuestos a ese tipo de situaciones y que el Estado pretenda exponerlas a ello viola su derecho a una vida digna”, alertó el activista.

“Exigir más documentos es poner más obstáculos a la atención que las personas necesitan para vivir. Si las personas con VIH no se toman el medicamento como dicen los médicos se desencadena una situación que abre todas las posibilidades para que el paciente fallezca”.

Rodríguez coincide con los dirigentes de las otras ONG en que el problema real no se está acabando. “Yo no me voy a sacar el carnet de la patria. ¿Qué hago, me muero? Entonces el Estado es el responsable de mi vida”.

Pistas

 

En octubre de 2016, la entonces ministra de Salud, Luisana Melo, explicó que los Clap, en conjunto con los médicos de la comunidad, tenían la tarea de identificar a los pacientes con patologías crónicas o a las mujeres embarazadas.

En ese momento, aseguró que la Gran Misión Abastecimiento Soberano trabajaba en la creación de una droguería social y pública que suministrara directamente los insumos y medicamentos a las farmacias pequeñas independientes para saltar el predominio de las cinco cadenas más grandes que “dominan” el mercado del país.

La droguería nunca se conformó y el único abastecimiento de medicamentos llegó a través de importaciones a dólar libre que elevaron los costos algunos fármacos a montos elevados que sobrepasan, incluso, el del salario mínimo.

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