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El Picure y otras bandas criminales dejan en ridículo al Gobierno venezolano

El auge sin control de bandas que poseen armamento sofisticado deja en evidencia el continuo fracaso de las políticas oficiales para combatir la criminalidad en Venezuela, donde el número de asesinatos por cada 100 mil habitantes es el segundo más alto del mundo, detrás de Honduras, destaca el Observatorio Venezolano de la Violencia.

La tarde del domingo volvió a sonar la banda de El Picure, que opera entre los estados Aragua y Guárico, en pleno centro del país. En esta oportunidad, 10 delincuentes atacaron la sede policial de Barbacoas con granadas y pistolas, con la intención de rescatar a tres de sus miembros. Arrinconaron a los uniformados e hirieron a tres de ellos con una granada M-26 que lanzaron a la comandancia del pueblo.

Al lugar se presentaron refuerzos de la Guardia Nacional y del Cicpc para tratar de auxiliar a Poliaragua, que se enfrentaba a los delincuentes. Sin embargo, la directiva de la policía científica no permitió que los integrantes de la Brigada de Acciones Especiales acudieran a la población de Barbacoas a combatir a los integrantes de la banda de El Picure, con quien ya se han enfrentado en otras oportunidades.

Casi en simultáneo, en Caracas, nuevamente los delincuentes de la Cota 905 y El Cementerio se enfrentaron a tiros por más de cuatro horas contra la Policía Nacional Bolivariana. El saldo fue de un delincuente y un policía muertos en medio del tiroteo.

Venezuela cerró el primer semestre de 2015 con la admisión, por parte del Gobierno, de que la tasa de homicidios oficial es de 62 por cada 100 mil habitantes. La confesión la hizo nada menos que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Esa cifra convierte al país en el segundo más violento del mundo, solo superado por Honduras y demuestra, que tal como lo aseguran los expertos, el Gobierno fracasó también en materia de seguridad, y se le escapó de las manos el tema de la violencia.

Uno de los que considera esta afirmación como cierta es precisamente el sociólogo Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia, quien advirtió que en la actualidad la delincuencia en Venezuela ha alcanzado niveles de organización que anteriormente no tenía.

“Pasan dos cosas muy graves: el delincuente perdió cualquier tipo de respeto hacia la policía y las autoridades, y en segundo lugar, los policías han decidido que no van a actuar, porque no tienen apoyo moral ni de sus superiores. Esos son los dos ejes en los que hay que analizar el problema de la violencia”, explicó Briceño León.

El panorama es complejo. Venezuela tiene un conjunto de cuerpos policiales politizados e ineficientes, un sistema de administración de justicia colapsado que solo otorga altísimas cifras de impunidad y un sistema penitenciario corrompido que no cumple con su misión de reeducar y reinsertar al delincuente a la sociedad.

“Lo que pasa en Caracas, y en muchas ciudades del país, es que en zonas populares existe una estrategia de control social, impuesta por las bandas delictivas o los colectivos y al mismo tiempo, estos grupos han servido al Gobierno de alguna manera para prestar servicios políticos. El problema es que eso se les escapó de las manos, como se le fueron de las manos las cárceles, porque le dieron el control a los delincuentes y ahora no hay quién los contenga”, comentó Briceño León a El Estímulo.

El experto hace referencia específicamente a lo que ha sucedido en zonas como San Vicente, en el estado Aragua, en mayo; en la población de El Sombrero, en Guárico con la banda de El Picure, o tan cerca de las autoridades gubernamentales como es el caso de la Cota 905, en plena ciudad de Caracas, donde bandas delictivas han logrado arrinconar a las fuerzas policiales y donde las autoridades, lejos de enviar un mensaje de condena, simplemente ordenan a los policías no hacer su trabajo.

Los índices siguen creciendo

Solo durante los primeros seis meses del 2015 en Caracas fallecieron de manera violenta 2647 personas, es decir que en promedio, cada día 15 personas perdieron la vida en algún hecho violento en la capital venezolana.

De mantenerse el promedio, para final de año la cantidad de personas fallecidas en hechos de violencia podría ascender a más de 5.400 casos, lo que significaría un incremento de por lo menos 8% en comparación con el 2014, cuando a la morgue de Bello Monte fueron ingresados 5058 cadáveres durante los 12 meses.

“Es claro que el Gobierno está más interesado en contener cualquier tipo de manifestación de la sociedad civil, que de ponerle freno y ejercer autoridad contra los grupos de delincuentes que operan en las zonas populares y someten a la ciudadanía”, expresó Briceño León.

Para el experto, la situación de anomia y violencia en Venezuela se puede contener, pero advirtió que es necesario que desde el Gobierno haya voluntad para hacerlo.

En principio, recomienda Briceño León, las autoridades pertinentes deberían dar un mensaje de advertencia a la delincuencia, haciéndoles entender que deben someterse, porque de lo contrario, la fuerza pública actuaría.

“La alternativa no puede ser retirar a la policía y dejarle el país a los delincuentes, que se caigan a tiro cada vez que les da la gana y sin que nadie los obligue a responder ante la ley. Se necesita una respuesta contundente, que se les enfrente, porque no hay ninguna otra cosa que se pueda hacer y eso da resultados, así como sucedió en Río de Janeiro o en Sao Paulo”, destacó el director del Observatorio Venezolano de Violencia.

Institucionalización del delito

Otra de las muestra de desde el Gobierno se perdió el control sobre los delincuentes es la protección de los colectivos. En el desfile militar del domingo, con el que se conmemoró el 204 aniversario de la independencia de Venezuela se le dio espacio a los integrantes de estos supuestos grupos de trabajo social, que todo el país sabe que son grupos armados.

Briceño León señaló que la realidad delictiva venezolana tiene un antes y un después de lo ocurrido en octubre de 2014 con el colectivo 5 de marzo en el edificio Mafredir, en Quinta Crespo.

Después de aquel episodio en el que fue ultimado José Odreman, quien era líder del colectivo 5 de Marzo, en un supuesto enfrentamiento con el Cicpc, la presión ejercida por estos grupos armados logró que fuera destituido el entonces ministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres.

“Desde allí la policía decidió que no iba a actuar. Porque a los que actuaron en ese procedimiento les dictaron orden de captura cuando lo que hacían era su trabajo. Entonces al policía no lo respetan los delincuentes, pero sus jefes tampoco les dan apoyo, cuando además les dicen que no se metan a ciertas zonas, o que no anden en vehículos identificados. ¿Qué hace el policía? No cumple con su función, entonces se va institucionalizando el delito con el aval de las autoridades que no cumplen con su función que es combatirlos”, dijo el experto.

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