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Española con orden de excarcelación desde hace 4 meses sigue presa en el Dgcim

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25/07/2019
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FOTO ARCHIVO: FELIPE ROTJES

La hispanovenezolana María Auxiliadora Delgado Tabosky, de 43 años de edad, lleva más de 4 meses encerrada en unos calabozos de Caracas pese a contar, desde hace casi 50 días, con una orden de excarcelación, informaron este jueves sus familiares.

El hermano de la detenida, Osman Andrés Delgado, explicó vía telefónica que el arresto se produjo el 19 de marzo y fue llevado a cabo por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que irrumpieron en su vivienda encapuchados y con armas largas.

La mujer, empresaria y con estudios en Turismo, se encontraba en su residencia, en el estado Carabobo (norte), cuando fue apresada junto a su marido, Juan Carlos Marrufo Capozzi, un militar retirado con nacionalidad italiana, sin que los agentes presentaran ninguna orden de allanamiento.

Según el hermano de la detenida, los funcionarios saquearon cosas de valor, prendas, computadoras, teléfonos y tras 90 minutos de registro se llevaron a ambos detenidos.

Esta detención se debe, según Delgado, a que uno de sus hermanos, también militar en el exilio, está señalado como supuesto financista del asalto a un cuartel y del atentado fallido contra el presidente Nicolás Maduro, el pasado 4 de agosto.

Ambos detenidos están recluidos en la sede de la Dgcim, en el este de Caracas, y fueron formalmente acusados de financiación al terrorismo y asociación para delinquir pero hasta ahora no se encontraron pruebas que los incriminen, según sus familiares.

“Las condiciones son horribles, inhumanas. Está en una celda de tres por tres sin ningún tipo de luz solar (…) a veces la dejan esposada por cuatro o cinco días”, denunció el hermano de la detenida, que vive fuera de Venezuela, igual que casi toda la familia, debido a la persecución política.

La defensa, explicó, ha acudido a la Fiscalía e incluso logró que en los calabozos recibieran la orden de excarcelación pero todavía no se cumple esta resolución emitida por la jueza Carol Padilla el 7 de junio por el tribunal que sigue la causa.

Hasta ahora a la acusada se le ha negado la visita consular y los oficios diplomáticos que se han hecho no han sido atendidos por parte de las autoridades venezolanas.