Analistas explican por qué en Venezuela “hay una dictadura”

Dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) informaron que tribunales penales de cinco estados dejaron sin efecto la recolección del 1% de firmas para la activación del revocatorio presidencial, decisiones que llevaron al Consejo Nacional Electoral a suspender “hasta nuevo aviso” la recolección del 20%. Políticos, analistas y juristas han advertido que esta medida denota que en el país hay una “abierta dictadura”.

Analistas explican por qué en Venezuela “hay una dictadura”

José Vicente Haro, experto constitucional, dijo este viernes en declaraciones para Globovisión que “en Venezuela este tipo de medidas de carácter penal, demuestran que están hablando fuera de su competencia, nos dice que en el país no hay respeto a los derechos humanos o al voto. Se le han arrebatado las competencias de la Asamblea Nacional y cuando eso sucede no se puede decir que hay democracia. Estamos en un abierta dictadura”, sentenció.

Aseveró que “no es casual” que el fallo está basado en demandas interpuestas en estados gobernados por sujetos vinculados a uno de los jefe del chavismo, Diosdado Cabello.

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, en sus primeras declaraciones tras las sentencias de los cinco tribunales ordinarios que frenan el proceso revocatorio, aseguró que en Venezuela se vive “una dictadura producto de un golpe de Estado continuado”.

El jefe del legislativo aseveró que “una dictadura le huye a consulta electoral”.

La única decisión que ha trascendido con detalle a la opinión pública es la de Bolívar, en la que se lee que hay una víctima interponiendo una acción, en este caso, una querella. Quedaba la duda de si era posible que un tribunal estadal pudiera emitir una cautelar de suspensión en un evento que afecta el derecho de las mayorías, en este caso de 406 mil personas, que validaron sus firmas en junio pasado, teniendo además en cuenta que es un Gobierno que en su retórica utiliza los intereses del colectivo como bandera. El CNE la aclaró anunciando en una nota de prensa que se suspendía la recolección del 20% “hasta nuevo aviso”.

El gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, fue el primero en afirmar en su cuenta de Twitter que el Tribunal Penal de su estado anuló el proceso de recolección de firmas para el revocatorio presidencial y ordenó reparar el “fraude cometido por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)”. Minutos más tarde, el gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach, escribió también que el Tribunal Penal de Carabobo dejó sin efecto la recolección del 1% en esa entidad. También, Francisco Rangel indicó que “se introdujo un recurso legal para invalidar la mega estafa montada por la MUD, logrando en Bolívar (su gobernación) la suspensión del proceso”. Una decisión similar tomó un tribunal del estado Apure. Todas estas entidades tienen como a militantes del Psuv como gobernadores.

El politólogo y dirigente de Marea Socialista, Nicmer Evans, mostró su desacuerdo con la suspensión por parte del CNE al 20%.

“Esto no tiene absolutamente nada que ver con un proceso político al que nosotros nos sumamos. Ahora se termina de consolidar lo que había sido en un principio, gestos claros de acciones autoritarias del presidente Maduro en rechazo a la crítica, a la autocrítica y a los procesos democráticos internos en el partido. Hoy termina de consumarse, hemos pasado de un autoritarismo competitivo a un autoritarismo a secas”.

Consultado por El Estímulo, el constitucionalista Juan Rafalli explicó por qué la orden del CNE resulta inconstitucional. Señaló ningún tribunal regional tiene jurisdicción nacional por lo que decisiones de este tipo no debieron afectar el revocatorio.

“Si es un tribunal regional, solo tiene jurisdicción en su estado, y si es una decisión con potencialidad para afectar en un proceso nacional, no puede ser tomada por un ente regional porque está tratando una materia de interés nacional”, analizó.

Añadió que en el caso de un presunto fraude de firmas, denuncia en la que se basa el PSUV, los jueces penales pueden dictar medidas cautelares contra los que cometieron el delito no contra el proceso. Es decir, contra cada una de las personas que usurpó la firma, no contra la Unidad.

“Estas no son sentencias jurídicas sino vehículos de decisión política”, dijo.

Otros juristas dicen que el CNE dirimió las posibles inconsistencias en firmas al dejar por fuera unas 600 mil de las casi dos millones presentadas por la MUD, por eso la alianza de partidos tuvo que validar un millón 300 mil entre el 20 y el 24 de junio. Además, el Poder Electoral consideró que las 600 mil rúbricas que fueron desvirtuadas no afectaban, ni en la etapa de recolección ni en la de validación, el resultado que requería la alianza opositora para lograr el porcentaje requerido. Incluso la Ley de Procesos Electorales señala, en relación al fraude, que solo procede cuando se ve afectado el resultado.

“El país está sumido en el terreno del absurdo jurídico”, acotó Rafalli en una entrevista para Unión Radio.

“Estamos todos diciendo lo mismo porque no hay otra manera de ver esto sino desde el terreno del absurdo jurídico. La situación hay que analizarla en un entorno político y no solo desde el punto de vista jurídico y de la norma. Creo que aquí se está comenzando un proceso de diálogo y el Gobierno como condición impuso que no hubiera revocatorio”, añadió.

Por su parte, el también abogado y profesor de Derecho Penal, Alberto Sánchez Arteaga explicó a la misma emisora que la prohibición de salida del país que emitió un tribunal penal de Valencia (estado Carabobo) contra el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, al gobernador de Miranda, Henrique Capriles, y otros seis representantes de la oposición venezolana también es ilegal.

En el caso de Capriles por el cargo público que ejerce, debería de hacerse un antejuicio. “Esto es inaceptable desde el punto de vista jurídico”.

“Sencillamente hay que llamar una vez más, no a la rebeldía contra la Constitución, sino al apego irrestricto a esta que ha sido violada una y otra vez. Al apego irrestricto a la legalidad. El llamado tiene que ser al imperio de la justicia”, insistió.