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Familiares de militares presos exigen “fe de vida”

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03/02/2019
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FOTOGRAFÍA: ARCHIVO EL ESTÍMULO

Esposas e hijos de varios militares presos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) exigieron, este sábado, una fe de vida de sus familiares ante la suspensión de la visita a raíz de un supuesto motín. Michelle Morales, hija del General Nelson Morales, detenido el 21 de mayo de 2018 y a quien vinculan con la “Operación Armagedón”, denunció que acudieron a la sede porque la esposa del General Alejandro Perez Gámez teme por la vida de su esposo con quien no ha podido tener contacto.

Una vez en la Dgcim, la seguridad externa del recinto les informó que harían una lista para canalizar las solicitudes. Luego de un tiempo sin respuestas, el funcionarios les dijo que debían retirarse del lugar.

Michelle Morales describe el ambiente debate sábado como “turbio”.

Los familiares reciben una llamada de los militares presos una vez a ala semana y los viernes se les informa sobre las visitas de fin de semana. La esposa de Perez Gámez fue la única que no recibió esa llamada.

Las informaciones comenzaron a cruzarse pues varios custodios les comentaron a los familiares que se había dado un motín por la suspensión de la visita que puso en tensión a la sede cuando los detenidos comenzaron a gritar consignas en contra de Nicolás Maduro.

No es habitual que los familiares de militares presos hablen con la presa. Muchas veces, temen por su integridad y la de sus familiares presos.

Sin embargo, esta vez decidieron relatar cómo son desnudadas y revisadas para poder ingresar. Dividen a hombres y mujeres y los mandan a un baño donde deben desvestirse.

Una vez adentro, pasan a la sala donde pueden ver a sus familiares, en teoría, por tres horas aunque ese tiempo nunca se cumple.

Además, tal y como pasa en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), las visitas son grabadas por lo que no hay privacidad.

También denuncian la sobrepoblación en la sede de la policia militar donde calculan hay más de cien detenidos entre civiles y militares, incluyendo a los 27 sublevados de la Guardia Nacional el pasado 21 de enero.

Los familiares están preocupados pues son ellos los que proveen de alimentos y agua a quienes se encuentran privados de libertad. Tampoco han tenido acceso a medicinas.

Lili de Hernández, esposa del General Hector Hernández Da Costa, recuerda que en la Dgcim, el servicio médico es “inexistente”.

“A Nelson Martínez (ex directivo de Citgo) tuvieron que sacarlo en condiciones lamentables. Estaba en coma. Cuando lo trasladaron al Hospital Militar, ya no había nada que hacer”, relató.

“Tampoco hay exposición al sol, no hay respeto a la condición humana”, sentencia.

La señora Hernández rechaza además que a civiles y militares les coloquen bragas y les rapen la cabeza.

“Recibimos la misma tortura, indirectamente” que nuestros familiares. Queremos saber cómo y dónde están”, señaló Loredana Hernández.

Los familiares e responsabilizan a Nicolás Maduro, al director de la Dgcim, Iván Hernández Dalá, al ministro de Defensa, Vladimir Padrino y a “los funcionarios cómplices” de lo que le pase a los militares detenidos y a ellos por denunciar.

Según estimaciones de la Asamblea Nacional, actualmente hay casi 160 militares detenidos.