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Fuerzas Armadas, Constitución y unión cívico-militar

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La obediencia de las Fuerzas Armadas venezolanas a la Constitución Nacional, que el actual Ministro de la Defensa no se cansa de reivindicar, tiene varios años adulterada. Parte de su interpretación se está yendo por un coladero denominado “la unión cívico-militar”. El concepto-semilla, de carácter faccioso, que Hugo Chávez dejó sembrado en el liderazgo militar venezolano para poder controlarlo, y que está dificultando gravemente las cosas en este tramo de la crisis nacional.

Como la “repolarización del país”, la “unión cívico miliar” es un lineamiento estratégico en el chavismo, presente desde sus años iniciales, los conspirativos.   Su movimiento tenia elementos cívico militares y como tal arribó al gobierno, al que ha ido envolviendo con sus hábitos y valores. El MVR, de hecho, era al comienzo un movimiento parcialmente militar. Es un concepto diseñado para poder apoyarse en los instrumentos de mando dentro del poder; para incorporar a uno de los ejes constitutivos del estado venezolano dentro del proyecto hegemónico. Hay que reconocer que atiende a una genética natural del chavismo como movimiento golpista. De hecho, hasta entrado el siglo XX, “guerra” y “política” eran conceptos casi gemelos en todo el mundo. Se fueron separando en la medida en que avanza la civilización como norte en el pensamiento universal.

El propio Hugo Chávez hizo alusión alguna vez al trabajo político que había hecho en las Fuerzas Armadas, de acuerdo a lo que afirmaba mucho más hondo de lo que se imaginaba la  opinión pública. Su muerte ha convertido sus valores en religión de estado. La renuencia de las Fuerzas Armadas a comprender el dolor de los venezolanos, y el calado de la crisis en curso, guarda relación con la imposición de esa saeta, esa tesis política para las consola más delicada del poder en una nación, denominada “unión cívico militar”.

La “unión cívico militar” es el puente natural que habilita moralmente a un efectivo de las Fuerzas Armadas a tomar parte por una parcialidad política, a politizar sus funciones, a volverlas parte interesada de la política, en detrimento del debate público, a pesar de que tal circunstancia la prohíbe expresamente la Constitución y violenta una tradición republicana de varias décadas, sobre la cual, después de todo, ha estado fundamentada la paz pública. Gracias a esa correcta interpretación de los militares, de alguna forma, el siglo XX venezolano no tuvo guerras civiles. Hubo golpes, lamentablemente, pero no hubo guerras civiles.

La “unión cívico militar”  una línea política, traducida en una orden, mimetizada como un valor de alto rango nacional, con la cual los efectivos militares terminan involucrados dentro de la causa chavista. Si el vínculo entre lo militar y lo cívico que defiende Vladimir Padrino consistiera en organizar visitas al Jardín Botánico; encuentros con periodistas en Fuerte Tiuna; debates académicos en la Universidad Católica o la Bolivariana, o intercambios institucionales con la Iglesia, claro que el criterio no tendría nada de objetable.

Lo que debemos evaluar acá es el contenido del intercambio que plantea la yunta. Su sabia es veneno institucional. Son vectores que no se consiguen en sociedades democráticas.  La “unión cívico militar” lo único que pretende es mantener vivo el espíritu de conjura, el acuerdo sagrado en torno al complot, el ánimo de logia heredado del 4 de febrero de 1992. El daño institucional hecho a la Fuerza Armada es notorio. Gracias a ella, perniciosos elementos subjetivos, unilaterales, peregrinos y discutibles, irrespetuosos con la diferencia, están entrando a dominar espacios institucionales sagrados, que le pertenecen a todos los venezolanos. Esta circunstancia produce hoy un enorme dolor en muchos venezolanos con su Fuerza Armada, cuyo funcionamiento y orientación lucen desnaturalizados.

Hugo Chávez promovió una consulta electoral en el año 2007, el Referéndum de la Reforma, con el objeto de intentar oficializar la politización del ejército al proponer una nueva redacción del articulado. El pueblo votó que No, derrotando la iniciativa de Chávez, y de cualquier manera el veredicto no fue respetado. 

Peor aún: el país ha elegido abrumadoramente una Asamblea Nacional, que está neutralizada en su desempeño, y sobre los mandos militares no priva una interpretación literal de sus funciones constitucionales: todos prefieren triangular la operación para terminar rindiendo lealtad y honores, no a la Constitución Nacional y la Democracia, sino al Socialismo, la Revolución y la Unión Cívico Militar.

Lo que está planteado en el país con el funcionamiento de la Asamblea Nacional es de una gravedad extrema. Esta sería la primera vez en 50 años que el poder político, que los poderes fácticos, que las Fuerzas Armadas se prestan para desconocer, o burlarse del voto de los venezolanos. En El contrato social, Jean Jeacques Rousseau, padre del pensamiento político moderno, y uno de los autores más influyentes en el pensamiento de Simón Bolívar, había llegado a afirmar que los parlamentos constituyen “el corazón de la legalidad” y que su existencia era, para el espíritu de la República, para las libertades públicas, aún más importante que la del propio Poder Ejecutivo. La soberanía nacional no es un asunto de tanques y consignas militares: reposa en la voluntad general de los ciudadanos.

Sobre el criterio de “la unión cívico-militar”, deslizado de manera sibilina en el debate, y hecho cumplir a rajatablas dentro de las Fuerzas Armadas, es que descansa el desconocimiento a la Constitución y la voluntad nacional expresada en las elecciones parlamentarias de Diciembre de 2015.  La ruptura no se expresa con tanques y tomas escandalosas.  Se hace cumplir interpretando esta curiosa consigna, que no está presente en la Constitución Nacional, que no es obligante para nadie, salvo para el puñado de individuos que son tributarios de ella, y que politiza gravemente a las Fuerzas Armadas en detrimento de los intereses de la sociedad venezolana. ¿Acaso Rómulo Betancourt, o Isaías Medina, o López Contreras, o Luis Herrera Campíns, o el propio Juan Vicente Gómez, dejaron dicho que era un deber de estado estarlos alabando eternamente una vez fallecidos?

Vladimir Padrino garantiza el pluralismo político y el derecho a manifestarse en paz (hasta Chacaíto)  para que no nos acusen de vivir en una dictadura. La Oposición podrá existir con el mayor de los gustos, siempre que no se lo ocurra estar ganando unas elecciones. Ni Padrino, ni nadie en el gobierno, dice una palabra sobre elecciones, sobre los retrasos institucionales que alimentan esta crisis, sobre el canal humanitario, sobre la escasez de medicamentos. Sobre la existencia de una Asamblea Nacional electa, soberana, legítima, de mandato sagrado, que está maniatada y sobre la cual iba a caer una sentencia para eliminar la inmunidad de sus diputados y legislar por mampuesto. ¿No es eso importante?

Olvida Padrino, de pronto, que su deber es cumplir y hacer cumplir lo que dispone de forma expresa la Constitución. No cumplir la Constitución los martes por la tarde, para lucir demócrata y seguir rindiéndole honores a un pacto parcial, a un acuerdo político, a un arreglo de terceros, hecho entre políticos con y sin uniforme, que no es obligante en un estado como el nuestro, Democrático y Social de Derecho y de Justicia, y al que nadie debía deberle obediencia.

Los artículos de la Constitución Nacional son bien claros. Es hora de interpretarlos literalmente y jugarle limpio a Venezuela. Lo único que está pidiendo este país es comida, medicinas, seguridad y elecciones. Todavía estamos a tiempo. Toda Venezuela espera una interpretación noble y leal de las Fuerzas Armadas respecto a lo que sucede.  No vaya a creer el general Vladimir Padrino que en esta, la crisis política, económica, institucional y moral más grave que hayamos tenido que vivir en varias décadas, los historiadores del futuro no se van a estar preguntando cómo era que se llamaba aquel Ministro de la Defensa en los años de la disolución de la Asamblea Nacional y el secuestro de la voluntad general.

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