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Gobierno revela que no hizo estudio ambiental del Arco Minero del Orinoco

minera
06/12/2016
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FOTOGRAFÍA: DAGNE COBO BUSHBECK

El gobierno de Nicolás Maduro no ha realizado un estudio de impacto ambiental en el llamado Arco Minero del Orinoco (AMO), con el que aspira captar mil millonarias inversiones con la extracción de oro, diamantes y otros minerales en una zona que abarca más de 111.000 kilómetros cuadrados del territorio venezolano.

Así lo reconocieron los representantes del Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que realiza su período de sesiones número 159 en la Ciudad de Panamá.

Larry Devoe, jefe de la delegación oficial venezolana, reconoció que  el Ejecutivo tendrá en su momento los estudios sobre el impacto ambiental y sociocultural de las zonas que cubren el AMO.

“Está previsto realizar los estudios de impacto ambiental como exigen la Constitución y la ley antes de iniciar esas operaciones”, reveló Devoe al referirse al área donde se desarrollará el Arco Minero.

“Está prevista la presentación de los estudios de impacto ambiental y del estudio sociocultural correspondiente conforme a lo establecido por la legislación  ambiental venezolana”, agregó otra representante oficial al leer un documento ante miembros de la CIDH, representantes indígenas y activistas de DDHH reunidos en la sesión.

En su informe, la delegación destacó que ninguna empresa minera a gran escala ha iniciado operaciones en la zona y que el proyecto solo está en una fase donde se han conformado cuatro empresas mixtas mineras y memorandos de entendimiento para la explotación de yacimientos mineros.

Davoe apuntó que sólo el 2% de los más 111.000 kilómetros cuadrados donde se desarrollará el Arco se dedicará a la minería en pequeña, mediana y gran escala.

El Gobierno sostuvo que ha realizado más de 58 consultas en las zonas indígenas cubiertas por el AMO y denunció que existe una campaña orquestada por las ONG en contra del proyecto.

La audiencia sobre el Arco Minero del Orinoco fue la última del grupo de 4 sesiones sobre Venezuela realizada el viernes 2 de diciembre en el Hotel Radisson Decápolis de Panamá, recordó este martes una nota de prensa de la ONG Provea.

La cita con el CIDH fue solicitada por las ONG Provea, Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la ULA (GTAI-ULA) y Laboratorio de Paz, que solicitaron el encuentro a partir de polémicos temas que giran en torno al tema del AMO: estudios de impacto ambiental, consulta previa a pueblos indígenas, demarcación de territorios indígenas, derechos laborales y militarización de los territorios indígenas y recomendaciones.

Vladimir Aguilar, abogado especializado en derecho indígena y coordinador del GTAI-ULA, expresó: “En los últimos meses, el gobierno ha comenzado a realizar reuniones para informar a los pueblos indígenas sobre ‘los beneficios’ que van a recibir con el proyecto del AMO”.

Al describir el proceso de intervención estatal de las organizaciones indígenas, Aguilar afirmó: “Se ha realizado un proceso de cooptación partidista de algunas organizaciones y comunidades indígenas provocando una aculturación, división interna y desviación de la lucha histórica indígena por sus territorios”.

Por su parte Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, describió las violaciones a los derechos laborales, libre asociación y manifestación pacífica generados por el decreto que crea el AMO. Además, detalló cómo el decreto de estado de excepción y emergencia económica, en vigencia desde mayo de 2016, permite que las contrataciones para el Arco Minero no deban ser autorizadas por la Asamblea Nacional.

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