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Juan Requesens cumple un año preso bajo la violación de sus derechos humanos

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07/08/2019
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FOTOGRAFÍA: GABRIELA GONZÁLEZ | ARCHIVO

El diputado por el partido Primero Justicia, Juan Requesens, cumple un año tras las rejas en un proceso con más incógnitas que certezas y donde las denuncias de su lado se volvieron incalculables. El parlamentario, supuestamente vinculado a un presunto atentado con drones contra Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018 en Caracas, ha visto deteriorada su salud y es otra víctima del desgaste de un sistema judicial condicionado a las órdenes del chavismo.

“La audiencia del diputado Juan Requesens fue diferida”. La frase pasó a ser un acto común en su caso. Darle largas a su situación fue la constante e incansable respuesta de la justicia chavista, la cual lo responsabilizó de ser uno de los cómplices en la supuesta acción con drones de aquel sábado en la avenida Bolívar.

Pero poco antes de cumplirse 11 meses de su arresto se conoció que irá a juicio, donde enfrenta cargos por “homicidio frustrado en grado de magnicidio”, tenencia de arma de fuego, terrorismo,  traición a la patria, asociación para delinquir e instigación pública.

Mientras las acusaciones fueron admitidas, el lapso de constantes rechazos a su caso encontró obstáculos que fueron revelados por su familia y abogados.

Días después de ser detenido, el gobierno difundió un video en el que se escuchaba a Requesens confesar que ayudó a ingresar al país a uno de los organizadores del ataque, un material que el antichavismo denunció se obtuvo por “coacción”, y motivó a que la defensa del legislador pidiera una prueba toxicológica. El diputado señaló en este audiovisual que ejecutó estas acciones luego de que el también opositor Julio Borges, expresidente del Parlamento y acusado de ser uno de los autores intelectuales del atentado, le pidiera “un favor”.

También circuló un segundo video en el que se ve a Requesens en ropa interior manchada de excrementos, sin pronunciar palabra, y que desató una ola de repudio en el antichavismo.

Después, el abogado Joel García detalló que la secretaria del Tribunal Primero con competencia en materia de Terrorismo, Yasmyly Alexandra Rojas, no está inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado), requisito indispensable para poder ejercer en Venezuela según la Ley de Ejercicio del Abogado (artículo 510). Esto significa que los actos ejecutados por ese Tribunal son nulos.

Dos meses después de la detención del diputado, el también parlamentario José Manuel Olivares reclamó la falta de atención por parte de los cuerpos de seguridad del gobierno de Maduro, quienes hicieron caso omiso en repetidas ocasiones de las peticiones de Requesens y su entorno para atender su estado de salud pues sofría de una celulitis facial causada por un problema dental.

Los desplantes de la justicia chavista y la desatención a su estado fueron motivo de críticas desde distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos. Mientras, desde el lado oficialista el silencio ha sido su respuesta.

Este miércoles, cuando se cumple un año de su aprehensión, el entorno de Requesens estará presente en un acto en la plaza Los Palos Grandes, en Caracas, para manifestar contra un proceso lleno de lunares que marcan la dinámica de la justicia de Maduro.