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La invención de la República de Venezuela (Parte II)

Bandera Venezuela Oposición
30/05/2017
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FOTO: AFP/JUAN BARRETO

El orden republicano, la virtud ciudadana y el concepto de lo colectivo: En nuestra opinión, la formación de la República venezolana, ha pasado por tres grandes etapas, en el camino por alcanzar la legitimidad social y política dentro del orden republicano liberal.

Nos encontramos con una primera etapa de instauración republicana comprendida entre 1810 y 1830; es un período signado por la confrontación silente entre los caudillos, que usan la guerra como mecanismo para la legitimación social y política, por una parte, y por la otra, quienes concebían el orden constitucional y las virtudes ciudadanas como el camino para construir una sociedad, capaz de producir leyes justas que garantizaran la libertad de los ciudadanos.

Podríamos decir que en la historia política venezolana, esta lucha es permanente y ha llegado hasta nuestros días, pero lo que distingue esta etapa de las demás, fue el propósito de constituirse como nación independiente, guiado esencialmente por jefes militares, en medio de un intenso período de guerra; una guerra que cambió de rumbo a favor de la fuerzas republicanas cuando se entendió el carácter no solo político sino social de la lucha.

Philip Pettit plantea que el orden republicano debe estar basado en dos aspectos diferentes, como lo son la legitimidad y la justicia, dos temas separados que nos pueden ayudar a comprender este proceso en muchos aspectos.

Es así como este primer período republicano, concebido por hombres de luces y forjado por guerreros, termina por otorgarle a la naciente república, la legitimidad necesaria para iniciar el proceso de formación de un orden interno, de un nuevo orden social, donde como lo plantea Pettit, es necesario establecer cuál es el nivel de coercividad del Estado. Entendemos junto con Pettit, que ese nivel coercitivo del estado, está limitado por la libertad de las personas, dentro de un orden vigente, aceptado por un acuerdo social que apruebe los parámetros de su legitimidad social y política.

Si bien desde el mismo evento independentista de 1810, el tema de la igualdad, la libertad y los derechos ciudadanos, es el centro del debate político, es en 1830 cuando se logra cierta estabilidad social, y se definen las fuerzas políticas internas. Es a partir de entonces, que los derechos políticos y ciudadanos se usarán como las banderas de lucha para justificar la conquista del poder durante los siguientes ochenta años, hasta 1911, cuando Juan Vicente Gómez, le ponga una lápida al debate de las tesis liberales y conservadoras, e imponga un férrea dictadura militar, y destierre la discusión sobre la legitimidad de la representación política, el orden republicano y el control de los gobernantes, pasando sobre lo que Benjamín Constant llama la libre expresión de la opinión pública, como una de las columnas de una sociedad libre.

Si partimos de las bases de los ideales republicanos, donde en primer lugar debe haber un régimen legítimo, que dirigido por gobernantes virtuosos, sean capaces de mantener un orden interno y crear leyes justas, que protejan a los ciudadanos de la concentración del poder en manos de pocos, perfectamente podríamos preguntarnos, si durante el período comprendido entre 1830 y 1947, tuvimos una verdadera república basada en un régimen de libertades ciudadanas. Con todas las consideraciones del caso, es difícil responder a esa pregunta afirmativamente. Más bien podríamos decir que contamos con una república autocrática, donde los méritos de las clases gobernantes, no se basaban precisamente sobre las virtudes ciudadanas, sino sobre las glorias de la guerra y el poderío militar de cada caudillo.

Entre 1830 y 1958, Venezuela se sumergirá en un proceso de confrontación política, signada por la fuerza militar de los caudillos y sus subsecuentes revoluciones, siempre envueltos en la banderas de las ideas, pero con el corazón en la autocracia y el irrespeto a la ley; en segundo lugar, y casi como el resultado lógico de una etapa de desorden y corrupción, la consolidación del militarismo y el destierro del debate de las ideas y de la res pública de forma libre y democrática.

Sin descontar las elecciones presidenciales de 1947, es a partir de 1958 cuando podemos hablar con propiedad, del funcionamiento de una república liberal democrática, en la que sucesivos gobiernos transcurrieron de manera pacífica y democrática, y en la que las instituciones del Estado funcionaron de manera independiente.

La legitimidad del régimen, estaba dada por la aprobación electoral presidencial, y el control parlamentario y judicial del poder ejecutivo. Reapareció el libre debate de las ideas, y el juego democrático entre rivales políticos, en el marco de un acuerdo nacional, que terminó por darle el sustento más importante al desarrollo del modelo republicano liberal y democrático. No solo los mismos factores de la sociedad le otorgaban sustento al modelo, sino que todos se sometían de manera transparente a la aprobación popular. El desarrollo del ideario político de los partidos y la incorporación de nuevos sectores a la vida nacional, permitió la formación de una sociedad civil independiente de controles del estado, generándose una relación Estado – Sociedad, que como dice Graciela Soriano, asciende como una categoría democrática.

El modelo republicano comienza a pasar de lo institucional a lo comunitario, reclamando la modernización del orden republicano en todos sus aspectos, como producto de la nueva realidad que impulsó el nuevo orden político instaurado en 1958. Junto a la reforma electoral en la escogencia de los cuerpos parlamentarios y la elección de gobernadores y alcaldes, prominentes venezolanos trabajaron durante casi 10 años por transformar el Estado: primero se presentó la reforma fiscal, bajo el dirección del Dr. Tomás Enrique Batalla; luego se presentaron las propuestas para la reforma del Estado, dirigidas por el Dr. Ramón J. Velásquez y luego por el Dr. Carlos Blanco; luego las reformas económicas dirigidas por el Presidente Carlos Andrés Pérez, y finalmente se presentó la propuesta de reforma de la Constitución de 1961, dirigida por el Ex Presidente Rafael Caldera. Las élites políticas y económicas, poco caso hicieron de los planteamientos de reforma y renovación política del Estado y sus instituciones, y comenzó así junto con la crisis económica, un acelerado proceso de deslegitimización de los partidos como representantes políticos y canales de intermediación social.

La crisis de representatividad del sistema, concluyó en un nuevo régimen que durante 17 años ha cuestionado el modelo republicano basado en las libertades ciudadanas, rememorando los gobiernos autocráticos del Siglo XIX, donde la constitución solo era un librito que a los gobernantes de turno les servía para todo, donde la libertad y el orden republicano fueron absolutamente obviados.

Lo público, lo colectivo y lo particular.

Luego de la Guerra de la Independencia, Venezuela quedó devastada económica, social y humanamente por la guerra y las enfermedades; las instituciones eran prácticamente una entelequia, y mal podían ser garantes de los derechos ciudadanos; el Estado era débil, en medio de una economía destruida y prácticamente sin ingresos de ninguna especie; así pues el caudillo que mejor manejara sus recursos económicos y militares era prácticamente dueño del país y al llegar al poder se enriquecían en el ejercicio del gobierno.

Para muchos venezolanos, irse en campaña junto a un caudillo, llegó a representar, un mecanismo de ascenso social y una lejana de posibilidad de acceso a la riqueza, en medio de un país depauperado e incomunicado. La escasa riqueza del Estado, siempre estuvo reservada al pequeño círculo del poder, y era impensable disponer de recursos suficientes para acometer programas de asistencia social o de desarrollo nacional.

La propia circunstancia de la guerra de la independencia y la sustitución de actores sociales y políticos, trajo consigo una confusión entre lo público y lo privado. Por una parte, el nuevo congreso otorgó como premio a sus libertadores, grandes extensiones de territorio de la nueva república; por la otra, quienes fueron elegidos para dirigir los destinos de la nación, más por sus hazañas y fuerza militar, que por sus dotes de gobernantes, fueron en mayoría abrumadora, los mismos héroes de la independencia o sus herederos políticos en las artes del caudillismo.

Entre 1830 y 1935, si bien la propiedad privada siempre estuvo reconocida en las diversas constituciones, los bienes de la nación, y los fondos públicos, se confundían con el patrimonio personal de los gobernantes de turno, acrecentando recurrentemente sus propiedades; los casos de Páez, Monagas, Guzmán Blanco, Crespo, Castro y Gómez son emblemáticos. Por primera vez desde la fundación de la república, un gobernante, el General Eleazar López Contreras en 1936, recupera para la nación los bienes de los que se había adueñado el anterior gobernante, y que en este caso eran de Juan Vicente Gómez; un acto inédito y que abonaba a esa visión confusa entre lo propio y lo público. Era la voluntad del caudillo y jefe político, la que determinaba en buena medida el devenir de la república, y no las normas constitucionales.

No solo se trataba de que el gobernante se apropiara de los bienes de la nación, sino que además disponía de ellos para beneficio de terceros que pertenecían a la familia o al círculo de poder. Durante muchos años fueron las aduanas y los estancos para la venta de tabaco u otros bienes, pero a partir de la aparición del petróleo, Juan Vicente Gómez comenzó a distribuir las concesiones para la explotación petrolera, a su libre arbitrio, constituyéndose así una nueva clase social y económica, a partir de la bondad e interés del régimen y del gobernante de turno, y sin necesidad de ir a la guerra. Los bienes y los recursos del Estado se podían transformar en la consolidación y el crecimiento del patrimonio particular de aquellos cercanos a los círculos de poder. Lo contrario también podía suceder, todos aquellos que se opusieran al régimen, no solo corrían el riesgo de que sus propiedades fueran confiscadas y pasadas a disposición del gobierno, sino que hasta la misma libertad personal podía perderse.

Con la aparición de la riqueza petrolera, el caso venezolano fue sufriendo una interesante transformación, ya que siendo los tesoros del subsuelo propiedad del Estado, ahora ser jefe del gobierno no solo fue visto solo como fuente de riqueza personal, como ocurrió durante muchos años; ahora ser jefe del Estado y ser el administrador de sus recursos, se convierte en un poderoso instrumento de control y dominación social y política; sin embargo, esos mismos recursos también fueron herramienta de reivindicación social y progreso humano, siendo para millares de venezolanos, una fuente de sustento y progreso, de manera indirecta o directa a los largo de los años. Esta evolución de los bienes públicos del Estado, y la forma en que se utilizaron, generó en la sociedad, la convicción de que lo público, es colectivo, es de todos, pero donde cada quien es dueño de una fracción, cuyo beneficio económico era tangible y se reclama en lo personal. Ya no era necesario ir a la guerra en busca de futuro. Durante muchos años, la solución al progreso personal, estaba en someterse a un Estado todopoderoso, y guardar silencio ante el yugo militar.

Es a partir de 1945 y especialmente desde 1958, cuando con recursos del Estado y en función de una política pública, y no en razón del capricho o del favoritismo del gobernante de turno, que se da un gran impulso para el crecimiento del sector privado y el desarrollo de la sociedad civil, a través de la generación de condiciones para el crecimiento de la clase media.

La conjunción de estos factores es lo que de alguna manera Graciela Soriano, señala como la fuerza y crecimiento de los medios de producción, que toman mucha robustez frente a la sociedad y el Estado, generando con esto, que lo colectivo y lo social adquieran mucho peso entre las responsabilidades y funciones del Estado, generando el debate entre la privatización y la estatización o socialización. Nace así otro orden de discusión en lo que se llama la “relación Estado – Sociedad”, y toma relevancia, después de mucho tiempo, lo público y lo particular. Este señalamiento de Graciela Soriano, sobre la relación Estado – Sociedad, y la formación de una nueva sociedad civil, conlleva en nuestra opinión, la valoración sobre la conducta de los gobernantes, en la administración de lo colectivo y la salvaguarda de los derechos particulares.

Si bien la riqueza del Estado ha sido bien y mal utilizada, ha traído consigo mayores beneficios sociales y a la vez mayores incentivos a la corrupción; pero sin duda, generó también el debate y una mayor conciencia sobre el papel activo del ciudadano en la vida republicana, en una mayor observancia y control de la conducta cívica del gobernante y el buen uso de los recursos en función de lo colectivo.

Cabe preguntarse entonces, si ese desbordamiento circunstancial de la riqueza del Estado, aparte de haber dado mayor poder a los gobiernos autocráticos, ¿no le sirvió también de estímulo al ciudadano, para que diera el debate sobre las virtudes del gobernante que le tocaba administrar lo público y lo colectivo, en lo cual cada ciudadano tiene un interés personal? Aunque parezca paradójico, observamos que esta circunstancia económica, fue una manera de activar la conciencia cívica a la que alude J.G.A. Pocock, en su estudio sobre el pensamiento renacentista frente a los problemas de la civilidad. Se trata del desarrollo de la “vita activa”, de la formación de normas de comportamiento cívico, que le dé sentido y vigencia a la república, como figura contraria a la tradición tiránica del monarca. Es la búsqueda de fórmulas para el entendimiento social, la organización política y las formas de gobierno.

Pocock plantea que bajo la visión de Aristóteles, los actos humanos buscan un bien, y que en asociación genera la polis, donde hay que enfrentar e integrar acción y contemplación. Plantea así, que el bien que la persona busca para sí, también lo busca para los demás, e incorpora el tema de la regulación de esa búsqueda del bien común y personal, sobre lo que es propio y también colectivo, sin duda tema clave en el desarrollo del concepto de la república, lo cual se refleja en el caso venezolano. Lo universal y lo particular, forman parte de lo mismo; es a partir de allí, que aborda el tema de las minorías y las mayorías, dejando el espacio para la discusión de las élites y las democracias.

Para los pensadores de la época, la politeia, es el paradigma de la sociedad compleja, donde cada quien tiene una función según sus capacidades, y donde vemos lo individual, la minoría y la mayoría en perfecta coordinación, siendo que cuando domina lo particular, estamos ante la tiranía. La polis es una estructura moral e institucional compleja, que busca solventar las relaciones entre los hombres. La virtud cívica de la actividad política, el gobernar o ser gobernado depende de la relación de las virtudes de cada quien, siendo que la máxima virtud es el amor por la polis. Así pues, la estabilidad de las ciudades, como de la polis en Grecia, depende de la virtud ciudadana.

En el caso venezolano, Graciela Soriano plantea que la sociedad civil crece como una categoría de pensamiento democrático, lo cual va estrechamente vinculado a ese crecimiento al pensamiento de lo colectivo y lo particular, que en Venezuela es un debate hoy día más vigente que nunca, y que pone en boca de la gente común y no solo de las élites ilustradas, el debate y el activismo para procurar las fórmulas cívicas en función del bien común, y con base en un modelo republicano que se renueve constantemente como la sociedad misma.

Consideraciones finales.

La república venezolana, ha sido el fruto de la invención de más de trescientos años de generaciones de hombres y mujeres que entre sus paisajes han soñado, han sufrido y han realizado su visión de un país que entre sus circunstancias, se ha venido moldeando como sociedad democrática, transitando a través de diferentes “versiones y perversiones del republicanismo”.

Analizar el caso venezolano a la luz del pensamiento de actores y autores de otras épocas, y sus visiones sobre las formas y evolución del modelo republicano, nos permite entender con mayor precisión el proceso de formación social y política de nuestras formas de gobierno. Lo ideal es que logremos aprender colectivamente, las lecciones necesarias para no retroceder ni dar vueltas en círculo, en ese proceso de formación cívica que procure el establecimiento de una conducta democrática como estilo de vida ciudadana.