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Las minorías se unen para negociar

TimoOpo26
19/09/2019
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FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

Dos sectores minoritarios que no representan más de 20 por ciento del país firmaron un acuerdo que no aclara ni precisa una salida hacia un proceso libre y democrático para Venezuela.

Al menos tres meses antes de que el gobierno de Nicolás Maduro se retirara de la mesa de negociaciones, auspiciada por el Reino de Noruega, en Barbados, se discutía tras bastidores un acuerdo entre representantes del oficialismo y un sector de la oposición opuesta a la gestión del presidente (e) Juan Guaidó y del Parlamento venezolano.

Desde Oslo y luego desde Barbados, era notorio que el régimen de Nicolás Maduro no aceptaría ir a unas elecciones libres bajo un gobierno de transición, que era la aspiración del sector opositor mayoritario representado en la mesa de negociación.

Declaraciones reiteradas de Maduro anunciaban un inminente acuerdo, promovían su disposición al diálogo, hacían propaganda internacional sobre su supuesta condición de “demócratas”; mientras la represión a manifestaciones por servicios y comida se intensificaba en el país, se ordenaban las inhabilitaciones y detención de parlamentarios y la crisis económica y humanitaria llegaba hasta los investigadores de la ONU.

La campaña de desinformación en paralelo era conducida por Diosdado Cabello, quien contradecía a Maduro señalando que la única elección que habría sería la de la Asamblea Nacional. En todo caso, el juego de desinformación permitió al madurismo sobrevivir los primeros nueve meses de 2019, aún bajo las fuertes sanciones financieras que han ido cercando a los testaferros que manejan las altas finanzas de la élite oficialista y los negocios ilegales.

Todo ello servía para alimentar la división de la oposición e intentar debilitar la fuerza adquirida por el presidente de la AN, Juan Guaidó, y la gestión internacional que incluyó el control de la filial de PDVSA en EEUU (Citgo), el congelamiento de cuentas bancarias y reservas de oro en el exterior y el manejo parcial de la deuda externa de Venezuela, ahora bajo gestión de su equipo.

Las luchas internas

Si bien el avance político logrado por el grupo de partidos que apoyaron a Guaidó en siete meses ha sido notorio en apoyo internacional y cerco financiero del régimen, al mismo tiempo profundizó las diferencias internas en la oposición.

Pero las pugnas, en lugar de ser discutidas en mecanismos internos, aplicando principios democráticos para buscar coincidencias y unidad de acción, se establecieron en las redes sociales y portales de opinión en una suerte de guerra fratricida, en algunos casos, con financiamiento de grupos económicos de distinto origen.

En estas diferencias internas se identifican tres sectores: el sector mayoritario que dirige la Asamblea Nacional, encabezados por Juan Guaidó y los partidos Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática y los sectores parlamentarios minoritarios que avalaron la permanencia de Guaidó al frente del Parlamento, y otras figuras políticas que se han desprendido de sus organizaciones pero siguen apoyando el camino encabezado por Guaidó. La agenda del presidente encargado, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, maneja una diversidad de escenarios, en el que se incluye la vía electoral, las negociaciones en las que participaron, pero al mismo tiempo intentaron adherir a las FANB en la acción del 30 de abril haciendo un llamado a desconocer a Maduro como gobierno ilegítimo. La postura se ha resumido en la frase: “todas las opciones están en la mesa”.

Le sigue el sector radical, en el que se destaca el partido Vente Venezuela, y encabeza María Corina Machado, apoyada por algunas figuras independientes de la política, especialmente activistas que se encuentran en el exilio pero que tienen influencia en los círculos de opinión. La postura básica de este sector, que ha estado al margen de la gestión de los partidos mayoritarios, es que la salida de la crisis y de Maduro del poder solo es posible mediante una acción de fuerza, militar o armada. Señalan que este régimen no sale con votos y se oponen a cualquier tipo de negociación. Sin embargo, este planteamiento ha tenido la debilidad de no explicar el “cómo, “quién” y “con qué” van a realizar la tarea de derrocar a Maduro.

En tercer lugar está el grupo que ha firmado este nuevo acuerdo con el régimen de Maduro encabezado por Henri Falcón (Avanzada Progresista), Timoteo Zambrano (Cambiemos), Claudio Fermín y el Movimiento al Socialismo (MAS). Un sector que participó en las elecciones del 20 de mayo, consideradas ilegítimas por los más importantes países del ámbito democrático, desconocidas por los dos más importantes sectores opositores y hasta señaladas de fraudulentas por el propio Falcón, quien fuera el candidato que intentó agrupar el voto opositor en ese proceso electoral en el que se reeligió a Maduro.

La prédica de este sector es que la única salida en Venezuela es la vía pacífica y electoral, de allí que hicieran una negociación unilateral con el gobierno. Se oponen a las sanciones internacionales y consideran que esto debe resolverse internamente entre venezolanos y celebran cualquier conquista que se pueda obtener, como lo fue la libertad otorgada al vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano, atribuida al pacto firmado por este grupo y el gobierno de Maduro. Este grupo está dispuesto a reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, electa fraudulentamente, según los datos aportados entonces por las propia empresa Smartmatic, que trabajó varios años en procesos electorales con el chavismo.

Los acuerdos

Los acuerdos firmados entre el grupo político opositor minoritario y el gobierno de Maduro no definen un camino preciso para restituir la democracia en Venezuela ni ofrece reglas claras para el sector opositor.

En el punto uno, que señala la incorporación de los parlamentarios del PSUV a la Asamblea Nacional, no especifica qué ocurrirá con los 25 parlamentarios opositores inhabilitados, presos o en el exilio. No se indica qué ocurrirá con los tres representantes del Estado Amazonas, excluidos y tampoco se menciona el rol que jugará la Asamblea Nacional Constituyente, presidida por Cabello, que en la práctica es, junto al Tribunal Supremo, quienes han asumido las funciones del Parlamento venezolano.

En el segundo punto se menciona la conformación del nuevo CNE “con garantías electorales”. Pero no se indica quiénes lo conformarán, si se designará por las vías legales que le corresponderían al Parlamento y con cuáles diputados, o si estarían incluidos los 25 inhabilitados. Tampoco se menciona si habrá elecciones presidenciales, para cuando y en qué condiciones.

A favor del gobierno de Maduro destaca el punto 5, en el que se rechazan las sanciones económicas “contra el país” y se exige el levantamiento de las mismas.

A cambio, en el punto 3 se propone “exhortar al sistema de Justicia mediante la Comisión de la Vida para que se apliquen medidas de liberación en los casos que lo permitan”. Ya el Foro Penal ha denunciado que entre los que se encuentran en la lista para salir en libertad hay presos comunes que nada tienen que ver con la condición de preso político. De hecho el texto del acuerdo no especifica “presos políticos”.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, liberado bajo medidas cautelares, luego de 130 días en prisión, destacó que “deben producirse cerca de 58 libertades de presos políticos. Hay que hacer un esfuerzo significativo, en primer lugar, para producir la liberación de todos los presos políticos, civiles y militares”.

Mayorías y minorías

El grupo que conforma la “Mesa Nacional de Diálogo por la Paz”, que forman parte de la plataforma Concertación para el Cambio, cuentan con una minúscula representación en el Parlamento venezolano. De ellos, la organización “Cambiemos” tiene 6 diputados y Avanzada Progresista 2.

De manera que de 167 diputados, hay 3 de Amazonas excluidos, 25 perseguidos o inhabilitados y 87 activos, de los cuales ocho apoyan el acuerdo recién formado y regresarían 54 oficialistas, ya que hay uno en el exilio.

De plantearse un cambio en la composición del Consejo Nacional Electoral, que es una aspiración clave para motivar la confianza en el voto en Venezuela, el número de parlamentarios sería clave a la hora de elegirlo de llegar a un acuerdo consensuado. Mientras el gobierno de Maduro no reconozca a esa Asamblea y restituya las funciones de los parlamentarios, que incluyen a los que están presos, los que se encuentran en el exilio y los inhabilitados, el acuerdo no podría ser legítimo solo con los diputados del PSUV (54) y los de la “Mesa de Diálogo por la Paz” (8).

Las tendencias

Pero no solo es el juego político el que cuenta. El sector que encabeza Juan Guaidó es preferencia de las mayorías en el electorado venezolano.

La última encuesta de la organización Delphos, en su último estudio de mayo de 2019, destaca que Guaidó encabeza el índice de confianza entre las personalidades del país con más de 50% de aceptación. Le siguen Leopoldo López, de la misma organización, y en tercer lugar María Corina Machado del sector radical, por el momento distanciada del grupo de Guaidó. Luego se ubican otras cuatro figuras que están en el equipo de Guaidó: Delsa Solórzano, Miguel Pizarro, Edgar Zambrano y Henrique Capriles. Con 20% hacia abajo en los últimos lugares están los jefes del sector oficialista, encabezados por Vladimir Padrino López y Maduro.

De manera que quienes han firmado el acuerdo de negociación entre gobierno y el grupo opositor no representan mas de 20% del país. Es decir, es un acuerdo que no tiene sustento ni en la representación parlamentaria ni la confianza que reclama el país.

Es de destacar que el estudio de Delphos refleja que las instituciones que gozan de mayor confianza entre los ciudadanos son: los estudiantes con más de 60% (reconocidos por sus luchas y su apego a la democracia), las universidades, la Iglesia Católica, los empresarios, los líderes jóvenes, el gobierno de Guaidó, la Asamblea Nacional y las organizaciones ciudadanas. En los dos últimos lugares de confianza se encuentran la Asamblea Nacional Constituyente y el PSUV.

De manera que se puede concluir que este es un acuerdo de minorías que no representa a la gran mayoría de un país afectado por las políticas económicas, la corrupción y los controles que el chavismo ha ejercido sobre la sociedad venezolana.