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Los Verdes: A un año del terror a domicilio

Los verdes fachada
13/06/2018
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FOTOGRAFÍAS: DANIEL HERNÁNDEZ / EL ESTÍMULO

Gran parte de los sótanos del Conjunto Residencial El Paraíso permanecen a oscuras. Tras un año del asalto a estos edificios, conocidos como “Los Verdes”, los jardines los arropa el marrón de la sequía porque el agua no llega a las residencias desde hace un mes. Algunos ascensores continúan dañados y los pocos que están en funcionamiento penden de un hilo pues los vecinos suben los botellones y tobos de agua para suplir el suministro.

En los parques del conjunto ahora juegan más los perros que los niños. Donde antes habían ventanas y vidrios ahora solo hay rejas. Sus habitantes afirman que el temor y la zozobra son los nuevos inquilinos que acompañan a los vecinos en su día a día.

Las cicatrices que dejaron este asalto se observan en cada lugar de estas residencias. La fachada de los edificios reflejan la brutalidad de este asalto, convertido en el símbolo de la represión de las protestas  opositoras en 2017.

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El terror reinó en la tarde del 13 de junio de 2017 dentro de Los Verdes. Grupos armados y encapuchados irrumpieron a mano armada en las residencias, cortaron el servicio eléctrico de las luces de los apartamentos y, con mandarrias, destrozaron todo lo que encontraron a su paso. Iban por los habitantes  de las doce gigantescas torres que conforman al conjunto residencial.

La barbarie de los cuerpos de seguridad los tomó por sorpresa, recordaron algunos de los residentes a El Estímulo. Dispararon a mansalva, direccionaron sus armas hacia los apartamentos e incluso hirieron a un perro que se llamaba Cross. El can fue la mascota de Jazmín Navarro durante nueve años hasta que el impacto de un proyectil le voló parte de la masa encefálica y el ojo. Navarro tuvo que sacrificar a su perro para acabar con agonía. Tras este suceso, Jazmín abandonó Venezuela.

 ***

Teresa Vargas de Santolo vive en Los Verdes desde hace 34 años. No olvida aquél martes 13 de junio donde el mal augurio que acompaña a la fecha se cumplió. Estaba sola dentro de su apartamento cuando las fuerzas del Estado irrumpieron en su vivienda sin ninguna orden judicial. Para ella, la acción se ajustaba a otro día más de protestas en Los Verdes, donde los choques entre manifestantes y los agentes de la Guardia Nacional se convirtieron en una “especie de juego”. Hasta ese día.

“Los muchachos llegaban al mediodía, trancaban el puente 9 de diciembre con barricadas, pedazos de árboles y cualquier otro objeto que encontraran; luego llegaba la Guardia a reprimir y a lanzar lacrimógenas”, contó Teo Santolo, el hijo mayor de Teresa. A su juicio, las protestas lucían como un de libreto de una novela que se repetía, y se repetía.

Para esa fecha, la violencia había escalado considerablemente en las zonas residenciales donde las personas se reunían para protestar, al igual que el nivel de fuerza que aplicaron los distintos órganos de seguridad del Estado para reprimir a los manifestantes.

Esta práctica se constata en el informe “Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017”, realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUDH, por sus siglas en inglés), presentado en septiembre de 2017.

“Las manifestaciones se han visto acompañadas de allanamientos ilegales y violentos en conjuntos residenciales por parte de las fuerzas de seguridad, con el supuesto objetivo de detener a los manifestantes. Las operaciones de seguridad en zonas residenciales se han caracterizado por el uso excesivo de la fuerza y la destrucción deliberada de bienes, lesionando gravemente el derecho a la vivienda y a la vida privada”, señala el informe en la página 17 del documento.

Teresa vive en la Torre A de la tercera etapa del conjunto residencial, la primera víctima del asalto. Recordó los gritos apabullantes de sus vecinos que se trepaban por las escaleras y las ventanas del edificio cuando la tanqueta del Conas (fuerza especial de la Guardia Nacional Bolivariana) derribó el portón principal e ingresó a las residencias. Una vez que la reja cayó, el miedo se apoderó de ellos.

“Cuando yo vi aquel montón de guardias nacionales que se metieron por la funeraria, ahí sí me asuste. Dije: Dios mío ahora sí me van a tumbar el apartamento, porque si no lograron meterse ayer en la noche, hoy sí lo van a hacer”.

 

Teresa de Santolo también recordó los gritos de los militares en los pasillos de los edificios: “corre por allá, métete por aquí, y al que consigas en el medio te lo llevas”. El gas de las bombas lacrimógenas y la lluvia de proyectiles que impactaban los apartamentos la obligaron a evitar una de las ventanas, desde donde veía la barbarie.

“Me quedé tranquila, esperando a que pasara lo que tenía que pasar. La guardia venía por los guarimberos que supuestamente se escondían en el salón de fiesta”.

Agentes encapuchados subieron por las escaleras y destruyeron todo lo que estaba de por medio: ascensores, puertas, carteleras, rejas y luminarias fueron destrozadas a su paso. Una vez adentro, cortaron la luz en los apartamentos. Lo único que permaneció iluminado fueron los pasillos de los pisos.

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Teresa recordó que los agentes del Conas llegaron armados y con pasamontañas cuando se encontraba en el piso 7 de su edificio, auxiliando a una vecina con un ataque de pánico. Dijo que les abrió la puerta de la casa de su conocida “para que se fueran y no destrozaran nada”. Posteriormente, bajaron con ella hasta su apartamento en el piso 6 para registrarlo, sin ninguna orden judicial.

“Yo les abrí la puerta y los mandé a pasar. Ellos con una linterna y yo detrás con una velita. Al que se oponía sí le tumbaron las puertas y les destrozaron todo”, explicó la señora. Lo mismo sucedió con los apartamentos que estaban vacíos. Según Teo, el allanamiento fue “una venganza de un gobierno contra gente que manifestaba exigiendo un derecho”.

“Era como si buscasen enviarle un mensaje a la gente que estaba protestando”.

 

Ambos concordaron que el ambiente en los edificios no es el mismo tras el asalto de hace un año. Ese hecho “desmoralizó” a la gente, apuntaron.

“Todo lo que tú ves roto por ahí, fueron ellos”, reprocharon madre e hijo. El paso fue devastador. Los encapuchados se llevaron las computadoras, las llaves, y los controles remotos de las puertas al ingresar en las oficinas del condominio, según los Santolo.

Jesús Armas, concejal opositor del municipio Libertador, realiza un seguimiento de lo que ha sucedido en las residencias desde el 13 de junio de 2017.

Armas comentó que las violaciones cometidas el 13 de junio de 2017 y presentadas ante el Ministerio Público (MP) permanecen “estáticas” después de la salida de Luisa Ortega Díaz del Ministerio Público. “Ellos mandaron algunos fiscales e hicieron las inspecciones correspondientes, pero eso no trascendió en lo absoluto. El caso quedó en el olvido”, denunció Armas.

La desatención del Ministerio Público en Los Verdes llama la atención porque hay una sucursal de esa institución en uno de los edificios del complejo residencial.

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Reparar los daños en medio de la hiperinflación

Nathaly Alfaro, miembro de la junta de condominio de la cuarta etapa de las Residencias El Paraíso, contó que se les ha hecho muy difícil tratar de enmendar todos los daños ocasionados por el asalto. Los bolsillos de los residentes no soportan las cuotas que mensualmente se necesitan cancelar, porque -a raíz de las protestas- gran parte de población joven que vivía ahí “o se mudaron, o se fueron del país”.

Ahora, en su mayoría, los habitantes del conjunto son personas pensionadas o desempleadas y escasamente les alcanza el dinero para pagar la alícuota del condominio, apuntó Alfaro.

Los gastos para reparar los ascensores consumieron las reservas económicas de Los Verdes. No hay bolsillo que le pueda seguir el paso a la hiperinflación que atraviesa Venezuela desde octubre de 2017. La torre A de la tercera etapa solo cuenta con dos ascensores (de cuatro) en funcionamiento. Antes eran 12 los que prestaban servicio.

Ahora no hay repuestos ni hay mano de obra calificada. Repararlos es muy costoso. Sin embargo, poco a poco han logrado reparar las rejas de entrada de los edificios, aunque no tienen el dinero necesario para instalarlas, contó Alfaro.

En un intento para ayudar a los vecinos, Roberto Patiño, co-fundador del movimiento “Mi convive Caracas” y miembro del partido político Primero Justicia (PJ), donó dos rejas en el 2017 que aún no se han instalado, pues tampoco hay recursos para ello. “Todo es una tragedia”, reclamó Alfaro.

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Los habitantes de la tercera etapa cancelaron una cuota de Bs 500.000 en abril de este año para reparar los ascensores en conjunto con otra cuota de Bs 89.000 que era para reparar las rejas de los sótanos. El monto del condominio oscilaba desde Bs 100.00 hasta Bs 400.000 (dependiendo de las etapas) en los primeros meses del año en curso.

Alfaro explicó que en la tercera etapa el condominio llegó en abril en Bs 400.000, porque “ellos fueron los que sufrieron más daños”, y por consiguiente han tenido que cancelar más dinero para resarcirlos. Los residentes lamentan que cada vez se les hace más complicado terminar con los arreglos.

Vivir a merced del hampa

En las residencias Los Verdes viven alrededor de 3.000 a 4.000 personas. Son 12 torres en total. Distribuidas en 3 torres por cada etapa; 4 etapas cada una de 17 pisos; 6 apartamentos por piso. En cada etapa hay una junta de condominio correspondiente. Cada torre se ocupa de sus oficios. La parte externa del conjunto, es decir, áreas comunes y cercas perimetrales son responsabilidad de las 4 etapas.

Los vecinos de Los Verdes aprendieron a lidiar con la inseguridad que convive con ellos desde el 2017. Después del allanamiento, no cuentan con servicio privado de seguridad. En los sótanos en donde colindan la primera y la segunda etapa solo hay presencia de dos vigilantes a merced de la oscuridad y de los amigos de lo ajeno.

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Al rosario de problemas que rezan los vecinos, se le suma que tampoco tienen los fondos necesarios para costear a vigilantes privados. Para enfrentar a la inseguridad, un grupo de residentes se organizaron para hacer guardias nocturnas. No cuentan con recursos para controlar al hampa. Con un candando y una cadena pretenden salvaguardar algunos de los bienes del conjunto.

Nathaly Alfaro explicó que no tiene sentido alguno contactar a una empresa de seguridad para que les preste el servicio cuando ni siquiera cuentan con las condiciones mínimas para protegerlos. Es decir, las rejas y los portones. Hasta ahora solo están disponibles dos puertas para ingresar al conjunto residencial. Antes se podía entrar a través de tres puertas frontales y una trasera que colinda con el Colegio San Agustín.

Durante el día las puertas principales del conjunto están abiertas a cualquier transeúnte. En las zonas comunes suceden pocos asaltos, pero la suerte de los sótanos es muy distinta. Se han robado baterías de carros, cauchos, luces, han desmantelados vehículos completamente y se registraron dos secuestros, explicó Alfaro.

“Aquí el que no enreja su puesto sabe que está expuesto”, afirmó la copropietaria. 

 

Si hay algo que le reprocha Teresa al asalto de aquel martes 13, es que ya no recibe visitas en su casa. Ella lamenta que su ambiente residencial se vea tan desolado, deprimente y apático.

Quizás, si es que se logra colocar los portones, la señora de Santolo espera recibir a sus amigas “como en los viejos tiempos”.