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Maduro necesita a la oposición para sacar a Ortega Díaz

Luisa Ortega Díaz, Attorney General of Venezuela
04/04/2017
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FOTOGRAFIA: ANDREA HERNÁNDEZ

La Fiscal no renuncia y tampoco la pueden “renunciar”. El chavismo, que en 2014 se rehusó a negociar con la oposición para designar a los integrantes del Poder Ciudadano, requiere el apoyo del Parlamento para remover a la jefa del Ministerio Público

Luisa Ortega Díaz sobrevivirá a Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional. Con los votos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la Fiscal General de la República fue ratificada en su cargo el 21 de diciembre de 2014 para un periodo que, según el artículo 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, se extiende por siete años.

El Presidente de la República puede aspirar a la reelección de forma indefinida pero, en principio, su mandato actual vence en 2019. El quinquenio del Parlamento, de mayoría opositora, concluye en 2020. Si completa este segundo septenio al frente del Ministerio Público, Ortega Díaz se retirará en 2021.

La Fiscal General de la República no renuncia. Pero, ¿la pueden “renunciar”? Ni Maduro ni los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia tienen esa facultad. Además, para proceder en su contra, el régimen chavista necesita el apoyo de la Asamblea Nacional. “Los o las integrantes del Poder Ciudadano serán removidos por la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con lo establecido en la ley”, reza el artículo 279 de la Carta Magna.

El artículo 22 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, referido a la remoción de su titular, expresa: “El Fiscal o la Fiscal General de la República podrá ser removido o removida por la Asamblea Nacional, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano”.

La Ley Orgánica del Poder Ciudadano también aborda ese punto en su artículo 22. “Los integrantes del Consejo Moral Republicano serán removidos o removidas de sus cargos por la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena”, reitera el texto.

Las normas citadas definen las faltas que justificarían la activación del enjuiciamiento del jefe del Ministerio Público. Allí se encuentran:

1. Por manifiesta incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia, con la aprobación de la Asamblea Nacional.

2. Por abandono del cargo, declarado por el Tribunal Supremo de Justicia.

3. Por no cumplir con las obligaciones que les imponen los artículos 274, 275 y 278 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como integrantes del Consejo Moral Republicano, y las demás obligaciones que les impone la ley, por su condición de tal.

4. Por incumplimiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus atribuciones y deberes.

5. Cuando sus actos públicos atenten contra la respetabilidad del Consejo Moral Republicano y de los órganos que representan, y cometan hechos graves que, sin constituir delitos, pongan en peligro su credibilidad e imparcialidad comprometiendo la dignidad del cargo.

6. Cuando ejerzan influencia directa en la designación de quienes cumplan funciones públicas.

7. Cuando incurran en abuso o exceso de autoridad.

8. Cuando en sus decisiones administrativas incurran en grave e inexcusable error, reconocido en sentencia.

9. Cuando en sus decisiones administrativas hagan constar hechos que no sucedieron o dejen de relacionar los que ocurrieron.

10. Cuando infrinjan alguna de las prohibiciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes.

El chavismo se valió en 2014 de un fallo judicial para escoger por mayoría simple a los responsables del Poder Ciudadano, incluida Ortega Díaz. De esa manera, evitó tener que llegar a un acuerdo con la oposición para cumplir este trámite. “No pueden hacerle fraude a la Constitución, al pueblo. Está el debate de los constituyentes, siempre se habló de los 2/3”, protestó el diputado Stalin González (UNT-Caracas) en medio de aquella acalorada discusión. Ahora, la mayoría en el Parlamento cambió de color y la continuidad de la Fiscal depende institucionalmente de la bancada de la Unidad Democrática.

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