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¿Necesita Venezuela una amnistía para la transición?

GNB represión
27/01/2019
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FOTO: ARCHIVO EL ESTÍMULO

Venezuela ha vivido y sufrido el chavismo durante los últimos 20 años. Muchos han sido los cambios que han llevado al país a una realidad de devastación que sólo se puede comparar en nuestra historia republicana con la Guerra de Independencia y la Guerra Federal.

Mucho se ha planteado la necesidad de un cambio urgente para el modelo del país, en lo político y económico, y para ello, señalan los expertos, es necesario un cambio de gobierno. Sin embargo, se insiste en que para lograr dicha transición se deben ofrecer garantías y reducir costos al grupo dominante.

Pero rebajar ese costo político y las responsabilidades de las personas que causaron la crisis para obtener beneficios puede ser muy significativo por no decir perjudicial para la sociedad.

La Asamblea Nacional, gran protagonista del proceso político, ha propuesto una ley de amnistía pero, ¿qué efectos puede tener en la sociedad venezolana?

Para el abogado Fernando Fernández, profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela, y experto en temas de derechos humanos, macrocriminalidad y derecho penal internacional, el acuerdo es general y prematuro.

“No obedece a una visión amplia y estratégica de lo que debe hacerse en una transición, parece una solución de coyuntura para facilitar el proceso mediante la merma del factor humano que ocupa posiciones de poder”, afirmó.

 

Sin embargo, Fernández no descalifica la propuesta pues la considera un primer gran paso, que abre una etapa de consultas y que en general está bien.

“Hay que contribuir en la discusión y el debate público, para que se toque tierra, se afine y pueda lograr consenso. La viabilidad práctica es que si se saca la ley ahora sin preacuerdo el Tribunal Supremo de Justicia lo va a anular, haber lanzado un acuerdo y su consulta está muy bien, como primer paso, es oportuno”, dijo.

La amnistía política es necesaria, aduce el experto. La medida está dirigida a presos políticos encarcelados injustamente y algunos sufren delitos de lesa humanidad, y están bajo persecución generalizada y sistemática. Esta medida contribuiría en momentos que apenas avanza el proceso en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

No puede haber un perdón general para todos los hechos. La violación a los derechos humanos no permite amnistía, indulto ni perdón.

Organizaciones como el Foro Penal y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello han aclarado que están de acuerdo con una amnistía, aunque siempre afirman que las violaciones a los derechos humanos no son amnistiables.

El director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, dijo durante una rueda de prensa este viernes que no se puede hablar de amnistía mientras no haya cesado lo que causa el conflicto y en este caso la represión viene desde el Ejecutivo y no se ha detenido.

La organización no se opone a la medida propuesta por la Asamblea Nacional siempre se estudie con cuidado para quienes será y el contexto. Instó, además, a que no se politicen los derechos humanos y se respeten a las víctimas que demandan reparación.

Por otra parte, respecto a la justicia transicional, Foro Penal considera que es un paso acorde para el postconflicto y que no es excluyente de una posible amnistía. Romero señaló que cada escenario es complejo y deben de ser estudiados para alcanzar la justicia pero, en especial, la satisfacción de las víctimas y los agraviados por los crímenes.

Los beneficiados

Según el acuerdo hay dos grupos beneficiados explícitamente mencionados, los llamados presos políticos, detenidos, los de exilio forzoso e inhabilitados políticamente. “Es conocido y notorio que se han implementado una serie de acciones legales contra personas por su opinión política y son víctimas de persecución, es el ámbito más preciso, más claro y muestra la necesidad de un de acuerdo de esta naturaleza”.

En segundo lugar están los civiles y militares que ayuden en la colaboración en el restablecimiento del orden constitucional y restauración del sistema democrático en Venezuela. Esto es en procura de reconocerle sus derechos y facilitar la reinserción democrática.

Respecto a este grupo, Fernández consideró que se debe tomar en cuenta que la propuesta de la Asamblea Nacional es una invitación, una oferta y esto debe verse de manera precisa.

Sin embargo, advierte que “hay una excepción que es categórica, contundente y absoluta que, además, es inmodificable que es quien haya sido parte activa de un crimen de lesa humanidad, genocidio, crimen de guerra o agresión -que son graves delitos contra los derechos humanos tipificados en el Estatuto de Roma y que reconoce la Constitución de Venezuela-, en ningún caso pueden ser amnistiados”.

En este sentido, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello aseveró que una ley general de amnistía puede generar impunidad.

Sin embargo, no debe haber temor a laxitudes legales pues aclara que la amnistía es estrictamente para delitos políticos. Los delitos comunes o los delitos organizados como puede ser el tráfico de drogas, armas, terrorismo, corrupción, sobre los que han existido vínculos y denuncias del gobierno tienen varias reglas a aplicar.

“El Código Orgánico Procesal Penal permite aplicar lo que se llama ‘Principio de oportunidad’ que implica una rebaja de pena, pero no perdón ni amnistía, simplemente una menor condena, si se colabora efectivamente –sin acusaciones falsas ni mentiras- y hay delación, información eficaz, reconocimiento de culpa y arrepentimiento, además de la indemnización de las víctimas”, afirmó el jurista.

 

Esos delitos se tienen que procesar legalmente y pueden darse además de las penas menores, inhabilitar a las personas para actividades administrativas y políticas. No puede haber un perdón a ciegas para todos los casos.

Para el jurista el acuerdo se complementaría con el establecimiento de una comisión que se encargue de elaborar las reglas sobre las que se debe hacer la investigación y debe estar integrada por gente muy calificada, sobre la que no haya dudas y que cuenten con el apoyo y experiencia internacional.

Los modelos

Nunca hay un modelo de transición idéntico, se debe revisar cada uno de las experiencias previas y sus fortalezas. El académico dijo que el modelo general que sirve de referencia es el de la desnazificación alemana, transición que aún no termina y lleva más de 70 años. Este proceso es, a juicio de expertos en la materia, el mejor hecho, evaluado y aun da muestras de vigor.

“Aún hay sentencias para personas que tienen más de 90 años de edad favorecedores del nazismo que fueron rehabilitados y pudieron reinsertarse en la sociedad”, dijo.

 

Otros casos como el polaco podría servir de ruta si se logra la tan ansiada negociación política, o el ucraniano, en la que se tomaron decisiones como ilegalizar el Partido comunista, para lograr una descomunización de la sociedad.

Sin embargo, el académico consideró que el modelo más interesante que podría aproximarse a nosotros es el caso peruano, que a su juicio se hizo bastante bien. “Se implementó una comisión de la verdad que hizo un enorme esfuerzo, su sistema  es persistente y perdurable  e incorporaron el tema de la corrupción lo que lo hace similar al caso venezolano. Hicieron el ataque legal a temas de lesa humanidad, torturas, disidencia política al igual que ir contra la corrupción y han juzgado ambas cosas simultáneamente”.

Específicamente sobre el caso venezolano Fernández reflexionó: “Es necesario indagar la verdad y en los casos que haya aplicar justicia hacerlo. Cuando se dan perdones generales, indeterminados, en blanco, no queda la memoria jurídica y es muy grave esto ocurra”.

 

“Con memoria jurídica no puede haber venganza ni impunidad. En el caso venezolano hubo sobreseimientos a las causas de hechos como el golpe de Estado de 1992, no se investigaron las causas, ni se sabe lo que pasó y esto causa un problema para nuestra justicia actual. Si no hay memoria se crean las condiciones para que se produzcan nuevos delitos o delitos peores”, ahondó.

Transición o impunidad

La amnistía ocurre en grandes procesos de transición, como la crisis que vivimos que en la que un Estado ataca a la población civil.

Uno de los grandes temores que hay con las amnistías es que si no son bien abordadas lejos de ayudar a la reconciliación crean obstáculos para el desarrollo de una sociedad que ya ha sido marcada por fuertes crisis políticas que usualmente están vinculadas a autoritarismos y dura represión a la oposición o disidencia.

“Una amnistía abierta, indeterminada e inespecífica favorece la impunidad”, aseveró Fernández, e indicó que la segunda parte del acuerdo, correspondiente a los civiles y militares debe ser precisada.

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello también mostró su preocupación en su comunicado sobre la propuesta de la Asamblea Nacional: “La necesaria reconciliación no es posible con base en el olvido, por lo que cualquier ley de Amnistía debe contener expresamente una cláusula de exclusión de los responsables de violaciones graves de derechos humanos, sean estos autores materiales, intelectuales, cómplices o encubridores que por acción u omisión hayan afectado derechos humanos inalienables”.

“La amnistía general y sin los debidos ajustes, puede llegar a ser un atajo errado en la construcción de la justicia transicional, cuyos pilares fundamentales son la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y el compromiso del Estado en dar garantías de no repetición”, concluyó el texto.

 

Sin embargo, Fernández recordó una experiencia positiva de esta índole ocurrida en Venezuela. “El ejemplo más claro de una amnistía tras un conflicto, la Guerra Civil, fue el Decreto de Garantías de 1863 de Juan Crisóstomo Falcón, que llevó a que en 1864 se aboliera la pena de muerte para todos los delitos”.

Reinstitucionalización

Uno de los temas que deben considerarse es la necesidad de establecer un sistema de justicia transicional para el país. Entre las ideas generales para poder proceder en este camino está la reforma y reinstitucionalización de la justicia venezolana y para ello aducen los expertos se necesita una reforma ordinaria que se encarga de los delitos comunes y crimen organizado.

Igualmente, el Tribunal Supremo de Justicia, todas sus cortes, y el Ministerio Público debe ser reinstitucionalizado para que nuevamente gocen de imparcialidad e independencia.

Fernández consideró que se debe crear una justicia transicional para los casos especiales. “Un ejemplo de ello son los delitos políticos, por ejemplo, y algunos casos de personas que podrían estar incluidos o no por esos delitos comunes de grupos organizados. Hay tribunales de transición que funcionan en ambos ámbitos”.

 

Por otro lado, señaló que se debe implementar completamente la justicia penal internacional. Aún no se ha integrado el Estatuto de Roma en las leyes de Venezuela y agregó que también debe integrarse al sistema de justicia universal, el mecanismo por el cual si se comete un crimen de lesa humanidad en cualquier parte del mundo puede ser atendido por un tercer país.

“Estos temas de la justicia deben ser abordados y son muy importantes. La Asamblea Nacional debería dictar un acuerdo sobre este punto para complementar el tema de la amnistía”, concluyó el letrado.