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OVP y abogados rechaza sentencias de Supremo oficialista contra diputados opositores

Maduro jura para segundo período y será presidente de Venezuela hasta 2025
15/05/2019
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FOTOGRAFÍA: EFE

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados de Venezuela, manifestaron su rechazo y “profunda indignación” ante las recientes sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Nicolás Maduro en contra de más de 30 diputados de la Asamblea Nacional.

En un comunicado divulgado este lunes, ambas organizaciones aseguran que actos como las sentencias Nº 17, 18, 19 y 20 del TSJ, de fechas 2, 7, 8 y 14 de mayo de 2019, “representan actuaciones antijurídicas y ajenas a la institucionalidad democrática del estado de derecho y las garantías judiciales en Venezuela, es reiterada la judicialización como método para criminalizar y descartar políticamente a quienes tengan posiciones críticas”.

El documento recordó que dichas resoluciones llevaron a la reciente detención del diputado Edgar Zambrano por organismos policiales y a que varios parlamentarios solicitaran refugio en embajadas.

“Estas sentencias proferidas por el máximo tribunal ratifican el deterioro sistemático del estado de derecho; en nuestra Carta Magna, específicamente en el artículo 200, es muy claro el texto constitucional al reconocer la inmunidad parlamentaria de la cual gozan los diputados de la Asamblea Nacional, y en ese mismo orden de ideas establece cual es el trámite para su allanamiento, en donde solo previa autorización de la misma Asamblea Nacional, podría el TSJ ordenar su detención, lo que no ocurrió”.

“Aun más, pretender que la Asamblea Nacional Constituyente, cuya única misión es la contemplada en el Artículo 347, se abrogue el allanamiento de la inmunidad parlamentaria o su trámite, resulta aun más aberrante e inconstitucional”, asevera el comunicado.

Por último, los firmantes del documento instan a liberar a los diputados detenidos, dejar sin efecto las sentencias, reforzar el concepto de flagrancia y cesar la criminalización y el abuso de poderes con el fin de restablecer el estado de derecho.