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PERFIL | Carlos Quintero, hombre clave del CNE al que Hugo Carvajal acusa de fraude

CNE
22/05/2019
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FOTOGRAFÍA: FAUSTO TORREALBA | ARCHIVO

Es el segundo elemento de mayor poder en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Carlos Enrique Quintero Cuevas es rector suplente de Sandra Oblitas y miembro de la Junta Electoral Venezolana, personaje cuyo alcance tiene gran incidencia con cada proceso de votación.

Este 21 de mayo, el mayor general Hugo Carvajal, otrora funcionario vinculado al oficialismo y hoy crítico de la gestión de Nicolás Maduro, acusó a Quintero Cuevas de colaborar en el “fraude electoral del 20 de mayo de 2018”, fecha dispuesta para la celebración de los comicios presidenciales y en el que se denunciaron varias irregularidades.

Aquel proceso que no contó con la participación de actores de la oposición venezolana, derivó en el desconocimiento de decenas de países y numerosos organismos internacionales, los cuales terminaron de dar la espalda al gobierno de Maduro al reconocer como presidente encargado de Venezuela a Juan Guaidó desde el 23 de enero de 2019.

En el llamado a las urnas de mayo de 2018 Quintero participó como factor importante.

Sus labores como rector suplente datan de 2014 luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (mediante competencias que no le correspondían) lo designara para el puesto, nombramiento con el que que dejó atrás sus responsabilidades como director de Informática del CNE, ente al cual pertenece desde 2004; no obstante, fuentes cercanas indicaron a El Pitazo que este aún tiene la última palabra en el departamento.

Como una de las tres piezas que forman parte de la Junta Electoral Nacional, Quintero Cuevas tiene peso en las decisiones sobre la configuración técnica del ente que define los detalles de cada proceso electoral, actuando antes, durante y después de cada elección.

Graduado de ingeniero en Sistemas de la Universidad de Los Andes, se sumó a labores castrenses en 1998, cuando ingresó al Curso de Aspirantes a Oficiales del Ejército. Actualmente ostenta el grado de Teniente Coronel del Ejército.

Antes de dar el salto al CNE, fue jefe de Informática entre 2002 y 2004 en la Dirección de Comunicaciones de la Dirección de Inteligencia Militar, donde coincidió con Carvajal, para ese entonces director del cuerpo de seguridad.

Ya en el Poder Electoral, y según las denuncias de Carvajal, tuvo impacto en procesos como los de 2013, año en que Maduro superó por poco más de 200.000 votos a Henrique Capriles por la presidencia tras la muerte de Hugo Chávez; asimismo, fue uno de los organizadores del llamado que dio forma a la Asamblea Constituyente, órgano plenipotenciario del chavismo con el que el gobierno de Maduro intenta desplazar a de sus funciones a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

En 2018 volvió a aparecer en escena por orden de Maduro para manejar todo lo referente a los dudosos comicios presidenciales en los que el heredero político de Chávez se alzó con el triunfo.

Su trabajo fue seguido de cerca por el gobierno de Estados Unidos. El 9 de noviembre de 2017 fue sancionado junto a otros nueve funcionarios oficialistas en un comunicado el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, señaló al grupo por: “Socavar procesos electorales, censurar a los medios y ejercer corrupción en los programas alimenticios administrados por el gobierno”. 

Al grupo le fueron confiscadas sus propiedades en Estados Unidos, sus visas norteamericanas fueron inhabilitadas, sus cuentas bancarias fueron congeladas y se les prohibió entablar relaciones con personas o empresas estadounidenses.

El 29 de marzo de 2018, el gobierno de Panamá apareció en una lista de 55 funcionarios venezolanos sancionados en su territorio y considerados de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Dos meses después, el 30 de mayo, Canadá lo incluyó dentro de un grupo de 14 subalternos del gobierno de Maduro castigados en su territorio. Al igual que las medidas tomadas por la administración estadounidense, fueron congelados los activos de los sancionados y se les prohibió negociar con personas o empresas del país norteamericano.