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#FactcheckEE ¿Por qué EEUU recalca que Maduro es ilegítimo?

Maduro enseña músculo y vuelve a prometer prosperidad
15/04/2019
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FOTOGRAFÍA: EFE

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este lunes una nueva recopilación de datos en las que resaltan las razones históricas y legales por las cuales el gobierno de Donald Trump insiste en que “Maduro usurpó el poder; no es el presidente debidamente elegido” de Venezuela.

“Juan Guaidó es la persona que eligió el pueblo venezolano. Estados Unidos de América y ahora otras 54 naciones simplemente han ratificado eso, han dicho, “Sí, reconocemos que eso es lo que quieren los venezolanos”, señala el informe del servicio exterior estadounidense, citando palabras de secretario de Estado Mike Pompeo, del 19 de marzo de 2019.

“El antiguo régimen de Venezuela, dirigido por Nicolás Maduro, ha violado sistemáticamente los derechos humanos y la dignidad de sus ciudadanos, ha saqueado los recursos naturales del país y ha llevado a una nación alguna vez próspera a la ruina económica con su gobierno autoritario y sus políticas económicas socialistas. Los matones de Maduro han participado en asesinatos extrajudiciales y torturas, han tomado prisioneros políticos y han restringido severamente la libertad de expresión, todo en un esfuerzo brutal por conservar el poder”, agrega.

 

Este es el texto, traducido del inglés, divulgado a través de las plataformas digitales del Departamento de Estado:

Actos inconstitucionales

En 2015, los partidos de oposición prodemocráticos derrotaron rotundamente al régimen de Maduro en las elecciones legislativas. Poco después, Maduro empezó a desmantelar varias ramas del gobierno. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, se apresuró a llenar los tribunales del país con miembros no calificados del partido para que sirvieran como garantes del poder de Maduro.

El 11 de enero de 2016, cuando la Asamblea Nacional procedió a elegir a tres diputados legítimamente elegidos, la Corte Suprema declaró a la Asamblea Nacional en desacato, dejando sin efecto toda la legislación posterior aprobada por este organismo elegido democráticamente. Desde entonces, Maduro ha dejado deliberadamente de lado a esta Asamblea constitucionalmente legítima.

Los compinches del Consejo Nacional Electoral de Maduro (CNE) supervisan la realización de todas las elecciones y declaran a los ganadores. Desde 2015, han inclinado el campo de juego para asegurar que Maduro no pierda. Han descalificado a todos los principales partidos de la oposición y a la mayoría de los candidatos de la oposición desde 2017.

En 2017, siguiendo las órdenes de Maduro, el CNE organizó unas elecciones muy reñidas para la Asamblea Nacional Constituyente, cuyo objetivo principal era redactar una nueva constitución. En cambio, Maduro utilizó la Asamblea para usurpar los poderes de la legítima Asamblea Nacional, ratificar sus órdenes y promulgar leyes, muchas de las cuales vilipendian y desacreditan a las figuras de la oposición y sus propuestas políticas.

Este falso sistema electoral culminó en las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018. Con la mayoría de las figuras de la oposición arrestadas, exiliadas o prohibidas, Maduro se enfrentó a un campo debilitado de candidatos en una elección amañada. Para impulsar la participación pro-maduro, el régimen sobornó a los votantes con alimentos y otros subsidios que necesitaban desesperadamente a cambio de sus votos.

El 10 de enero de 2019, Maduro asumió ilegalmente la presidencia en una ceremonia considerada ilegítima por muchos venezolanos y más de 50 países, incluyendo la mayoría de los vecinos de Venezuela y la mayoría de la Unión Europea.

En este contexto, Juan Guaido, elegido el 5 de enero de 2019, como Presidente de la Asamblea Nacional, la única institución democráticamente elegida y legítima en el país, invocó los artículos pertinentes de la Constitución venezolana y se convirtió en el Presidente interino de Venezuela.

La Corrupción

El esquema de corrupción más atroz de Maduro fue la malversación de fondos de la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PdVSA). En 2015, la Red de Aplicación de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió un fallo en virtud de la Sección 311 de la Ley USA PATRIOT. Un banco europeo aceptó comisiones exorbitantes para procesar aproximadamente 2.000 millones de dólares en transacciones relacionadas con lavadores de dinero de terceros venezolanos, compañías ficticias y productos financieros complejos para desviar fondos de Pdvsa.

En 2018, un esquema de lavado de dinero de $1.200 millones que involucraba a Matthias Krull, un ciudadano alemán residente en Panamá, y Gustavo Adolfo Hernández, un ciudadano colombiano naturalizado estadounidense, explotó a PdVSA y se aprovechó de la corrupción en los sistemas cambiarios de Venezuela al cambiar dólares estadounidenses por bolívares venezolanos a precios de mercado y luego de vuelta.
En 2016, Maduro declaró que aproximadamente el 12% del país formaba parte de un “Arco Minero del Orinoco” y se otorgó amplias facultades para supervisar la explotación de los recursos en beneficio propio. En 2017, el régimen expulsó a las empresas extranjeras legítimas que hacían negocios y las reemplazó por mineros no regulados que operan con el respaldo de altos oficiales militares venezolanos.

En 2017, después de siete meses de investigación, la Asamblea Nacional de Venezuela descubrió casos en los que el régimen “gastó” 42 dólares por una caja de comida, que luego distribuyó a cambio de votos, en un momento en que los alimentos costaban menos de 13. El círculo interno de Maduro mantuvo la diferencia, que ascendía a más de 200 millones de dólares en al menos un caso.

Venezuela ocupa el puesto 169 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparencia Internacional.

Violaciones a los Derechos Humanos de Maduro

Octubre de 2018, el concejal de Caracas Fernando Albán viajó a Nueva York para denunciar la brutalidad del régimen de Maduro al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. A su regreso a Venezuela el 5 de octubre, la policía secreta de Maduro lo arrestó en el aeropuerto. Murió detenido unos días después cuando misteriosamente se cayó de la ventana de un décimo piso de una prisión de máxima seguridad en Caracas.

Maduro ha confiado cada vez más en la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional (FAES) que creó en 2017 para llevar a cabo redadas ilegales y ejecuciones extrajudiciales.

La FAES, compuesta por 1.300 oficiales, está acusada de matar a más de 100 personas en barrios de bajos ingresos de junio a diciembre de 2018. (26 de enero de 2019 Informe de la ONG Provea)

El 20 de marzo de 2019, según la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, FAES ejecutó a 37 personas en relación con allanamientos ilegales en enero.

El régimen ha desplegado a la Guardia Nacional y a las milicias civiles conocidas como colectivos para reprimir a los manifestantes pacíficos. Según la Asamblea Nacional, el antiguo régimen es responsable de al menos 40 muertes relacionadas con las protestas en lo que va de año.
175 detenciones relacionadas con protestas y 7 muertes reportadas el 23 de enero de 2019 (ONG Foro Penal)

1.255 personas detenidas desde el 21 de enero de 2019 (ONG Foro Penal)

864 presos de conciencia, incluidos 95 militares (ONG Foro Penal, al 1 de abril de 19)

El 5 de abril de 2019, la ONG de derechos humanos PROVEA anunció el descubrimiento de varios centros de detención clandestinos, incluyendo tres supuestamente administrados por colectivos, policías, fuerzas de seguridad del Estado y agencias de inteligencia, donde el anterior régimen detuvo y abusó extralegalmente de ciudadanos venezolanos.

El 4 de abril de 2019, la policía allanó el domicilio del diputado Roberto Alcalá de la Asamblea Nacional en un intento de enjuiciarlo por falsas acusaciones de terrorismo.

El 21 de marzo de 2019, la policía de Maduro allanó la casa del jefe de personal del presidente interino Juan Guaidó, Roberto Marrero, y lo arrestó. La agencia de inteligencia cubana de Maduro, Sebin, sigue deteniéndolo. Sebin tiene un historial de uso de tratos crueles e inhumanos para coaccionar confesiones.