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Preso chofer de camión quemado con ayuda humanitaria para Venezuela

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03/06/2019
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FOTO: AFP (ARCHIVO)

Las temidas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional apresaron a Pablo Chacón, empresario del transporte de carga pesada y propietario de una de las tres gandolas (grandes camiones) que transportaba la Ayuda Humanitaria el pasado 23 de febrero y que fue quemada en Táchira al cruzar el puente internacional Francisco de Paula Santander que une a Venezuela y Colombia, dijeron varias fuentes.

La denuncia sobre la detención del transportista de carga pesada fue hecha por el diputado jubilado del Parlamento nacional y presidente de la fundación El Amparo, Walter Márquez, a través de la red social twitter, este 2 de junio.

Márquez precisó que la detención fue ejecutada el pasado sábado 1 de junio, alrededor de las 8 de la mañana. Al igual que al resto de los gandoleros que participaron en la fallida operación de Ayuda Humanitaria, Chacón ahora es considerado un adversario político y acusado de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir.

El diputado lanzó un alerta a la comunidad nacional e internacional por lo que pueda ocurrir en relación al caso con Chacón, quien fue detenido en la parroquia El Palotal,  municipio Bolívar, fronterizo con Colombia.

“La detención de Pablo Chacón forma parte de escalada de la tiranía de Maduro para involucrar a varios diputados de la AN y al propio Juan Guaido, en falsos positivos durante la legítima operación de ayuda humanitaria y continuar desmantelamiento de parlamento venezolano”, denunció a través de la red social Twitter el parlamentario del Táchira.

Pablo Chacón fue contratado para operar el transporte que contenía la Ayuda Humanitaria que llegaría a Venezuela, desde los galpones sede de la Unidad de Gestión, Riesgo y Desastres, ubicada en Cúcuta hasta los puentes internacionales. Él era propietario de una de las tres gandolas quemadas, confirmó a El Estímulo, una fuente ligada al gremio de transporte.

La detención del transportista tachirense se habría ejecutado por orden del gobierno nacional, una vez que la Fiscalía 21, Contra el Terrorismo con competencia nacional, abrió una investigación conjuntamente con otra fiscalía de la ciudad de San Cristóbal.

La acción involucra a varios transportistas, empresarios y parlamentarios nacionales que participaron el pasado mes de febrero en la fallida misión que pretendía entregar la Ayuda humanitaria en el territorio nacional.

El Estímulo pudo conocer de manera extraoficial que la investigación adelantada por la Fiscalia 21 con competencia nacional se pudiera extender hasta funcionarios de la aduana principal de San Antonio del Táchira, señalados de haber permitido el paso de las gandolas venezolanas a territorio colombiano, aun cuando estos vehículos estaban habilitados para hacer transporte internacional.

Transportistas en crisis

De 14 gandolas venezolanas que cruzaron a territorio colombiano en días previos al paso de la Ayuda Humanitaria, tres fueron quemadas y 11 permanecen en territorio colombiano. Sus propietarios han tenido pérdidas considerables, no solo por la falta de pago por concepto de transporte de carga, sino también por los pagos que se deben hacer a los estacionamientos o garajes donde se mantienen resguardados los vehículos pesados.

“La situación para los transportistas es crítica, a ellos no les pagaron, les quemaron las gandolas y ahora son perseguidos por el gobierno nacional. Ellos solo fueron contratados para un transporte de Ayuda Humanitaria, lo que no era su responsabilidad”, dijo la fuente ligada al gremio de transporte que pidió reservar su nombre.

“Solo se les canceló parte del monto del transporte o movilización, pero no se ha pagado el monto de las tres gandolas que fueron quemadas, ni tampoco la paralización obligada de los vehículos, ni la deuda de los estacionamientos”.