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Procurador Hernández defiende pagos de bonos para renegociar deuda externa

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08/05/2019

El abogado José Ignacio Hernández, reconocido por Estados Unidos como el representante legal de la República Bolivariana de Venezuela, tras ser designado por el presidente interino Juan Guaidó, ratificó este miércoles la defensa del pago del bono de deuda 2020, como una acción necesaria para salvar Citgo, la filial de PDVSA empeñada por el chavismo y que estaba en riesgo de embargo por moratoria de compromisos bajo el régimen de Nicolás Maduro.

La opción menos mala es pagarlo”, dijo Hernández vía telefónica desde Estados Unidos, en breve conversación con El Estímulo.

“No hay discusión de si el dinero se usaba para pagar intereses o para la emergencia humanitaria, porque los intereses van a ser pagados con recursos que si no se usan para eso van a quedar congelados en Estados Unidos por las sanciones”, dijo el alusión a la polémica planteada por algunos críticos sobre si era moralmente más correcto no pagar.

“Entonces en realidad no hay un costo de oportunidad para el uso de esos recursos. O los utilizo para el pago de intereses o quedan congelados, nunca hubo la alternativa de no pagar el bono y usar los 71 millones para la emergencia ayuda humanitaria”, agregó.

 

“A los fines de atender la emergencia humanitaria se están organizando otros recursos, pero para poder contar con todos esos recursos, tenemos que evitar litigios que pongan en riesgo los activos del Estado en el extranjero. Precisamente esa es otra de las razones por las cuales había que pagar el bono. Si no los pago, va a haber una ola de litigios y los activos en el extranjero de Venezuela van a estar en riesgo alto y nuestra capacidad de utilizar esos activos para la emergencia humanitaria se van a reducir”, dijo.

Hernández acaba de publicar un comunicado en la página oficial en Internet del Parlamento y argumenta que “el pago de intereses del Bono PDVSA 2020 es, en las actuales condiciones, la única opción que permite proteger activos del Estado venezolano y que coloca al Gobierno en una mejor posición para la estrategia de renegociación de la deuda pública”.

“Antes de que este bono se emitiera, en octubre de 2016, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en el que cuestionó la operación de canje que llevó a la emisión del Bono 2020, en especial, considerando sus condiciones financieras y la garantía sobre el 50,1% de las acciones de Citgo Holding, Inc., empresa de control de Citgo Petroleum Corporation”.

“Lo cierto es que el contrato de emisión del Bono sigue siendo válido y vinculante de acuerdo con las Leyes de Nueva York, que es el Derecho aplicable. Esto significa que, a pesar del cuestionamiento de la Asamblea Nacional, PDVSA debe pagar los intereses del bono antes del 29 de mayo, pues de lo contrario se generará un incumplimiento”.

“De acuerdo con las condiciones contractuales del Bono, si PDVSA no paga esos esos intereses, los acreedores podrían tomar control sobre Citgo Holding. Esto pueden hacerlo de manera inmediata y sin tener que acudir a un Juez. Además, en apenas días, podrían poner en venta el 50,1% de las acciones de Citgo Holding, lo que implicaría la pérdida de control del Estado sobre Citgo”.

“Asimismo, debe considerarse que el incumplimiento del Bono 2020 ocasionará que otras obligaciones que afectan a Citgo caigan también en incumplimiento. Todo ello coloca en riesgo inminente no solo a Citgo, sino al resto de activos del Estado venezolano en el extranjero”, según el comunicado.

Hernández, reconocido por colegas como uno de los  abogados más brillantes de su generación, es especializado en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Libre Competencia, Regulación Económica, Derecho de los Hidrocarburos, Régimen Jurídico del Sector Eléctrico y de las Telecomunicaciones, entre otras áreas.

Egresó en 1997 de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB, Summa cum laude) con Estudios Avanzados en la Universidad Complutense de Madrid, donde en 2002 se tituló como Doctor en Derecho (Cum laude).

La semana pasada una corte del distrito de Columbia (Washington DC) falló en que “solo el gobierno del presidente Juan Guaidó, a través del procurador especial, o sea, mi persona, puede ejercer válidamente la representación de Venezuela en Estados Unidos”, recordó Hernández en la conversación con El Estímulo.

“Esa es una decisión muy importante porque implica, no solo el reconocimiento del gobierno de Juan Guaidó, lo que tiene una importancia política, sino jurídicamente como procurador me permite ejercer la exclusividad de la defensa del Estado venezolano en Estados Unidos. Y precisamente parte de esa defensa que he venido ejerciendo y lo seguiré haciendo tiene que ver con demandas en curso por default de deuda pública venezolana”, agregó.

Mucho antes de las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump contra el régimen chavista de Nicolás Maduro, ya los pagos de la República y de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) estaban en default (impagos) en medio del desplome vertical de la producción de crudos, única fuente importante de divisas por exportaciones del país.

Además, el régimen de Maduro tiene desde hace tiempo dificultades para acceder a fuentes financieras importantes en los mercados internacionales porque nunca reconoció el poder legislativo electo en 2015,  y nunca aceptó la norma constitucional según la cual los nuevos endeudamientos que comprometen intereses de la República deben ser aprobados por el parlamento.

Después, el gobierno de Estados Unidos ha sancionado al actual régimen de Maduro por atentados contra la democracia y sus  instituciones como el Parlamento, persecución de opositores, violaciones a los derechos humanos, corrupción, y hasta narcotráfico.

Esto impide a Venezuela emitir deuda en los mercados de EEUU bajo al régimen chavista.

Según cálculos de bufetes independientes en Estados Unidos, unos 60.000 millones de dólares en bonos de deuda emitidos por la República y PDVSA están en riesgo de impago, lo que hace de éste uno de los mayores problemas de deuda en la historia de América. Varios acreedores llevan largos meses organizándose y preparando demandas que ponen en riesgo activos de la República y de PDVSA.

Analistas financieros señalan la posibilidad de que los llamados “fondos buitres” no acepten ninguna negociación y quieran exigir pagos inmediato de intereses o capital y pretendan embargar bienes que van desde cargamentos petroleros hasta buques, refinerías y edificios propiedad de Venezuela.

“Hay varios casos andando para el momento en el cual yo fui designado procurador” y desde entonces han presentado nuevas demandas, “cinco en total de proveedores o acreedores que alegan incumplimiento de obligaciones de la República o de PDVSA”, explica al respecto Hernández.

“En todos esos casos yo he solicitado un stand (plazo de espera) de 120 días para poder preparar debidamente las defensas y para poder preparar debidamente la renegociación de la deuda pública venezolana. Estrategia en la que también ya hemos comenzado a hablar”, dice.

“Claro que hay el riesgo que fondos buitres intenten demandas contra el Estado y traten de ejecutar sus acciones en contra de los activos del Estado venezolano, incluyendo Citgo. Precisamente para prevenir ese riesgo ya hemos emprendido una estrategia agresiva, así la llamaría yo, para defender debidamente los activos del Estado venezolano aquí en Estados Unidos, incluyendo Citgo”, dijo.

“En tal sentido el reconocimiento del presidente Juan Guaidó por la corte del distrito de Columbia es sin duda un antecedente muy sólido que nos coloca en una inmejorable posición para asegurar que los activos de Venezuela van a ser debidamente protegidos e incluso de aquellos fondos buitres. Siempre teniendo como mira una renegociación de la deuda pública venezolana en el marco del principio de buena fe”, dice.

El llamado “Estatuto para la Transición” aprobado por el Parlamento venezolano “ya transfiere y reconoce que Juan Guaidó es el presidente encargado y por lo tanto puede ejercer todas y cada una de las competencias que la Constitución venezolana asigne al presidente de la República especialmente como Jefe de Estado. Por lo tanto, hoy día Juan Guaidó ejerce plenamente las funciones de presidente de la República, muy en concreto de Jefe de Estado en el extranjero”, señala el procurador.

En efecto, según analistas, el presidente del Parlamento, reconocido por unos 54 países como presidente interino de Venezuela hasta tanto haya elecciones libres,  tiene más poder real en el extranjero que dentro de Venezuela.

Bajo el actual régimen de Maduro (que se sustenta en la fuerza militar) hay dificultades reales para concretar el ejercicio del poder civil derivado de la Constitución vigente, según el cual en caso de ausencia de un presidente corresponde al jefe del Parlamento asumir las funciones del poder Ejecutivo de manera transitoria hasta tanto haya elecciones libres.

“En Venezuela la transición democrática en indetenible y se va a dar en el corto plazo, de eso no hay duda alguna”, afirma Hernández.

“Para el día después la Procuraduría especial va a tener un rol muy importante porque lo que nos va a corresponder es, con todos los activos que hemos logrado proteger en el extranjero, diseñar el plan que permita, ya no solo mantener esa protección, sino además permitir conforme a la legislación venezolana el mejor uso de los activos para atender la emergencia humanitaria compleja”, afrima.

“Ese es el objetivo prioritario que tendrá el gobierno de unidad nacional que se va a instalar en Venezuela, una vez cese la usurpación del régimen de Nicolás Maduro”, agrega.

“El gobierno del presidente Guaidó, así lo ha reiterado en varias oportunidades de la mano de la Asamblea Nacional, van a reconocer todos los acuerdos válidamente suscritos por Venezuela”, remata.

“Que haya habido un cambio de gobierno no implica que las obligaciones suscritas por el gobierno anterior van a desconocerse, por el contrario, todas las obligaciones, acuerdos, compromisos, válidamente contratados, serán reconocidos.  Esos acuerdos podrán ser muy bien utilizados para el bienestar del pueblo venezolano, por mencionar solo un ejemplo los acuerdos suscritos con China”, dice.

China ha sido en los últimos años el más importante sustento financiero del chavismo y ha negociado más de 54.000 millones de dólares destinados a financiar proyectos de infraestructura, pero la mayoría de ellos quedaron en el papel o a medio terminar.  Hay denuncias sustentadas de casos de corrupción que hasta ahora no han sido investigadas por las instituciones controladas por el chavismo.

“Hay que tomar en cuenta que la crisis de Venezuela es única, no vamos a encontrar en la historia económica un país que simultáneamente haya pasado por un derrumbe del PIB (tamaño de la economía);  de las importaciones; un colapso de divisas, un sobre endeudamiento, siendo un petro estado; un colapso de la producción petrolera; una emergencia humanitaria compleja; una crisis masiva de migrantes y refugiados”, explica.

“Lo que ha venido pasando en Venezuela desde el 10 de enero y lo que seguirá pasando luego del fin de la usurpación va a ser único. Pero uno de los retos que yo he asumido desde la Procuraduría como procurador especial es diseñar e implementar soluciones legales únicas a una crisis que es única”, afirma.

“Tan solo resumiría que como procurador especial sigo cumpliendo el mandato definido en el Estatuto para la Transición de defender los intereses de Venezuela en el extranjero, especialmente protegiendo sus activos porque son necesarios y serán necesarios para atender la emergencia humanitaria compleja”, dice.