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Subsidio a la electricidad es causa de la crisis eléctrica

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Corpoelec acaba de anunciar un nuevo racionamiento en al menos ocho estados del país, lo cual evidencia que la crisis eléctrica aún no ha sido superada. La generación de energía se mantiene por debajo de la demanda y el racionamiento nuevamente azota a los hogares y empresas venezolanas.

La generación, transmisión y distribución de la electricidad tiene un costo. Pero debido al congelamiento de las tarifas eléctricas, Corpoelec solo logra recuperar el 30% de los costos operativos. Lo que recauda no le alcanza para cubrir la nómina, muchos menos para acometer programas de inversión, razón por la cual su presupuesto depende casi totalmente de las transferencias del fisco nacional.

En Venezuela, las tarifas de electricidad no se modifican desde el año 2002 y son las más bajas del continente. El precio es de $ 0,031 por kilovatio/hora, mientras que en Uruguay es de $ 0,221/kilovatio/hora, el más caro de la región. De cada 100 bolívares que consumen los hogares, solo pagan 20. El resto lo subsidia el Estado. Esto estimula un consumo irracional que raya en el despilfarro y el derroche. Desde 2005, la brecha entre el incremento de la oferta y la demanda de energía se viene incrementando a un ritmo de 7% anual, convirtiendo a Venezuela es el país con mayor consumo de electricidad per cápita de América latina.

De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía (AIE) de las cuarenta economías con los mayores niveles de subsidio, Venezuela se encuentra en la séptima posición, estimando el destinado a su sector energético en 14 mil 500 millones de dólares, y un peso de 2,4 % en el total de 20 puntos al que asciende el déficit fiscal como porcentaje del PIB. En Venezuela se consumen aproximadamente 4.179 kilovatios hora por habitante (Kwh/hab) y el gobierno nacional cobra solamente 20% del total de la tarifa real que mensualmente llega a los hogares venezolanos.

Por todo esto, el propio Ministerio de Energía Eléctrica planteó racionalizar el subsidio eléctrico. Después de 12 años de tarifas congeladas, apenas en 2014 se tomaron algunas tímidas medidas. La primera acción no fue eliminar el subsidio, pero sí reducirlo. En consecuencia, aquellos usuarios con un consumo dentro de esa Banda Verde equivalente a 500 kilovatios/hora, continuaran disfrutando del subsidio que concede el Estado, el cual asciende a 80% de la tarifa del servicio. Los sectores que registren un consumo superior a los 500 kilovatios/hora deben cancelar una tarifa superior.

La quiebra del sistema
El congelamiento de las tarifas y los ineficientes subsidios son causa de la crisis por la que atraviesa el al sector eléctrico. El creciente déficit prolonga los graves problemas de Corpoelec que le impiden generar recursos propios para financiar el mantenimiento y la expansión de la infraestructura requerida para la adecuada prestación del servicio. En el año 2010 los niveles de recaudación de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) solo cubrían 30% de la nómina, pero en 2015 ese indicador se ha deteriorado aún más, toda vez que las tarifas se han mantenido constantes pero la enorme nómina no solo se abultó sino que también ha recibido el incremento de los salarios mínimos que anualmente decreta el Ejecutivo Nacional.

En conjunto, el peso del subsidio al servicio eléctrico, el elevado porcentaje de la energía que no se factura, más las crecientes pérdidas técnicas, explican la apretada situación financiera que afecta a Corpoelec y que en gran medida explican el atraso considerable en materia de infraestructura eléctrica a lo largo y ancho del territorio nacional, lo cual se expresa en las recurrentes interrupciones del servicio eléctrico, incluso en épocas de lluvia cuando los embalses de las hidroeléctricas alcanzan su óptimo nivel, debido a fallas en las líneas de transmisión y en las plantas termoeléctricas.

Subsidios y cultura rentista
Lo cierto es que en Venezuela, los subsidios son expresión de una cultura rentista que pretende vivir de ingresos que no son resultado del esfuerzo productivo y se mantienen como una forma de distribuir la renta petrolera en beneficio de la sociedad que se considera dueña de dichos recursos. Más no se puede confundir una actitud paternalista del Estado con una conquista de las luchas populares. En condiciones de una creciente renta petrolera, estos subsidios poco significaban en el presupuesto nacional, pero en las nuevas condiciones de escasez cuestan mucho, incrementan la inequidad y pueden ser empleados de mejor manera.

El debate sobre las consecuencias económicas, políticas y sociales de sustituir por subsidios directos a las familias en condición de pobreza los ineficientes subsidios indirectos a los servicios públicos, alimentos y medicinas es un tema pendiente en Venezuela, cuya otrora abundante renta petrolera ya no alcanza para pagarlo todo, y esto obliga a establecer prioridades. Encarar con honestidad esta discusión demostrará el grado de madurez de la sociedad y la responsabilidad de un gobierno dispuesto a encarar una decisión largamente postergada. Hasta ahora, el gobierno ni siquiera se ha atrevido a sincerar el precio de la gasolina porque le atribuye un impacto popular y un costo político en las parlamentarias del 6-D.

En adelante, para que sean eficientes y efectivos en la lucha contra la pobreza, los subsidios deben aplicarse a la luz de unos principios rectores básicos:

1. Aunque siempre será más difícil eliminar un subsidio que crearlo, éste debe ser transitorio y otorgarse solo mientras dure la condición que le dio origen.

2. Para no desviar recursos escasos en favor de sectores pudientes, el subsidio debe estar focalizado en las personas que realmente lo necesitan.

3. Ante el estancamiento de la renta petrolera y las crecientes restricciones presupuestarias, los subsidios tienen que ser económicamente viables y no deben ejercer presiones deficitarias sobre la gestión fiscal.

En las actuales circunstancias de restricciones económicas y presupuestarias, y ante la ineficiencia social que están demostrando, los subsidios indirectos a los bienes y servicios deberían eliminarse y sustituirse por subsidios directos a las familias de menores ingresos. De esta forma se asegura que cualquier decisión que se tome -en materia de revisión y rectificación de la política de subsidios- no tenga un impacto antipopular y no generen un solo pobre más.