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Un día de visita a la cárcel “26 de julio”, donde están “Pancho” y “Gabo”

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Los Morros de San Juan se levantan verdes e imponentes en el paisaje guariqueño. La formación rocosa fue declarada monumento natural en 1949. Sesenta y seis años después se inauguró, frente estas montañas, el Centro de Reclusión para Procesados Judiciales “26 de julio”.

El nombre no se debe, como muchos comentan, al Asalto al Cuartel Moncada, en Santiago de Cuba; acción armada dirigida por Fidel Castro el 26 de julio de 1953 con el fin de derrocar a Fulgencio Batista, sino para conmemorar la creación del Ministerio para Servicios Penitenciarios en 2011.

El gobierno aseguró que la cárcel sigue el modelo del “Nuevo Régimen” presidido por la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Valera, en el que los reclusos usan uniforme, hacen filas, cantan el himno, tienen formación premilitar y cantan consignas.

Colinda con la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), una de las cárceles más peligrosas del país, y está a una cuadra de la invasión Vista Hermosa, una de las más grandes de Venezuela.

El penal “26 de julio” tiene capacidad de albergar a 1.970 reclusos. Actualmente hay 731 procesados y 39 condenados. Dos de ellos son presos políticos.

Francisco Márquez y Gabriel San Miguel ingresaron el 23 de junio al penal. Rosalía Campos fue testigo. La mujer de más de 60 años de edad, morena, delgada y con el cabello corto lleno de canas, es la encargada de un pequeño kiosco apostado en la acera que está al otro lado de la polvorienta calle.

“Los esperaron un grupo de personas. Hasta traían un megáfono. Les gritaban que no están solos”, recordó.

En el pequeño comercio, construido con los mismos bloques con los que se levantó la prisión, que iba a ser un mercado Súper Líder antes de ser expropiado, la señora Rosalía vende café guayoyo y refrescos “porque comida no hay”. Los anaqueles están vacíos. Solo se ven uniformes para los reclusos, aunque de eso también hay escasez.

No le quedan los de color amarillo, destinados para los condenados, sino algunos azules: los de los procesados. Los shorts cuestan Bs 5 mil y el mono completo Bs 12 mil.

Márquez y San Miguel fueron detenidos en Cojedes el 19 de junio, cuando se dirigían a Portuguesa como coordinadores de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para organizar el proceso de validación de firmas en la entidad llanera. Cuando llegaron a Guárico, les raparon el cabello y los vistieron de amarillo, porque no quedaban uniformes azules.

Suena una marcha militar. La música supera los altos muros de la prisión. Cemento y metal son los materiales de los que está hecha. Dos custodios controlan la entrada, que es un inmenso portón pintado con una bandera de Venezuela y una frase incompleta que reza: “No es fácil encontrar la libertad total pero”(…).

Las madres de San Miguel y Márquez, Maribel San Miguel y María Luz Lara de Márquez, se acercan a hablar con los funcionarios de la entrada. Insisten en que esa frase, en el caso de sus hijos, tendrá una conclusión justa.

Le piden a los guardias que les dejen ver a sus muchachos por “el tiempo que dure un abrazo y la bendición”, dice una de ellas. La respuesta: un rotundo “no”.

Regresan al kiosco de Rosalía, por donde se pasean todas las personas que esperan para entrar a ver a sus allegados. “Tengan fe que ellos van a salir”, hace de psicóloga y amiga la vendedora, mientras teje un vestido rosado para una bebé.

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La visita familiar es un derecho establecido en el Código Orgánico Penitenciario y el próximo martes 19 de julio los coordinadores de la Unidad cumplen un mes sin poder ver a sus parientes.

“Aquí uno ve de todo. Muchas veces cuando los presos salen, nadie los espera. Se van caminando solos. Gritan: ¡libertad!”, narra Rosalía, mientras las señoras continúan esperando con desespero- desde las 8:00 de la mañana hasta las 11:30- y a 30 grados centígrados, a que los abogados, que sí pudieron entrar, salgan de hablar con los suyos.

Ellos son los únicos que han podido ver a los dirigentes de Voluntad Popular (VP).

La tierra del Picure

Mientras tanto, Gloria Quintero compra un café. Son Bs 100. “A mi hijo lo vincularon con el Picure”, le comenta a Rosalía.

Ella insiste en que Omar Quintero de 31 años es inocente. Recibió un tiro la noche del 7 de diciembre de 2015, cuando funcionarios de la Dirección General Contra Inteligencia Militar (DGCIM) localizaron en el sector guariqueño El Coleador de El Sombrero a la banda de El Picure y, en un tiroteo, causaron la muerte de cinco personas, mientras que otras seis fueron gravemente heridas.

“Mi hijo estaba celebrando que ganó la oposición frente a la Licorería El Coleador. Pero él no tiene nada que ver con el Picure, como dicen. Le dispararon en la pierna”.

La periodista Vanessa Moreno Losada reportó en aquel momento lo sucedido. Relató que los habitantes de El Sombrero salieron a celebrar en una caravana de carros y motos los resultados de las elecciones parlamentarias. En el sitio se encontraba  José Antonio Tovar Colina, líder de la banda, y sus subalternos y llegaron funcionarios de la DGCIM. Comenzó la balacera. Ocho personas murieron y 24 resultaron heridas. El Picure se salía con las suyas, sería la segunda vez que se escapaba de las fuerzas policiales.

Gloria es parte de las seis personas que, junto a las madres de “Pancho y Gabo”, el martes esperaban por ver a sus familiares en la cárcel de Guárico. Tenía la esperanza de que a Quintero lo trasladaran al hospital, ya que “no puede mover” la pierna, donde aún tiene alojada una bala que recibió aquella fatídica noche.

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Violencia por doquier

“Aquí todos están tiroteados”, dice, por su parte, el hermano de otro recluso de 20 años, que prefirió mantener el anonimato. El hombre que no pasa los 40 y trabaja en construcción, cuenta que su abogada este martes no le dejó la “boleta de traslado” para que su pariente pudiese ir a tribunales. No tiene el teléfono de la penalista, quien nunca llegó al lugar a pesar de que era martes de visita para la defensa. De hecho, solo llegaron cuatro abogados entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde. Dos de ellos eran los de los coordinadores de la MUD.

Mientras esperaba, relató que, a pesar del estricto control de las autoridades, en el recinto a veces que hay problemas de drogas y armas, aunque insistió en que no es comparable con lo que sucede en la vecina PGV, donde las trifulcas son constantes. “Esa la controlan los pranes”, apunta el hermano del joven.

El muchacho, que esperó por más de 6 horas a que los custodios buscaran “a ver si dentro le podían facilitar la orden de traslado” para su hermano menor, recordó que el 28 de diciembre de 2015 en la “26 de julio” los presos protestaron “porque tenían mucha hambre y lanzaron una granada. Eso fue un zaperoco”.

El explosivo cayó en el techo de la celda donde hoy se encuentran Gabriel San Miguel y Francisco Márquez.

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Justicia a oscuras

Lo más duro en la cárcel de Guárico es la oscuridad, según la madre de Márquez. Cuenta que su hijo le reveló, en una carta, que en su celda solo entra luz por una rendija, producto de la explosión de una granada durante un motín. El joven además describió el centro como “una prisión medieval”.

El espacio donde ambos están es de 31 metros por 31, añadió la madre de San Miguel. “Estuvieron aislados pero ahora están con cinco muchachos de Cumaná, que los metieron presos tras los saqueos” del 14 de junio. “Se llevan bien”, añade.

A través de misisvas, los jóvenes han comentado que su calabozo tiene muchos mosquitos, que en la cárcel hay sarna y que el baño es una letrina. También han denunciado que no hay suficiente agua para beber ni para el aseo. Las camas son de cemento y los días largos.

Lo mismo sienten sus familiares, quienes pasan por un maratón para ir al centro de reclusión. Durante los días de “encuentro”, los esperados abrazos no terminan de suceder.

La madre de Gabriel debe trasladarse desde Maracay hasta Guárico, que está a 40 minutos de su casa. A la de Francisco le toca aún un camino más largo. Su viaje es desde Caracas, a dos horas del penal, si el tráfico resulta ligero.

Nizar El Fakih, uno de los abogados del caso, exigió que de continuar el proceso sea con ellos en libertad, y denunció que el hecho de que estén en Guárico obstruye su derecho a la defensa. Para ello debe recorrer  1.200 km en un viaje al tribunal (Cojedes), a la cárcel (Guárico) y a la Fiscalía Nacional que lleva el caso en Caracas.

El Fakih expresó que la calle, bajo el fuerte sol llanero, es la sala de espera. “Es la primera vejación a los derechos humanos a las familias”.

La sombra que da el kiosco de Rosalía es el único lugar donde, a cierta hora de la mañana, los visitantes encuentran aire fresco y consuelo.

Francisco apenas entró a prisión escribió en una nota: “Somos testigo de excepción de un sistema judicial que viola los derechos humanos”. Su madre, casi un mes después, siente lo mismo. Mirando el muro que la separa de su hijo concluye: “La sociedad esconde sus culpas en los manicomios y en las cárceles”.

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