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Vecinos del municipio Sucre exigen el cierre de calabozos de la Policía Nacional

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19/09/2019
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FOTOGRAFÍA: ALEJANDRO CREMADES | ARCHIVO

Aseguran que en la sede policial hay recluidos unos 1.200 presos en un espacio donde solo debe haber 250 persona. Señalan que cada vez que hay una situación de fuga, los delincuentes corren a esconderse en las residencias vecinas o en los colegios cercanos, creando zozobra en las comunidades.

La madrugada del pasado miércoles 11 de septiembre, nuevamente los vecinos de la zona de Boleíta, en el municipio Sucre del estado Miranda, volvieron a vivir momentos de pánico y zozobra motivado a una nueva fuga masiva de unos 21 presos internados en las instalaciones de la zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana.

Los vecinos señalaron que funcionarios de distintos cuerpos de seguridad procedieron a realizar un amplio procedimiento policial, utilizando sus armas de fuego tratando de recapturar a los detenidos, varios de los cuales se metieron en edificios y colegios ubicados en la zona.

Dicen los afectados que no es la primera vez que estas situaciones irregulares se presentan en la comunidad de Boleíta, lugar en donde se encuentra el retén policial y ya cansados de esta situación han decidido retomar las acciones legales para solicitar a las autoridades el cierre de este centro de reclusión de la zona.

Así lo dieron a conocer en rueda de prensa Rene Cedillo, Julio Mujica, José D’ Costa, Rogelio Aponte, Adelicia Fajardo y Lorenzo Pérez, representantes de distintos sectores del municipio Sucre, quienes señalaron que después de los hechos del pasado 11 de septiembre llevaron a cabo una primera asamblea de ciudadanos en las instalaciones del Colegio San Agustín, en donde los habitantes afectados dieron a conocer las situaciones vividas por la presencia de los delincuentes fugados.

Señalaron que solo en las instalaciones de la urbanización La California, fueron aprendidos varios presos que buscaban esconderse de los funcionarios policiales. Igualmente otros detenidos entraron a la sede de colegios cercanos.

“Esta no es la primera vez que sufrimos una de estas situaciones, pero ya estamos cansados, hecho por el cual nos hemos comenzado a organizar para realizar las acciones pertinentes para solicitar a las autoridades, en todas las instancias, se lleve a cabo la salida de este centro de reclusión por ocasionar una serie de problemas de orden público, violación de los derechos humanos de los niños y de los vecinos residenciados en la zona”, dijo Mujica.

Indicaron que esas instalaciones pertenecen a las autoridades de la alcaldía de Sucre y que estaban destinadas para que allí funcionaria la sede del Concejo Municipal, pero que fue instalado un retén de manera inconsulta.

“En esta comunidad de Boleíta, vivimos enfermos, vivimos con los nervios de punta, imaginen que el primer día de clase de este año escolar, cuando los representantes estaban dejando los niños en el Colegio San Agustín, se llevaba a cabo la reparación de un autobús de la institución, y el tubo de escape del vehículo salió un gran ruido, los presentes pensaban que se trataba de otro tiroteo y se lanzaron al suelo, los niños salieron corriendo, los padres y representantes se regresaron angustiados al colegio, todo fue un gran caso”, señaló Rogelio Aponte.

Indicaron que además de la violación de sus derechos como ciudadanos, también quieren alertar la violación de los detenidos en ese retén y los familiares de los mismos, que pasan muchas penurias para poder ver y pasarle comida a los detenidos, muchos de los cuales tienen enfermedades graves y contagiosas.

Indicaron que para este sábado 21 de septiembre estarán llevando una nueva asamblea de ciudadanos en las instalaciones del polideportivo del Colegio San Agustín, en donde se definirán las acciones que serán tomadas para iniciar la lucha vecinal para que se elimine este centro de reclusión.

Señalaron los afectados que comenzarán a realizar solicitudes a las autoridades de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la alcaldía del municipio Sucre, la gobernación del estado Miranda, los ministerios de Relaciones Interior y Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia, así como las Defensorías del Niño, Niña y Adolescente.

También señalaron que buscarán el contacto con los representantes de Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de la ONU.