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Al periodismo lo quieren ciego, sordo y mudo

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11/09/2017
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PORTADA: PIXABAY

La libertad de expresión en Venezuela se cercena desde los sentidos. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ha cerrado más de 40 emisoras y sacado del aire a tres canales internacionales y uno regional en 2017. Además, el no otorgamiento de papel periódico desde el monopolio estatal condena al periodismo impreso

No hay quien dude de la rareza que envuelve la momentánea salida del aire de la emisora Fe y Alegría en Maracaibo, estado Zulia. 88.1 FM bajó el suiche el 7 de septiembre por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). La instrucción les llegó vía llamada telefónica a los trabajadores: debían cesar su transmisión por tener la concesión vencida, si no, abrirían un procedimiento administrativo de incautación de los equipos.

La decisión que apagó los transmisores, prendió las redes sociales. La retaliación política rondaba como una de las posibles razones para callar a voces disidentes en el país. Sin embargo, a los directivos no les dio tiempo de terminar de redactar un comunicado en contra del hecho cuando se permitió el restablecimiento de la señal “por órdenes superiores”. Así lo aclaró la misma funcionaria del ente que les comunicó el cierre momentos antes, también por teléfono, 45 minutos después.

La emisora Fe y Alegría de la capital zuliana, con 11 años de existencia, estuvo al borde la censura total, la más “abusiva y desproporcionada” aplicada en los últimos doce años, de acuerdo con el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys). El cierre de medios ocurridos en los nueve meses de 2017 solo puede compararse con la suspensión de 32 emisoras, acción concretada en el año 2009, cuando Diosdado Cabello estaba al frente de Conatel. Ahora la institución la encabeza Jorge Elieser Márquez desde el 8 de agosto, otro militar.

La cifra ha aumentado sin mayores consideraciones este año, y coarta posibilidades audiovisuales y escritas para un público cada vez más desinformado. Las agresiones directas a periodistas mientras cubrían las manifestaciones en contra del gobierno de Maduro salpicaron a empresas radioeléctricas y una televisora (ULATV). 23 medios cerraron por órdenes de Conatel durante los cuatro meses de protestas en Venezuela, aclara Ipys en su informe. Sin embargo, va un total de 41 emisoras comerciales y comunitarias y una televisora pública clausuradas, hasta septiembre de 2017.

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Si nadie habla, nadie escucha

Reguetón. Sucio y discriminativo. “De burdel, porque no tiene otro nombre”, agrega el locutor Antonio Duarte. Donde una vez se escuchaba Navegando en la red, un programa sobre tecnología, ahora se escuchan líricas con groserías incluidas. La indignación y la incertidumbre lo embargan cuando escucha esa música en la emisora donde trabajó por seis años. “No dicen nada, solo ponen eso. A 99.1 FM no le han pasado el suiche. No sé si por eso la van a retornar, aunque sería la única. No sé qué significa”, elucubra Duarte sobre la señal de La Nueva Mágica, en Caracas.

A él y otros compañeros los agarró por sorpresa. Sucedió una semana después de la salida del aire de las señales de Caracol y RCN Televisión. No hubo pitazo que alertara de un posible cierre. “Parece que Mágica también” fue el mensaje que le llegó por llamada telefónica el 25 de agosto cerca de las 10:20 de la noche, cuando el país se enteraba de la salida del aire de la 92.9 FM. Su productor le confirmó lo inevitable: el dial 99.1 FM ya no difundiría su programación usual, que incluía los programas de Marianella Salazar y José Domingo Blanco. “Ya que te han metido una caución administrativa, no te vas a imaginar que también te van a cerrar. Las dos cosas no. Nadie se lo iba a imaginar”, explica Duarte.

Ahora, los rumores sobran. El más consolidado es el de un programa sobre deportes que ocupará su lugar. Pero no tiene certeza de ello, especialmente cuando no ha tenido una reunión formal aún con los directivos de Mágica 99.1 FM. Está en stand by, tal como se lo comunicó a sus anunciantes, uno de ellos Digitel. Tampoco se ha sentado a negociar alternativas de espacios radiales en Radio Comunidad, transmitida por internet, donde mantiene otro programa.

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Joaquín Ortega, productor y locutor de La Hora Verde en 92.9 FM, creyó que el azote a la radio durante 2016 le bastaría al gobierno de Maduro. Para entonces, Conatel aplicó tres sanciones y tres incautaciones de equipos, emitió una orden de censura de contenidos en TV, y mandó a suspender un programa de televisión de manera arbitraria, según el informe de Ipys Noticias en cautiverio. Emisoras como La Barinesa 92.7 FM, en Barinitas, y Rumba Mix 94.3 FM, en Sabaneta -ambas con más de 15 años de trayectoria- apagaron sus micrófonos, al igual que 95.5 FM en la ciudad de Upata, estado Bolívar, de la cual era socio el diputado de la Asamblea Nacional (AN) Américo Di Grazia y cuyos equipos fueron extraídos del lugar. En total, fueron diez 10 medios radioeléctricos afectados, la mayoría de ellos de alcance regional y local. “Pensamos que se habían cebado y que se calmarían”, confiesa, aún impactado.

Pero a 92.9 FM le cayó la cuchilla el mismo día que a Mágica 99.1 FM, apenas horas antes, en vísperas del fin de semana y aprovechando la nocturnidad. “Lo hicieron sin legalidad jurídica y como una suerte de ejercicio de la fuerza, justo cuando se tenían las defensas democráticas bajas. A todo el mundo le cayó de sorpresa”, aclara el también politólogo quien desde 1999 era parte de la plantilla de la emisora.

No hubo tiempo para quejar, tampoco posibilidad de chistar, de discutir, de reclamar que la empresa había solicitado la renovación de los permisos desde hace más de tres años y que fue el ente regulador el que nunca contestó. Nada. Les llegó el silencio. “Al menos no nos quitaron los equipos”, suspiró después Jaime Nestares, director de la división de radio de las Empresas 1BC propietarias de esa estación, en Fedecámaras Radio. Así terminó la historia al aire de la radio juvenil donde nacieron talentos como Luis Chataing, Érika de la Vega, Mariela Celis, Tom Monasterios y otros tantos; y comenzó la de una recién llegada: Corazón Llanero Radio.

La nueva señal es manejada por el Capitán Escalona, constituyente y exedecán de Chávez y Maduro. Así, se agota toda posibilidad de gestionar un regreso de la emisora “100% libre”. Según Ortega, la memoria histórica del caraqueño está reducida sin la 92.9 FM.

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Ceguera obligada

A diferencia de Radio Caracas Televisión en 2007, la salida de Caracol Televisión de Venezuela no estaba anunciada. No lo vociferó el Presidente de la República ni ningún funcionario del Ministerio de Comunicación e Información. Fue intempestiva, como aquella que excluyó de las cableras a NTN24 en 2014. El canal colombiano se tornó negro después de la medianoche del 24 de agosto pasado. Beatriz Adrián, su corresponsal en Caracas, lo veía venir. Esperó paciente frente al televisor de su sala, lista para dar la noticia en caliente cuando sucediera. Verlo materializarse la dejó impotente: “Es una política de Estado. No había nada más que pudiera hacer, más allá de hacerlo saber”.

Ya había escuchado rumores sobre la medida de Conatel. Desde hacía dos días, el hecho era inminente. Solo tenía que esperar a que se produjera y fuese un medio internacional más que cesaba su transmisión en el país, como sucedió meses antes con CNN en Español. RCN Televisión, también colombiana, también desapareció de las cableras nacionales a horas del cierre de su paisana Caracol.

La corresponsalía de Adrián se mantiene, por ser un canal con una amplia audiencia colombiana que sigue demandando información sobre Venezuela. Su perspectiva de cubrimiento también sigue intacta. Pero ahora portar el micrófono de ese medio ya no le transmite seguridad. A momentos le inquieta, aunque confiesa que se sobrepone con la faena diaria: “Así sientes que pierdes el miedo a seguir trabajando acá”.

CNN en Español estrenó en febrero la lista de medios internacionales censurados en Venezuela en 2017, luego de que emitiera una investigación sobre la presunta emisión fraudulenta de pasaportes y visas venezolanas. La entonces canciller y ahora presidente de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, calificó la publicación como “una operación mediática imperial” contra el país. Y Conatel actuó. Sin transparencia y sin pensar en el debido proceso.

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ULATV también resultó incómodo, a pesar de tener más de 20 años al aire. El canal de la Universidad de Los Andes brindaba cobertura regional para una audiencia merideña, junto a la Televisora Andina de Mérida. Cubrió sin censuras las protestas de 2017 y mantuvo espacios de opinión sobre la situación sociopolítica del país. Pero un buen día los trabajadores recibieron una inspección de más de doce horas de funcionarios de Conatel que no dejó mayor conclusión. La jornada siguiente, 14 de junio, el ente alegó que el medio había violado la Ley de Telecomunicaciones al no tener los permisos para emitir. La directiva de ULATV sostuvo que los documentos demandados han sido solicitados en reiteradas ocasiones al ente regulador sin recibir respuesta alguna.

En nueve meses, 2017 igualó la cifra de cierres forzados en televisión durante 2016. Tres estaciones de radio y televisión cerraron de manera forzada por orden de Conatel el año pasado, denunció Ipys en su informe Noticias en cautiverio.

Información ni en físico

No solo la radio y la televisión han dejado de escucharse. Las rotativas tampoco suenan con la frecuencia que deberían. Al menos 15 medios impresos han cerrado por falta de papel periódico en 2017, de acuerdo con la Organización No Gubernamental (ONG) Espacio Público. Este año la información se ha hecho menos palpable con el no otorgamiento de papel periódico a los medios de comunicación impresos. La corporación estatal Complejo Editorial Alfredo Manerio está encargada de su distribución desde 2013. Un monopolio, pues con el control de cambio tampoco se asignan divisas para que cada empresa pueda procurarse los materiales.

La centralización de la venta de la materia prima se convirtió en una traba para ediciones regionales como El Carabobeño, que acumulaba 83 años de circulación, y Diario Los Andes, con 39. El Correo del Caroní, en Bolívar, también dejó los kioscos, como Última Hora en Portuguesa que circuló hasta la última semana de agosto. TalCual se redujo a semanario y otros impresos experimentan intermitencias en su disponibilidad.

Jesús Rivas aún cubre la fuente de política en Diario Los Andes, sin mayores cambios más que los procedimentales: ya no escribe para plantillas predeterminadas para el impreso, sino solo escribe “un chorizo largo” que manda por internet para que se cuelgue en la página web. Sin embargo, es uno de los tres periodistas que mantienen en pie la publicación andina.

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La falta de papel era casi cotidiana. Tenían temporadas en que no lo recibían por días, pero nunca pasaban de la quincena hasta que el Complejo Editorial Alfredo Manerio les brindaba finalmente la materia prima. Pero ese 28 de agosto Rivas recibió la notificación por WhatsApp: el mismísimo presidente de la empresa les comunicó que, por falta de papel, no podían seguir funcionando. Decidieron cerrar la edición del diario Los Andes de El Vigía y de la “zona panamericana”, que alcanzaba varios municipios limítrofes con Táchira y Zulia.

Como corresponsal del periódico en Mérida, Rivas había aplaudido el cambio editorial que había permitido la expansión a dichos territorios. La proyección fue provechosa para su audiencia. Circulaba en lugares donde no hay siquiera tendido eléctrico, pero la gente se informaba con el diario. Se lamenta al saber que esa población queda ahora vulnerable y desinformada. El desconsuelo se le hace extensivo, pues su ánimo se fue con el papel. “No me motiva seguir porque no sé si las páginas web también las irá a tomar la Constituyente. A pesar de que nuestro compromiso es informar, esto del cierre desinformó muchísimo, porque nuestro público en su mayoría no tiene acceso a internet. La persecución contra información se ha desatado demasiado y uno piensa en la vida de uno y en su recuerdo”. Aunque lo encuentra complicado, irse del país podría ser su plan B.