Sociedad

Civiles por la seguridad, entre el desespero y la ilegalidad (+mapa)

Los altos índices de violencia e impunidad han insuflado de inventiva y genio a los ciudadanos a la hora de cuidarse de la inseguridad. Desde grupos de WhatsApp hasta vigilancia privada, el caraqueño se ha encargado de tomar la justicia por los cachos. Poco importa si una de sus medidas raya en la ilegalidad, como los linchamientos. Todo vale con alcaldías permisivas y un Estado incompetente

Composición fotográfica: Pedro Agranitis
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“No más secuestros. Los vecinos exigimos vigilancia policial”, reza un cartel amarillo ubicado en uno de los postes de la calle principal de Sebucán. Sin ser escaparates de nadie, quienes viven en esta zona residencial caraqueña decidieron alzar sus voces ante la inseguridad. Con las palabras “Peligro” y “Alerta” avisan también a los visitantes que es “zona de secuestro”, como la catalogaron. Aquella arteria vial del municipio Sucre es escenario continuo de raptos y robos que han incrementado su frecuencia.
A pocos metros de donde cuelga el aviso, una vigilante de la primera trasversal de Sebucán, que prefiere no dar su identidad, justifica la medida vecinal. “Estos carteles los pusieron los mismos vecinos porque se cansaron. Sí son para la policía, para que haga algo, pero son más para los que pasan por esta calle y no saben que acá roban a cualquier hora. La reina es la delincuencia acá”, alega, quien en sus diez meses de trabajo ha presenciado tres secuestros e incontables robos a mano armada por parte de motorizados.
La mujer explica que los carteles aparecieron después de los dos secuestros casi consecutivos que se dieron en frente de su garita“a plena luz del día”. “Uno se dio hace como tres semanas y el otro a la semana siguiente”, vuelve. A pesar de los carteles, da fe de que nada ha cambiado: “Acá la policía no ha hecho nada especial, ni pasa más por acá ni nada. Todo está igualito”, se queja. Las manifestaciones civiles no sorprenden cuando la vida peligra por los altos índices de criminalidad. Venezuela se mantiene en los primeros lugares mundiales de violencia letal. En 2016, llegó al segundo lugar con una tasa de 91,8 muertes violentas por cada cien mil habitantes registradas por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). La ONG contabilizó 28.479 fallecidos en todo el territorio nacional. El Distrito Capital se convirtió el año pasado en la tercera entidad nacional más violenta del país —acumuló 138 muertes violentas, por debajo de las 140 muertes registradas en Miranda y las 142 en Aragua.
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Sebucán no es la única zona en donde la comunidad alza su voz por la delincuencia. En el este de la capital, los carteles de denuncia ciudadana compiten con los clásicos avisos de servicios de plomería y los recientes reclamos a Hidrocapital por los botes de agua. Las rejas que coartan el libre tránsito parecen no ser suficientes para quienes habitan en La California Sur, en el mismo municipio Sucre. La calle Los Ángeles le cierra el paso a los conductores con una reja negra y amarilla de la que cuelgan dos carteles: “Vecinos de La California Sur exigimos vivir en paz. SOS” y “No más robos! Exigimos seguridad. SOS”. No muy lejos, Macaracuay también guarda su respuesta ciudadana en la avenida Chacao: las frases “No al secuestro” y “No más robos. El cierre va” destacan entre las palmeras que circundan la calle.
El alcalde de El Hatillo, David Smolansky, confiesa la existencia de carteles de denuncias por la inseguridad en su municipio hace cinco o seis años antes de su gestión. La delincuencia en el municipio ha disminuido 28,9% en un año: las 69 muertes violentas registradas en febrero del año pasado contrastan con las 49 muertes de este febrero. En Libertador, hay “muy pocos, muy pocos”, según el comisario de la Policía de Caracas, Franklin Durán. “Los que hay capaz no están en los sitios más concurridos. Sería una buena campaña poner carteles de esos, fíjate”, dice.
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La organización vecinal en Venezuela ha superado las simples protestas frente a los entes policiales competentes. Existen manifestaciones de resguardo 2.0 con las que los caraqueños se mantienen alerta. En Twitter, por ejemplo, un grupo de vecinos crearon @SomosElCafetal, una cuenta privada en la que señalan y acusan robos, secuestros y demás delitos. Además, los grupos de WhatsApp evolucionaron en su función comunicacional. Solamente en Chacao, existen 86 chats para la denuncia efectiva de emergencias, según registros del director de Seguridad Integral de Chacao, Gustavo Duque. “Son casi 13 mil vecinos que están comunicados en tiempo real. Los grupos se tienen identificados por los nombres de la zona y no se permiten cadenas ni chistes”, explica.
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El criminólogo y abogado penalista Luis Izquiel afirma que, además de los carteles recientemente vistos, la ciudadanía usa desde hace años circuitos de vigilancia con cámaras, rejas y garitas para coordinar acciones contra la delincuencia. “Son medidas que toman las urbanizaciones producto de que sienten que el Estado venezolano no cumple con su deber de seguridad ciudadana”. Rescata casos de eficiencia, como la seguridad privada de Terrazas del Ávila y Lomas de La Lagunita.
Sin querer queriendo
Mientras la ciudadanía se enjaula en busca de la seguridad perdida, las vías secundarias de Caracas se tornan intransitables. Con la permisividad de las alcaldías se devalúa el artículo 50 de la Constitución, que decreta el libre tránsito de toda persona por el territorio nacional. La experiencia venezolana dista de la de los países desarrollados, en donde se modifican impuestos de derecho de frente a las áreas cerradas. Para el abogado criminalista y docente de la Universidad Santa María, Fermín Marmol García, la dinámica criolla no es solo desordenada al no haber precedentes de cambio tributario, sino que las alcaldías están prácticamente a merced de las comunidades. “Tienden a tomar una actitud sumisa, pues se atiende la seguridad municipal de forma precaria por falta de presupuesto. La excusa es que no se limita el paso, sencillamente se controla. Es un tema de semántica y conceptos”.
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Conducir por los municipios Baruta, El Hatillo y Sucre es sortear calles “ciegas”, conclusas para quienes no son propietarios. El flujo vehicular se entrecorta en urbanizaciones como La Lagunita, Oripoto, Prados del Este, Alto Prado, La Alameda, El Cafetal, Cerro Verde, La Trinidad, El Marqués… cada vez son menos las zonas que dan paso a foráneos.
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Smolansky reconoce la existencia casi exacerbada de rejas y garitas en El Hatillo. Incluso, rescata casos de éxito en la implementación de vigilancia privada, como la que actualmente se encuentra en la calle Los Cacaos del sector La Campera, en Alto Hatillo. Sin embargo, la unanimidad en la decisión no siempre existe en la comunidad hatillana. “Hay vecinos en desacuerdo con estas medidas, no tanto por el libre tránsito, sino por el aspecto económico de cuánto cuesta construir una caseta de vigilancia. Allí entra la alcaldía como mediador y siempre pedimos que haya comunicación fluida de la vigilancia con la policía y viceversa”.
En Chacao son casos excepcionales. Duque contabiliza no más de tres vías con vigilancia privada. “En teoría, los cierres de calle no están permitidos por el derecho de libre tránsito. Por eso, cuando se va a cerrar una calle, se necesita el apoyo del 100% de los vecinos involucrados, y ni las alcaldías ni ningún otro ente tiene competencia para decirles que no lo hagan”, explica el director de Seguridad Integral.
Desde la Policía de Caracas, el comisario Durán vive las repercusiones de la privatización de la seguridad en el municipio Libertador. Aunque argumenta que son pocas las vías con garitas o rejas que corten el paso, confiesa: “De que la medida afecta, afecta. No hay esa eficacia de llegar oportunamente al sitio. Hay muchas personas que no entienden que, al tener esas trancas, se le hace más complicado a la policía atender un hecho delictivo, se le imposibilita llegar al sitio rápido”.
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El comisario Yunier Bastardo, director de Operaciones de Polisucre, concuerda con su colega: “Muchas veces uno puede estar en una persecución y se te puede ir el delincuente porque la vía está cerrada o porque hay una garita. Ojo, se han convertido en una solución, pero hay veces en que si no están coordinadas con las policías pueden resultar en problemas”. Incluso, el comisario del municipio Sucre apunta que la medida puede ser incluso perjudicial para los mismos propietarios. Afirma que no es la solución “salomónica” a la inseguridad, pues en caso de no poder acceder rápidamente, el conductor queda expuesto al hampa por minutos cruciales.
Mármol García ubica al venezolano en la base de la pirámide de Maslow como una sociedad miserable. Enumera las consecuencias sociales: deterioro social con signos inequívocos de primitivismo, demostración de un sistema de justicia inoficioso y divorcios de la institucionalidad. “Estamos intentando resolver problemas básicos que para las sociedades modernas son impensables y estamos muy lejos de resolver satisfacciones intelectuales o de realización. No estamos pensando en alcanzar nuestros sueños porque siempre estamos viendo cómo sobrevivir buscando alimentos, medicinas y que no nos maten”.
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Los intentos de resguardo y justicia social llegan a su pico con los linchamientos, “signo de primitivismo de una sociedad”, según Mármol García. El informe anual del OVV reporta entre uno y tres casos cada semana de 2016, lo cual deja un saldo de al menos 52 linchamientos en el año. Incluso, su ejecución ha cambiado según el Observatorio: mientras anteriormente se linchaba a personas que habían cometido violaciones o asesinatos a niños y ancianos, ahora la práctica se ha volcado a robos y hurtos. “La práctica de la justicia colectiva deja secuelas psicoemocionales que perduran en el tiempo. Además de que las personas han cometido un delito, son victimarios, delincuentes, sin lugar a dudas”. En búsqueda de la seguridad, la propia ciudadanía terminó cercenándola.
Para estar «ojo pelao»
Tomando en cuenta datos policiales, en Clímax presentamos un mapa de zonificación del delito en Caracas. En la ciudad, de las más inseguras del mundo, el hampa no deja respiro en ninguna esquina. Sin embargo, según consulta con los organismos de seguridad, se pueden apuntar los lugares donde la frecuencia de cierto tipo de crímenes es más frecuente. Un esfuerzo para aumentar el resguardo individual en el marco de un entorno de indefensión generalizada.
(Hacer click sobre el mapa para navegar con detalle)

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