CLAP, distribución del hambre a manos del PSUV

La primera vez que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, nombró a los CLAP —Comité Local de Abastecimiento y Producción— fue el domingo 3 de abril de 2016. Desde entonces, la esperanza de conseguir comida reside en una bolsa que no se sabe cuándo va llegar, qué va a traer, ni cuánto va a costar.

Hay sectores de Caracas, como El Valle, a donde ha llegado hasta tres veces. En cambio, en sitios como la avenida México de La Candelaria no ha aparecido la primera vez. “Nosotros estamos constituidos como consejo comunal, tenemos nuestro registro al día y el censo. Llevamos todo hace más de un mes y todavía esperamos que nos llamen, pero yo creo que la bolsa no va a llegar, porque la prioridad para el gobierno son los barrios populares, donde tienen apoyo más fuerte, y aquí no han ganado ni la primera vez”, afirmó Oscar Molina, vocero de un consejo comunal de La Candelaria.

Hace tres semanas, Alejandra Palma pudo comprar un kilo de harina de trigo, dos kilos de harina de maíz precocida, uno de arroz, uno de leche en polvo y un litro de aceite por 1.200 bolívares. La novedad es que la única cola que hizo fue en el Mercal y sus compañeros de fila eran sus vecinos del edificio ubicado en la avenida Intercomunal de El Valle. “Todo se organizó muy rápido. Nos anotamos en una lista y la bolsa llegó esa misma semana”. Los avisos para formar parte del proceso consistían en carteles ubicados en la planta baja de su residencia. Un día antes de que les tocase adquirir los productos, apareció un nuevo aviso en el que se indicaban los horarios y los pisos en los que vivían los vecinos a los que les tocaba comprar en ese momento. “Iban escalonando la cola y todo se vendió en un día. Teníamos que llevar la bolsa porque en Mercal no la había y podíamos comprar lo que ya habían estipulado más lo que estaba disponible en el sitio, que era un queso fundido de una marca que no conocía y chocolate de taza”, explicó Palma. Ese día no había nadie en Mercal que no fuese de su residencia.

La vecina de El Valle espera por la aparición de un nuevo cartel que indique la siguiente fecha para adquirir los productos. Se supone que entre una compra y otra deben transcurrir tres semanas. Hasta ahora no han dicho más. “Hay vecinos de otros sectores de la parroquia que han podido comprar hasta tres veces, pero dicen que cada vez que llega, trae menos”, se queja la mujer.

Es el caso de los productos que han vendido en el 23 de Enero, allí Héctor Rodríguez –no el diputado– ha podido comprar dos veces, con dos semanas de diferencia. Compara el contenido de una y otra bolsa con decepción. “La primera vez traía 2 kilos de harina de maíz precocida, dos de arroz, dos de pasta, uno de leche y un litro de aceite. Pagué 670 bolívares.  En cambio, la segunda vez no trajo nada. Una mantequilla, 1 kilo de arroz, uno de harina de maíz, otro de caraota y uno de leche, por 370 bolívares”. Rodríguez además no vive en la parroquia del oeste de Caracas, sino en Palo Verde. “Como me crié en el 23 de Enero, ahí me anoté. En Lomas del Ávila no hay nada de eso. Lo bueno es la organización, no se hacen colas, ellos se ubican en un punto, y la gente va y paga, porque ya la noche anterior el consejo comunal ha avisado los precios y lo que va a traer. Pero igual, no estoy de acuerdo con esto. Prefiero hacer mi mercado como antes y conseguir todo lo que se conseguía”.

Los expertos coinciden en que los CLAP no resuelven la crisis de alimentos que se vive en el país. Para Tomás Socías, analista agroalimentario, se trata de una política apurada e inesperada: “Venezuela ha tenido programas sociales muy buenos, de los mejores, como lo fue Mercal, pero en este caso, a través de las comunas, no se tiene una organización sólida y suficiente que garantice la logística para llegar a todos los sectores”. Señala que solo podrían funcionar si trabajaran con la red privada, al tiempo que advierte que el problema no son los CLAP sino la situación de fondo que es la escasez de productos.

La última encuesta de coyuntura de Conindustria sostiene que 70% de las empresas de alimentos ha reducido su producción. “Esto nada más se resuelve incentivando la producción, haciendo un ajuste de precios, colocando el Dicom por encima de los 700 bolívares y despenalizando la venta libre del dólar”.

Rodrigo Agudo, también experto en el área agroalimentaria, apunta que la política de los CLAP está desorientada: “Si se hace un mal diagnóstico de la enfermedad, el tratamiento no será el adecuado. El gobierno parte de la existencia de una llamada guerra económica y evade la responsabilidad en la aplicación de un modelo que colapsó. El problema real es que el país no produce y el gobierno no tiene dólares para importar, lo que causa la escasez”. Indica que organizaciones de este tipo no pueden sustituir el sistema formal de distribución de alimentos, que alcanza más de 400 mil comercios en todo el país.

Casa por casa

Las modalidades de los CLAP son diversas. Así como hay quienes deben acudir a un establecimiento de la red de comercios creada por el gobierno, hay a quienes les llega la comida a la puerta de su vivienda. Paola Rojas, habitante de Carapita, afirma que la única vez que los CLAP llegaron a la comunidad su casa sirvió como centro de acopio, aunque no pertenece a ningún consejo comunal. “La gente espera en su casa. Una noche antes se recoge el dinero, que además viene con una colaboración para pagar el traslado del camión y las bolsas, y en la mañana siguiente el CLAP la reparte”. El evento ocurrió hace un mes y por 380 bolívares, Rojas y sus vecinos recibieron 2 kilos de arroz, uno harina de maíz precocida, uno de caraotas y leche. Pese a todo, la comerciante duda de la efectividad del sistema: “Esa es una ayuda, pero no es la real solución. Lo que hay que hacer es que los anaqueles estén llenos y salir de los bachaqueros”.

Hay bolsas que traen más y cuestan menos. Yajaira Chacón no recuerda el monto exacto de su compra, pero afirma que no llegó a los 200 bolívares por medio kilo de caraotas, una mantequilla, un kilo de arroz, un litro de leche y un paquete de harina de maíz precocida. “Pagamos la bolsa y dimos 100 bolívares adicionales por el traslado”. Chacón pertenece a la Comuna Victoria Socialista, también de Carapita, que agrupa a 1.200 familias. Explica que, además, hacen acompañamiento en las bodegas para evitar los “bululú”. “Los consejos comunales se reúnen y Mercal vende directamente la cantidad que necesita cada uno, según el número de familias que lo conformen. El contenido de la bolsa varía. Hasta el momento hemos vendido una sola y ahora es que viene la otra”, señala Chacón.

Para que funcionen los CLAP debe haber representación, además de los consejos comunales, de Unamujer, las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (células del PSUV) y el Frente Francisco de Miranda. También se eligen los jefes de comunidad y jefes de calles o veredas, según explica el Ministerio de Alimentación en un video. Hasta el 7 de junio se habían constituido 15.993 CLAP en todo el país, y de ese total hay 4.775 registrados en el sistema nacional de abastecimiento popular. Freddy Bernal, jefe del Centro de Control y Mando del Estado Mayor para los CLAP, dijo en una entrevista al diario Correo del Orinoco, que abarcan 38% de las comunidades de todo el país, y definió la herramienta como un instrumento para garantizar el acceso a los productos alimenticios con la distribución directa en las comunidades. En la entrevista, niega que sean un instrumento de discriminación política, pero da la razón al vocero del consejo comunal de La Candelaria al afirmar: “No estamos en todas las parroquias ni en todo el territorio nacional. Priorizamos 567 parroquias porque nuestro objetivo inmediato es atender a los sectores populares y a la población más vulnerable”.

Oscar Molina asegura: “A mí los vecinos me preguntan todos los días, pero yo soy claro y les digo que no va a haber bolsa. Si viene, será bienvenida, me habrán tapado la boca. Pero no hay comida y la poca que hay la mandan a donde están sus seguidores”. Socías señala que “el peligro de los CLAP es que son una estructura ideológica sin sentido de gerencia y logística, que tienen que distribuir desde comida hasta productos de uso personal, pasando por útiles escolares, y no están preparados”.

Rodrigo Agudo asegura que la solución debe apuntar a otra dirección. “Tenemos que cambiar el modelo económico y el Estado debe aceptar la ayuda humanitaria. El Estado debe dejar de hacer lo que no sabe y comenzar a hacer lo que sí sabe, que es apoyar al sector privado, construir carreteras, desarrollar redes de servicios, infraestructura escolar y de salud; pero al entregar los CLAP a una estructura ideológica lo que hace es cometer un delito de lesa humanidad, al excluir o discriminar por razones económicas y políticas a parte de la población”.

Maduro asignó 8.400 millones de bolívares para impulsar el Sistema Popular de Distribución de Alimentos, del que forman parte los CLAP. Además, el presidente también creó un fondo especial de 10 millardos de bolívares para los CLAP.

El suplicio por una bolsita

La comunidad de La Estrella en Los Teques se organizó hace más de un mes. Hicieron el censo y lo entregaron al consejo comunal, pero cuando llegó la hora de vender las bolsas de comida, se encontraron con que no había suficientes. “Dijeron que harían un sorteo, pero la gente se molestó porque todos tenemos el mismo derecho. Al final optaron por mandarnos a hacer un carnet, por el que pagamos 300 bolívares, con el sello del consejo comunal. Hace una semana fue que pudimos comprar. Teníamos que presentar, además del carnet, la cédula para que nos vendieran la comida en el Mercal de El Paso”, explica July Sosa, habitante de Los Teques. Su bolsa traía un kilo de caraotas, uno de azúcar, dos de harina de maíz precocida y un litro de aceite. “Todo esto me resulta insólito e injusto. Nosotros tuvimos que llegar hasta a la Alcaldía de Guaicaipuro para hablar con el Coordinador General de los CLAP en el municipio, porque nos pusieron trabas para todo. Esto se aguanta por la necesidad”, opina.

Un vocero de un consejo comunal de La Pastora, que prefiere resguardar su identidad, también denunció los obstáculos que han tenido para distribuir los alimentos. “Hasta ahora no han llegado las bolsas, ni van a llegar. La solución que hay es que tendremos que organizarnos con los abastos”, dice.

En La Pastora existe un Estado Mayor que coordina todo lo referente a los CLAP, junto con la Mesa de Alimentación. “Los consejos comunales quedamos como observadores. Está un grupo que desvía todo lo que llega a Puerta de Caracas, hacia las zonas de barrio, pero el estómago no puede esperar”. A falta de las bolsas, con el censo se hizo la redistribución de los vecinos, de manera que puedan comprar en las bodegas de la parroquia. Los regentes de los comercios solo podrán venderle a quienes aparezcan en una lista digitalizada que les fue entregada por el CLAP correspondiente. “Todo se burocratizó y partidizó. No puede ser que un grupo político reviente a la organización popular”.

El 12 de mayo, Maduro declaró que los CLAP pretenden “aliviar la vida del pueblo”. Hasta ahora los objetivos no han sido logrados. Además de las diatribas internas entre los encargados de la organización popular, la otra queja con respecto a los CLAP tiene que ver con que lo que llevan a la comunidad no es suficiente para satisfacer las necesidades del grupo familiar, menos si entre una bolsa y la siguiente transcurren hasta 21 días. “En mi casa somos 10, qué familia numerosa come con el contenido de la bolsa”, se lamentaba María Rivera, mientras hacía una cola para adquirir alimentos en La Vega.