Colectivos con licencia para agredir y sacar el arma (II parte)

El 4 de abril Juan Liendo —nombre ficticio para proteger su integridad— se levantó temprano. No quiso desayunar, tenía afán. La noche anterior no pudo dormir porque estaba ansioso. Iba a participar con un grupo de compañeros de la Universidad Monteávila en la marcha que se oponía a las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la que despojaba de sus funciones a la Asamblea Nacional (AN). A las 8:30 am salió de su casa para encontrarse con sus amigos a las afueras de la casa de estudios. No hubo contratiempos. De allí el grupo partió a la Plaza Brión de Chacaíto para desfilar con las banderas, pitos y consignas que clamaban a una sola voz «Libertad» hasta la sede de la Defensoría del Pueblo.
El trayecto hasta la avenida Libertador no tuvo inconvenientes. Cuando se desplazaba con sus 14 acompañantes a la altura de Los Cedros avistó un piquete de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Los uniformados no tardaron en lanzar las primeras bombas para frenar la avalancha de personas. Uno de los amigos se le acercó y mareado por los gases le dijo: «Chamo, vamos a devolvernos. Esto se está poniendo feo». Juan con otros ocho muchachos decidió retroceder, el resto del grupo optó por continuar, pese al bombardeo.

Cuando se desviaron a La Florida los universitarios se toparon con una pandilla de 20 motorizados, entre ellos una mujer. Vestían camisas y pantalones negros, también capuchas que velaban sus caras y furiosas identidades. Algunos llevaban chalecos antibalas. Un transeúnte gritó: «Alerta que estos tipos son colectivos». Los sujetos identificados como el Colectivo Patria Revolucionaria prendieron sus vehículos y se dirigieron hacia el grupo de Juan. Él corrió hacia el estacionamiento del hotel Listor, ubicado en la calle Negrín. Se encerró con tres amigos y dos jovencitas más. Otros muchachos se escondieron en otro dormitorio. Los motorizados llegaron hasta allí. Uno de ellos tumbó la puerta de la habitación, sometió a Juan y le dijo: «No te voltees porque te vamos a matar, escuálido». «A ti te gusta buscar peo, ¿no?». Juan le suplicó: «No lastimes a las muchachas».
El hombre de voz ronca les enseñó la pistola y les exigió la entrega de los celulares, mientras golpeaba en las costillas a Juan. Otro de los mercenarios revisó los bolsos de las chicas, sacó unas llaves y se las lanzó en la cara a una de ellas. Fueron 10 minutos de terror —para Juan se convirtieron en horas. Luego de golpearlos y robarlos, los colectivos se marcharon. Juan tiene las marcas de la golpiza que le dieron y ellas se van en llanto cada vez que recuerdan el episodio. Ese mismo grupo armado sometió días después a otro de universitarios, bajo ese mismo modus operandi. Los emboscan y luego de amenazarlos con armas y golpearlos, los liberan. En algunos casos los roban, en otros los entregan a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) o a la GNB para que los arresten.

Los colectivos actúan en complicidad con los agentes. Los uniformados no los tocan porque ellos son los que mandan y tienen la autoridad para reprimir. Es la cara más temible de la represión chavista en vista de que los cuerpos de seguridad no pueden, ni aspavientos, agredir, coludir al ciudadano. La Constitución así lo establece. Se han convertido en los villanos que no tartamudean a la hora de actuar y seguir órdenes en estos tiempos de democracia débil y en vilo. Una estrategia confeccionada por el gobierno y que sirve de cortina de humo.
Detienen sin miramientos
La semana del 11 de abril de 2017, un grupo de manifestantes cerró el paso por la avenida Panteón. Estaba quemando cauchos y gritaba consignas en contra de Nicolás Maduro. A los 20 minutos de haberse instalado llegaron los funcionarios de la GNB, lanzaron bombas para repelerlos, pero no pudieron disuadirlos. Los cinco funcionarios de la GNB se retiraron y minutos más tarde llegaron 30 hombres en moto del Colectivo Fuerza Revolucionaria del centro de Caracas. Uno de ellos exclamó: «Aquí le vamos a apagar la candelita». Con sus vehículos los persiguieron, sacaron sus pistolas y dispararon al aire. Un miembro de estos grupos detuvo a un joven de 19 años, lo apuntó con una pistola en la cabeza y lo montó en una camioneta negra. Luego se detuvo en el comando de la GNB de Pinto Salinas y se lo entregó a un funcionario. Allí lo mantuvieron preso durante dos días. Según el relato del joven durante su permanencia lo golpearon, lo insultaron. Lo obligaron a dormir en una celda poco ventilada, oscura. No recibió comida, apenas le daban agua. Una vez que lo soltaron, los uniformados le advirtieron que sabían dónde vivía, que si lo veían nuevamente en protestas, no lo iba a contar.

Acoso cibernético
Los colectivos armados manejan información a través de redes de WhatsApp sobre los lugares donde se organizan las manifestaciones. Ellos monitorean los movimientos de quienes que protestan, los ubican, los golpean y los amenazan. 40% de sus miembros, según Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, son funcionarios policiales vestidos de civil, otros trabajan para la Alcaldía de Libertador, el Concejo Municipal y la Jefatura de Gobierno del Distrito Capital. A un vecino del barrio El Observatorio del 23 de Enero le intervinieron los teléfonos, no puede hablar de asuntos políticos por esta vía. Le advirtieron que si seguía en «actividades golpistas, lo picaban». También intimidan a través de Twitter. Toman fotos de las personas que, en su legítimo y constitucional de derecho a la protesta pacífica, se pronuncian en vías públicas. Luego las suben a las redes sociales con señalamientos y amenazas. «A mí me marcaron por esta red social y me colocaron: ‘Los colectivos te amamos’ «, dice un habitante de Los Teques.
Aún José Quintero, dirigente de la Asociación Civil Procatia, no se ha recuperado de la golpiza recibida hace seis meses por los integrantes de estos grupos paramilitares que operan en Plaza Venezuela y Sabana Grande. Él ve solo siluetas por su ojo derecho. A veces se le inflama, estuvo a punto de perderlo aquel 26 de octubre de 2016. Ese día salió de su residencia en el centro de Catia en compañía de dos vecinas para participar en la movilización que se dirigía al Consejo Nacional Electoral (CNE) a exigir el Referéndum Revocatorio. Ellos acompañaron la marcha desde el Distribuidor Altamira hasta la altura de Sabana Grande. Allí ingresaron al bulevar para tomar el Metro con destino a Catia. En la entrada de la estación de Plaza Venezuela, ubicada al comienzo del bulevar se les atravesaron cuatro hombres. Uno de ellos le gritó al grupo: «No pasarán, no pasarán», y José le respondió: «¿Cómo que no voy a pasar, chico?, apártate que voy a mi casa». Luego de haber dicho esa frase, José sintió un golpe en la espalda que lo tumbó al piso. Quedó noqueado, no se podía mover, estaba ahogado del dolor.

Sus lentes se partieron y los golpes continuaron. Los otros dos sujetos que acompañaban al agresor lo levantaron y le dieron dos puñetazos en el ojo. Pese a que las mujeres que acompañaron a José les suplicaban que «por favor pararan» y pidieron ayuda a unos funcionarios de la PNB destacados en la estación, no lo auxiliaron. Los atacantes se marcharon. José, que estaba prácticamente inconsciente, fue rescatado por un grupo de viandantes. Pidió que lo llevaran a una tasca, ubicada en la calle de los hoteles, donde estaban unos amigos que lo podían ayudar. Allí le colocaron hielo y compresas en la espalda para aliviar el dolor. Al día siguiente sentía que había sido embestido por un carro. Su ojo estaba hinchado y el dolor en la espalda era inaguantable. Los analgésicos no surtieron efecto y tuvo que ir al médico. Se sometió a terapias y en su comunidad, en Casalta, está identificado. Después de esa experiencia, le hurtaron su vehículo. Sus vecinos dan fe que fue sustraído por el Colectivo Tres Raíces del 23 de Enero. Era usado para convocar con megáfonos a las marchas y en retaliación se lo llevaron.
Según Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal Venezolano, estas agrupaciones de corte paramilitar actúan de forma represiva desde el año 2002, cuando se produjo el paro petrolero. Ellos trabajan en conjunto con la GNB y la PNB. Es lo que se conoce como aquiescencia. Solo el 11 de abril de 2002 hubo 60 civiles que usaron sus armas para atacar a la población en Caracas. En el año 2014 también participaron para desmontar las guarimbas y cometer otros desmanes. «Ahora están más organizados, se distribuyen las zonas y los radios de acción», refiere el abogado.

El mal se extiende
Estos grupos paramilitares no solo se han concentrado en Caracas sino que también han extendido sus tentáculos en otras regiones del país. En Los Teques, estado Miranda, según los Consejos Comunales, hay 30 organizaciones que han desatado su furia en los últimos siete días con el saqueo de más de 20 comercios, arrestos y amedrentamientos en horas nocturnas, apoyados por algunos taxistas que hacen recorridos y los mantienen informados sobre los focos de protestas que deben aplacar. En el sector El Paso, el viernes 14 de abril, llegaron 20 motorizados y le gritaron a los vecinos «aquí estamos para resguardar a la Guardia Nacional, para que no les falten el respeto. Se levantaron las franelas y mostraron sus pistolas automáticas. Persiguieron a tres muchachos hasta la entrada del bloque 1 y los apuntaron. «Si los vemos otra vez montando barricadas, los vamos a joder». Otros se han metido a los apartamentos a sembrar terror.

Un vecino de la zona, que por razones de seguridad mantiene su nombre en reserva, comenta que estos grupos se identifican como Colectivo Alí Primera y Tupamaros, que operan en los sectores populares de San Pedro, El Paso, El Vigía y Simón Bolívar. Ese mismo 14 de abril se acercaron a un punto de concentración en la plaza La India de Los Teques para vociferar «somos las revolución y la vamos a defender a costa de lo que sea». Le tomaron fotos y lo resaltaron con un círculo y la postearon.
Aliados y rivales
La relación existente entre los cuerpos de seguridad y los colectivos no solo es de complicidad. Pese a cualquier elucubración y supuesta fraternidad en su propósito violento, también hay rivalidades por el control de las zonas —donde practican la extorsión. Cada uno defiende su territorio. Por ejemplo, en la avenida Fuerzas Armadas, Urdaneta y en otras zonas, la GNB y la PNB deben pedir permiso para controlar el cobro de vacuna de los comerciantes a los grupos paramilitares. De lo contrario, están sentenciados. En el centro de Caracas se han suscitado confrontaciones por esta causa. Hace dos semanas, los miembros de un grupo paramilitar sacaron de una panadería a dos funcionarios de la GNB que pretendían cobrarle al propietario una cuota mensual de 5 mil bolívares para custodiar el establecimiento. El cabecilla de la organización le dijo que ese negocio lo manejaba él y que debía ocupar otra zona. Ellos mandan más que la policía.
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