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Colombia, entre el perdón y la venganza social

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26/09/2016
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TEXTO: REYES THEIS | FOTOGRAFÍAS: AP

Se logró un acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santos, que incluye beneficios políticos y facilidades para insertarse a la vida civil. Este 26 de septiembre se firma el acuerdo, pero la última palabra la tendrán los electores colombianos en octubre, mientras Venezuela luce desprotegida ante la posible herencia delictiva Colombia le abre los brazos a la paz. Tras más de 50 años de confrontación, el pasado 24 de agosto, los representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron un acuerdo histórico con el Gobierno de Juan Manuel Santos para sellar la paz que debe ser refrendado en las urnas electorales, y así proscribir las urnas funerarias como método de resolución de conflictos.

El camino hacia la paz ha sido largo y tortuoso. Ya habían sido desmovilizados el movimiento guerrillero M19 en 1990, las Autodefensas Unidas de Colombia (paramilitares) entre los años 2003 y 2006, y en 2016 la otra gran fuerza guerrillera, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), anunció en Caracas que iniciaría el tránsito.

Pero la tarea no está terminada. Sectores políticos importantes, encabezados por Centro Democrático (el partido del ex presidente Álvaro Uribe) se oponen al acuerdo y cuestionan una supuesta benevolencia con las FARC. Los temas de la justicia, reparación a las víctimas y la inserción de los guerrilleros a la actividad política, son los elementos más criticados, en una sociedad que se está debatiendo entre pasar la página de la guerra y aplicar la venganza.

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Los próximos seis a nueve meses serán cruciales. De acuerdo con el International Crisis Groupla confianza general hacia las FARC es reticente. El camino hacia el final del conflicto sigue repleto de obstáculos y la oposición, encabezada por Uribe, continúa con su enfoque contencioso y populista. Se afincan en que los desarmados tendrán impunidad, privilegios políticos y guardarán los ingresos obtenidos gracias a la producción y tráfico y de drogas. La organización internacional recomienda, a quienes apoyan la paz, corregir las imprecisiones y explicar de forma sencilla los beneficios de la transición “separando el acuerdo de la reputación de un Gobierno cada vez más impopular”. Sin embargo, a Colombia aún le tomará años honrar el compromiso adquirido con la reforma rural y lograr, con la ayuda de las FARC, un programa para reemplazar la coca con cultivos legales, en especial cuando los fondos son escasos y las ambiciones colosales.

“En este escenario de altas exigencias y escasa paciencia, el Gobierno y las FARC deberán demostrar que la incertidumbre de la paz es preferible a la violencia que ha golpeado a los colombianos durante tanto tiempo”, advierten. Si en el plebiscito del 2 de octubre falla el acuerdo, Colombia podría retornar a la guerra y empezar una nueva etapa de convulsión política, pero incluso si el plebiscito es exitoso el respiro será breve y todo dependerá de cómo se dé la transición a nivel local. Un escenario que podría estar marcado por “venganzas locales en contra de la guerrilla, el descontento de ciertos frentes de las FARC sobre partes del acuerdo, así como los intereses de otros grupos armados ilegales para asumir el control de tierras (cultivos de coca y negocios ilícitos anteriormente controlados por las FARC)”.

El éxito o fracaso de cada acuerdo será monitoreado por una Misión de la ONU, el árbitro neutral responsable de recibir y administrar armas, vigilar cantones e investigar y reportar las violaciones del cese al fuego; pero lo más difícil será lidiar con las expectativas de la comunidad y entender las dinámicas de otros grupos que permanezcan armados. Aquí el International Crisis Group recomienda un apoyo constante de la comunidad internacional para la misión. La transición es delicada.

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En el año 2013 a este reportero le tocó la tarea de entrevistar para el diario El Universal al embajador de Colombia en Caracas, Luis Eladio Pérez, quien estuvo secuestrado largo tiempo en poder de las Farc. Entonces, Pérez declaró: “Yo soy un convencido que la paz debe llegar lo más pronto a Colombia. Hemos sido muchas las víctimas en el país. Yo fui víctima, estuve secuestrado siete años por las FARC y se lo que es eso y se la necesidad que tiene nuestro pueblo de encontrar el camino que nos conduzca a la paz, a una paz duradera, a una paz negociada y concertada, no a una paz impuesta a través de los mecanismos de la guerra, porque así difícilmente se logra avanzar en el primer paso para la paz duradera que es el perdón”.

El llamado aleccionador al perdón de alguien que tiene tantos motivos para odiar al grupo guerrillero contrasta con la posición del expresidente Álvaro Uribe. “Los acuerdos con las FARC son un mal ejemplo; le dicen a los colombianos que asesinar o secuestrar policías no tienen castigo”, expresó el exmandatario el 29 de agosto, citado por la agencia EFE. Aseveró además que los acuerdos “elogian delitos” como el asesinato, la extorsión y el narcotráfico, pues “autoriza” a seguirlos cometiéndolos.

Esta semana su partido Centro Democrático introdujo una demanda -respaldada por 1 millón de firmas- de inconstitucionalidad en contra del Acto Legislativo para la Paz. Óscar Iván Zuluaga, coordinador de la campaña por el “No”, dijo al respecto: “Lo que hay es una sustitución de la Constitución para favorecer a las FARC. Este grupo, que es el que más ha atentado contra nuestra Constitución y nuestro Estado de derecho, tiene un acuerdo donde se hace todo un ajuste para complacerlo”, espetó.

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¿Castigo certero?

La justicia transicional es el conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han utilizado como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos. Entre ellas figuran las acciones penales, las comisiones de la verdad, los programas de reparación y diversas reformas institucionales, según definición del Centro Internacional para la Justicia Transicional fundado en 2001 y con sede en Nueva York.

Este fue el tema más espinoso entre las partes en el caso de las negociaciones llevadas adelante en La Habana, Cuba. El Acuerdo establece una jurisdicción especial para la justicia transicional y señala que “las sanciones tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz. Deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado, siempre en relación con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad que se haga ante el componente de Justicia”.

En ese sentido, se estableció que quienes confiesen sus crímenes recibirán penas privativas de libertad entre 5 y 8 años de prisión, pero para quienes no confiesen sus crímenes y hayan cometido hechos muy graves la pena puede estar entre 15 y 20 años. No obstante, se abre la posibilidad del cumplimiento alternativo de penas, como el servicio comunitario.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, dijo al respecto a BBC Mundo: “Castigar a criminales de guerra confesos y condenados con penas de servicio a la comunidad es grotescamente desproporcionado”. Añadió que “la comunidad internacional no debería hacer la vista gorda ante esta fachada de justicia en nombre de la paz”.

Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos destaca que es falso que la justicia transicional promueva la impunidad: “Habrá sanciones efectivas para los responsables de los delitos más graves. Algunos pretenden decir que la única sanción es la de la cárcel con barrotes, pero la experiencia internacional muestra que eso no es así. La Justicia transicional permite no sólo sancionar a los responsables por sus delitos, sino que las víctimas conozcan la verdad sobre lo que pasó con sus seres queridos, sean reparadas y existan garantías de que esos hechos que las victimizaron no ocurrirán otra vez”, declaró a El Tiempo.

En una entrevista televisiva, Santos planteó además que a él mismo le gustaría que los jefes de las FARC recibieran fuertes penas de prisión, pero que había que comprender que así sería imposible llegar a un acuerdo.

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Política sin plomo

Este es otro de los aspectos controversiales del Acuerdo: la forma como los miembros de las FARC harán vida política. En el capítulo 2, denominado “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”, se argumenta que “es necesario crear las condiciones y dar las garantías para que las organizaciones alzadas en armas se transformen en partidos o movimientos políticos, que participen activamente en la conformación, ejercicio y control del poder político, para que sus propuestas y sus proyectos puedan constituirse en alternativa de poder”.

En ese sentido, el documento permite la conversión de las FARC en partido político, pero además con importantes prerrogativas. Una de las más importantes es la garantía de contar con cinco representantes ante la Cámara Baja y cinco senadores durante los períodos parlamentarios que inician en los años 2018 y 2022. Si el partido que emerja del grupo guerrillero obtiene durante los comicios menos de esos parlamentarios, se procederá a completarle la cuota de los 10 parlamentarios, si obtiene más que ese número no se le concederán escaños adicionales.

También, el Acuerdo prevé el financiamiento estatal a la agrupación política. En Colombia, los partidos cuentan con ese apoyo financiero institucional. Medios de comunicación colombianos han revelado que el partido de las FARC recibiría el 20% del total que reciben las agrupaciones con fines políticos: un equivalente a 7 mil millones de pesos al año, aproximadamente 2 millones y medio de dólares. El Acuerdo establece un “Programa de protección especializada para las personas integrantes del nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal”. Entretanto, ya las tropas comienzan a concentrarse para trasladarse a las “zonas veredales transitorias de normalización”, que son 23 grandes campamentos donde pernoctarán y se prepararán para su incorporación a la vida civil.

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Las FARC, con el apoyo del Gobierno, podrán dar cursos de formación a la tropa que le facilite su normalización. A los 180 días de la firma del convenio, el grupo guerrillero deberá haber entregado progresivamente todo su armamento bajo supervisión controlada de observadores de la ONU y en esa misma fecha debe abandonar los campamentos para incorporarse a la vida civil.

Será el 2 de octubre próximo cuando los colombianos decidan con su voto la aprobación del Acuerdo y para ello deberán responder a la pregunta: ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?

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El delito se desparrama

¿Cuáles podrían ser las consecuencias para la región, y especialmente para Venezuela, de la llegada de la paz a Colombia? Kenneth Ramírez, doctor en Ciencias Políticas y presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI), considera que la conclusión exitosa del proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC (y quizás con el ELN) tendría un gran impacto en América Latina, “ya que cerraría el conflicto más largo que ha vivido la región y la fortalecería como una zona de paz, democracia y prosperidad”.

Señala que Venezuela ha visto de una manera muy idealista el proceso de paz en Colombia. “Lo ha alentado desde el final de la Guerra Fría con la esperanza de tener un vecino estable y, en los últimos 17 años con los gobiernos de Chávez y Maduro, con la secreta esperanza de contar con un aliado de importancia en el ámbito político colombiano: un Polo Democrático fortalecido y relanzado con unas FARC (y quizás el ELN) desmovilizadas y constituidas en un frente político de izquierdas con opción real de poder”.

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No obstante, advierte que Caracas no se ha preparado para un escenario donde algunos grupos y frentes guerrilleros no desmovilizados aprovechen el vacío de las instituciones del Estado venezolano en la frontera para ejercer el crimen organizado transnacional. “Observo un riesgo bastante importante en esto, que puede afectar la seguridad de nuestro país, por lo cual debemos prepararnos: Se debe diseñar un plan de contingencia, fortalecer nuestras instituciones y aumentar la cooperación bilateral con Bogotá”, recomienda.

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El abogado criminalista Fermín Mármol García tiene una opinión similar. El experto declaró a Panam Post que “es lógico suponer que vamos a tener una segunda oleada de estructuras criminales colombianas hacia Venezuela, como ya lo vivimos, y no tuvimos la fortaleza como nación para prepararnos”.

Sostiene que muchos criminólogos creen que con estos acuerdos de paz “habrá estructuras de las FARC que no van a ceder el control de la cocaína, que es una industria poderosísima, y que estarán dispuestos a ir a territorios con instituciones debilitadas, y pudieran tratar de asentarse en Venezuela”.

¿Estará la Fuerza Armada Nacional venezolana preparándose para estos escenarios o la tarea recién encomendada de designar generales para cada rubro alimenticio y la persecución a opositores por “planes desestabilizadores” le ocupa todo su tiempo?

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