Concreteras de Misión Vivienda: más daño que beneficio armado

No le llame cementeras; llámelas plantas dosificadoras de concreto. En 2012, en pleno auge de la Misión Vivienda, las instalaciones, compradas en China, tomaron Caracas de este a oeste y de norte a sur. Había en el aeródromo de La Carlota, en Santa Eduvigis, la avenida Lecuna, Montalbán, La Yaguara, Santa Mónica, La Limonera y La Rinconada.

En ese entonces, el ministro para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, Francisco Sesto, justificaba su presencia alegando que eran necesarias para el avance de los desarrollos habitacionales. “No pueden estar fuera de las ciudades, porque una vez hecha en ellas la mezcla, no debe pasar mucho tiempo para que se efectúe el vaciado en obra. Me dicen que el tiempo límite está estipulado en hora y media. Y hay que considerar, por supuesto, nuestros problemas de tráfico urbano”, escribió en su blog en mayo de ese año. En 2012, la Misión Vivienda prometió la construcción de 350.000 apartamentos. Cuando se lanzó el plan, en abril de 2011, se fijó como meta la edificación de 2 millones de viviendas en siete años.

Pero el rechazo al polvillo de sílice fue tan letal como sus efectos. Los vecinos de varias de las comunidades afectadas plantearon crear un frente unido para rechazar las concreteras y aunque el ex ministro aseguraba que eran “de última tecnología, absolutamente llenas de filtros, donde el cemento no ve la luz en ningún momento”, los hechos se encargaron de quitarle la razón: en la escuela Doña Esther de Gouverner, cercana al puente Los Leones en El Paraíso, las maestras aseguraban que semanalmente tenían casos de niños enfermos por gripe, asma o virus; la Escuela Nacional Bicentenario Republicano, en la avenida Lecuna, en San Agustín, tuvo que suspender dos días de clases, en mayo de 2012, porque una nube de polvo cubrió las instalaciones debido a una fisura en uno de los silos; y los 150 estudiantes de un Simoncito ubicado al lado de la estación del Metro de Parque Miranda también se cuentan entre los que más se enfermaron por el polvillo.

¿No importan los medios si el fin es bueno? Para Fernando Castro, vicepresidente del Consejo Venezolano de Urbanismo, por más que la Misión Vivienda haya buscado resolver el déficit habitacional eso no justifica que haya servido para avasallar el marco jurídico nacional. “Cuando el presidente Chávez llegó al poder en 1998 el déficit era de 1.500.000 viviendas. En 2010 el número ya iba por 2.750.000. No puede ser que por la propia omisión se pretenda vulnerar el pacto social que es la Constitución, dejando de lado el artículo 299, referido al apoyo entre el Estado y la inversión privada y el 178 que señala que las competencias en materia urbanística son estrictamente municipales. Queriendo resolver un problema, se vulneró la propiedad, la autoridad municipal y se le hizo daño a la ciudad”.

Obra terminada, concretera desmontada

Su desmontaje no causó mucho revuelo. Con la misma celeridad que aparecieron, fueron removidas cuando la obra a la que servían estuvo “completa”.  “Lo que quedó de esa concretera fueron enfermedades”, afirma Johan Rosillo, vecino de Parque Central. Asegura que más de 400 árboles fueron sacrificados debido a la instalación de la planta en las áreas del Paseo Vargas, donde se construyeron 776 apartamentos. “Otra de las consecuencias que tuvo es que una alcantarilla se tapó completamente, y cuando llovía se formaba un gran charco. No sabemos si eso continuará cuando empiecen las lluvias. Ahora que no está, no hay reportes de enfermedades respiratorias como en esa época”.

La concretera de La Limonera, en Baruta, también desapareció. “Funcionó mientras hubo obras. El gobierno necesitaba resolver el problema de los damnificados y al mismo tiempo le sirvió de campaña política, porque le dio esperanza a una gran cantidad de gente de tener un techo propio”, opinó Kiomara Scovino, vocera del consejo comunal Prados del Este. “Era necesario un plan urbano. Se hicieron viviendas sin considerar equipamientos, ni servicios; ahora su impacto socioeconómico, y también político, es terrible”.

En la avenida Intervecinal de Cumbres de Curumo también fue removida la concretera que sirvió para construir el Complejo Habitacional Nelson Mandela, entregado en 2014. Wilter Ochoa, del grupo 100% Santa Mónica, resume el impacto de la concretera en una palabra: “contaminó”.

Había un patrón al momento de instalar las procesadoras de concreto en áreas urbanas: nunca presentaron a las comunidades, por más vehemencia con que los exigieran, los estudios de impacto ambiental y sociocultural ordenados por la Constitución —de la concretera, ni del futuro desarrollo habitacional—, aunque levantaban sus silos en tiempo récord sin los permisos necesarios que debían otorgar las alcaldías, y los vecinos no eran consultados en ningún momento, aunque eran los más perjudicados por las enfermedades, luces encendidas toda la noche, el ruido y la constante entrada y salida de camiones.

“Es una práctica en cualquier parte del mundo colocar concreteras en donde hay obras grandes; pero esto se debe hacer evaluando el impacto ambiental, lo que implica tomar previsiones para evitar la contaminación; y medidas de mitigación y compensación para ayudar a subsanar las molestias a la comunidad”, explicó Leopoldo Provenzali, arquitecto y exsecretario de Planificación Urbana de la Alcaldía Metropolitana.

¿Una victoria?

Cuando Odebrecht llegó a Santa Eduvigis por las obras de la línea 5 del Metro informaron a la comunidad que abrirían un foso, pero omitieron hablarles de la concretera. La planta fue instalada una noche de 2009 en el campamento de Parque Miranda. En 2011, la Alcaldía del municipio Sucre firmó un convenio de dos años con Odebrecht, en el que se acordaban medidas para minimizar el impacto ambiental y la instalación de barreras de sonido. Los vecinos dicen que la empresa brasileña nunca cumplió los acuerdos. El 7 de diciembre de 2013 se acabó el plazo para que los constructores del Metro retiraran la planta.

“Lo que hicieron fue cambiarla de sitio, moverla un poquito; pero desde 2015 esa obra pareciera estar paralizada. Hay muy poco movimiento”, afirma Vilma Garbán, residente de un edificio ubicado frente al campamento, en la avenida Rómulo Gallegos. Desde arriba, el panorama es desalentador y lo que ya debería ser una estación del subterráneo, luce más bien como depósito, con contenedores y maquinarias amontonados de cualquier manera.

Al no aplicar los mecanismos de control de contaminación, los efectos de la concretera los padecen las personas, la flora, la fauna, el aire y los cuerpos de agua cercanos. En Santa Eduvigis, hasta las guacamayas emigraron buscando lugares más amigables. “El panorama que tenemos en frente es lamentable. Da rabia. Desde cualquier ventana lo que vemos es una grúa en lugar de los árboles que allí estaban”. Eso sin contar las enfermedades. Garbán estuvo 14 días hospitalizada por una neumonía, su hermana tuvo bronquitis y su mamá, laringitis. Además, su padre falleció de cáncer de pulmón y nunca fumó.

Las que permanecen

Una concretera sigue funcionando en la avenida Teherán de Montalbán. Allí el movimiento de camiones sigue día y noche, aunque las obras de la Misión Vivienda terminaron hace tiempo. En donde funciona la planta, hace poco instalaron una valla de la Corporación Socialista del Cemento que dice: “Bienvenido. Planta de Concreto Cardiológico”. Los vecinos sospechan que ahora el concreto lo destinarán a las obras del Hospital Cardiológico de Adultos de Montalbán.

Pedro Hidalgo, vocero del Consejo de Copropietarios de Juan Pablo II, indica que la construcción del centro asistencial tiene dos años paralizada, no así el movimiento de camiones. “Las quejas por el polvo y las enfermedades respiratorias continúan. Hubo protestas para que el Estado tomara medidas, pero qué va. No atienden las peticiones de los ciudadanos”. También les preocupa que cuando llueve se forma una laguna, que puede ser criadero de zancudos en tiempo de dengue, zika y chikungunya.

“Si existiese gobernabilidad y normas las cosas podrían funcionar sin problema. Lo que pasó fue que la Misión Vivienda, de golpe y porrazo, violentó todas las leyes y normativas. Es así como tenemos edificios construidos en terrenos privados y equipamientos desbordados. No hubo acompañamiento social ni seguimiento y las obras se hicieron sin control: había materiales en la calle que obstruían las aceras. Hay ordenanzas muy rígidas que prohíben eso y se irrespetaron”, afirmó Provenzali.

El de La Carlota es un caso emblemático. Tal fue el ruido que hicieron los habitantes de Chuao en su contra que el propio exministro Sesto, ofreció una rueda de prensa en sus instalaciones para explicar su funcionamiento. Se suponía que su motivo principal era surtir el concreto para la construcción del Parque Bolívar en la base aérea y ser un apoyo para las obras de la Misión Vivienda.

La planta de Producción y Distribución de Concreto Construpatria «La Carlota» tiene capacidad para despachar semanalmente entre 1.000 y 1.500 metros cúbicos —120 metros cúbicos por hora. Ahora, los habitantes de Chuao dicen que se trata de 10 hectáreas de estacionamiento de camiones. Eso no quita que algunos vecinos todavía sufran las consecuencias en su sistema respiratorio. “Esas son enfermedades acumulativas, por eso todavía hay personas con los síntomas”, aseguró Sandra Carrillo, de Asochuao.

Si mira hacia atrás y considerando que la planta está paralizada, afirmó que no sobredimensionaron la situación. “Es importante denunciar, plantear soluciones y llegar a acuerdos. En este caso era el Estado quien estaba violando las normativas que él mismo imponía. Las leyes son para que todos las respeten. Lamentablemente nunca tuvimos acceso a los encargados. Siempre que buscábamos algún contacto nos sacaban de La Carlota como si no tuviésemos derecho de estar ahí”.

El Parque Bolívar debía estar listo en 2016, por eso era imprescindible la dosificadora de concreto. “Lo único que está construido es una pasarela de dudosa calidad. De resto no se hizo nada. Nosotros queremos un parque”, dijo Carrillo.

Después de cuatro años de diatriba, a Zulma Bolívar, presidente del Instituto Metropolitano de Urbanismo, le faltó un pronunciamiento del Ministerio del Ambiente: “Si esas concreteras hubiesen sido de empresas privadas seguro nunca habrían conseguido los permisos. Tuvieron un impacto inmediato y a largo plazo en el ambiente y en su entorno inmediato. Es una vergüenza que en La Carlota, en lugar de haber flores y árboles, estén los restos de una concretera”.