Corría el 2004 y la entelequia del “socialismo del siglo XXI”, propugnada por Hugo Chávez, se herrumbraba en una buena parte de la población. En agosto del año anterior, 2003, más de tres millones venezolanos estampaban su firmas en actas recolectadas por la Coordinadora Democrática, en alianza de Súmate, entre otras ONG. El propósito no era otro sino presentarlas ante el Consejo Nacional Electoral para hacer valer el artículo 72 de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Ese que consagra y preconiza: “Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario…”. Sí, tres millones seiscientas mil personas, criollitos de pura cepa, asiéndose de su derecho constitucional, invocaban la figura de Referéndum Revocatorio Presidencial. Los más extremistas o heterodoxos, dependiendo de la lupa de quien lo mire, pretendían sacar, en un santiamén, al entonces presidente Chávez del proscenio de Miraflores.
Las triquiñuelas, superchería, trampas y añagazas, sin embargo, pronto se sucederían para contener los comicios que sentenciarían la voluntad popular. El gobierno y todos los poderes supeditados al Ejecutivo amañarían los contradiós y reveses para evitar el conteo final y así extinguir esa última lumbre de terquedad civilista: salida electoral. “Era el último empeño de usar los recursos constitucionales para solventar los problemas del país de forma democrática y civilizada”, suscribe la periodista Milagros Socorro. Dos veces fueron invalidados los esfuerzos: en agosto y noviembre. El CNE los rechazó. Alegó, so pretexto de que no se cumplían con las formas, alteraciones no sólo en las caligrafías de los firmantes sino también incumplimientos en los tiempos. La decisión sirvió para que el gobierno desatara su inquina en contra de los que se oponían —por ejemplo: emergió la aviesa “Lista Tascón” para atentar, agredir y coludir a quienes habían firmado— y desplegara, dólares mediante, sus caridades. Nacieron, de un plumazo, las misiones. “Para silenciar, comprar y sobornar al pueblo en detrimento de su libertad”, vuelve Socorro.
Luego de una apelación de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y de que el CNE aceptara más de dos millones cuatrocientas mil firmas, el organismo electoral dio su anuencia. El 15 de agosto de 2004 se celebrarían las votaciones. Después de la larga jornada, en la que pulularon desencuentros e infamias entre bandos, los rectores anunciaban, a las cuatro de la mañana del 16, el triunfo de Chávez. Votos a favor del presidente de marras: 5.800.629, 59.1%, votos en contra: 3.989.008, 40%. Y, por supuesto, el sufragio sirvió también de empadronamiento. Traslució más de cuatro millones de votantes que se pintaron el meñique con la tinta de la irresponsabilidad y abstención. “Chávez interpretó los resultados como era de esperarse. Se sintió ungido y creía tener la licencia de satisfacer sus caprichos a costa de la institucionalidad de la nación. Era y fue la carta blanca para la destrucción del país”, remata Socorro.
¿Qué dejó el Referéndum Revocatorio diez años después? Para algunos especialistas, políticos y demás ciudadanos —más bien: para la otra gran mitad del país, la que obsta este tipo de gobierno y sistema— las consecuencias son: inflación que deseca bolsillos; inmigración de venezolanos valiosos que, como una hemorragia, desangra esperanzas y futuros; parque industrial obsoleto e improductivo; confiscación de libertades; violencia y delincuencia sin frenos y, por supuesto, una gran deuda social. “Que se multiplica cuando se deterioran y menoscaban las instituciones”, pone el punto final Milagros.
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