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Cuando no hay cómo pagar ni dónde caerse muerto

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29/10/2018
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PORTADA: AFP | FOTOS EN EL TEXTO: AFP Y DANIEL HERNÁNDEZ

La muerte es una certeza. Tarde o temprano a todos les llega la inevitable hora. Lo que no es seguro es si quienes quedan en vida podrán costear un entierro digno, sobre todo en hiperinflación. La crisis no respeta el descanso eterno de los difuntos, ni el luto de los venezolanos

A mediados de este año, Jhon Quiroz tuvo que enfrentarse por primera vez a la muerte de un familiar cercano. Su abuela, enferma de Alzheimer, falleció por un paro respiratorio en su residencia ubicada en el barrio Brisas de Propatria, al oeste de Caracas. El muchacho de 27 años se hizo cargo de todo el proceso para velarla y lo recuerda como uno de los momentos más estresantes de su vida.

El primer obstáculo fue trasladar el cuerpo. Jhon debía ir a la Policlínica Méndez Gimón, en la avenida Andrés Bello, para conseguir la firma del médico que había atendido a su abuela durante la hospitalización. Sin embargo, el transporte público desaparece de la zona a las 6:00 pm, hora en que murió la señora, y salir del barrio sin carro es una misión imposible.

funerarias-cita5A las 10:00 pm, consiguió hacer el viaje, pero fue en vano: el doctor no estaba en la ciudad. Intentó persuadir a las enfermeras para que firmasen el certificado de defunción, pero estas se negaron, respetando la norma. Sin el documento, la funeraria no podía actuar y el cuerpo de su abuela pasó toda la noche en su casa, frío.

Al día siguiente, Jhon acudió al Seguro Social de Catia y el resultado fue similar. Aunque llegó puntual a las 6:00 am, el horario de los funcionarios públicos es a partir de las 10:00 am. “Tuvimos que hablar con una palanca. El médico de una funeraria en Catia firmó a cambio de 2 millones (Bs.S 20)”, resolvió.

Quiroz logró sacar el acta de defunción, más los problemas no terminaron ahí. Debía pagar el servicio velatorio de la funeraria Vallés, el cual estaba calculado en Bs 690.000.000 (Bs.S 6.900) para el mes de julio. En septiembre, la tarifa subió a Bs.S 32.000 Bs.S e incluye la capilla básica, urna de madera -solo para entierros-, preparación del cuerpo, servicio de cafetería, asesoría para trámites legales y el traslado.

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Los seguros de la familia Quiroz solo alcanzaron a cubrir un 50%. Si no cancelaba el restante, el cadáver no saldría de la casa. La solución fue vender dólares que tenían guardados. Y aún faltaba el entierro. Al final, se decidió que la cremarían por ser la opción más económica. Para hacer la contratación del servicio, Jhon fue al Cementerio del Este, en La Guarita. Esperó tres horas en cola para que lo atendieran y tuvo que pagar Bs 60.000.000 Bs (Bs.S 600) al momento, o no le harían el contrato.

Para colmo de males, la funeraria todavía no había buscado el cuerpo de su abuela. La compañía alegó que solo funcionaba una carroza fúnebre y que la señora tenía más muertos por delante, por lo que debían ser pacientes. Terminaron retirando el cadáver a las 5:00 pm, dos horas más tarde de lo acordado. “En vez de ser una despedida tranquila, es un proceso agotador. No me dio chance de llorar a mi abuela. La situación del país afecta a todos, incluso a los muertos”.

funerarias-cita4La Funeraria Vallés no es la única que tiene inconvenientes con su parque automotor. En La Popular, ubicada en la avenida Fuerzas Armadas, solo sirven seis de las 20 carrozas que tienen en su haber. Si se accidentan, tienen que pararlas por la falta de cauchos, repuestos y aceite. Lo mismo ocurre en la funeraria El Rosal en Chacaito: de 16 carros, solo nueve están funcionando para cubrir todos los servicios.

El Consejo Nacional Electoral establece que para poder sacar el acta de defunción, se deben presentar en el Registro Civil los siguientes recaudos: Certificado de defunción EV-14 original, copia de la cédula de identidad del fallecido/a u otro medio de prueba que permita su identificación, original y copia de la cédula de quien declara el fallecimiento, y original y copia fotostática de la cédula de dos testigos mayores de edad.

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Para retirar la planilla EV-14 se debe ir a la Dependencia de la Sanidad, cuya sede principal queda en El Cementerio, o a los distritos sanitarios que corresponden al municipio. Un proceso que luce rápido y sencillo, pero las apariencias engañan.

Cuando el suegro de Jesús Zapata falleció en agosto de este año, él acudió a El Cementerio para buscar el certificado de defunción, pero no pudo obtener el documento. A pesar de que, en teoría, el ente debe trabajar las 24 horas del día, los pocos funcionarios que quedaban en el lugar le argumentaron que ya era tarde, porque “cerraban” a las 7:00 pm. La funeraria no puede actuar si no se tiene el certificado de defunción.

Al día siguiente, fue a Sanidad de San Martín temprano en la mañana. “Esperaba conseguir la EV-14 ahí, pero me dijeron que no podían dármela porque no eran nacionales”, relata Zapata. Sin embargo, según lo establecido por el Ministerio para la Salud, los municipios y/o distritos sanitarios deben distribuir los formatos a nivel local, para así llevar un control de las muertes que ocurren en la zona. A Jesús le tomó todo un día conseguirla.

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En cuanto a precios, Zapata recuerda que en febrero, cuando pagó el sepelio de su hermana, costó Bs 52.000.000 (Bs.S 520) el servicio en la funerara Vallés. En seis meses, subió a Bs 910.000.000 (Bs.S 9.100). Para pagar el monto, él y su familia tuvieron que usar tarjetas de crédito y hacer hasta ocho transacciones por los límites en los puntos de venta. “Lo más costoso fue el ataúd. La urna más económica salía en Bs 400.000.000 (Bs.S 4.000). El piso no está reforzado y te piden que metas la mano por debajo cuando la vas a alzar. La más cara, que ni siquiera es de metal, sino de madera pintada, estaba en mil millones (Bs.S 10.000)”, afirma.

El presidente de la Asociación Profesional de la Industria Funeraria (Asoproinfu), Javier Montoya, advierte que la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) no está produciendo las láminas de acero pulido que necesitan las empresas fabricantes de féretros. Mensualmente, la industria requiere cerca de 15.000 toneladas de este insumo, cuyo valor es de 10 dólares en el mercado internacional, más la pintura y los insumos necesarios para el acabado interno. Entonces, por la escasez de divisas y de materiales, se decide utilizar materiales de menor calidad como fibra de densidad media (MDF).

funerarias-cita3No obstante, los precios de las urnas siguen en alza por la inflación, llegándole a costar hasta Bs.S 8.000 a las empresas del sector. El coordinador de servicios de la funeraria Virgen del Valle, Luis Guerrero, expone que últimamente las urnas alquiladas para las cremaciones son recuperadas y tapizadas para ser usadas nuevamente en otros encargos. Sin embargo, las familias sin los recursos suficientes para pagar un sepelio optan por construir cajas improvisadas, usar escaparates, bolsas negras y hasta sábanas para darle sepultura a sus seres queridos.

Otros gastos que abultaron la cuenta de Jesús fueron el de una van que trasladaría a los familiares hasta el Cementerio del Este, la cual salió en Bs 40.000.000 (Bs.S 400) y abrir el hueco en el terreno, que costó Bs 220.000.000 (Bs.S 2.200). Para el mes de septiembre, el servicio de apertura de la fosa estaba valorado en Bs.S 18.500. Y a mediados de octubre, con una inflación diaria de alrededor de 4%, calcula a cuánto llegaría.

Y ni el golpe al bolsillo aseguró la tranquilidad del entierro. “La salida al cementerio se retrasó. Se suponía que lo enterrarían a las 2:00 pm, pero fue a las 4:15 pm. Ya los vigilantes nos estaban corriendo”. La inseguridad que impera en la ciudad también ha calado en el camposanto, donde se han presentado casos de tumbas profanadas y hurtos de placas.

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Además, Jesús señala que días después, cuando fueron a visitar la tumba, no estaba identificada ni arreglada, y el cementerio actuó solo cuando reclamaron. “Hay que mantener la calma, porque está fuera de tus manos. No los culpo, pero si me estás cobrando tanto dinero, al menos préstame un servicio de calidad”.

La decadencia no solo se evidencia en las funerarias y los cementerios, sino también en las morgues. En julio, Roberto Alas fue testigo de ello. Su tío murió en el Hospital Dr. Domingo Luciani, en El Llanito. Para reclamarlo, necesitaba los documentos de identidad de los hermanos, ya que el señor era soltero y jamás tuvo hijos. “El problema estaba en que algunos de sus hermanos están muertos y los otros no están en el país”, relata.

La búsqueda de la información tardó una semana. Durante ese período, los trabajadores del hospital presionaban a la familia Alas diciéndoles que enviarían el cadáver a una fosa común si no lo retiraban en siete días. Entonces, Roberto visitaba diariamente el centro médico y constataba que hacía todo lo necesario para no dejarlo allí.

funerarias-cita2Una vez reunidos los requisitos, Roberto fue a la morgue a recoger el cuerpo. Lo que vio fue tétrico. Ocho cuerpos estaban encima de unas camillas y nada los cubría. Como el aire acondicionado estaba dañado, el fétido hedor impregnaba el lugar. No había iluminación y las cavas no funcionaban. Reconocer a su tío fue una tarea difícil. “No es lo mismo verlo normal a verlo en ese estado. Estaba muy abombado. Lo pienso y aún siento escalofríos”.

A pesar de que ya habían pagado los 136 millones de bolívares fuertes (Bs.S 1.360) por el servicio completo, no pudieron velarlo. La funeraria Jardines del Cercado se encargó de llevarse el cuerpo, pero hubo que cremarlo directamente por lo descompuesto que estaba.

Así como en Caracas, las morgues clínicas de otros estados también están en condiciones precarias. En el Hospital Universitario Dr. Pedro Emilio Carrillo de Valera, los cadáveres no tienen suficiente espacio para reposar. De acuerdo a Benigno Velásquez, patólogo clínico del hospital, los cuerpos son metidos en bolsas negras y apilados, porque solo funcionan cuatro de las cinco cavas mortuorias. “Aunque las familias reconocen a su familiar, los dejan allí porque no tienen el dinero para enterrarlos”, afirma.

De igual modo, el forense señala que el colapso de la morgue viene dado también por la demora del Estado para hacerse cargo de los cadáveres abandonados. “Se supone que deben ser entregados en un tiempo no mayor a cuatro horas, pero hay unos que han pasado desde 15 días hasta un mes para que el gobierno les asigne un hueco o los mande a una fosa común”.

De acuerdo con el artículo 39 de la Ley para la regulación y control de la prestación del servicio funerario y cementerios, publicada en Gaceta Oficial No. 40.358, los municipios están obligados a garantizar y prestar gratuitamente el servicio funerario a aquellas personas en estado de pobreza extrema o indigencia que así lo requieran.

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Pese a esto, en la Alcaldía del municipio Libertador de Caracas las ayudas para las exequias son escasas. El ente gubernamental no realiza traslados, ni velatorios, pero sí dona féretros cuando se trata de una cremación y presta asesoría legal. Solo en contadas ocasiones otorga fosas en el Cementerio General del Sur, El Junquito, Antímano o Macarao, porque ya los terrenos están al tope. “De 20 peticiones semanales, solo alcanzamos a cubrir 2 o 3 diarias. Tratamos de no decir que no y resolvemos en la medida de lo posible, porque es un momento muy doloroso para la persona. Así no podamos ayudar, anotamos los datos y el número del solicitante para hacerle un seguimiento al caso”, explica Glexys Molina, gerente interina de recursos humanos de la Alcaldía.

Pero hay peticiones que el Estado ignora y los principales afectados son los hogares sumidos en pobreza extrema, los cuales representan el 61,2% de la población según la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2017. Impotentes, las personas se ven forzadas a tomar medidas desesperadas para sepultar a sus seres queridos.

Un ejemplo de ello ocurrió en Maracaibo, en el barrio Los Tres Reyes Magos. Ender Bracho, de 39 años, falleció en su hogar por una septicemia, producto de una infección en el oído. Por la escasez de medicamentos y las precarias condiciones de los centros de salud, no lo atendieron en el Hospital Universitario, ni en el Alfonso Pons. Su muerte significó un calvario para los Bracho, puesto que no tenían el dinero para costear una cristiana sepultura.

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La familia intentó usar el seguro funerario para cubrir los costos, pero fue inútil. El contrato había vencido por un atraso en el pago de las cuotas. Entonces, optaron por pedir ayuda en la Alcaldía y la Gobernación. Ninguno de los dos entes respondió.

Ante los oídos sordos del Estado, los Bracho decidieron actuar por su cuenta y cavaron una fosa en el patio de la casa. Allí, envuelto en sábanas, dejaron el cadáver de Ender. El improvisado entierro fue documentado por el periodista Lenin Danieri. Después de la publicación, la Gobernación del Zulia actuó: se hizo cargo de todos los gastos funerarios y habilitó un espacio en el cementerio San Francisco de Asís.

“La gente de la gobernación metió presión para que la familia desmintiera el hecho, que dijera que eso fue una invención de los medios, que el Gobernador siempre había estado pendiente. Ni la mamá ni su hermana se prestaron para eso”, asegura Danieri, quien recibió amenazas de parte del gobierno por haber difundido el suceso.

 


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  Lo ocurrido con Ender no ha sido un caso único. Larry Toro, miembro de de las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH) en el estado Barinas, denunció mediante un video que, tras no recibir ayuda alguna de los jefes de gobierno, ni del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), tuvo que usar su patio de camposanto para enterrar a su mamá. Igualmente, en Portuguesa, los familiares de Ramón Francisco Arroyo abandonaron su cadáver a las puertas de la Alcaldía del municipio Turén, ya que no tenían recursos para enterrarlo y el alcalde Onofrio Cavallo se negó a prestarles apoyo. Tragedias que evidencian las grietas de un país en crisis, donde no hay respeto por la vida y mucho menos por la muerte.