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Disminución del delito en Venezuela, un espejismo

Portada Inseguridad
11/01/2019
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TEXTO: FRANCIS PEÑA Y VÍCTOR AMAYA | PORTADA: ARCHIVO AP

El ministro de Interior y Justicia afirmó que en 2018 hubo menos crímenes en el país. Los alcaldes de Caracas también lo celebran. Las estimaciones del Observatorio Venezolano de Violencia confirman una reducción. Pero, ¿es Venezuela un país más seguro o uno más vacío? El juego de las cifras lo permite todo, incluso su descontextualización. Entretanto, muchos siguen llorando miles de pérdidas, humanas y materiales

A Juan le robaron el celular mientras caminaba por el municipio Chacao en Caracas el 11 de octubre de 2018. Más temprano, ese mismo día, un niño de 12 años murió al recibir una bala perdida en un enfrentamiento entre policías y supuestos delincuentes. Horas después, el ministro de Interior y Justicia Néstor Reverol aparecía en la televisión venezolana anunciando que en Distrito Capital había una disminución de incidencia delictiva.

Alcaldes de los cinco municipios que conforman Caracas no difieren del militar y han ovacionado la reducción de delitos dentro de sus jurisdicciones. Pero en Venezuela se ha ido tanta gente que para hablar de menor incidencia delictiva hay que poner una lupa. No todo se reduce a números, aunque muchos aún hablan.

Durante 2018, en Venezuela murieron menos personas por hechos violentos, en comparación con 2017. Las estimaciones del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), una ONG que hace seguimiento a la criminalidad en el país, fijan en 81,4 por cada cien mil la tasa de homicidios a escala nacional al cierre de 2018. Según los datos del OVV, 23.047 personas resultaron muertas por causas violentas. Allí se incluyen 10.422 homicidios, 7.523 caídos por “resistencia a la autoridad” y otras 5.102 “muertes en averiguación”.

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La “epidemia de violencia” convierte al país en el de mayor violencia criminal del mundo, aunque muestra una reducción. La misma organización cifró en 26.616 personas las personas caídas durante 2017. Esa cifra contemplaba que 16.046 fueron homicidios, 5.535 resistencias a la autoridad y 5.035 se encuentran en averiguación. La tasa de homicidios entonces se fijó en 89 por cada 100.000 habitantes. Más atrás, el OVV estimó en 2016 que se produjeron 28.479 muertes violentas ese año, con una tasa de 91,8 homicidios por cada cien mil habitantes.

Fueron años de protestas, de represión de Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), calificadas como de exterminio por defensores de derechos humanos como Provea. Pero también de emigración. Mucha emigración. Al menos tres millones de venezolanos viven en el extranjero; de ellos 2,4 millones en América Latina y el Caribe, según un informe de Acnur y la Oficina Internacional de Migraciones de la ONU publicado en noviembre de 2018. Una cuenta que no deja de crecer.

Se trata de una fuga humana que no solamente ha vaciado ciudades, puestos de empleo y casas de familia, sino que también ha reducido en número a las potenciales víctimas de algún hecho delictivo. “Las reducciones de criminalidad no se corresponden con la intensidad del crimen en la calle. A cada rato hay homicidios impactando la opinión pública”, explica el abogado criminalista Luis Izquiel recordando decapitaciones, desmembramientos y demás casos de los llamados “crímenes horrendos”, convertidos en habituales. El experto cita la reducción de cifras en bruto, de números enteros, pero su poca incidencia en el relato de la realidad. Y en la cuentas poco se habla de otras fechorías como el secuestro, el robo, los hurtos y pare usted de contar.

Funcionarios como Néstor Reverol han anunciado orgullosos que el crimen ha disminuido. El 21 de diciembre de 2018, el ministro de Interior y Justicia declaró que los delitos se redujeron 28,6% durante ese año. Agregó que las víctimas de homicidios bajaron en 27,8%. “Alrededor de 4.000 homicidios se han dejado de cometer, con respecto al año anterior”, indicó.

Izquiel disputa el manejo de cifras. Para poder hablar de una verdadera disminución, la fórmula a seguir es una que ya está establecida en estándares internacionales: los delitos deben contabilizarse por cada cien mil habitantes. Y el ministro no dio la tasa. Se trata, de hecho, de un número censurado desde hace más de una década en el despacho que encabeza Reverol.

Violenciacita3En cambio, Pablo Fernández, secretario ejecutivo del Consejo General de Policía, dijo en una entrevista radiofónica en noviembre que la tasa de homicidios en 2017 fue de 47 por cada cien mil habitantes, y la de 2018 sería apenas 30 por cada 100 mil. Son números difíciles de verificar pues no están sustentados en documentos públicos. En todo caso, se trataría de una abrupta caída de 50% en tan solo dos años, en contraste con datos divulgados por el Ministerio Público cuando estaba en manos de la ahora exiliada Luisa Ortega Díaz (y nunca ratificados por el Ejecutivo nacional). Además, muy alejados de los que maneja el Observatorio Venezolano de Violencia.

La tendencia, no obstante, se mantiene. Decir que el delito ha bajado está de moda, y sirve para la propaganda. Lo hace el gobierno nacional, pero también los gobernadores y alcaldes. En Caracas, todos coinciden.

Bajando los números

En Baruta, el alcalde Darwin González decía orgulloso el pasado julio que en la jurisdicción que preside no se registraron homicidios. Dentro de las cuentas que llevaban durante el año, esas cero muertes incidían en lo que él aseguró como una disminución superior al 50% del total de crímenes en comparación al año 2017.

Un escenario similar pero con números distintos se presenta también en Chacao y El Hatillo. En el primero de esos municipios, según su alcalde Gustavo Duque, entre enero y agosto de 2018 la inseguridad disminuyó 40% en todos los delitos. Para su homólogo Elías Sayegh en la entidad hatillana, el porcentaje fue de 26% menos, pero eso sí: el número lo ofreció únicamente hasta mayo.

Para los ediles chavistas que ocupan las carteras municipales de Libertador y Sucre, Érika Farías y José Vicente Rangel Ávalos, el discurso fue el mismo. Ambos habían prometido una Caracas más segura cuando compitieron por los cargos que hoy ostentan y, en sus ojos, lo lograron.

En Petare se prometió reestructurar la policía municipal “para prestar seguridad a las cinco parroquias que conforman el municipio”, porque en el momento contabilizó menos de 100 funcionarios y cero patrullas o motos. Una vez electo, confió en el apoyo del gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, para dotar de equipos al cuerpo uniformado.

Por su parte, Farías contaba el 4 de diciembre de 2017 que ella creía en un “policía que acompaña, previene y educa al pueblo” y asumía que dentro de su plan de gobierno, el de seguridad sería su mayor reto. Reverol apareció en televisión el 6 de junio de 2018 parado al lado de la alcaldesa de Libertador para anunciar un equipamiento a la Policía Municipal de Caracas. En sus palabras aseguró dotar a los policías de la jurisdicción con 50 radios patrullas y 40 motocicletas. El ministro no perdió la oportunidad para alabar los 101 cuadrantes de paz en los que categorizaron a Caracas para “tener una policía de proximidad”. El militar contabiliza una disminución de 35,4% del delito con respecto a octubre del año anterior.

La realidad detrás de los porcentajes

Las razones que se esconden tras la baja en esos números varían. Para Gustavo Duque reside en la conexión directa que tiene con los vecinos de Chacao y se jacta de contar con 110 chats de Whatsapp exclusivos para la seguridad del municipio. Defiende que  en su gestión, se entiende a la seguridad como “algo que no debe politizarse”. Para Sayegh, por otra parte, en El Hatillo hay menos crímenes gracias al despliegue de la policía, los puntos de control aleatorios y un sistema de patrullaje reforzado. En Baruta, Darwin González no titubea en responsabilizar “a la efectividad de las labores preventivas ejecutadas por la Policía municipal”.

Pero el éxodo venezolano, la descentralización de información, la deserción policial y los obstáculos para hacer denuncias también tienen su cuota de responsabilidad. Izquiel explica que para determinar el número real de crímenes en Caracas hay un principal problema: el gobierno obstaculiza la obtención de datos alternativos de muertes violentas en Caracas. “Hasta hace unos años, los periodistas obtenían información extraoficial de cadáveres que entraban a Bello Monte, por ejemplo pero desde hace dos años eso es imposible. Esa información la descentralizaron en distintas morgues y ya no todos los cadáveres van a Bello Monte. Eso lo hicieron adrede”. Los datos fuera de los oficiales a los que se tienen acceso son los recogidos por organizaciones como el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

De hecho, según esa ONG, más del 32% de las muertes ocurridas en 2018 fueron a manos de fuerzas del Estado. Es la primera vez que el número es tan alto. El Estado, hay que aclarar, no considera como homicidios las muertes causadas por uniformados. El abogado criminalista Luis Izquiel afirma que las autoridades ocultan abusos al registrar ejecuciones extrajudiciales como “enfrentamientos”, con lo cual las desagregan de los totales “porque lo consideran acciones dentro de la ley”. Cita al OVV y el registro de al menos 15 personas fallecidas por supuestos enfrentamientos cada día. “Son casos que no son investigados. Al decir que es una acción legal de la policía, eso queda así. Hay una total impunidad”.

Pero la policía sí mata más. Según el informe del OVV, en el estado Aragua hubo más muertes a manos de funcionarios del Estado que homicidios causados por delincuentes. Incluso, en el municipio Urdaneta de esa entidad, la relación es 5 a 1.

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La radiografía completa

El abogado criminalista Fermín Mármol García apunta que la única manera de determinar si el crimen y violencia disminuye o no en el país es conciliando la denuncia ciudadana con una encuesta de victimización nacional. Cosa que no existe en Venezuela. Cree que es factible que ciertos tipos delictuales hayan disminuido, tal como lo afirman Reverol y los alcaldes, pero no todos. “Tengo la percepción empírica de que el secuestro bajó pero hay otros en donde el crecimiento es evidente, como el robo de bienes inmuebles, por ejemplo”.

Se trata de inmuebles que, en muchas ocasiones, están inhabitados. Propiedades dejadas atrás, cerradas y sin cuidado, por quienes enfilaron hacia algua otra frontera. Este respecto no pasa por debajo de la mesa para Izquiel, quien cofirma la probabilidad de que numéricamente los crímenes disminuyan mientras continúe la diáspora en Venezuela “porque hay menos población, y es un sofisma afirmar que la criminalidad se está reduciendo. Tendrían que dividir los delitos y su ocurrencia con base en la población que queda”. Mármol García no lo secunda. En su opinión, la diáspora no genera una disminución del crimen.

Ambos coinciden, sin embargo, en que las trancas al momento de poner alguna denuncia en un ente de seguridad también hacen mella cuando toca sacar los números de delitos que ocurren en Caracas. Que no se denuncie no implica que el crimen no ocurrió y Mármol García ahonda en que el ciudadano lo ve como una pérdida de tiempo. “Hay trabas documentales para que se materialicen las denuncias. La informalidad a la que nos acostumbramos con relación a nuestras posesiones hace que de pronto seas víctima de un delito en tu residencia y desistas de denunciar cuando te soliciten la factura para probar si tienes el bien o no”.

Otra cosa que menciona es la desconfianza que existe hacia los cuerpos policiales. Javier Gorriño hizo carrera en el Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Criminólogo de profesión, ahora es el director de Seguridad en El Hatillo. Allí, como comisario, debe rendir cuentas. Para él, las denuncias han disminuido porque el tiempo que se estima para consignarlas es mayor y frente a una deserción policial cada vez más grande, hay menos funcionarios y la espera aumenta.

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“Los funcionarios desertan porque se van del país, no porque se vayan a otra empresa”, soltaba Gustavo Duque antes de afirmar que hasta octubre de 2018, contabilizan 20 policías menos dentro de sus filas que alguna vez llegaron a sumar 1.200 funcionarios. Gorriño tampoco escatima en decir que la principal razón de salida de los policías son los planes de migrar de Venezuela. Pero para los que deciden quedarse, les dan “beneficios” que los ayuden a sortear la crisis.

Desde bonos adicionales según números de procedimientos realizados hasta la entrega mensual de cajas con alimentos que llegan por alianza con empresas, a los efectivos de seguridad también tienen que ofrecerles con qué decidir quedarse por, al menos, un tiempo más. “Pelear contra la inflación es muy difícil. Ha sido muy duro porque cuando cobras el 15 de cada mes, ya hay variación en los precios y cuando vuelves a cobrar, todo cuesta el doble”.

Cada día hay menos policías en Venezuela. “Hay desmotivación. No tienen equipos necesarios para hacer su trabajo, los chalecos, las armas y no sienten el apoyo del gobierno nacional”, dice Luis Izquiel. Fermín Mármol García remata: “decir que la violencia disminuye es algo temerario”.