Drones: el nuevo reto de Miraflores

Volar un drone sobre Miraflores no está taxativamente prohibido. Tampoco taxativamente permitido. La situación —que hasta donde se sabe es inédita— quedaría a juicio de los funcionarios y en un limbo legal puesto que en Venezuela no hay regulación firme sobre el uso de estos aparatos.

Pero desde el Gobierno ya se han tomado cartas en el asunto. El 28 de agosto, el Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC) prohibió hasta el lunes 5 de septiembre el vuelo de aviones particulares y de drones en todo el país. La decisión figura en la circular SNA/GSNA/CCOM-PRE 001 27082016 emitida por Jorge Luis Montenegro Carrillo, presidente de la autoridad aeronáutica, en la cual se «prohíbe la operación y circulación aérea en el territorio nacional y demás espacios geográficos de la República de las aeronaves clasificadas como de aviación general y privada».

En la resolución no se dan razones para la medida y simplemente se citan los artículos 56 y 57 de la Ley de Aeronáutica Civil de 2009 -promulgada antes de la existencia de aparatos de uso particular-, los cuales otorgan al Ejecutivo la potestad de restringir la navegación aérea por «razones de seguridad del vuelo, interés público o seguridad y defensa» en parte o todo el territorio.

Al día siguiente, 29 de agosto, los ministros de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, y de Transporte y Obras Públicas, Ricardo Molina, explicaron el alcance de la resolución que regula el uso de las aeronaves no tripuladas en el espacio aéreo nacional e informaron que los propietarios tendrán 120 días para censarse en el INAC. “La Fuerza Armada Nacional (FAN) tiene que establecer el control y la regulación aérea de todos aquellos elementos que integren el sistema aeronáutico nacional. Asimismo, los organismos de seguridad del Estado deben regular y supervisar la utilización de este sistema de drones”, alegó Reverol. Ambos titulares admitieron que una resolución que rija tales vuelos aún no está vigente y, de hecho, las prohibiciones dictadas en Gaceta Oficial admiten que serán efectivas “hasta tanto sean dictadas por la autoridad competente, las normas que regirán su operación y empleo”.

Desde la oposición se asumió que la prohibición durante una semana es para evitar que se retrate la convocatoria a la «Toma de Caracas» prevista para el jueves 1º de septiembre. Pero el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, contestó retador: “los que tengamos drones los vamos a usar para tomar imágenesde la gran manifestación del 1 de septiembre. Nos resbala lo que diga el Ministerio del Interior y Justicia, los drones van a mostrar lo que pasará ese día. Vamos a poner drones para que tomen fotografías del inmenso acto que vamos a hacer y que para después estos zánganos del gobierno digan que no había nadie”, manifestó.

La propuesta de regular el uso de drones no es nueva. El 1º de febrero de 2016, el entonces ministro de Interior y Justicia, general Gustavo González López, fue entrevistado en VTV y allí anunció, sin portar uniforme, que viene «una nueva normativa». El funcionario pidió no usar la palabra «dron» para referirse a los aparatos voladores porque se trataría, a su juicio, de «aeronaves de aviación tripuladas» porque «quien utiliza una máquina de esto tiene responsabilidad por el uso de ellas». Las palabras del exministro se dieron estando sentado al lado de un dron que mostró para anunciar que tales equipos, desarrollados con tecnología china, estarían «llegando al país» y pudiera ser empleados «para apoyar la seguridad en los estados fronterizos como la utilización estratégica”.

En no pocos países de la región se han adelantado normativas para el uso recreacional y comercial de drones, siguiendo una senda mostrada por naciones como Estados Unidos y Alemania, donde las normativas comenzaron a nacer entre 2013 y 2014 apenas. Países como Argentina, Costa Rica y México se apuraron para adaptarse a la existencia y uso cada vez más común de estos aparatos. Colombia lo hizo en 2014. Pero en Venezuela el asunto entra en el abismo que la separa de sus vecinos —el mismo saco donde están leyes como el matrimonio igualitario.

Nelson Pulido es fotógrafo y videógrafo con amplia experiencia, especialmente en coberturas deportivas, y ahora posee un drone que adquirió para tener una nueva perspectiva en su trabajo visual. “No había podido comprarlo por el tema de la inflación, pero aproveché un viaje a Miami para los entrenamientos de la Vinotinto. De hecho, ese fue su primer uso: apoyar un trabajo técnico que hizo Noel San Vicente. Aprovechamos las virtudes del drone para registrar los movimientos del equipo sobre el terreno de juego y hacer verificaciones sobre los planteamientos tácticos”, rememora, quien ha utilizado el aparato en Caracas para registrar juegos del Caracas FC y hasta bodas.

El fotógrafo se dio a la tarea de revisar la legislación nacional sobre el uso de naves no tripuladas. “No existe nada escrito que te diga que no puedes volar un drone sobre cualquier sitio”, concluye y añade que la única guía escrita al respecto para los operadores son las regulaciones y recomendaciones de los propios fabricantes de los equipos “que tienen en sus páginas web y que vienen hasta en la caja del mismo producto. Es la manera de operar con seguridad, sin comprometer la integridad de una persona o algún bien material”.

En varios portales digitales también se recopila lo más importantes de las guías de uso de estas aeronaves, e incluso en el portal Clasesdeperiodismo.com se armó una lista de cinco recomendaciones para usar drones en el periodismo, en vista de que el diario La Prensa de Perú fue uno de los primeros en Latinoamérica en utilizarlos para coberturas noticiosas. Los consejos siguen los ya publicados en el National Journal, un diario de Washington.

Además, la mayoría de los drones incluyen geolocalización vía GPS y configuración por defecto por parte de los fabricantes para que no vuelen a una distancia menor a 5 millas —8 kilómetros— de un aeropuerto grande registrado en mapas precargados. “El que yo tengo tiene su base de datos. Si intento volarlo muy cerca de un aeropuerto grande, él no despega o regresa a tierra si ya está en el aire y te acercas a esa zona prohibida”, confirma Nelson Pulido.

Las compañías que ofertan drones también recomiendan una altura máxima para no interferir con vuelos comerciales y helicópteros, por ejemplo. La mayoría de los modelos se venden con configuración predeterminada que limita la elevación entre los usuales 120 hasta los 200 metros de altura. Cuando la máquina con alas supera esa altura, automáticamente comienza el descenso. Eso sí, un operador avezado, con tiempo y ganas, puede cambiar esos límites y arriesgarse a ir más allá, “hasta los 600, 700 u 800 metros, que ya eso es la altura de aproximación de un vuelo comercial”, detalla Pulido, dueño del @compadrone, como bautizó a su “juguete”.

Otras recomendaciones son no volar sobre grandes aglomeraciones de gente para evitar que algún desperfecto arroje sobre alguna persona el peso del drone, y respetar la privacidad al no usarlos para fisgonear ventanas. Suena gracioso, pero es algo que en Inglaterra ya ha despertado alarmas luego de que en mayo se informara, según confirmó la policía de Suffolk al Telegraph, que unos ladrones usaron mini helicópteros para estudiar varias casas y definir cuál robar.

Rezagados

En la comisión de Ciencia y Tecnología de la anterior Asamblea Nacional no se adelantó nada sobre el tema de la legislación para drones, por lo menos no para los de uso comercial y recreacional. La exdiputada Betty Cróquer, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), presidió la instancia y recuerda que “un grupo de profesionales egresados de la Unefa presentaron un proyecto que se refiere al Ministerio de Defensa”. Sin embargo, tal iniciativa tendría que ver con el uso de drones militares, como el Arpía 001, el primer avión no tripulado hecho por la Fuerza Aérea de Venezuela con asesoría iraní.

“Hemos leído proyectos de otros países. Aquí no ha sido llevado el tema, que pudiera ser elevado por el Ejecutivo, o que fuera una propuesta del Ministerio competente o del pueblo, del poder popular”. Consultada sobre iniciar una discusión sin depender de una propuesta ajena, afirmó que “también pudiera ser”.

Su colega Carlos Berrizbeitia, miembro de Proyecto Venezuela, reelecto en el Parlamento, afirma que a la Asamblea Nacional no ha llegado “ni una idea” al respecto por lo que en Venezuela “estamos muy atrasados con relación a otros países como Argentina o México”. El parlamentario opositor está enterado de que las normas establecidas en otros mercados diferencian su aplicación por tipo de drone, en clasificaciones determinadas, básicamente, por el peso y tamaño de los equipos, radio de vuelo y capacidad de altura. “Además se dice que debería tener una placa con el nombre del dueño y la especificación de para qué se está usando”, agrega el diputado quien pide recordar que lo más importante es garantizar la seguridad en el uso de los drones para evitar daños “aunque sean involuntarios”, así como el respeto a la privacidad en el caso de las grabaciones que puedan hacerse, aunque “aquí eso es violado diariamente con los pinchazos telefónicos del gobierno”, aprovecha para soltar un poquito de cizaña.

En varias naciones de América Latina no solo se vuelan drones sino que se construyen. En Argentina, Brasil, Chile y Colombia hay fabricantes, y en varios de esos territorios ya hay legislación específica, aprobada recientemente. En febrero y en mayo de este año, en Argentina se promulgaron sendas normativas sobre el uso de drones de modelo profesional. Además, se emitieron unas “Recomendaciones Relativas a la Privacidad” vinculantes para quienes hagan uso recreativo de los aparatos. En Chile se prepara una ley específica para estos vehículos. En cambio, en México el pasado 29 de abril se establecieron reglas específicas para tales vuelos. También Costa Rica ya adaptó su estamento legal.

En Estados Unidos, así como en Alemania, Inglaterra, España y otros países europeos existe legislación específica al respecto, especialmente en países donde ya se ha registrado peligro de colisiones entre aviones y drones, entre otros riesgos. En Norteamérica, de hecho, la FAA —Administración Federal de Aviación por sus siglas en inglés— emitió una alerta en vista de que consideran que “la tragedia provocada por drones está cerca”; en México ya se han detectado equipos usados para transportar drogas, mientras que EEUU, Alemania, España y Egipto han frustrado al menos seis potenciales ataques terroristas con drones desde 2011.

Riesgo y osadía

La exdiputada pesuvista Betty Cróquer se queda en silencio al ser consultada sobre posibles consecuencias de sobrevolar con un drone el Palacio de Miraflores. Cuando articula palabra, dice que “tendríamos que ver cuál es la finalidad de que ese drone haga eso. No se va a sancionar sino a investigar porque ese drone debe tener un permiso”. Pero, ¿permiso sin que una norma legal lo establezca? La interrogante hace que la exparlamentaria ajuste su respuesta, para finalmente lanzar: “Si no hay ley, cualquiera podría volar un drone, tiene razón. Lógicamente no hay cómo limitar el uso”. Berizbeitia afirma que pasar por encima de la sede del Ejecutivo Nacional no ocasionaría ningún castigo porque “hay un vacío legal”.

En Washington un drone de 1,5 kilos de peso cayó accidentalmente al jardín de la Casa Blanca, sin ser detectado por radares. El Servicio Secreto desestimó peligro alguno, pero sí se activó un debate al respecto de la seguridad presidencial frente a este tipo de equipos. Nelson Pulido asegura desconocer si sobre Miraflores hay algún radar, “seguramente habrá algo” y calcula que alguien pudiera hacer despegar una de esas aeronaves “desde una cuadra antes y hacer un vuelo rasante sobre el Palacio. No tengo interés en hacerlo pero existe esa posibilidad desde el punto de vista técnico. Eso sí, sería bastante osado para cualquiera porque por allí no se puede acercar uno ni con una cámara fotográfica caminando”.

En el Psuv no se han ocupado de los drones pero sí de algo más allá. Según Betty Cróquer, en la Comisión de Ciencia y Tecnología discutieron “un proyecto referente al uso del espacio ultraterrestre, regular su uso para uso pacífico. Es algo que nos planteó la Agencia Bolivariana Aeroespacial”.