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El chavismo se sacude las culpas: el cóctel de enemigos (segunda parte)

Quien habla es sospechoso. Quien lo difunde también. Quien se hace eco en redes sociales no escapa. El gobierno se empeña en señalar a terceros de los problemas nacionales exculpando al propio Estado que administra de su responsabilidad, a pesar de admitir que por el territorio campean grupos paramilitares

TEXTO: CARLOS PATIÑO
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Guerra económica: empresarios y bachaqueros

El gobierno ha rechazado las críticas a su modelo económico socialista sosteniendo el argumento de una supuesta “guerra económica” promovida por el imperio norteamericano y el denominado “eje Madrid-Miami-Bogotá”; como parte de una conjura internacional con ribetes novelescos que justificaría la actual crisis económica y social venezolana. Esta “terrible guerra” contaría con aliados internos cuya malvada intención es la de “acabar con la Revolución Bolivariana”; tal como declaró el vicepresidente Jorge Arreaza durante su intervención en la clausura de la Cumbre de los Pueblos, en junio de 2015.

Según el funcionario, la primera embestida contra Venezuela se registró en el año 2002 cuando Fedecámaras “ordenó” cerrar los comercios “para beneficiar a la burguesía”. Agregó que en la actualidad prevalecen los múltiples ataques del sector privado para afectar al aparato productivo.

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Para el gobierno, otra de las aristas de la “guerra económica” sería el denominado “bachaqueo”, caracterizado por la especulación, el contrabando y el acaparamiento. Este “delito” lo llevarían a cabo grupos que tienen por oficio comprar productos que se comercializan a precios regulados para luego revenderlos con importes aumentados.

Se lee en el portal de Telesur que entre el 15 y 20 por ciento de la producción nacional “se pierde producto del fenómeno llamado bachaqueo o contrabando entre la zona fronteriza con Colombia utilizado por las mafias para lucrarse. El Gobierno de Venezuela ha emprendido una fuerte guerra contra la especulación, el acaparamiento y contra quienes se han infiltrado en las cadenas de alimentos para contrabandear”.

Según el precitado portal, el “bachaqueo” en Venezuela sería el culpable de las largas colas en los comercios, la escasez de productos básicos, la inflación “inducida”, zozobra y compras compulsivas. Esta situación habría justificado el cierre de la frontera con Colombia, con el objetivo, en palabras de Nicolás Maduro, de “limpiarla de paramilitarismo, criminalidad, bachaquerismo y narcotráfico”.

Organizaciones como Amnistía Internacional han manifestado su “profunda preocupación”, por las denuncias recibidas de violaciones de derechos humanos a ciudadanos colombianos en Venezuela en el marco de la medida del gobierno. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reportó que el éxodo forzado de colombianos desde Venezuela, a través de las deportaciones y del retorno voluntario de quienes prefirieron volver a su país ante el temor de ser expulsados, ronda las 20 mil personas.

Medios de comunicación: cállense

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y la ONG Espacio Público han registrado un recrudecimiento del hostigamiento penal a medios y periodistas desde abril de 2013, fecha del arribo al poder del presidente Nicolás Maduro.

Mariengracia Chirinos, coordinadora de libertad de expresión del IPYS, indicó que entre 2013 y 2014 se identificaron 20 procedimientos judiciales a medios, periodistas y activistas de derechos humanos que emitieron alguna opinión. “Se observa una política sistemática de criminalización del sector. Además, hay un discurso permanente desde los poderes públicos de querer vincular a los medios con la guerra mediática y la guerra económica”. Advirtió que el objetivo es tener un país desinformado: “Se está construyendo una sociedad opaca sin información para tomar decisiones”.

La CIDH se ha pronunciado señalando un incremento en las agresiones, amenazas y detenciones a periodistas que se encontraban realizando su labor informativa; la continua estigmatización por parte de altos funcionarios públicos de medios de comunicación y periodistas críticos, la apertura de procesos sancionatorios y despidos de comunicadores por la cobertura de noticias relacionadas con denuncias o consideraciones sobre la situación del país, la persistencia del problema de escasez del papel de prensa, así como la salida intempestiva de un canal y presuntos bloqueos al acceso a medios de comunicación a través de Internet.

Asimismo, ha manifestado a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, su preocupación ante las reiteradas declaraciones estigmatizantes y el hostigamiento judicial desplegados durante los últimos meses contra los medios El Nacional, TalCual, La Patilla y sus directivos, por parte de altos funcionarios de la revolución: “Las acciones del gobierno venezolano representan una amenaza muy significativa para el periodismo independiente y de investigación, para la libertad de expresión y para la libre circulación de la información”.

Patriotas cooperantes: omnipresentes

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En fecha 5 de abril de 2015, el diario El Nacional difundió aspectos del informe de gestión año 2014 del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), adscrito a la Vicepresidencia de la República, en el cual destaca el registro de “amenazas de desestabilización generadas por actores internos y externos” con el supuesto propósito de vulnerar el orden constitucional.

En ese contexto, el Sebin reconoce el apoyo en sus labores del “pueblo cooperante”, convirtiendo a sapos y soplones en aliados fundamentales para “identificar y neutralizar amenazas contra los intereses de la nación, a fin de optimizar las acciones de inteligencia y contrainteligencia para la seguridad del Estado”. También establece que las manifestaciones políticas del 2014 se convirtieron progresivamente “en acciones de carácter subversivo y terrorista”.

El informe revela que en las protestas se estableció una “importante conexión del pueblo cooperante con las redes de inteligencia del Sebin”, contribuyendo con información para la toma de decisiones. Cabe señalar que abogados de al menos seis de los detenidos en el Sebin aseguran que sus defendidos fueron incriminados por una figura anónima, no reconocida por la ley venezolana, denominada “patriota cooperante”.

La arremetida contra usuarios de la red social Twitter también está reflejada en el informe: “Durante este período se incrementaron los esfuerzos dirigidos a la detección de amenazas en las redes sociales, logrando identificar a personas y grupos en actividades que claramente buscaban alterar o perturbar la estabilidad del país”.

De las 40 personas presas en el Sebin por la presunta comisión de delitos políticos, 37 fueron aprehendidas en 2014 y 6 de ellas son tuiteros.
Paramilitares: la burla al Estado

En relación a las denuncias de “paramilitarismo”, el gobierno lo ha calificado de fenómeno en ascenso. Luego del ataque de tres soldados venezolanos en la frontera el pasado 19 de agosto, el presidente Maduro “reveló” que existen más de 30 grupos paramilitares operando en el país.

El portal web de Telesur señala que el paramilitarismo colombiano sería el responsable del flagelo del narcotráfico, lavado de dinero, contrabando, fraude cambiario, redes de extorsión e infiltración en instituciones del Estado, colonización de territorios venezolanos, sicariato y entrenamiento de mercenarios. No existiría ninguna responsabilidad del gobierno por acción u omisión en estos asuntos, más bien se vincula a grupos políticos de oposición con los desmanes atribuidos a paramilitares. Tampoco se hace mención alguna de organizaciones guerrilleras como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que operan en la zona fronteriza con Venezuela, ni de los militares encargados de defenderla. Tampoco definen como paramilitares a las bandas armadas y colectivos urbanos que controlan zonas por ellos delimitadas, denunciadas por diversos delitos y acciones violentas.

La disidencia: el nuevo delito 

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Alberto Arteaga Sánchez, abogado experto en derecho penal, asegura que la justicia se utiliza para perseguir y sancionar a los disidentes, en tanto que la delincuencia común, cada vez más cruda y violenta, sigue impune. “Pensar, opinar, publicar acuerdos por la prensa, no son constitutivos de delito en un Estado social democrático. Nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones, los pensamientos no delinquen”.

José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, informó sobre la documentación de 35 casos de personas que enfrentan cargos penales o fueron amenazadas con ser investigadas penalmente por criticar al gobierno de Nicolás Maduro entre octubre de 2014 y julio de 2015; utilizándose indebidamente el sistema de justicia penal para castigar a ciudadanos que critican al gobierno. “Utilizan el sistema de justicia como una fachada, pero la realidad es que los jueces y fiscales venezolanos se han convertido en soldados obedientes”.

Para Vivanco, este gravísimo abuso del sistema judicial es posible debido a que no existen instituciones verdaderamente independientes en Venezuela que puedan proteger los derechos humanos y actuar como frenos y contrapesos del Poder Ejecutivo. “Amenazar y perseguir penalmente a las personas que denuncian los problemas que atraviesa Venezuela no va a conseguir que estos problemas desaparezcan”, concluye.

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