En la boca de Nicolás Maduro ya no están las palabras “cuadrantes de seguridad”, tampoco “cuadrantes de paz”. Ahora él habla de “cuadrillas de paz”, y se refiere a los grupos de vigilancia vecinal de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Son esos grupos los encomendados ahora para evitar, alertar, celar cualquier movilización popular que reclame las condiciones de vida que impone el chavismo.
Freddy Bernal lo ratificó al día siguiente, cuando dijo en una radio de Caracas: “Hemos girado instrucciones y lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, de crear las brigadas de vigilancia contra la violencia en cada barrio, en cada CLAP y en cada sector. Es el propio pueblo quien tiene que mantener el primer sistema de alerta. Todas esas alertas hay que pasarlas de inmediato a las estructuras del partido, para que a la vez informen a los organismos de inteligencia, y nosotros proceder a allanar, a revisar, a detener a estos individuos que sin duda alguna quieren crear las bases para una guerra civil”.
Más allá de la imbricación del partido con el gobierno, una falencia democrática e institucional, el mensaje es claro: lo importante es la “paz”, mucho más que la seguridad ciudadana.
Pero en 2019 aún la delincuencia acechaba en cualquier rincón de Venezuela, y los alrededores de Montaña Baja, kilómetro 14 de El Junquito, no es la excepción. Los habitantes de aquella localidad, notaron que un grupo de maleantes merodeaba con objetivo de poseer lo que no era suyo. No confiaron en ir a la policía para advertirles de la situación y exigir un patrullaje en el sector; armarse de valor y crear un código de alarma fue la solución que encontraron para hacerle frente al problema.
“Hace como cinco meses empezaron a robar las casas, y los mismos vecinos nos organizamos y nos repartimos pitos. Una vez estaban robando, la persona logró avisar y comenzaron a sonar los pitos y salieron a buscar al tipo. No lo agarraron de milagro (para el ladrón)”, comenta Ayerim Valera, habitante de la urbanización. Los vecinos llamaron a la Guardia Nacional, cuyo comando se ubica en el kilómetro 12, pero los funcionarios “tardaron un pelo en llegar y el peo ya había pasado”.
Quizá la situación se habría evitado de haber llamado a los cuadrantes de paz de aquella zona, pero ni Ayerim ni sus vecinos conocen qué es eso, pese a que en El Junquito hay asignados seis de ellos.
Desde el año 2011, la criminalidad en el país asciende sin freno. El Observatorio Venezolano de Violencia estimó en ese momento que el país cerró el año con 19.336 homicidios. En 2012, la cifra aumentó un 12%, posicionándose en 21.692 asesinatos y 12 meses después, en 2013, el récord fue de 24.763 homicidios.
En aquel momento, el Estado venezolano decretó el Plan Patria Segura, un sistema que -hasta ahora- tiene como objetivo “establecer un sistema de protección, patrullaje, comunicación nacional de todo el pueblo de Venezuela”, aseguró el presidente Nicolás Maduro durante una alocución en junio de aquel año. Meses más tarde, el Ministerio de Interior y Justicia, bajo la tutela de Miguel Rodríguez Torres, designó al plan los cuadrantes de paz, o cuadrantes de seguridad, un sistema que consiste en “cubrir un espacio territorial dentro de una parroquia”.
Luis Izquiel, abogado penalista y asesor de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional, expone que el objetivo principal de este proyecto “significaba una reorganización policial en el trabajo sectorizado. Se determinaron distintos sectores en el país que se denominaron cuadrantes y dentro de ellos se designaron un número específico de funcionarios y la idea inicial era que los funcionarios se integraran a la comunidad y que conocieran al sector en el cual iban a trabajar y cumplir la función policial”.
Pero, en Venezuela, los cuadrantes de paz no solo se encargan de atender llamados de robos o hurtos, también “se ocupan de atender problemas sociales como denuncias por falta de agua, recolección de basura, entre otros”, explica el oficial de la Policía Nacional Bolivariana, Luis Bigott. Por su parte, Francisco Gómez*, miembro de un consejo comunal de la parroquia San Juan en Caracas, alega que los cuadrantes están para “intervenir en cualquier emergencia de un ciudadano cualquiera: atraco, situación irregular, alteración del orden público; y está integrado por Protección Civil, 911 y la Guardia Nacional para actuar de acuerdo a la emergencia”.
Desde su fundación, un centenar de números telefónicos fueron difundidos por medio de campañas. Los pusieron en vallas, en autobuses, en pendones. Recurrir a ellos a la hora de una emergencia parece poco sencillo, a pesar de que los números también se encuentran en internet. Nunca quedó claro cómo se pretendía que la gente supiera el número del cuadrante que no era de su zona, por ejemplo. Y, una vez ubicado el número a llamar, lo difícil es que contesten.
Durante dos días, Clímax llamó a 141 números que fueron divulgados bajo la premisa de estar asignados a los cuadrantes de paz del plan Patria Segura; el resultado fue una seguidilla de “número sin suscriptor asignado” o “suscriptor no localizado”. Donde hubo respuestas, se evidenciaba que los contactos no eran ni siquiera de fuerzas de seguridad del Estado. Tan solo dos fueron contestados por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.
—Buenos días, ¿estoy llamando al cuadrante de seguridad de la parroquia El Valle, del municipio Libertador?
—No, no, mi amor. Estás equivocada de teléfono, disculpa.
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—Buenos días, ¿estoy llamando al cuadrante de seguridad de la parroquia Petare, del municipio Sucre?
—No, mami, estás equivocada.
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—Buenos días, ¿estoy llamando al cuadrante de seguridad P15 del municipio Baruta?
—Está equivocada, amiga mía.
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—Buenos días, ¿estoy llamando al cuadrante de seguridad de la parroquia Sucre del municipio Libertador?
—No. Estás equivocada.
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—Buenos días, ¿estoy llamando al cuadrante de seguridad de la parroquia Sucre del municipio Libertador?
—No mija estás lejísimo. Estás llamando al estado Monagas.
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—Buenos días, ¿estoy llamando al cuadrante de seguridad de la parroquia Sucre, del municipio libertador?
—Sí, pero yo estoy de vacaciones. Me cambiaron ya no estoy ahí. Esto no es el número de la policía, es una persona particular a la que llama.
El oficial Luis Bigott indica que estos cuadrantes trabajan de la mano con los dirigentes comunales, es decir, los números de emergencia no solo son de funcionarios de la policía o la Guardia Nacional, también pertenecen a dirigentes comunales quienes al conocer la emergencia se comunican directamente con el organismo pertinente para que preste el servicio. “La coordinación es policial-comunal se encarga de trabajar con los consejos comunales, las organizaciones sociales de la comunidad y las UBCH”.
Francisco Gómez* asegura que para cada cuadrante hay “un personal encargado por zona y un número específico para llamar al indicado (del sector)”. No obstante, expone que dar un teléfono personal no es funcional puesto que, si el líder comunitario es cambiado o se muda, el cuadrante deja de existir. “Por eso hay que estar en contacto con las comunidades. Se debe llamar al supervisor principal y que este comunique a las autoridades la emergencia. Esto debería estar centralizado”.
Luis Izquiel añade que los cuadrantes de seguridad han sido un método implementado en otros países con resultados exitosos; sin embargo, en Venezuela, desde su génesis, fue una metodología destinada al fracaso pues “se implementó de manera errónea e improvisada, y el propio creador, Miguel Rodríguez Torres, señaló, antes de que lo metieran preso, que eso ya no estaba funcionando, que lo que queda es el nombre y que en la práctica no funciona”.
El abogado declara que la desinformación respecto a este plan preventivo siempre se mantuvo pues “nadie conoce esos números, y los que lo conocen la experiencia que tienen es números ocupados o sin respuesta”. “Es una estrategia que en la actualidad solo sirve para hacer propaganda, para decir en el discurso que se está haciendo algo, pero en la práctica no tiene ninguna efectividad”.
Aunque Bigott asevera que el plan ha sido un éxito, y que con el pasar de los años ha ido mejorado, dice que en ocasiones “no se acude al momento porque actualmente se ha ido mucho personal motivado al tema país”.
“Hay un déficit importante de funcionarios, tanto preventivos como funcionarios de investigación y esto dificulta el funcionamiento de estos cuadrantes”, manifiesta Izquiel al respecto. Asimismo, afirma que “en Venezuela uno de los problemas es que se implementaron entre distintos cuerpos de seguridad y hubo fallas en la coordinación inicial, es mucho más difícil”.
Las estadísticas de violencia en Venezuela continúan ascendiendo pese al “funcionamiento” de los cuadrantes de paz que el estado implementó hace casi seis años. Según datos recabados por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), 2018 cerró con 23 mil 47 muertes violentas; es decir, 81,4 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, de las tasas más altas del mundo
“Implementar una estrategia de cuadrantes en un país que tiene la violencia desbordada y con una falla institucional como la de Venezuela, es como que le des aspirina a un enfermo de cáncer. Tú no vas a resolver un problema de inseguridad en el país con una simple reorganización policial; eso puede ser efectivo cuando tienes un funcionamiento bueno en las demás instituciones de justicia. Pero cuando aquí no sirve la fiscalía, los tribunales ni las cárceles, y no sirve el gobierno en las políticas sociales, simplemente es una estafa”, sentencia Luis Izquiel.
