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El informe Bachelet, gasolina para enjuiciar a Maduro en la CPI

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16/07/2019
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PORTADA: PRENSA PRESIDENCIAL | FOTOS EN EL TEXTO: AGENCIAS

La contundente evaluación de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que registra las violaciones en Venezuela, podría traer complicaciones para el régimen chavista. El documento emitido por la expresidenta chilena tiene varios destinos, quizá el más emblemático es la Corte Penal Internacional

159 reuniones, 558 entrevistas y la revisión de numerosos documentos resultaron en el informe de 18 páginas sobre la situación de derechos humanos en Venezuela que elaboró la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Un documento que evidencia las múltiples transgresiones a los derechos fundamentales en el país.

El informe reporta graves denuncias que incluyen torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, la persecución de la disidencia política y el desmontaje de la institucionalidad del Estado. Además, quedan evidenciadas la vulneración de los derechos sociales y económicos de los sectores más desposeídos, así como el acoso contra la población indígena.

Bachelet presentó el documento con una serie de recomendaciones y al Estado venezolano, incluyendo la disolución de las FAES al considerarlo un cuerpo armado culpable de ejecuciones extrajudiciales; además de la liberación de todos los presos políticos y la judicialización de cuerpos civiles armados apoyados por el régimen de Nicolás Maduro.

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El gobierno chavista ha dicho que el informe es “sesgado”, que tiene problemas metodológicos, que no refleja toda la información a la que tuvo acceso Bachelet y su equipo técnico a raíz de su visita a Venezuela y los despachos institucionales, y que miente en su contenido. Por ello ha solicitado “correcciones”. Dos días antes de la publicación del documento, Jorge Arreaza decía desde la Cancillería que “aspiramos que esa oficina pueda reconocer lo que hacemos bien y objetar lo que no estamos haciendo bien, pero de manera objetiva, sin agredir”. Pero luego de publicado el papel, la reacción de quien ocupa la cancillería fue otra: “presenta una visión parcializada sobre la situación de Venezuela”, dijo en un comunicado publicado el 4 de julio.

El propio Nicolás Maduro dijo que “el informe de la señora Bachelet es un informe más, hecho por su oficina de gente enemiga de la revolución bolivariana, un informe cargado de mentiras, de datos inexactos, datos falsos (…) creo que la Bachelet dio un paso en falso al leer un informe que le elaboraron y le dictaron desde el Departamento de Estado de Estados Unidos”, expresó Maduro.

Entretanto, expertos coinciden en que este reporte funciona como una herramienta que generará un impacto positivo en el marco de la presión y justicia internacional. El retrato del país que hace la Alta Comisionada abona a la definición de que Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja. Daniel Luna, internacionalista, explica que este documento, más allá de constatar que la crisis venezolana no es producto de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, denota la profundidad de la problemática nacional. Las inquietudes posteriores tienen que ver con su utilidad.

Bachelet ha dicho que nuevas liberaciones de presos políticos como las de María Lourdes Afiuni y Braulio Jatar -que finalmente no fueron tales-, así como la aceptación de que dos funcionarios de su oficina permanezcan en el país documentando casos son “una muestra de un nuevo compromiso de las autoridades venezolanas con la resolución de múltiples desafíos en materia de derechos humanos que enfrenta el país”.

Mariano de Alba, abogado y experto en relaciones internacionales, afirma que “usualmente, si hubiese un Gobierno medianamente normal en Venezuela, al ser emitido alguno de estos informes, básicamente, se constituiría una comisión especial para empezar a trabajar en todos los temas y recomendaciones, pero en Venezuela hay una dictadura y muy rara vez adoptan algún tipo de recomendación”. Recuerda que el gobierno de Hugo Chávez primero y Nicolás Maduro después han ignorado todas las decisiones y sentencias del sistema interamericano de derechos humanos, incluso denunciando a la Comisión Intreramericana para dejar de estar sometido a sus decisiones.

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La Alta Comisionada Michelle Bachelet ha dicho que no hay una fecha límite para cumplir con las numerosas recomendaciones hechas por su Oficina. “Creemos que le tenemos que dar un tiempo y un espacio a esta nueva realidad y construir la relación con todas las partes están directamente en el terreno (…) hay un completo nuevo escenario y vemos esto como una oportunidad”, destacó la funcionaria.

De Alba cree que es poco probable que el régimen de Maduro tenga voluntad política para atender los llamados de la expresidenta de Chile. “La oficina de la ACNUDH sigue dependiendo de que el Gobierno se apegue a las recomendaciones que ha planteado, y que dé su consentimiento para abrir esa oficina permanente o adelantar investigaciones internacionales, pero al margen de eso sabemos que es poco probable que acepte avances”.

FAES CPI

Del reporte de los dos oficiales de Bachelet que permanecen en Caracas, el mexicano Carlos de La Torre y la española Sara Nuero Escobar, y la actuación del régimen venezolano depende la instalación de una Oficina permanente en el país, como existen otras en México o América Central. La instalación de esta oficina permanente también puede salir de una resolución del Consejo de DDHH de la ONU, que se reunirá en septiembre de 2019 para realizar una nueva evaluación del caso venezolano, a partir de la actualización oral que haga la Alta Comisionada al informe que presentó el 5 de julio.

Otra de las decisiones del Consejo puede ser el nombramiento de un Relator especial para el país, una figura encargada de “examinar, supervisar, prestar asesoramiento e informar públicamente sobre las situaciones de derechos humanos en países o territorios específicos”. Actualmente solo existen 14 relatores especiales en el mundo.

Pero tanto Luna como De Alba aseguran que las consecuencias inmediatas de este reporte se visibilizarán es una vez que incrementen las sanciones a funcionarios apegados a Nicolás Maduro, por parte de distintas naciones. Chile fue uno de los primeros países en alinearse a ello. Su presidente, Sebastián Piñera, anunció la prohibición del ingreso al país a más de un centenar de venezolanos vinculados al régimen de Maduro.

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Según De Alba, este tipo de medidas son “una oportunidad de oro” para que se concrete el proceso de la mesa de diálogo procurada por Noruega, que tiene como escenario Barbados. “Es importante que comunidad internacional apoye la vía de Noruega y, paralelamente, se aumente la presión en algunas facciones del gobierno, que no es monolítico, para que se busque alguna salida”, resalta el abogado.

Además de la presión internacional, este documento puede agilizar la investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad bajo el gobierno de Maduro, solicitada formalmente por Colombia, Argentina, Paraguay, Perú, Canadá y Chile a la Corte Penal Internacional en septiembre del 2018, refiere el abogado e integrante de Provea Marino Alvarado. “Este informe da muchos elementos para este análisis. Algunos países formalmente han solicitado a Bachelet consignarlo a la Corte Penal para determinar que hay delitos de lesa humanidad. De ser así, pasa a un nivel de investigación donde la CPI empieza a establecer en qué casos concretos se han dado estos delitos, con sus víctimas y responsables”, explica el activista.

Tanto Iván Duque en Colombia como Sebastián Piñera en Chile han dicho que esperan que la Alta Comisionada entregue los antecedentes y evidencias que sustentan su informe a la Corte Penal Internacional. En paralelo, la Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz, ha consignado información sobre violaciones de los derechos humanos a este ente, y anunció que remitirá el informe de Bachelet al expediente.

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De acuerdo con la ONG Acceso a la Justicia, el caso está en la Sala de Cuestiones Preliminares que acude a informes de organizaciones de la sociedad civil venezolanas e internacionales, también de la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para evaluar si la denuncia avanza.

El Estatuto de Roma, que establece las causas y mecanismos para llevar una denuncia ante la Corte Penal, detalla los delitos que pueden ser tratados en esa instancia. Allí se incluyen: asesinato, exterminio, encarcelación o privación de libertad violentando normas del derecho internacional, persecuciones a grupos o colectividad por raza, género, identidad política o cualquier otra razón, entre otros. Según el informe de Michelle Bachelet, en Venezuela se han producido al menos siete de estos delitos en el período estudiado.

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A diferencia de los procesos que lleva la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se encarga únicamente de determinar la responsabilidad del Estado sobre las transgresiones, la Corte Penal Internacional puede ordenar la detención de los responsables de estos delitos e imponer penas. “Debemos entender que es un proceso lento; sin embargo, el informe aceleraría la primera etapa, que es la de la examinación”, detalla Marino Alvarado.

El internacionalista Daniel Luna resalta que al provenir de una organización internacional, el informe de Bachelet tiene un peso mayor a los documentos de la Organización de Estados Americanos, ideal para hacer un llamado a la sociedad internacional.

Luego de la publicación del llamado “Informe Bachelet”, 190 organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil venezolanas instaron a la Alta Comisionada “a que remita el informe a la Corte Penal Internacional, extendiendo sus buenos oficios al Consejo de Derechos Humanos y demás instancias de la ONU, para que los países del mundo impulsen y se comprometan con acciones urgentes pacíficas y electorales que permitan en el corto tiempo el retorno a la democracia en Venezuela”.