Internacional

El laberinto del impeachment en la era de Trump

Ha pasado un mes desde que entrara en la Casa Blanca y ya sus detractores hablan de impeachment. No obstante, el multimillonario Donald Trump no languidece ante esta descocada amenaza. Sabe que es prematuro invocarla no solo porque no se le ha señalado delito alguno, sino también porque tiene el congreso de su parte. Tampoco le preocupan los niveles de su popularidad. Su show continuará

Texto: José De Bastos H | Fotografía: AP
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La resolución a favor de iniciar el proceso de “impeachment”, o juicio político, en contra del Presidente Donald Trump fue aprobada por unanimidad. El motivo: su vinculación con numerosas empresas privadas en el país y en diversos países del mundo, de las cuales no se separó a la hora de asumir la jefatura de gobierno.
Esa fue la decisión que tomó el Concejo Municipal de Richmond, California, el 21 de febrero, convirtiéndose en la primera institución pública del país que pide iniciar el proceso que podría sacar al mandatario del poder. La misma, sin embargo, es plenamente simbólica: ni Richmond, con sus 100,000 habitantes, ni ninguna otra ciudad o estado tiene el poder para investigar al presidente por cargos que lo sacarían la Casa Blanca. Únicamente la Cámara de Representantes del Congreso tiene tal atribución.

Donald Trump apenas superó el primer mes en Washington, pero señales como la dada a las afueras de San Francisco comienzan a multiplicarse: cuatro congresistas demócratas han hablado sobre la posibilidad de un impeachment, incluyendo a Keith Ellison, uno de los principales candidatos a ser Presidente del Comité Nacional Demócrata, estructura nacional del hoy partido opositor. También algunos analistas y la población en general empiezan a pensar en el juicio: según una encuesta de Public Policy Polling, 46% de los consultados dicen favorecerlo, mientras que casas de apuestas dan amplias posibilidades a que Trump no complete su mandato.

Pero, ¿qué tan válida y, sobre todo, viable es realmente un juicio político en contra el ex animador de The Apprentice? Tal como lo dice el término en español, para remover al presidente de Estados Unidos hace falta que el Congreso, principal ente político del país, actúe, mientras que el poder judicial tiene poco o nada que decir. Actualmente, el partido republicano de Trump tiene 241 miembros en la Cámara de Representantes, frente a 194 del partido demócrata. Se necesita una mayoría de esa cámara para investigar y potencialmente solicitar el juicio en contra del mandatario, enviándolo al Senado. Ahí, se evaluaría el caso, y se necesitaría el voto afirmativo de 67 senadores para retirar del cargo al presidente. El Senado hoy cuenta con 52 republicanos y 48 demócratas.
En 228 años de historia, el proceso nunca ha llegado a destituir a un presidente en funciones, aunque dos mandatarios sí fueron enjuiciados: Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998. Por su parte, Richard Nixon renunció a la presidencia en 1974 cuando todo apuntaba a que iba a ser enjuiciado y removido del cargo por el Congreso.
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Enjuicien a Donald Trump Ahora
Aunque para algunos hablar de impeachment tan temprano en la presidencia de Trump tiene una motivación estrictamente partidista, o es una discusión a destiempo, otros han estado solicitando el enjuiciamiento desde el mediodía del 20 de enero, momento en que Trump relevó a Obama en el poder. “Vemos al presidente violando la constitución desde el momento en que tomó el juramento. Él se negó a separarse plenamente de sus intereses comerciales, y como resultado está en violación directa de la cláusula de emolumentos extranjeros, de la cláusula de emolumentos doméstica y de la constitución”, indicó en entrevista con Clímax John Bonifaz, representante del grupo “Impeach Donald Trump Now” —Enjuicien a Donald Trump Ahora.
Esta organización está conformada por una serie de respetados abogados y académicos, como el profesor de Harvard y fugaz candidato presidencial en las primarias demócratas Lawrence Lessig. En su página web se pide llenar y promover una petición para solicitar al Comité Judicial de la Cámara de Representantes que inicie una investigación para analizar si existen bases para enjuiciar a Trump. Cerca de 900,000 personas se habían sumado a la iniciativa hasta el 24 de febrero.
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Las cláusulas de emolumentos son dos puntos en la Constitución de Estados Unidos, los cuales señalan que ninguna persona que posea un cargo público “podrá, sin el consentimiento del Congreso, aceptar algún regalo, emolumento, cargo, título, de cualquier tipo, de ningún rey, príncipe o Estado extranjero”, de acuerdo al Artículo I, Sección 9.8. En el caso de la cláusula de emolumentos extranjeros, en el Artículo II, Sección 1.7 se estipula que el presidente recibirá un salario por sus servicios, pero, además de eso “no deberá recibir… ningún otro emolumento de los Estados Unidos”.
En ImpeachDonaldTrumpNow.org se indica que Trump estaría violando tales cláusulas “debido al flujo constante de beneficios monetarios y de otro tipo, de poderes extranjeros y sus representantes que se derivan de sus actuales acuerdos económicos”. Bonifaz asegura que Trump colisiona contra la constitución “y debe asumir responsabilidades por estas violaciones, y la manera de que asuma responsabilidades es a través del proceso de impeachment”.
El complejo proceso legal y político
Violar la cláusula de emolumentos, sin embargo, no es una de las causas explícitas por las cuales la Constitución indica que el presidente debe ser enjuiciado. El Artículo II, Sección 4 expresa que “el Presidente, Vicepresidente y todos los oficiales civiles de Estados Unidos deberán ser removidos de sus cargos con impeachment” al ser condenados por traición, soborno, u otros “altos crímenes y delitos”.
Dentro de “altos crímenes y delitos” caben diversas ilegalidades. Por esa vía tanto Andrew Johnson como Bill Clinton fueron enjuiciados. En el caso de Clinton, la Cámara de Representantes aprobó enjuiciarlo por perjurio, al mentirle a un jurado sobre su relación extramarital con Monica Lewinsky, y por obstrucción a la justicia, al usar su poder para intentar acallar ese caso.
“Nunca se ha determinado bien qué son ‘altos crímenes y delitos’, y a qué aplica”, dijo la abogada y profesora de derecho en la Universidad Texas A&M, Lynne Rambo. “Yo no pienso que haya alguna indicación todavía de que eso existe con Trump, de que algo haya pasado que constituya un alto crimen o delito, o traición o soborno. Moverse hacia el impeachment sería prematuro en términos del lenguaje de la constitución”. Bonifaz, en cambio, lo ve más claro. “Definitivamente violar estas provisiones de la constitución es un alto crimen. Usar la presidencia para enriquecerse a expensas del público, es un abuso de la confianza de la gente y desafía la ley”.
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Pero la opinión legal no es la única que cuenta. El cálculo político será determinante en los pasos a seguir. Según un reportaje del portal Politico.com, numerosos dirigentes demócratas temen precipitarse en hablar de impeachment, refiriéndose al tema “la palabra I”, como si fuera un tabú. Algunos congresistas creen que solicitar el enjuiciamiento puede consolidar la unidad entre republicanos, y complicar las aspiraciones demócratas en las elecciones al Congreso y de gobernadores en 2018.
Según John Hudak, Doctor en Ciencias Políticas y Sub-Director del Centro para el Manejo Público Efectivo de Brookings Institution, hablar de impeachment “ayuda a los demócratas con sus seguidores más fieles y su base. No creo que en este punto les ayude particularmente con los moderados”. Hudak añade que tal discusión mantiene a la base demócrata motivada y movilizada, como se ha visto en amplias manifestaciones y en protestas en contra de congresistas, pero el tema no les ayudará a sumar nuevos adeptos.
Newt Gingrich, quien era el Presidente de la Cámara de Representantes en 1998 y uno de los principales promotores del enjuiciamiento de Bill Clinton, calculó entonces que exponer las infidelidades del mandatario y sancionarlo por sus mentiras, les daría a los republicanos éxitos políticos, pero se equivocó. En medio del proceso de impeachment se celebraron las elecciones de mitad del período de 1998, y los republicanos perdieron cinco curules en favor de los demócratas, llevando a Gingrich a renunciar a su cargo. Ahora, el congresista es uno de los que ha pedido una investigación independiente de las relaciones de la campaña de Trump con Rusia.
20 años después, los demócratas necesitarán precisamente votantes moderados para mejorar su actual situación en el Congreso. Su voto se ha venido concentrando cada vez más en las grandes ciudades de la costa, lo cual los perjudica notablemente en las elecciones de la Cámara, y en 2018 tendrán a 10 de sus senadores buscando la reelección en estados donde Trump se impuso en la elección presidencial.
Las dos rutas para el juicio
Aunque Bonifaz y la organización a la que representa se han enfocado en los negocios en los que está involucrado Trump, los crecientes llamados para un juicio se han centrado en las sospechas sobre relaciones que habría entre el nuevo gobierno y funcionarios rusos.
El tema ha estado en el tapete desde mediados de 2016, cuando el Comité Nacional Demócrata sufrió un ataque cibernético, y los correos electrónicos de varios de sus altos funcionarios fueron publicados. Más adelante, las agencias de inteligencia de Estados Unidos dijeron que el ataque muy probablemente había surgido en Rusia, y los hackeos continuaron con uno de los jefes de campaña de Clinton, John Podesta. Ya con Trump en el gobierno, su asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, se vio obligado a renunciar al no haber sido transparente sobre sus conversaciones con el embajador ruso en Estados Unidos, y recientes reportes indican que miembros de la campaña de Trump mantuvieron frecuente contacto con agentes de inteligencia de Rusia. Además, el Huffington Post se basa en reportes de hace un año de The New York Times para afirmar que, a pesar de las negaciones, el propio mandatario se reunió con el embajador de Putin en Washington.
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Uno de los involucrados sería el exsenador y nuevo fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, quien se abstendrá de participar en la investigación sobre la posible injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016. El paso a un costado se anunció luego de que el miércoles 1 de marzo, el funcionario reconociera la noticia de que tuvo dos conversaciones con el embajador de Rusia en Washington, Sergey Kislyak. Antes, durante su comparecencia en el Senado para ser confirmado en el cargo, Sessions no reveló tales encuentros cuando fue preguntado por el asunto. El jueves 2 de marzo, el jefe del Departamento de Justicia insistió en que no mintió al decir, bajo juramento, que no interactuó con funcionarios rusos durante la campaña. «No recuerdo ninguna discusión sobre política en específico», afirmó. Horas antes, el presidente Donald Trump reiteró su «total confianza» en Sessions.

“Si hubiera una investigación que hallara que Trump y su equipo estuvieron muy vinculados con el gobierno de Rusia, entonces creo que nos enfrentaríamos a una situación muy diferente”, dijo Rambo. “Eso podría mover la discusión hacia el impeachment”. Hudak concuerda con la experta legal. “No creo que estemos nada cerca de un juicio ahora mismo, pero si los alegatos [sobre Rusia] se mueven en cierta dirección, pienso que muchos en el Congreso empezarán a enfrentar decisiones y dilemas muy serios sobre cómo lidiar con un escándalo en torno al presidente”.
Bonifaz no se cierra a esta otra vía. “Sin duda estamos preocupados sobre los alegatos de que un poder extranjero conspiró con una campaña política para afectar nuestro proceso electoral”, indicó el representante de ImpeachDonaldTrumpNow.org.
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La dificultad de que realmente ocurra
No es casualidad que en los enjuiciamientos de Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998 la oposición controlaba la mayoría en la Cámara de Representantes. Lograr un amplio consenso para enjuiciar e intentar retirar a un mandatario de su cargo no ha sido sencillo en más de 200 años de historia. Con los demócratas en la minoría, enjuiciar a Trump luce casi imposible. “Quienes están hablando de impeachment son demócratas, por lo que su habilidad para enjuiciar al presidente es cero”, señaló John Hudak, quien remarcó el carácter partidista de este proceso en la historia reciente. “La única razón por la que Bill Clinton fue enjuiciado fue porque los republicanos controlaban el Congreso. Si los republicanos no hubieran controlado el Congreso, eso nunca hubiera pasado”.
Hudak hace una salvedad: aunque el tema de los negocios privados no ha generado incomodidad entre los miembros del partido de Trump, con Rusia la situación podría cambiar. “Para que un Congreso republicano enjuicie a su propio presidente, la evidencia tendría que ser tan apabullante y la violación tan profunda, que un republicano estaría dispuesto a arriesgar su fortuna para hacerlo. Con Dondald, hay muchas cosas que el presidente puede hacer que el Congreso republicano decidirá no investigar, pero cuando hablamos de riesgos a la seguridad nacional, como en el tema de Rusia, ahí es cuando nos moveríamos a una zona que podría ser devastadora”.
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Por ahora, tal distinción ha sido evidente. Muy poco se ha hablado de los negocios de Trump desde que asumió lapresidencia, e incluso este mes, todos los republicanos dentro de un comité del Congreso votaron en contra de exigir la publicación de los documentos fiscales del presidente.
Con Rusia, en cambio, muchas voces republicanas se han mostrado críticas. El Senador y ex candidato presidencial John McCain ha sido uno de los más elocuentes, mientras que Walter Jones, miembro de la Cámara, se sumó a colegas demócratas para pedir la creación de una comisión independiente que investigue la influencia de Rusia en el proceso electoral de 2016. Una investigación similar en el Senado, ha contado con el respaldo de diversos republicanos.
La situación económica del país y la popularidad del presidente también podrían influir a la hora de tomar medidas políticas en contra de Trump. De momento, aunque sus números a nivel nacional son históricamente bajos para un presidente en sus primeras semanas en el cargo, el apoyo entre republicanos es casi unánime: al cumplir 30 días en el cargo, 86% de quienes se consideran votantes republicanos dijeron aprobar su gobierno. Tal cifra es superior a la que en el arranque de sus gobiernos tuvieron George H.W. Bush (82%), Ronald Reagan (78%), Richard Nixon (76%) y Dwight Eisenhower (85%), entre los seguidores de su partido. Con estas cifras, si el juicio político depende de un jurado republicano, el veredicto claramente será inocente.]]>

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