El método chaz: intervención, control, escasez

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En 2001 hubo un quiebre: el Estado venezolano, por órdenes de Hugo Chávez, puso en la mira las tierras productivas en manos privadas. Una ola de expropiaciones llegó junto a nuevos instrumentos jurídicos que convirtieron al gobierno en el gran administrador de la producción agroalimentaria en el país. Las expropiaciones, intervenciones y tomas se hicieron regla común. El hambre llegó después.

Con motivo de su 13° aniversario, Clímax presenta la serie Deconstruyendo a Hugo Chávez

La crisis agroalimentaria en Venezuela comenzó un 10 de diciembre de 2001 cuando Hugo Chávez promulgó la reforma a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Con este polémico instrumento jurídico, el chavismo creó su propia concepción de que “la tierra es para quien la trabaja”, por lo que basó en la expropiación la forma para desarrollar una soberanía alimentaria que en 20 años nunca existió y que hizo al país mucho más dependiente de las importaciones.

Aunque durante años Venezuela ha sido mayormente exportadora de petróleo, existía una producción agrícola nacional que abastecía en gran medida la demanda de la población, llegando incluso a exportar varios rubros. Pero ello acabó debido al excesivo control e intervención estatal en toda la cadena agroalimentaria del país.

Con el argumento de luchar contra el latifundio, Chávez expropió fincas altamente productivas y cambió casi que por capricho el uso de algunas tierras, al ordenar sembrar un rubro sin tomar en cuenta las condiciones climáticas y el tipo de suelo. Mucho se recuerda cuando exigió que se produjeran naranjas en unas tierras en el Valle del Rio Turbio en el estado Lara donde había extensas siembras de caña de azúcar, pero hoy en día la región no produce naranjas ni tampoco azúcar para abastecer al mercado interno.

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Chávez comenzaba su ataque a los dueños de fincas “muy casualmente” durante su programa Alo, Presidente que se transmitía todos los domingos en radio y televisión. Cuando en su alocución desde alguna zona rural reclamaba que algo no estaba bien, se podía intuir que vendría alguna medida en contra de un productor.

Consideraba que en Venezuela donde no existían catastros y registros completos, muchos particulares se apoderaron a lo largo de la historia de terrenos públicos baldí­os, por lo que a su juicio, la mayorí­a de los propietarios sólo tenían derechos sobre las bienhechurí­as y no sobre la tierra la cual debían devolver al Estado.

“Hay que intervenirlos de manera agresiva, no puede haber tierras abandonadas o subutilizadas. ¿Dónde vamos a sembrar, en los techos de las casas? ¿Dónde vamos a poner las vacas? La iniciativa debemos tomarlos nosotros con el pueblo, los tribunales actúan luego, la Ley de Tierras ordena al Ejecutivo que tome la iniciativa elaborando luego los planes productivos y entregando los recursos”, dijo en febrero de 2008 en su programa dominical.

Y la medida para “poner orden” era precisamente la expropiación o rescate de tierras, tal y como lo llama el chavismo. La ideología del creador del partido PSUV afirmaba que aquellas tierras que estuvieran ociosas, deberían ser entregadas a campesinos de la zona o al Estado a través de acuerdos entre las partes. Pero este proceso tuvo sus problemas, puesto que muchas de esas fincas fueron confiscadas sin que sus dueños recibieran compensación alguna.

Venezuela's President Chavez rides a horse during his weekly broadcast "Alo Presidente" in Mantecal in the western state of Apure

“Quién puede estar a favor de tener unas hectáreas ociosas donde debería estar el arroz, el maíz, el ganado lechero, el ganado de carne, las caraotas y, nosotros estamos importando, entonces nos acusan de la inflación porque claro la producción es insuficiente. Si hay algún funcionario que no pueda aplicar la Ley de Tierras, pues dígamelo y ponga su cargo a la orden para poner a alguien que si pueda, o es qué le tienen miedo a la oligarquía criolla, a mí no me importa que me odien”, agregó.

Las expropiaciones de tierras generaron obviamente malestar en el sector privado nacional y extranjero que invirtió en el país y, para dirimir esos conflictos nació el “método chaz”.

En el año 2005, Chávez inició su cruzada contra la finca La Marqueseña ubicada en el estado Barinas, cerca de Sabaneta, su pueblo natal. En medio de unas obligadas negociaciones para su propietario Carlos Azpúrua quien debió demostrar la propiedad de las tierras, se resolvió en un principio mediante la conciliación directa entre el propio Chávez y Azpurúa, proceso al que el mandatario bautizó como el Método Chaz, un acrónimo de su apellido con el del ganadero.

El método consistía en que las áreas productivas quedaban con el dueño y las improductivas u ociosas eran cedidas al Estado luego de un pago o indemnización.

En marzo de 2006 Azpúrua con parte de su hacienda ya ocupada por la Fuerza Armada dijo que aunque los tribunales no emitieron sentencia que permitiera establecer que los supuestos terrenos baldíos pertenecían a la nación, el entonces ministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaua le habría dicho que “la revolución está por encima del orden legal” y que las razones para el “rescate de tierras” eran políticas.

Es así como el “método chaz” al final nunca se aplicó puesto que el Tribunal Supremo de Justicia determinó que el dueño de La Marqueseña era el Instituto Nacional de Tierras (INTI), órgano ejecutor de la política de expropiación.

Otro caso emblemático de la forma en que Chávez creía en cómo los empresarios del agro debían ponerse a derecho, fue el anuncio de la expropiación de la Agropecuaria Flora C.A. (Agroflora) propiedad de la empresa británica Vestey Group.

“Esta es propiedad social, no se puede convertir, como ellos lo han hecho, en propiedad para unas pocas personas, por lo que pueden enriquecerse mientras contaminan las vías fluviales y los ríos (…) Esta es la opción, porque no quieren negociar y nos están pidiendo dólares, bueno, entonces será una expropiación forzada. Vamos a realizar una evaluación justa y luego les pagaremos”, dijo Chávez al enfatizar que la compañía recibiría compensación del gobierno en moneda nacional.

De acuerdo a cifras de Cedice Libertad sobre las violaciones a la propiedad privada documentadas en Venezuela, durante 2012 a 2016 ocurrieron 1.043 “rescate de tierras”, mientras que en 2017 se registraron 73. Hubo otro pico en el año 2014 cuando se ejecutaron 66 procesos de este tipo y se llegó a ejecutar una intervención simultánea de 16 hatos en marzo de 2017.

Otras estadísticas revelan que unos 6 millones de hectáreas fueron objeto de rescate de tierras, pero muchos de estos procesos no fueron documentados ni denunciados por temor.

Para Rodrigo Agudo, consultor de temas agroindustriales, en estos 20 años se pasó de ser un Estado que fomenta y apoya el desarrollo a un Estado que controla y subyuga los pocos recursos y bienes que se pueden producir en el país. Acota que la historia de la acción del chavismo se resume en “intervengo y controlo, pero luego todo desaparece”. Las consecuencias de esta política se observan en la generalizada escasez de bienes y un constante aumento en los precios llevando a la economía a un proceso hiperinflacionario, haciendo valer la frase de que no hay bien más caro que el que no existe.

“La primera gran equivocación visto como modelo de desarrollo fue el de intervenir el sistema agroalimentario. Hasta el 2008 se afectó a las fincas ganaderas con las expropiaciones y el ataque a los terratenientes, que aunque en cierta forma no impactó en gran medida, fue a partir del 2008 que con las intervenciones de las tierras productivas se afectó especialmente los de los ciclos cortos como los cereales”, explica Agudo.

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A su juicio, durante todo este periodo se observan tres importantes hitos: el primero al iniciar la confiscación de las tierras, un segundo hito al tomarse la decisión de intervenir todos los procesos de la cadena agroalimentaria apoyándose en las importaciones y el tercer hito en 2016 cuando se crea la Gran Misión Abastecimiento Seguro y con la cual se fortalece la militarización del sistema agroalimentario venezolano y cuyas decisiones actualmente son tomadas por el Estado Mayor.

Recuerda que en el sector primario la expropiación de Agropatria se convirtió en el ejemplo más relevante del fracaso de la intervención estatal. “Con Agropatria se eliminó una excelente empresa que era sostén y eje de desarrollo de la agricultura familiar, del pequeño productor a quienes financiaban y garantizaban los insumos. Pero hoy esta empresa es un monopolio que cobra vacuna por la intermediación de la distribución de insumos y que tiene una distribuidora exclusiva como Agrofan (empresa gerenciada por militares)”.

La mayoría de los componentes del sistema alimentario venezolano eran agentes económicos privados. El Estado intervenía principalmente en la elaboración y administración de políticas públicas sobre el sector. A partir de la llegada del chavismo al poder, el sistema alimentario ha sido intervenido por el Gobierno y por el partido oficialista a través de empresas propiedad del Estado, resalta la organización Transparencia Venezuela en un informe en el que evalúan las empresas propiedad del Estado como un modelo de control.

Destaca que en 2008 se dan las primeras evidencias de la crisis agroalimentaria, disparada por la caída del ingreso petrolero y agudizado por un desacertado manejo de la economía y de las empresas estatales, dedicadas a la agricultura y a industrias claves del sector.

“En los últimos 19 años la materia agrícola y los alimentos han sido manejados como instrumentos de dominación y proselitismo político por parte de la clase gobernante. En este sector, probablemente más que en ningún otro, el militarismo ha dominado la burocracia y concentra los niveles de supervisión y mando. El Estado ha jugado todos los roles de la cadena productiva y el resultado ha sido una caída sostenida por más de 10 años de la producción agrícola e industrial y ha acrecentado la dependencia de las importaciones, haciéndonos más vulnerables como país e inseguros desde el punto de vista alimentario”.

Comunicadora Social egresada de la Universidad Central de Venezuela, con especialización en Periodismo Digital en la Universidad Monteávila, en Caracas. Cuenta con una amplia experiencia en la fuente económica, especialmente en el área de banca y finanzas públicas. Integró el grupo de periodistas que realizó la investigación de Panamá Papers caso Venezuela.