El oeste de Caracas no espera a la MUD para protestar

A simple vista solo son edificios ruinosos, torres desvencijadas, curtidas de negro y con el friso despellejado del tanto llover. Para sus residentes son el relato de la agresión, la mancha indeleble de los cuerpos de seguridad del Estado, testimonios que cuentan una historia encarnizada: represión. Detrás de las paredes manchadas de pólvora, de cada torre embestida por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y grupos armados se trazan con disimulo las estrategias de una protesta que se reinventa para esquivar el control de un Gobierno estremecido por el descontento. Cada parroquia al oeste de Caracas tiene su propio método a la hora de manifestarse y cada plan su táctica de ejecución.
Nada está escrito. Algunos mensajes son implícitos, se emiten en códigos, sonidos que hoy denotan urgencia, como los pitos y vuvuzelas. En los estadios vociferan la algarabía después de cada gol, pero en las zonas populares, asediadas por los funcionarios, son instrumentos de defensa contra un régimen que se sirve de las armas. En El Valle, las jornadas de protestas inician con un mensaje de Whatsapp.
En la calle 14 de Los Jardines, cuyos habitantes se estrenaron en las cacerolas la noche del 20 abril de 2017, la reyerta sobre el asfalto cobra autonomía. A diferencia de las manifestaciones en Las Mercedes, Prados del Este o en el distribuidor Altamira de Chacao, las protestas que acontecen en los sectores más humildes no están en la agenda de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), son espontáneas, sin citas mediáticas ni llamados de la dirigencia política. Tienen su propio ímpetu y arden por la furia de cada familia que estalla en frustración.

En las residencias El Guri todo inicia con un mensaje entre vecinos. Cada líder mueve su propio tropel. Aupados por el desabastecimiento de alimentos, la escasez de medicamentos y la inflación se atreven a campear su resabio contra el chavismo. Reclaman soluciones y anhelan la renuncia de Maduro. Lo hacen a contracorriente, a sabiendas de la presencia de grupos armados, que acechan las residencias donde viven los jóvenes, hombres y mujeres que dicen enfilarse en “La resistencia”. En realidad son los vecinos más intrépidos, cuya bravata ha sido identificarse con una lucha pacífica en la que sobra el plomo de la bota y la amenaza de oficialistas.

Su función, cuenta Armando, uno de los agitadores, es calentar la calle y preparar el terreno a quienes no se atreven a salir por su propia cuenta. “La gente está descontenta. Eso es evidente. Aquí somos los vecinos quienes decimos cuándo y cómo salir. Tratamos de coordinar lo más que se pueda. Unos arman las barricadas, otros, quienes no se atreven a pisar la calle, nos avisan desde la azotea cuando viene la policía. Cada quien sabe qué hacer”.
Las maniobras se tienden en voz baja, residencia adentro, para no levantar suspicacia. Pero la lucha, dice Armando, no solo acontece sobre el asfalto, también inicia en los pasillos, donde han tenido que convencer a algunos vecinos que languidecen y se resisten a las movilizaciones. “Hemos tenido que hablar con chavistas arrepentidos, como mi padrino y otros vecinos, que se han desmarcado del gobierno de Maduro. Le hemos tenido que explicar que solo de esta manera podemos levantar roncha”, dice el universitario.
La protesta como un todo
Quienes protestan en El Valle y en las zonas populares lo hacen con miedo, se saben acorralados. No son náufragos en el conflicto. Para Alberto Andrades, psicólogo social de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), son los actores que determinarán una lucha que en abril estaba confinada al este de la ciudad y que hoy se orquesta en sitios marginados por el propio chavismo, como las parroquias La Vega, Sucre y Santa Rosalía y la urbanización Montalbán.
“Hay que ver la protesta como una manifestación social. La lectura debe ser absoluta. No podemos darle mayor valor a lo que ocurre en el este de Caracas o en los barrios ricos, como muchos medios internacionales han reflejado el conflicto. No se debe sectorizar las acciones de calle porque se corre el riesgo de invisibilizar o relegar grupos importantes sin los cuales no se alcanzaría el efecto deseado”, dice.
En la Calle Real de Los Jardines, los residentes de los edificios Tulipán, Clavel y Yurubí encabezan su propia lucha. Es parte de la protesta que estalla con enfado en el oeste y sureste de Caracas, donde motorizados armados, encapuchados, asedian a quienes se arrojan a la calle. Jaise Martínez se declara manifestante empedernida. Tiene un verbo implacable, presenta argumentos y los grita en público hasta quedar afónica. “Cuando me llega el mensaje de los muchachos, invitando a la protesta, me retumba el corazón. No hago más que gritar en las manifestaciones. Grito todo mi odio contra el maldito Maduro. Me quedo como catatónica, enmudezco, pienso en lo mal que está el país, en lo bien que puedo estar y luego reanudo mi grito”, dice.

Pero asegura que no pasa mucho tiempo hasta que la PNB se da por advertida y toma por asalto en la avenida Intercomunal y cierran la estación Los Jardines. Al lugar de la protesta también llegan la Guardia y los llamados “colectivos” —grupos paramilitares del chavismo. Quienes dicen ser víctimas de la represión señalan que ambos grupos comparten el oficio de amedrentar. Los uniformados lo hacen con gases lacrimógenos, perdigones y rolineras. Y los motorizados maduristas con cuchillos y amenazas. Pero ambos tienen una táctica común: el uso de balas de plomo para acorralar a la disidencia del gobierno.

Por un mejor futuro
La creatividad también cobra espacio en la calle. Algunos vecinos, quienes aseguran estar movidos por la piedad divina, organizan vigilias en El Valle. Ligia Álvarez dice que asiste a cada encuentro en un intento por aplacar el ardor de espíritu. Tiene 32 años, dos hijos y dice que rasguña para medio comer en su casa en la calle 9, cerro arriba.
Ligia trabajaba como maestra en un colegio público de la zona, pero nunca le dieron cargo fijo. Hoy barre en la clínica Ana Cecilia y a destajo en algunos condominios, cerca del mismo colegio donde preparaba a niños de educación inicial. “Tengo seis años de graduada de la Universidad Bolivariana. Me cansé de esperar cargo fijo y de hacer suplencias que el Ministerio de Educación nunca paga”, se lamenta.
Hoy la educadora toma la posición delantera en las protestas y se niega a renunciar a un futuro prometedor. Defiende el mañana de sus dos hijos de siete y cuatro años. Y además pontifica la idea de una mejor Venezuela, un idilio en un país desmantelado, abatido por la crisis económica, política y sanitaria que los más pobres resumen en una palabra: desgobierno. Son precisamente ellos, hombres aguerridos, algunos profesionales, con espíritu aventurero, que se camuflan en su cotidianidad, los que escriben su propia historia.
La agresión de grupos irregulares alcanza lugares inusitados, fuera del acostumbrado terreno de la protesta en el este y se zambulle en barriadas, zonas residenciales de Libertador y el centro de Caracas. Quienes viven en los inmuebles asaltados por hombres armados y efectivos de seguridad del Estado escurren sus propios relatos de horror. Javier Delgado es de La Vega y cuenta con voz quebrada cómo se robustecen las agresiones y las amenazas en su comunidad.

Javier cursa octavo semestre de sociología en la Universidad Central Venezuela (UCV) y se ha unido a un grupo de vecinos. Fue uno de los que salió a la calle  2 de junio, cuando saltaron las primeras lacrimógenas en la parroquia. “Aquello fue morrocotudo”, dice en remedo a su padre, un hombre de origen colombiano, quien ha sabido capitalizar todo su haber en la Venezuela que lo abrazó en 1983, cuando llegó de su país desplazado por la violencia de grupos armados. 24 años después, Javier vive en primera persona la historia de su papá.

“Ese mismo día— la noche del 2 de junio— llegaron cinco hombres armados a mi casa y me pidieron que me quedara quieto, que no me metiera en rollos. Tenían armas largas sobre sus hombros. En realidad no emitieron una sala grosería. La amenaza iba implícita. Era su presencia. Me dijeron: ‘tranquilo, chamo, tranquilo. Estamos haciendo nuestro trabajo. No te vamos a hacer nada. Por tu bien, te recomendamos que no te metas en escaramuzas’. Del susto se me bajó la tensión y todo se me nubló. Creía que me matarían en ese momento, pero continuaron de puerta en puerta por mi calle”.
Ir hasta allá es la estrategia
Han transcurrido 88 días de protestas, mucho terreno se ha dado por ganado en las comunidades humildes, pero el Gobierno no ha demostrado un síntoma concreto de debilidad, más allá de la fractura institucional con el rechazo a la constituyente manifestado por la Fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz. Así lo asegura Alberto Andrades, psicólogo social de la Universidad Católica Andrés Bello, se adelanta a la coyuntura con otro problema.
“Mientras no veamos al país como un todo, la protesta no generará frutos. Muchos esperan que los vecinos de allá asuman el trabajo que les corresponde a quienes están de este lado. Dicho de otra manera, en Caracas, no se puede sacralizar a quienes hacen del este una trinchera y aguardan en su letargo por la bajada del cerro, de las clases populares. Si la  oposición quiere tener éxito debe ir hasta allá, a los barrios, al otro lado del Guaire, no a dirigir a las masas, sino a escuchar a los vecinos para acompañarlos en sus manifestaciones”, expone el docente.
En el Paraíso, la coyuntura arropa a Residencias Victorias, “Los Verdes” y las torres adyacentes al puente 9 de Diciembre, donde los accesos a los conjuntos han sido forzados y permanecen encadenados. En lugar de portones, ahora solo quedan amasijos de hierro entretejidos con más hierro. Los vecinos están dominados por el temor. Y temen una nueva incursión de funcionarios encapuchados.

Norma Jiménez reside en esa parroquia e indica que viven bajo una amenaza latente: el regreso de los motorizados armados y de aquella tanqueta que arremetió contra dos de los tres portones de Residencias Victorias, su domicilio desde hace 18 años.
En el complejo Parque Caracas, en Candelaria, la represión de la GNB, PNB y los “colectivos” provocó el desplazamiento de los estudiantes de la Escuela Dora Burgueño, que funcionó en ese complejo. Se trata de una institución para niños con discapacidad que tuvo que mudarse temporalmente al Liceo Andrés Bello, en la Av. México, para resguardar a los estudiantes de las balas. En ese recinto funciona además el Preescolar Maripérez, cuyos alumnos se mantienen sin clases, contaron vecinos.

Sin recursos para reparar daños
Los propietarios de los condominios afectados se declaran sin recursos para reparar las puertas, rejas y portones violentados y tienen poco margen económico para revertir los daños a corto y mediano plazo.

En Candelaria, un sector cuyos vecinos añoran el estilo de vida apacible al que estaban acostumbrados, una decena de hombres armados ingresó el 12 de junio a Parque Caracas, un complejo que alberga 900 familias, y partieron los espejos de la recepción de las torres A y B. “Trataron de abrir la puerta con una llave, pero como no les funcionó, la violentaron, agredieron al vigilante, causaron destrozos y golpearon a quienes entraban en ese momento. Lo hacían mientras gritaban violentas consignas a favor de Maduro”, relataron voceros del condominio.
Un día después de la arremetida, familias del lugar se reunieron para afinar estrategias, entre las que acordaron reforzar la vigilancia. La primera fue aplicada el mismo día de la ataque cuando robustecieron con cabillas la reja de las torres A y B. Dos días antes, en esa misma parroquia hubo detonaciones contra los centros residenciales El Mirador y La Candelaria. En ambos conjuntos fueron vulneradas las puertas.
Aunque no existe un balance oficial en torno a los daños en la ciudad, cada residencia formula sus propios cálculos. En Parque Caracas, los vecinos estiman que los daños ascienden a más de 4 millones de bolívares, un monto que solo incluye la reposición de los 10 espejos rotos en el lobby. En Las Victorias y Los Verdes, ambas residencias El Paraíso, los avalúos preliminares cuantifican las pérdidas en 30 y más de 100 millones de bolívares.]]>