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El Plan de la Patria es dejar a la gente sin empleo

Vallas
21/02/2017
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FOTOGRAFÍA: ANDREA HERNÁNDEZ

Los controles económicos en Venezuela han mermado la actividad comercial. Con la mercancía escasa y las ventas a pique, la reducción de personal –a pesar de la inamovilidad- se impone. El Estado tampoco cumple su propia política laboral. Las pequeñas y medianas empresas que aún perduran enfrentan el reto de sobrevivir en 2017 contra viento, marea, aumentos salariales y mínimas ganancias

Durante los últimos meses de 2016 y comienzos de 2017, quienes son dueños o encargados de pequeñas y medianas empresas se han visto en la necesidad de reducir horarios laborales, racionar mercancía y hasta forzar despidos convenidos de personal. La economía hiperinflacionaria de Venezuela ha mermado las actividades comerciales de quienes mantienen las santamarías abiertas, empujando los índices de desempleo.

El 15 de enero, el presidente Nicolás Maduro alegó que el año anterior cerró con 6% de desocupación en todo el país, y anunció una meta: bajar dos puntos porcentuales a la cifra. No es posible determinar a qué mes corresponde el dato ofrecido por el primer mandatario, pues el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) solo ofrece cifras oficiales actualizadas hasta abril de 2016, mes que cerró con 7,3%. Eso sí, no sería la primera vez que el de Miraflores se apoye solamente en el índice correspondiente al mes de diciembre, históricamente el más bajo de cada serie anual.

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Pero la calle habla. El centro de Caracas, por ejemplo, es vitrina de realidades más palpables. Santamarías abajo en horas de la tarde, vendedores con caras largas, cajas registradoras que rara vez suenan, peatones sin compras colgando de sus manos.

A sus ochenta años, Matteo Azzarone atiende su propia tienda de calzado para damas, caballeros y niños ubicada de Madrices a Ibarras. “No tengo mercancía, no tengo ganancias. Esto es pura pérdida”, se queja con la claridad que le permiten los años. El italiano fundó la zapatería en 1968 y aún recuerda las cuatro décadas en que vendía cientos de pares y podía contratar hasta cuatro personas en diciembre. Al cierre de 2016, solo tenía una empleada con quien se dividió las tareas administrativas cuando lo normal es tener uno más. “Siempre tratamos de tener dos empleados y de pagarles sus aumentos de sueldo. Ellos no tienen la culpa de esta broma de la economía. Hay que pagar”. Lo dice un hombre obligado a ajustar su nómina repetidas veces, siguiendo los cuatro decretos de ajuste salarial, beneficios incluidos, firmados por Maduro tan solo en un año. La remuneración pasó entonces de Bs 9.648,16 hasta Bs 27.092; un incremento total superior al 280% que se queda pálido ante los cálculos de inflación al cierre del año del Fondo Monetario Internacional (al menos 500%) y del economista Francisco Faraco (1.000%).

Pero la voracidad de la inflación, impulsada además por la leña de los propios aumentos, condujo al Ejecutivo Nacional a ordenar un nuevo ajuste en enero de 2017: 50% hacia arriba. Así, el salario mínimo y las pensiones, con el bono de alimentación, alcanzaron los 104.358 bolívares. La consecuencia es clara: cada vez son menos los negocios que tienen la robustez financiera necesaria para sostener esos niveles en manejo de personal. Según cálculos de la firma Ecoanalítica difundidos por el vicepresidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Alfonso Riera, el sector comercio sufrió una contracción de 20% en 2016. Agregó el vocero de la organización que entre octubre y parte de diciembre de 2016, se perdieron unos 700 mil empleos en el ámbito comercial.

Son estadísticas que tienen rostro, como el de Jesús Cuba. En julio de 2016 pasó de tener un trabajo estable a rebuscarse arreglando teléfonos, computadoras, “lo que salga, a donde me llamen voy”. De sus 44 años, acumulaba casi ocho vendiendo piezas para computadoras en una tienda en Parque Carabobo, un negocio que se redujo por el alza en el costo de las piezas que vendía, por la subida del dólar en el mercado negro. “El dueño, que era un chino, dijo que estaba haciendo inventario cuando cerró el local. Ellos volvieron a abrir, pero con otro encargado de la tienda y otro personal que le pagan sueldo mínimo. Yo no iba a trabajar por eso, con una niña de 14 años”, explica Cuba.

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Sus oportunidades laborales ahora dependen del mercado informal; mata los pocos tigres que encuentra para llevar el pan a la mesa: “Yo perdí mi estabilidad, fueron siete años trabajando ahí. Con ese trabajo tenía oportunidades más holgadas. Uno podía anhelar más a un futuro. Ahora está bien apretado. Tanto a la mamá como a mí se nos complican las cosas para mantener a la niña. Uno sigue luchando, pero la pasa difícil”.

Mientras algunas tiendas y compañías aún persisten con medidas de reducción de personal y congelamiento de sueldos, el vicepresidente de Consecomercio explicó en una entrevista para Unión Radio que “en 2016 se han perdido 500.000 empresas, quedan 230.000”. El canal de televisión Sun Chanel fue una de las empresas que debió reducir su nómina. Wismar Negretes lo atestigua, pues salió para no volver el 27 de enero de este año.

Con apenas 22 años, acumulaba cinco en el canal, donde se desempeñaba como blogger de programación: montaba la lista diaria de programas que saldrían al aire. “Me dijeron que, como estaban retirando la señal HD del canal, estaban reduciendo personal. Que hicieron una evaluación y la que salió por debajo del estándar había sido yo. Ahora, no sé cuándo hicieron esa tal evaluación, porque ni me enteré que la hubieran hecho en mi departamento”, explica. Pasó de ganar 27 mil bolívares mensuales a depender económicamente de sus padres y esperar el desenlace turbio de una apelación judicial.

El nuevo ministro del trabajo, Francisco Torrealba, aseguró el 9 de enero de 2017 que las medidas de ajuste salarial se tratan de “una política de protección al empleo de todas y todos los trabajadores. Los anuncios reflejan la protección del salario”. Pero sus deseos caen en saco roto, pues tener un negocio es estar expuesto a varias amenazas. Por ejemplo, la navidad fue agria para quienes debieron cumplir –so pena de cárcel- la orden de ofrecer rebajas de entre 30 y 50 por ciento que dictó la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) en ejes comerciales de Chacaíto, Plaza Venezuela, Sabana Grande y el centro de Caracas.

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Matteo Azzarone le pone nombre: “me saquearon el negocio”. Aún con el recuerdo vivo de “las colas eran inmensas” que se hicieron a las puertas de su zapatería, afirma que “estamos empezando de nuevo con lo que quedó; mira cómo está esto”, dice, indignado, señalando sus vitrinas, que solían estar llenas hace pocos años y ahora apenas alcanzan a mostrar mercancía.

El escenario se repite en muchas tiendas de la capital. Las medidas de la Sundde dejaron compradores hambrientos y tiendas secas, vacías, tristes. Con vidrieras a medio llenar, Luis Rivero, encargado de una venta de ropa para caballeros también del casco histórico de la capital, presenció cómo su dinámica comercial se fue en caída libre durante diciembre, mes que se proyectaba provechoso por tradición. “Eso fue un desastre. Llegaron camiones llenos de guardias nacionales para ver que pusiéramos los descuentos. Eso no era una supervisión, sino una orden”. Con el descuento de 30%, vendieron a pérdida sin capacidad de recuperar.

Rivero acumula 24 años tras ese mostrador. A cambio de no revelar su identidad real, recuerda los años dorados del local, cuando había operaciones en el sótano, la sala central y la mezzanina, que debieron cerrar en noviembre pasado. “Ese departamento tenía 120 metros. De seis vendedores que teníamos antes, pasamos a tres. Teníamos dos cajeras, nos queda una. Teníamos un personal de limpieza, ahora nos compartimos a la persona que queda”.

Además, la tienda en el centro de Caracas, acostumbrada a ofertar mercancía para caballeros importada de Italia y España, vende desde hace cuatro años “todo nacional, que no es que sea de mala calidad, pero no es lo mismo de antes”. Se consiguen bluejeans, franelas, ropa cada vez más informal y alejada de las piezas de alta gama que antes eran estrella de su catálogo.

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En la economía actual “ninguna de las partes gana, ni empresario ni consumidor”, explica la profesora de Finanzas Personales del Instituto de Estudios Sociales Aplicados (IESA), Rosa María Rey. La ingeniera química y analista financiera explica que el empleador –además de los actuales controles estatales- está atado a los costos fijos: nómina, servicios, contratos periódicos, alquileres. El juego se tranca cuando la ganancia no es suficiente para saldar las deudas, incluso cerrando el negocio momentáneamente.

Desde el punto de vista del trabajador, el presidente del Frente Autónomo para la Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess), Froilán Barrios, explica que hay tres elementos centrales vulnerados en Venezuela: la posibilidad de acceder a un empleo decente y estable, a un salario mínimo con poder adquisitivo y a seguridad social. “El trabajador está expuesto a la precariedad de vida, la migración, un salario que no alcanza sino para comer. La economía formal no está absorbiendo personal y el gran empleador es el Estado”, denuncia.

Pero quienes forman parte de las nómicas de instituciones y empresas del Estado también son vulnerables al despido, con todo y Decreto de Inamovilidad Laboral vigente. Wilson Gutiérrez de 44 años hizo carrera profesional en el Metro de Caracas, desde sus 17. Casi tres décadas después lo llevaron hasta la Consultoría administrativa, hasta que fue cesado sin aviso previo a finales de septiembre de 2016 durante un reposo médico. “Nadie me pasó ninguna carta de despido. Me entero porque me llamaron mis compañeros de trabajo para avisarme que en los portones de la estación Propatria estaba una hoja con mi nombre, foto y un memorando del gerente de Protección y Seguridad Patrimonial diciendo que había sido despedido y se me prohibía el paso a instalaciones. Además, me congelaron el sueldo”.

Gutiérrez admite haberse sentido como un delincuente. Once compañeros de trabajo del Metro de Caracas se encontraban en la misma situación que él, de los cuales solo cuatro fueron reenganchados. Ni con los reclamos ante la Inspectoría del Trabajo ve luz al final del túnel. “Tengo ya cuatro meses de despido. Yo estaba acostumbrado a darle un detalle a mi hijo en Navidad, comerme mi hallaca, mi pan de jamón. Este diciembre no pudimos hacer nada de eso. Es bien difícil para mí, con dos niñas, de 11 y 14 años. Tengo a mi esposa que con su sueldo, un poco más del mínimo, pagamos algunas cosas, pero las deudas se van acumulando”.

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Las denuncias de destituciones en instituciones públicas minan las redes sociales, y registros de organizaciones como Provea. La Unión Nacional de Trabajadores (Unete) alertó que el Gobierno despide masivamente desde el 30 de diciembre pasado para reducir su nómina, hecho reseñado por El Nacional. La organización nacida bajo la égida de Hugo Chávez en 2003, ha recibido denuncias de la botazón de 10.000 empleados de la administración pública. Su coordinadora, Marcela Máspero, indicó que muchos de los perjudicados han informado a los sindicatos que la situación se ha registrado en Bolivariana de Puertos, Ministerio de Agricultura y Tierras, Aeropuerto de Maiquetía y el Servicio Integrado de Administración Tributaria y Aduanera (Seniat).

“Este es el Plan de la Patria. La máxima de este Gobierno es que tiene que destruir el capitalismo para que se implante socialismo del siglo XXI. El problema es que las empresas que hay en el sector público tampoco producen. Si produjeran tuviéramos café, entre muchas otras cosas”, alega la presidente de Consecomercio, Cipriana Ramos. Agrega que el desempleo en Venezuela puede devenir en tres ramas. “Están los que emigran. Muchos se van al sector informal, pero también hay otro tanto que se va a la delincuencia”.