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Frenar protestas: disparar al corazón e invadir la casa del opositor

Portada
13/07/2017
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TEXTO: NATALIA MATAMOROS | FOTOGRAFÍA DE PORTADA: EFE | FOTOGRAFÍA DE PORTADA: EFE Y AFP

Para la Policía y Guardia Nacional lanzar bombas y perseguir manifestantes no son suficientes a la hora de detener el clamor del cambio. Van por más. Desde abril hasta hoy han perfeccionado su saña: el blanco son la cabeza y el pecho para que el opositor a Maduro no sobreviva. Accionan armas de fuego, arrojan lacrimógenas para destrozar órganos vitales, arrollan, entre otras inmisericordias. Ellos disparan a matar

Pese a que Jairo Ortiz vivía en Montañalta, una urbanización del Municipio Carrizal, considerada una zona de guerra y blanco de la represión por las manifestaciones contra el régimen de Maduro, no le llamaba la atención unirse a las convocatorias. Cuando se las topaba, las evadía. Era apático a las actividades políticas, aunque estaba consciente de la crisis del país. Se dedicaba a la poesía, a sus estudios y a tramitar su viaje a Colombia. Planeaba emigrar en mayo para huir de la inseguridad y de la crisis económica y social estancan al país. Su pasaje no lo usó. El viaje se canceló por una razón mayor: lo asesinaron en una de las protestas que tanto rehuyó.

La tarde del jueves 6 de julio, Jairo se citó con su novia en el Centro Comercial La Cascada. Su tío, Julio Grillet, relata que previamente había hecho unas diligencias relacionadas con el viaje. Mientras conversaban de sus proyectos, justo al frente se caldeaba un combate entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. Se escuchaban detonaciones acompañadas por los gritos de los vecinos de Montañalta. Hombres y mujeres en la plaza y desde los balcones de los apartamentos vociferaban: “Esbirros asesinos”, “Van a caer”. Otros grupos eran perseguidos por los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía Nacional (PNB) que los atacaban con perdigones disparados a quemarropa.

La novia le dijo a Jairo: “Esto se está poniendo feo, vete para tu casa”. El muchacho la acompañó hasta una línea de taxi en Corralito y luego se devolvió a Montañalta. Él vivía en la torre cuatro de ese conjunto residencial. Cruzó la protesta y se topó con un amigo de la infancia. Él lo entusiasmó a quedarse un rato. Le dijo: “Si nos persiguen corremos y listo”. Accedió.

Ambos fueron a buscar unas chaquetas para resguardarse del frío en el apartamento de Jairo y bajaron nuevamente. Esta vez tomaron fotos de las quemas de cauchos y de cómo los funcionarios atacaban a miembros de la resistencia. Algunos los golpeaban y a otros los seguían hasta los apartamentos, mientras les disparaban perdigones. Los asfixiados por los gases tóxicos, eran incontables e ingresaban por lotes a una clínica cercana. El centro de salud parecía un hospital de campaña. Era un caos.

Jairo y su amigo registraban lo que sucedía en las cámaras de sus celulares. No querían perder detalles y eso le molestó a un funcionario de la PNB. El agente en pose desafiante, desenfundó la pistola, se le acercó a Jairo y le disparó a quemarropa en el pecho. Su amigo no lo pudo detener.

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El joven se desplomó y junto a él se desvanecieron sus porvenires allende la crueldad. Jairo murió cuando fue llevado a la clínica. Unos funcionarios de la GNB detuvieron el bombardeo de gases y en un gesto de sensatez entregaron al responsable de su muerte. Se trata de Rohenluis Mata Rojas. Él no pertenecía a la Dirección de Orden Público, sino a la brigada de tránsito, cuyos agentes no deberían actuar en protestas de calle, ni usar armas de fuego porque su función se centra en dirigir el paso de vehículos. Rohenluis es uno de los pocos agentes que están siendo investigados por los homicidios ocurridos en las manifestaciones. Hasta la fecha solo 19 funcionarios, entre policías y militares han sido imputados por este delito y otros abusos.

Según la cuenta del Ministerio Público, entre abril y lo que va del mes de julio, las manifestaciones de calle han dejado un saldo de 91 fallecidos En promedio se registra uno por día. De esa cantidad, 68 murieron por tiros, 1 por una rolinera, dos por disparos de metras de un cartucho de perdigón y 5 por arrollamientos, esta última categoría llama la atención por su perversidad. Acaso estrenada como método de ejecución en la Venezuela de Maduro, no se conocía o al menos no atemorizaba como ahora. El resto por otras causas. La mayoría de los caídos por arma de fuego recibieron tiros en la cabeza y pecho. El 60% de los casos involucra a fuerzas de seguridad, mientras que el resto a colectivos y otros a civiles.

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Hay jornadas de protestas que han reportado masacres. Hasta cuatro muertos en menos de 24 horas. Así ocurrió el pasado 30 de junio en Barquisimeto, estado Lara. Allí fue organizado un trancazo. La actividad que se inició de forma pacífica devino violencia y su saldo fue trágico. En medio de la represión recibieron disparos Rubén Morillo, Ramsés Martínez, José Mendoza y Fernando Rojas.

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Aliñar cartuchos y disparar en horizontal

La orden impartida a los agentes es clara: disolver las protestas, sembrar miedo a costa de lo que sea. El patrón de conducta de las fuerzas de seguridad está signado por la crudeza y la saña que han ido en crecimiento. Un funcionario de la PNB, quien prefirió mantenerse en el anonimato, comenta que los mandatos son impartidos desde las salas situacionales de los comandos policiales, a través de grupos de WhatsApp.

Por esa vía los jefes pautan la logística: cantidad de motos, hombres y armamento, además de los sitios para emboscar a los manifestantes, entre ellos: Centro Lido, a la altura de la Torre Country Club de Chacaíto y el puente de Las Mercedes. “Son un batallón formado por 500 hombres. Allí no solo actúa orden público, sino todas las direcciones. A ellos los uniformaron con trajes antimotines importados de China y Rusia. Se hicieron compras millonarias de equipos para evitar que las marchas lleguen a su destino final”.

Cada funcionario acciona su arma a su libre albedrío. No hay supervisión: “La idea es derrotar al enemigo”. Por consiguiente, disparan proyectiles a corta distancia. También tienen la libertad de aliñar los cartuchos: les introducen clavos, metras, esferas de plomo extraídas de rolineras. Hasta clavos y tacos de monedas. La potencia de estos objetos es similar a la de un proyectil, y si es lanzado a quemarropa ocasiona daños a órganos vitales. La utilización de estos recursos, libra a los funcionarios de responsabilidades penales porque imposibilita hacer una comparación balística. Las acciones son coordinadas. Las fuerzas no actúan aisladas, sino de forma conjunta con los colectivos armados, a través de equipos de radiotransmisión para comunicarse sobre los puntos que deben atacar y dónde se necesitan refuerzos.

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En los comandos hay un pequeño grupo de uniformados que no llega a 25 años. Ellos se expresan con odio en contra de los jóvenes de la resistencia. Tienen sed de venganza, están resentidos y antes de salir a la calle se jactan de decir frases como: “Hoy le vamos a dar con todo a estos carajitos”, “les tengo arrechera, vamos a ver quién puede más”. No vacilan en accionar sus escopetas viciadas de perdigones de forma certera y en sentido horizontal para que impacten en el pecho, como le pasó al biólogo Diego Arellano. Al igual Jairo, él tampoco participó activamente en la manifestación que contra el régimen de Maduro colmó la avenida Perimetral de San Antonio de Los Altos la mañana del 16 de mayo.

Su amigo, Alberto Zamora, relata que el joven debía bajar a Caracas porque tenía un compromiso, pero todos los accesos estaban cerrados. Había barricadas por doquier. Quedó atrapado. Se bajó del carro y en medio de la manifestación se cruzó con Alberto. Ambos tenían varios meses sin verse y hablaron de la situación país. Cuando se despidieron, Diego caminó al otro lado de la vía y a los pocos minutos se escuchó una detonación. Algunos se dispersaron y otros se aglomeraron alrededor de un herido. Era Diego. En la Clínica El Retiro de San Antonio, no pudieron precisar el objeto que le ocasionó la muerte. Pero en la autopsia se confirmó que se trataba de una pequeña esfera. Hasta ahora se desconoce quién se la encajó: era una metra, la misma que años atrás era usada por los niños para jugar en el recreo y que ahora se utiliza para fines bélicos.

No creen en nadie

Los cartuchos “aliñados” con metras y otros objetos no son un método nuevo. Según el comisario y criminólogo Javier Gorriño, también fueron empleados por la extinta Policía Metropolitana para controlar las protestas, aunque aseveró que su uso no era tan frecuente como ahora. “Lo que más utilizaban como instrumento de represión en los 90 eran las peinillas: varas de metal que su efecto era similar a un latigazo. Cuando las manifestaciones se salían de control los uniformados disparaban al aire y lanzaban bombas ascendentes en casos extremos. Ahora son accionados contra los cuerpos de las personas desarmadas y a corta distancia, como ocurrió con Juan Pernalete, quien fue asesinado en mayo por el impacto de una bomba en el pecho. En pocas palabras: disparan a matar”.

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La impunidad, a juicio del comisario Gorriño, ha contribuido al fortalecimiento de los métodos de represión. “Antes los agentes policiales o los militares incursos en un homicidio, eran arrestados en un lapso no mayor de 48 horas. Como había castigo, eran más cuidadosos cuando controlaban las protestas y practicaban allanamientos. Actualmente cometen cualquier tipo de delitos, irrumpen en las viviendas sin orden judicial y lanzan bombas hacia los inmuebles sin pudor. No les importa porque solo unos cuantos son sancionados.

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Embestidas en trancazos

Los arrollamientos han adquirido un papel protagónico durante los conflictos, representan la segunda causa de muerte. Ante los “trancazos” que convoca la oposición hay quienes no toleran los cierres de vías y, movidos por la ira, por su apuro, o porque están en contra de estas maneras de protestar, lanzan el vehículo contra quienes pasan horas parados protagonizando acciones pacíficas y reclamando sus derechos. Una de las víctimas más emblemáticas es el joven Paúl Moreno, estudiante de medicina miembro de los cascos blancos de la Cruz Verde de Maracaibo. Él ayudaba a las víctimas de la represión, los atendía, curaba sus heridas y los llevaba a los centros de salud para ser nebulizados cuando los gases no los dejaban respirar.

La tarde del 18 de mayo, participaba de una concentración en la avenida Fuerzas Armadas de la capital zuliana. La calle fue cerrada. Sobre el asfalto estaba Oscar Barrios, con su novia, en una camioneta Hilux de color blanco. Él tenía premura de salir porque debía hacer una diligencia. Retrocedió el vehículo para evadir la protesta y no se percató que Paúl estaba sentado en la isla. Lo embistió. En su confesión ante el Cicpc, Oscar alegó que su intención no era matarlo. Él no lo había visto y su error había sido escapar de ese sitio porque estaba preso de los nervios, arguyó.

Lo ocurrido con Paúl es solo una cuenta que forma parte del collar de atentados registrados sobre las vías y que han cobrado otras muertes, como la de Ángel Moreira, Luis Vera y Luiyin Paz. Mención aparte merece el caso de Alix Oriana Wadskier, de 25 años, quien fue atropellada por una camioneta oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a manos de un funcionario acompañado de un sargento del Ejército, Elvis López de 21 años, mientras participaba de una protesta en Calabozo. La muchacha sufrió traumatismo craneoencefálico en el evento registrado en la redoma de Los Monjes y fue trasladada hasta Caracas para ser atendida en el hospital Pérez Carreño luego de ser recibida en primera instania en un hospital de San Juan de los Morros.

El conductor de la camioneta, que fue detenido por policías y guardias nacionales, fue identificado como Fercen Carmelo Cedeño Hidalgo, de 34 años, y su acompañante era quien lo incitaba a pasar por encima de los manifestantes, según declaraciones de uno de los testigos. La estudiante de medicina logró ser estabilizada y el caso fue asumido por el Ministerio Público, que imputó a los tripulantes del vehículo.

En la capital, Pedro Yammine se mantuvo más de dos semanas internado en la Clínica El Ávila. Fue arrollado por una tanqueta de la GNB en dos oportunidades en Altamira. Una embestida no fue suficiente. El uniformado retrocedió el vehículo y pasó por encima de su cuerpo una segunda vez. El resultado del atentado: varias costillas fracturadas, omóplatos y un pulmón perforado. Los daños lo mantuvieron seis días en cuidados intensivos. No podía hablar, ni moverse, pero sobrevivió. Lo califican como un milagro.

El autor, el sargento segundo Daniel Medina, fue detenido. El segundo comandante de la Guardia Nacional, general Giuseppe Cascioppo, aseguró a periodistas el 19 de mayo que el oficial sería castigado. Sin embargo, posteriormente se informó que está libre. La propia fiscal general Luisa Ortega Díaz informó que en el Ministerio Público “pedimos privativa de libertad y el tribunal dijo que no”, alegando respeto a los derechos humanos del uniformado. El caso se mantiene impune.

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Invadir hogares como ejércitos de ocupación

De acuerdo con un balance hecho por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, de abril a julio, se contabilizaron 2.675 manifestaciones de calle, lo que representa un incremento de 66%, respecto al mismo período de 2016, cuando se contabilizaron 1.614. Durante estas protesta cerca de 250 civiles fueron procesados en tribunales militares y recrudecieron los allanamientos, robos y atentados contra inmuebles, en especial las urbanizaciones: el Distrito Capital, los Altos Mirandinos y Barquisimeto. Son las entidades que reportan mayor número de violaciones contra la propiedad privada.

Una de las víctimas es Marina Inojosa. Ella es habitante del Conjunto Residencial El Paraíso, conocido como Los Verdes. La noche del 24 de mayo ella le daba tetero a su pequeño de año y medio y desde la ventana de la habitación observó a una tanqueta que se había instalado en el Puente 9 de Diciembre. Seguidamente, un contingente de uniformados se bajó de un vehículo. Desde las ventanas de las viviendas, los vecinos indignados, rabiosos lanzaban objetos contundentes y les gritaban: “Asesinos” “lacayos de Maduro, les queda poco”. Eso fue suficiente para que en cuestión de segundos el batallón comenzara a disparar bombas contra los inmuebles. No les importó si había ancianos, pequeños o personas con problemas bronquiales. Uno de los funcionarios expresó: “Aquí les va lo suyo para que sean serios”.

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Una bomba entró a la sala de Marina. Ella aterrada salió con su bebé y se refugió en el apartamento de una vecina. Pasó la noche allí. Al amanecer entró a su casa y el picor en los ojos y en la garganta le impidió entrar a la habitación para cambiarse de ropa. No había un lugar que no estuviese impregnado de gas. “Desde que comenzaron las protestas no tengo vida. La guardia y los colectivos causan destrozos, disparan, nos insultan. Esto es una pesadilla. He pensado en mudarme temporalmente a casa de mi hermana. Temo por la salud de mi bebé”.

Un funcionario de Polimiranda, quien prefirió mantener su nombre en reserva, destacó que el abordaje de la GNB en las zonas residenciales se ha convertido en el principal mecanismo para evitar que la gente participe en las manifestaciones por temor. El objetivo es neutralizarlos. Ellos llegan con sus tanquetas y destrozan las entradas, rompen carteleras, tirotean las entradas, ingresan a los inmuebles, los desordenan y hasta se llevan la comida. El procedimiento es similar al que practican durante la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) en los barrios.

La feroz actuación de la GNB, según el abogado y criminólogo Luis Izquiel, quebranta la resolución 8610 emitida por el Ministerio de la Defensa y firmada por Wladimir Padrino López en 2014 que aclara que la GNB no tiene competencia en materia de orden público, salvo cuando se presenten situaciones irregulares que la policía no puede controlar. Tampoco puede intervenir contra planteles escolares, zonas residenciales y centros de salud. No pueden usar lenguaje soez. “Aquí los decretos, las resoluciones y las leyes son letra muerta. Los funcionarios actúan sin control”.

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