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Invasores, brazo ejecutor de la Misión Vivienda

Invasores Portada
06/02/2018
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TEXTO: JULIO MATERANO | FOTOGRAFíA: DANIEL HERNáNDEZ

Terrenos por doquier en la capital se ven ocupados por familias que buscan un techo. No hay espacios baldíos cuando las autoridades acogen a los invasores como reivindicadores, o miran para otro lado en el mejor de los casos. Caracas se ranchifica también en sus zonas planas como evidencia del fracaso de la Misión Vivienda

Forman parte del Movimiento de Pobladores, una organización apadrinada por el chavismo, y dicen no tener vivienda propia. Reclaman un techo. Escudriñan la ciudad, sus calles y persiguen, sin mayor sigilo, sus terrenos baldíos. Se apropian de ellos. El escrutinio de Caracas es permanente, a toda hora. A decir de algunos afectados, las incursiones ilegales se precipitaron en 2010 cuando el entonces presidente Hugo Chávez aupó a las familias más pobres a echar mano sobre lo ajeno.

Así quedó demostrado en febrero de ese año en la plaza Bolívar de Caracas tras su metralla de “exprópiese”, un dictamen deslenguado con el que el Gobierno se apoderó de algunas edificaciones patrimoniales y legitimó un modo violento de reacomodar un país que reclama proyectos habitacionales.

En Caracas, algunos tramos despellejados del Parque Nacional El Ávila, como ocurre en Cotiza, son el mayor síntoma de una ciudad que se desparrama conducida por el desgobierno. Pero más allá de los asentamientos ilegales en suelos protegidos por Inparques, también ocurre un fenómeno que no se percibe con facilidad y que trascurre en el interior de algunas construcciones desvencijadas, que se convierten en domicilios raudos, islas atropelladas de urbanidad que a veces son moradas de delincuentes. Son las tomas de inmuebles deshabitados cuyos propietarios se fueron del país, huyeron por la violencia, por la crisis o son víctimas de las arbitrariedades del Gobierno.

Un ejemplo vigente de ello es el estacionamiento de Tracabordo en Candelaria, uno de los más antiguos y estratégicos para quienes residen en pequeños condominios sin puestos para vehículos. En noviembre de 2017, el aparcadero de medio siglo, ubicado entre las esquinas de Tracabordo y Miguelacho, amaneció tomado por miembros del Movimiento de Pobladores. 65 familias del Campamento de Pioneros “Luchadores de Mi Patria”, inscritas en el Registro Nacional de Vivienda, reclamaban una propiedad y aspiraban conseguirla bajo las armas, según vecinos.

Invasiones5Yolianny Meléndez es vocera de los “pobladores” y desliza su visión en torno a la parcela que ocupan desde entonces. Piensa que la toma es un desafío social y dice que se produce en un contexto en el que muchos se han lanzado a la calle para capitalizar los derechos que no consiguen por las vías regulares: una morada. Yolianny enfatiza que tienen 11 años de lucha y asegura que pretenden beneficiar a familias pobres, con niños, para conceptualizar un modelo de autogestión. 

“Somos el brazo ejecutor de Misión Vivienda, un programa que, reconocemos, no ha avanzado con la velocidad que deseamos, pero que cuenta con un poder popular organizado”, agrega la comunicadora que aspira una casa. Con 90% de la población residiendo en las ciudades, el Movimiento de Pobladores asegura que Venezuela es el país más urbanizado del hemisferio. Pero tiene la estrechez de servicios en contra. Más del 60% de la población urbana vive en barrios autoconstruidos. Y cerca de 2 millones de familias no cuentan con una vivienda. En total, reseña movimientodeinquilinos.blogspot.com, 4 millones de personas viven arrimadas.

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130 tomas ilegales

Al déficit de servicios, los habitantes del municipio Libertador agregan el drama que avanza discreto: las tomas ilegales que quebrantan el orden en parroquias como Candelaria, donde los residentes suman 32 invasiones. Miembros de la Asamblea de Ciudadanos de Candelaria califican la situación de ataque a la propiedad privada y exigen al Gobierno atender las denuncias. Carlos Julio Rojas, portavoz del Frente en Defensa del Norte de Caracas, cierne sobre la escena una cifra gruesa que escurre urgencia: solo en el norte del Distrito Capital registran 130 tomas ilegales.

Invasiones4“El rostro de Erika Farías, antes y después de la campaña electoral, pudo verse adornando las puertas de las edificaciones invadidas”, aduce Rojas, quien asegura que los propios colectivos coreaban su respaldo a “papi papi”, como se le conoce a la recién electa alcaldesa. La coyuntura afecta a comerciantes y empresarios cuyas propiedades han sido tomadas, en algunos casos, con autorización del Estado, pero sin indemnizar.

La toma del estacionamiento de Tracabordo no es la única ocasión en la cual el autodenominado Movimiento de Pobladores ha ocupado espacios privados. Tras varios años en disputa, en 2013 lograron construir un complejo habitacional en La Vega. La ocupación, que inició como Campamento de Pioneros Kaikachí, se cristalizó en mayo de 2015 cuando fueron adjudicados 92 apartamentos autoconstruidos.

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Luis Márquez, vecino del centro de Caracas, recuerda que en 2013 Santa Teresa era una de las parroquias que reunía mayor número de invasiones por metro cuadro. En apenas 0,72 km2, tenía al menos 21 edificaciones habitadas ilegalmente. La toma más grande se encuentra entre la calle 500 y la avenida Baralt, con al menos ocho edificios contiguos donde los ocupantes montaron una cauchera, peluquería, carnicería, centro de estética, pollera, venta de verduras y licorería.

Solo en febrero de 2008 se registraron 154 invasiones, según la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur).10 años después, denuncian la proliferación de ese delito. La organización sostiene que las tomas suelen ejecutarse en dos etapas. En la primera actúan los grupos armados, quienes ingresan violentando puertas y candados. Luego inicia la segunda fase mediante la cual se instalan mujeres y niños.

Invasiones33Luz verde

Hoy, aquella sentencia impulsiva de Chávez, una bandera con la que refrendaba las invasiones, no es más que el punto de inflexión en una nación donde más de 3.742.226 familias, según el Registro Nacional de Vivienda, aguardan por soluciones habitacionales. Algunas de ellas, impacientadas, cansadas de esperar por la mayor promesa chavista (una casa), toman por asalto terrenos baldíos para construir ranchos.

La emblemática toma del galpón de repuestos de El Nuevo País y la revista Zeta, una propiedad en San Agustín que fue invadida a finales de 2017 por el Movimiento Social 4F, es tal vez el preludio de un alud de ocupaciones que no se detienen, como la del estacionamiento de Tracabordo, donde más de 300 puestos para usuarios itinerantes y 52 espacios fijos quedaron anulados. Allí los invasores esperan construir  tres torres con locales comerciales. Pero no se trata de un capricho desamparado. Sobre la invasión del garaje pesa un instrumento legal que legitima a los tomistas. Se trata de la Gaceta Oficial  6.234, de fecha 1 de julio de 2016, que autoriza la ocupación temporal de ese y otros 16 terrenos en Libertador, cuya conquista fue ordenada por el Ministerio de Hábitat y Vivienda.

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Entre los terrenos bajo la mira del Estado destacan una parcela ubicada en El Algodonal, tres en Las Delicias, una en El Guanábano, dos en La Rinconada y otras dos en Caricuao donde el Ejecutivo ha ordenado realizar evaluaciones técnicas para determinar la viabilidad de viviendas. También existen otros lotes en Santa Mónica, La Colina, Los Magallanes de Catia, dos en Candelaria, Las Mayas y otro en la avenida Andrés Bello cruce con Las Palmas.

En Gran Caracas, las autopistas Petare-Guarenas, Caracas-La Guaira y algunas zonas de la Panamericana y de los Valles del Tuy retratan un problema de vieja data que se acentúa conforme el Gobierno hace alarde de la Misión Vivienda, un programa gubernamental que nació en abril de 2011 “para dignificar a los damnificados” de la vaguada de 2010 y que ha tenido más desatinos que logros. 

Invasiones2De acuerdo con el índice de Vulnerabilidad Ciudadana ideado en 2014 por las universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar y Católica Andrés Bello, 47% de las viviendas construidas en el país, lo que equivale a más de 3 millones 567 mil inmuebles, no poseen estructuras adecuadas. El estudio, actualizado en 2016 en el marco de la encuesta Condiciones de Vida, apunta que 64,3% de los hogares son autoproducidos, lo cual se traduce en más de 4.745.770 casas.

Para algunos expertos, los asentamientos ilegales acentúan aún más la violencia, pues no incluyen escuelas, comercios ni lugares de recreación. “Dentro de la precariedad, el ocupante busca satisfacer una necesidad en las condiciones menos desfavorables. Las invasiones demandan bienes y servicios que deben ser planificados, lo cual pone a la ciudad en apuros”, comenta Mario Goncalves, profesor de  la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Cree que las intrusiones en pleno centro de la ciudad prueban el fracaso de Misión Vivienda.

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A Carlos Hernández, vecino de la parroquia El Recreo, le preocupa la falta de planificación urbana, pues esos estudios técnicos pasan por alto el colapso de los servicios públicos de las zonas donde se levantan nuevas edificaciones, sobre todo en un municipio de una alta densidad poblacional como Libertador, que tiene más habitantes que 21 de los 23 estados del país (todos salvo Zulia y Miranda).

Invasiones1Gustavo Oyoque, de Altagracia, lamenta que el proyecto Casa Aurora (esquina de Aurora a Doctor González) se haya paralizado y ahora el terreno esté invadido. “Allí estaba previsto levantar un centro de atención comunitaria, una iniciativa única en la zona y un proyecto diseñado por arquitectos de Fundapatrimonio que quedó a medio hacer”.

A propósito de las construcciones arbitrarias, en el kilómetro 13 de la carretera vieja Petare-Guarenas, en mayo de 2015, la Fiscalía 89ª Nacional con competencia Ambiental ordenó demoler las estructuras en zonas protegidas de El Ávila, pero las edificaciones han proliferado. En el barrio las Brisas del Ávila, a un costado del Terminal de Oriente, en Sucre, la mayoría de sus habitantes, quienes llegaron en 2008, no se reconocen invasores. María Elisa Ramírez es oriunda de Mérida, reside desde hace 10 años en el lugar y manifiesta preocupación por quienes se han incorporado en los últimos meses a esa barriada. La ama de casa señala que pasaron de una población de 380 familias a más de 1.500.

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En San Bernardino, donde los vecinos dicen estar organizados, la comunidad se ha activado para evitar nuevas tomas. En esa parroquia se contabilizan más de 12 ocupaciones ilegales hasta la fecha. “Las personas que se han ido del país dejan a familiares a cargo para evitar riesgos”, dijo un vecinos que pidió resguardar su identidad.