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Jubilados venezolanos en España: la pensión que no llegó

Senior woman counting money
03/02/2017
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FOTOGRAFÍA: INFORMATOR.NEWS

Dicen que son los años dorados, la época perfecta para descansar, viajar, vivir tranquilo después de tantos años de trabajo. Pero los jubilados y pensionados venezolanos en el exterior tienen una historia distinta. Como no reciben el pago que les corresponde, no tienen libertades. Dependen de hijos o familiares para comprar lo más básico. Nadie les da una explicación: los retrasos del IVSS o de Cencoex son una violación del derecho internacional a la seguridad social

Para ellos, los jubilados y pensionados venezolanos que viven en el exterior, la tercera edad ya no es una época de solaz. Todo lo contrario. A los achaques y, en muchos casos, olvidos propios de la vejez se suma una nueva preocupación: la estabilidad económica. Trabajaron toda su vida en Venezuela y decidieron migrar, pero desde hace más de un año no reciben el dinero que les corresponde. Parece que ni la huida a otras latitudes es garantía para escapar de las fauces del Gobierno.

Existen, en total, 12.000 jubilados y pensionados en el exterior, de acuerdo con la declaración de emergencia migratoria que hizo la Asamblea Nacional (AN) en septiembre de 2016. No hay cifras oficiales, pero las asociaciones indican algunos datos: en México hay 300; en Argentina, se contabilizan 45, pero pueden ser más; en Chile, cerca de 2.000; en Italia, 400. Nada más en España se suman 9.000. De esas cifras, algunos son pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), que tiene convenio con seis países: Chile, Ecuador, España, Italia, Portugal y Uruguay. Eso quiere decir que, después de hacer los trámites, las mujeres mayores de 55 años de edad y los hombres mayores de 60 años pueden recibir su pensión en moneda extranjera. Pedro Ontiveros, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados Venezolanos en la Comunidad de Madrid, señala que este grupo tiene más de 15 meses sin cobrar.

También están los jubilados de las instituciones públicas, que reciben el dinero en bolívares y, a través de una solicitud a Cencoex, pueden cobrar sus divisas en el extranjero. En este caso, dice Ontiveros, la deuda data de más de 18 meses. Hay quienes tienen derecho a recibir tanto la pensión como la jubilación. “Pero desde mediados de 2015 solo pueden cobrar una de las dos. El Gobierno no dio explicaciones para esta decisión. Nosotros hemos ido al IVSS, al Cencoex, a la Defensoría del Pueblo, a la Embajada de Venezuela y al Consulado de Venezuela en España. Nos reciben en todos lados, pero no nos dan respuestas. Es la primera vez que vivimos una situación así”, señala Ontiveros, quien fue profesor de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y ya tiene 12 años en España.

Leslie Borjas, responsable de relaciones institucionales de la asociación, asegura que el asunto es crítico: “Sabemos de personas que han tenido que dejar sus apartamentos porque no tienen dinero, otros que van a buscar comida en Cáritas. El año pasado se murió un señor en Alicante y no hubo cómo pagar sus gastos funerarios. Al final, el ayuntamiento ofreció ayuda a la familia”. El Gobierno, entonces, no solo viola los derechos más básicos de los ciudadanos venezolanos dentro del propio país, sino que también incumple lo consagrado en el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: el derecho a la seguridad social, indispensable para mantener la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad en cualquier lugar del mundo.

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Extranjera aquí y allá

María Teresa —prefiere no dar su apellido— tiene 79 años de edad, una estatura pequeña y una sonrisa amplia. Ha pasado bastante tiempo, pero recuerda con claridad la primera vez que vio las costas de Venezuela, la noche del 29 de diciembre de 1954. Llegó en barco desde España, su país natal, y le sorprendieron las luces de las casitas. “Mi mamá nos dijo: ‘Miren, parece un nacimiento’. Lo vi precioso, pero al día siguiente fue un poco decepcionante cuando nos dimos cuenta de que eran ranchos”, dice.

De todos modos, a esa joven de 17 años de edad le gustó Venezuela, el calor en pleno diciembre y la gente amable. Su papá, originario de Burgos pero con residencia en Madrid, decidió llevarse a toda la familia, después de que el cónsul venezolano del momento le dijera que en ese país de Suramérica cualquiera se hacía millonario: el suelo tenía oro. La intención del hombre era hacerse rico y volver a España, pero nunca lo hizo.

María Teresa estudió turismo y recursos humanos, y trabajó durante muchos años en laboratorios. “Empecé como secretaria y después fui jefa”, recuerda. Siempre vivió con sus papás, y cuando ellos murieron, decidió regresar a España, donde reside su hermana con su sobrina. Vendió el apartamento de Caracas y desde hace 13 años se instaló en Madrid. Durante todo ese tiempo y hasta diciembre de 2015 cobró su pensión del IVSS. La última fue de 13.000 bolívares, que al cambio oficial serían 1.300 euros. “Ahora que está en 43.000 bolívares, nos tocarían 4.000 euros, porque aún no han dicho si va a haber un tipo de cambio diferente para las pensiones. Pero no estamos pidiendo eso, podemos negociar para que por lo menos nos den 1.000 euros al mes”.

Afiche del 4 de febrero

Para ella, que es española, está la opción de recibir la pensión no contributiva, que otorga el Estado español a los ciudadanos que no tienen dinero suficiente para subsistir. El problema es que no se pueden cobrar dos pensiones a la vez, y la Embajada de Venezuela ofrece un certificado de la última vez que se cobró el dinero, pero, de todos modos, hay una especie de compromiso de pago. “Al Gobierno de España no le importa que no la haya cobrado, porque efectivamente existe un registro de que tengo una pensión”, explica. Nadie la ampara, ni los funcionarios de aquí ni los de allá.

Está preocupada. Le quedan 3.000 euros de sus ahorros y tiene miedo de que se le termine pronto. A Venezuela no puede volver porque ya no cuenta con su apartamento y porque, dice, el dinero de la pensión en bolívares no le alcanzaría para nada: “No me faltan ganas de regresar, pero qué se hace con esa cantidad. Ahora vivo con mi hermana y mi sobrina. Si no fuera por ellas, estuviera en la calle, porque yo aquí no tengo más nada”.

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De apartamento propio a una habitación

Hace poco más de 10 años, Lilian Echeverría tenía su propio apartamento y daba clases de Sociología en la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello. Poco a poco trataba de sobrellevar la crisis, pero después de que la atracaron y tuvo un accidente en su carro, decidió salir de ese país que se convirtió en una angustia infinita. Escogió España, entre otras cosas, por el idioma. “A uno le da más tranquilidad saber que se habla español”, dice la mujer de 64 años de edad, con un intento de sonrisa que, de todos modos, queda opacado por una mirada triste.

Hizo sus trámites para recibir la jubilación y la pensión en euros. Durante un año cobró todo el dinero sin problemas, usó sus ahorros para dar la inicial de un apartamento en Chamberí, una buena zona en el norte de Madrid. La hipoteca le quedó en 1.300 euros mensuales, una cifra que podía afrontar con lo que recibía todos los meses. Así estuvo tranquila durante casi ocho años.

Pero la paz terminó al tiempo. En 2014 dejó de cobrar la jubilación, y en diciembre de 2015 desapareció la pensión. Pasaron unos meses y nada. No recibía ni dinero ni explicaciones. El pago de la hipoteca se fue retrasando. “Corría el riesgo de que el banco me quitara el apartamento y que tuviera que seguir pagando la deuda. Así que en septiembre de 2016 preferí entregárselo a una amiga en dación de pago; es decir, se lo vendí y ella se encargaría de todo lo pendiente”, recuerda.

Desde entonces, vive en una habitación, en un apartamento que comparte con 4 venezolanos, y que se encuentra en Congosto, a media hora en Metro desde el centro de la ciudad. Por una situación que escapa de su control, a esta edad ya no goza de intimidad ni tampoco de independencia: “Me terminé todos mis ahorros, no tengo recursos por ningún lado. La que me ayuda es una hija que está en Canadá y con eso me bandeo como puedo”.

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Menos ahorros, menos comodidades

Antes de empezar, César Orellana, que toda su vida trabajó en el sector de los bancos y los seguros, hace una advertencia: su situación no es, ni de lejos, más grave que la de mucha gente que conoce. Sabe de jubilados que han intentado suicidarse, y de otros que se han regresado a Venezuela con las cuentas casi en cero. Pero prefiere no dar nombres ni contactos. Hay personas, dice, que quieren mantener su historia en reserva.

En su caso, sólo estaba cobrando la pensión, pero su esposa recibía tanto la pensión como la jubilación. En los cinco años que tienen en España, no habían vivido un problema similar: no tienen el dinero desde hace un año y un mes, y sus ahorros se van agotando poco a poco. Para evitar el desastre, prefirieron mudarse a un apartamento más modesto. Las consecuencias se sienten. Antes tenían calefacción y aire acondicionado independiente, algo que puede parecer un lujo, pero que realmente son necesidades en Madrid, una ciudad con un clima extremo en invierno y verano. Como la electricidad costaba mucho, se fueron a un sitio más viejo, con un servicio de calefacción central y menos comodidades, pero mucho más económico. “Seguimos gastando los ahorros y nuestros hijos nos ayudan”, aclara. Uno vive con ellos y el otro está en Australia. Y si bien puede parecer normal que la prole mantenga a sus padres cuando avanza la edad, en este caso la dependencia es obligada y tiene un culpable que, hasta el momento, no da explicaciones. Ese futuro próspero que tanto anhelaban después de su esfuerzo, se les escapó justo cuando pensaban que no habría más preocupaciones.

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Registro en suspenso

Julia —que también prefiere mantener su apellido en reserva— pudo comprarse su chaqueta azul de invierno y unos zapatos de goma para aguantar un poco más el frío, porque en diciembre vendió 400 hallacas. Tiene 61 años de edad y llegó a Madrid hace 1 año y 15 días. Tras la capucha con ribete de piel, se asoma un rostro moreno con unos ojos pequeñitos y vivarachos, pero con una expresión que denota cierta preocupación.

En Venezuela recibía su pensión, pero desde que aterrizó en España pidió el traslado y aún no le han dado respuestas. Eso quiere decir que el Gobierno no reconoce todavía que se encuentra en un país con convenio y que, por lo tanto, tiene derecho a cobrar su dinero en moneda extranjera.  “Tengo a un gestor en Venezuela que me está haciendo todos los trámites, y aún no han dado explicaciones. También le dije a una amiga que fuera a preguntar en el IVSS, pero le dijeron: ‘Ay, no, señora, véngase como en seis meses a ver’. Es muy difícil. Yo cobro mi pensión en bolívares, pero al cambio paralelo eso no es nada aquí”, explica.

Regresar no es, para ella, una opción. Allá en Venezuela estudió computación y trabajó durante muchos años en el desarrollo de empresas y franquicias. Pero empezó a sufrir de hipertensión y los medicamentos se volvieron transparentes. Esquivos. También la robaron varias veces. Sus tres hijos, que viven en España, le insistían para que se fuera. Hasta que tuvo un episodio de inseguridad personal, que prefiere no contar, y decidió irse de inmediato.

Carta al ministro de RE Dastis 30 enero 2017

Como migró a la carrera, no tuvo tiempo de homologar su título. Y así, relata, es muy difícil encontrar un buen trabajo en España. Porque ella dice que, si no recibe la pensión, por lo menos quiere tener un empleo para vivir bien. Ahora sus hijos la ayudan, pero la dependencia ha sido un golpe fuerte. La posibilidad de comer algo en la calle, de disfrutar de la vida en una ciudad como Madrid o, incluso, de hacer un mercado con gusto, se convierte en un lujo para quien no tiene la libertad de gastar su propio dinero.  “Uno está muy limitado. Nunca he tenido que depender de mis hijos, y ahora debo hacerlo. Hasta ahora no me he visto obligada a pedir comida, gracias a ellos. Pero es algo muy duro, sobre todo desde el punto de vista moral, el saber que no nos reconocen nuestro derecho. No estamos pidiendo un realero, podemos llegar a un acuerdo, pero lo que queremos es que nos den algo para tener una vida digna. Lo peor es no saber”. Esa angustia de la incertidumbre le dispara la tensión arterial, de eso ella se ha dado cuenta. Para contrarrestarlo, respira profundo, hace meditación, trata de mantener la mente positiva. Pero, sobre todo, sigue insistiendo en buscar una respuesta del Gobierno. Porque, tal como ella dice, si su papá, que era español, pudo tener su pensión durante toda su vida en Venezuela, ¿por qué ella no puede gozar de la misma posibilidad y, en cambio, tiene que pasar por este estrés?

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