La corrupción del socialismo latinoamericano

“Todo por el bienestar de los menos favorecidos, de aquellos que fueron espoliados por la burguesía de ayer y de hoy, por el imperialismo. La derecha es muerte, nosotros somos vida”. Frases grandilocuentes como estas conforman la retórica marxista, pero los hechos en América Latina están derribando el antiguo mito de la superioridad moral de la izquierda.

Los gobiernos que le dan soporte a la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA), creada por lineamientos de Hugo Chávez, se están estremeciendo con  escándalos de corrupción. En Brasil, al histórico líder del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inacio Lula Da Silva, le es allanada su residencia y bajo custodia policial lo llevan a declarar sobre un desvío de fondos de la estatal petrolera Petrobras; y en Argentina, luego de salida de los Kirchner, se comienzan a destapar las fétidas ollas de corruptelas.

En Brasil, el presidente de la trasnacional brasileña Grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, ha sido condenado a 19 años de cárcel por “crímenes de corrupción, lavado de dinero y formar parte de una organización criminal”, en torno al gigantesco fraude en contratos de la petrolera estatal Petrobras, informaron medios desde Brasil. La compañía lleva a cabo en Venezuela obras  millonarias, cuyas asignaciones fueron decididas a dedo y favorecidas por las estrechas relaciones políticas y económicas entre los gobiernos de Hugo Chávez y de Luiz Inácio Lula da Silva.

Por si fuera poco, el publicista João Santana enfrenta una orden de arresto por acusaciones de corrupción en su contra vinculadas al mismo caso. El creativo fue el creador del lema “Chávez Corazón del Pueblo” y su esposa, Mónica Moura, admitió que éste financió una de las campañas de Hugo Chávez al utilizar “cajas negras” de la empresa Odebrecht. Según dijo la mujer a la Policía Federal brasileña, el financiamiento fue por 35 millones de dólares en 2012, con pagos entregados vía paraísos fiscales utilizados por la empresa para pagar sobornos a ex directores de Petrobras. Según el testimonio, el dinero no fue declarado ni en Venezuela ni en Brasil.

Aunque la corrupción no es un fenómeno ideológico, parece evidenciarse  en los exponentes del llamado Socialismo del Siglo XXI unas debilidades institucionales que permiten que sean territorio fértil para los hechos ilícitos. “El mejor ejemplo de ello es Perú”, dice Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela, capítulo nacional de la organización de cobertura internacional.

El presidente peruano Ollanta Humala también aparece involucrado en el escándalo brasileño, donde  investigadores sospechan que recibió tres millones de dólares de la firma Odebrecht a cambio de contratos en Perú. “Lo que hay es una gran diferencia, porque en Brasil y Perú hay una justicia independiente, un sistema que hace que tengamos la información muy precisa, de lo que está pasando”, añade De Freitas, unas características de las que Nicaragua y Venezuela no pueden presumir.

Humala, quien mantuvo nexos con el chavismo desde antes de su llegada el poder en su país, como lo reveló la ex diplomática venezolana Virly Torres, ex titular de asuntos exteriores de la embajada de Caracas en Lima, al diario El Comercio de Perú. Según la mujer, Hugo Chávez “se fue decepcionado de Humala” después de 2011, cuando el mandatario comenzó a asociarse con sectores de la empresa privada en Lima. Pero los afectos del mandatario peruano siguen cercanos al proyecto “bolivariano”. En julio de 2015, dijo al diario El Mundo de España que «lo que hoy vemos en Venezuela es una lucha encarnizada entre un Gobierno y una clase política donde se engloban la mayoría de empresarios venezolanos», en lo que el rotativo interpretó como una justificación a la crisis económica venezolana.

El caudillo se enriquece

Judith Flores es periodista nicaragüense, actualmente ejerce como corresponsal en Miami de La Prensa, uno de los pocos medios de comunicación independientes que queda en esa nación y narra cómo se ha enriquecido el exguerrillero y presidente Daniel Ortega. “Son (los Ortega-Murillo) una familia de las más acaudalas de Centroamérica. De acuerdo  a investigaciones periodísticas, 3.047 millones de dólares enviados  desde Venezuela los ha convertido (el Presidente) en fondos privados, cuando  hoy en Venezuela están pasando dificultades”, señala. Añade que, de acuerdo a las cifras del Banco Central nicaragüense, 4.251 millones de ayuda venezolana han sido manejados fuera del presupuesto general de la República desde el año 2008 hasta el primer semestre de 2015.

Flores explica que el mecanismo usado para privatizar la ayuda venezolana en favor de la familia presidencial ha sido a través de empresas del ALBA, como Albanisa, ALBA Forestal y ALBA Caruna, una cooperativa que presta dinero a sectores microfinancieros, como reveló una investigación realizada por Confidencial de Nicaragua y Armando.info de Venezuela. Agrega que esto ha permitido la creación de un conglomerado de empresas donde hay hoteles y empresas del campo energético, “todo provenientes de los fondos venezolanos”.

A pesar de las denuncias periodísticas, ni en Nicaragua ni en Venezuela hay investigaciones debido a la ausencia de instituciones independientes que hagan su trabajo. Incluso, recientemente cursan dos nuevas acusaciones documentadas contra Ortega por abuso sexual, con lo que ya son tres los señalamientos. El primero de ellos fue de su propia hijastra. En estos casos tampoco hay investigaciones oficiales.

“Las instituciones no hacen su trabajo porque responden al interés del régimen”, expone Judith Flores. La periodista nicaragüense comenta que en la Asamblea Nacional de su país hay 63 diputados de los cuales 91 son del oficialismo y solo impulsan leyes que benefician al Gobierno. Historia conocida. La Contraloría, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia presentan la misma realidad y, según Flores, no solo se niegan a investigar  los casos donde están involucradas figuras del sandinismo, sino que usan esas instituciones para perjudicar a quienes hacen oposición. “Son  instituciones de represión a favor del régimen”, asevera.

A ritmo de tango

Durante 12 años los Kirchner gobernaron a su antojo Argentina. Según la declaración patrimonial presentada, cuando Néstor Kirchner fue elegido presidente en 2003 declaró, junto a su esposa Cristina, bienes por unos 6,8 millones de dólares. El año pasado cuando culminó el período de Fernández de Kirchner, la cifra ascendía a 66 millones de dólares, incluyendo 26 propiedades y plazos fijos, según el diario Clarín.

Durante la etapa de los Kirchner hubo grandes denuncias de corrupción. Por ejemplo, Caracas y Buenos Aires se mantuvieron en vilo con el famoso caso de Guido Antonini Wilson, quien llegó en agosto de 2007 a Buenos Aires con una maleta de 800 mil dólares que supuestamente iban dirigidos a la campaña electoral de Fernández de Kirchner. En ninguno de los dos países hubo investigaciones serias sobre este tema.

Ahora, tras la salida del poder de los K, comienzan a salir con más claridad evidencias de hechos ilícitos. Esto incluye la muerte de Alberto Nisman, fiscal que denunciaría supuestos vínculos del Gobierno iraní con el atentado de AMIA (1994) y expondría cómo la mandataria argentina se habría confabulado con el Gobierno de Irán para librarlos de responsabilidad a cambio del restablecimiento de relaciones comerciales. Cuando el Fiscal murió, la propia Presidenta intercedió en el caso y señaló que Nisman se había suicidado, pero ahora la Fiscalía argentina indica que hay evidencia de que se trató de un asesinato. El caso espera resolución. Las investigaciones de Nisman, también.

Dólares entre faldas bolivianas

En La Paz, otra de las cunas de la Alianza Bolivariana creada por el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, su Ejecutivo Nacional no está exento de escándalos de corrupción y el más reciente estalló, para desgracia del presidente Evo Morales, a pocos días del referendo para la reforma constitucional que le permitiría aspirar a reelegirse para el período 2020-2025.

El periodista Carlos Valverde denunció que una expareja de Morales, llamada Gabriela Zapata -quien  además tiene un hijo del mandatario-, habría usado sus vínculos con el mandatario para obtener contratos por 500 millones de dólares para la empresa china CAMC Engineering, para la cual trabaja.

Esta vez el peso de la evidencia obligó a las autoridades a actuar, aunque parcialmente. Morales, en primera instancia, acusó a Estados Unidos de estar tras la denuncia y, aunque aceptó su vínculo sentimental con Zapata, aseguró que tenía más de cinco años que no la veía y que el niño había fallecido. Pero una foto del año pasado publicada en las redes sociales donde aparecía Morales con Zapata desmintió esa versión, mientras familiares de Ernesto Fidel –como se llama el infante – aseguraron que estaba con vida.

El escándalo que pudo haber tenido un impacto importante en el resultado del referendo en contra de Morales, ha terminado con Zapata detenida, pero no hay investigaciones oficiales contra el mandatario.  (boliviano)

Desde la capital boliviana, Valverde sostiene que “después de la denuncia he sido amenazado con juicios y procesos por varios elementos paragubernamentales; de derechos humanos, concejales, la empresa CAMC y he sido agredido de palabra por Ministros, por el Vicepresidente y el Presidente, con acusaciones que no se ajustan a la verdad pero que debieran generar una opinión pública desfavorable a mi persona; no obstante, nada de aquello ha tenido el resultado esperado y mi credibilidad en la opinión pública no se ha visto mellada. Sin embargo, es incómodo trabajar de esa manera, claro, la ventaja que tengo es que documenté absolutamente cada una de mis denuncias”.

El objetivo: mantener el poder

Diego Ayo es profesor de la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia, en una entrevista telefónica que le hiciera el periodista Andrés Oppenheimer y sobre las base de cifras oficiales, dijo que el porcentaje de contratos gubernamentales asignados a través de licitaciones públicas se redujo en ese país del 76% en 2004 al 41% en 2010; al 8% en 2013, y al 1% en 2014.

Ayo –citado por Oppenheimer– afirma que el gobierno de Morales ha gastado 27.000 millones de dólares en inversiones públicas desde 2005, de los cuales la mayor parte (18.000 millones) se ha ido a “proyectos presidenciales” de gran visibilidad, pero que no ayudan mucho a generar prosperidad a largo plazo.

Una perspectiva similar sobre el tema de la corrupción en Venezuela tiene Mercedes De Freitas, de Transparencia Venezuela.  “Todo el dinero que viene de la corrupción se usa para mantenerse en el poder, por lo cual es un sistema que se autoprotege”, señala. Explica que 402.000 millones de dólares se han invertido en las misiones sociales en Venezuela desde 2003  hasta 2016. “Este monto debería haber acabado con la pobreza, creado una gran clase media, no fue así, pero el gran éxito para ellos es que ese dinero les permitió ganar elecciones”, indica.

El “Modelo de la corrupción”, como De Freitas denomina el esquema, supone la existencia de un Poder Ejecutivo que maneja con poca transparencia los recursos y unas instituciones que propician la impunidad. Algo que el periodista boliviano Carlos Valverde, conoce muy bien: “en Bolivia hay una ley que se llama Marcelo Quiroga Santa Cruz; se hizo con el objetivo de trabajar desde el punto de vista legal-especial temas de corrupción pública y está orientada a ‘prevenir, detectar y sancionar la corrupción en los ámbitos públicos y privados’; es decir, está esta ley y están la Contraloría General del Estado (que tiene un contralor Interino, exdiputado del gobernante partido MAS, por 7 años, cuando el titular sólo puede estar en el cargo durante 6) y la Fiscalía General del Estado (el fiscal es un exconstituyente del MAS)”  destaca el periodista.

Añadió que “como se puede ver, el marco jurídico estatal existe, pero hoy es imposible que actúe de manera imparcial y con justicia”.

No obstante, la “ventaja” que observa Valverde es que este delito no se extingue y precisamente esa realidad constituye la esperanza que guardan los pueblos víctimas de la corrupción pública y que sueñan con el fin de la impunidad, para que los delincuentes de cuello blanco, que le han expropiado  medicinas, alimentos, bienes y servicios, terminen pagando sus culpas en alguna cárcel.